El patrimonio cultural, si no se toman las medidas de prevención adecuadas, está expuesto a múltiples riesgos, derivados de acciones naturales como inundaciones, sismos, incendios y avalanchas, entre otras catástrofes naturales, así como a la acción natural de deterioro, por ejemplo la erosión por el viento o el cambio climático. No obstante, es la acción humana el riesgo que los afecta en forma generalizada a escala global.
El tráfico ilícito de bienes culturales es un problema grave que afecta a todo el mundo y que puede tener graves consecuencias, como la pérdida de la identidad cultural y la historia de una nación y que, además, suele estar vinculado a la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.
La falta de respeto al patrimonio cultural, el desconocimiento y la falta de valorización de su importancia están detrás de actos vandálicos de destrucción y saqueos. No obstante, la negligencia de las autoridades y la indiferencia de los ciudadanos también contribuyen a la degradación del patrimonio cultural mundial.
Según datos de Unesco y la Asociación de Museos, las ganancias del comercio ilícito de patrimonio oscilan entre 225 y 3.000 millones de dólares por año a nivel global, aunque las estimaciones de Interpol estiman un cifra de entre 300 y 600 millones de dólares por año.
Seguramente estas estimaciones sean nada más que la punta del icerberg dado que los saqueos a instituciones, museos, tumbas y otros sitios arqueológicos trascienden fronteras y extienden sus brazos por las distintas redes del crimen organizado. Las posibilidades tecnológicas actuales también han favorecido estos ilícitos y en diferentes lugares del mundo se compran y venden por Internet distintos objetos artísticos o naturales así como documentos históricos singulares cuya compra-venta representa un robo a la memoria e identidad de los países de donde provienen.
Además, les priva de oportunidades de desarrollo. En este sentido, la profanación o el saqueo de sitios arqueológicos genera una mínima ganancia a quien toma la pala y excava para robar pero la pérdida es para toda la comunidad que en muchas ocasiones queda privada de la oportunidad de que su patrimonio pueda convertirse en fuentes de ingreso a través de acciones de turismo cultural responsable, por ejemplo.
A nivel internacional, desde hace 50 años la Unesco viene liderando la lucha contra este tráfico que consiste en la sustracción, destrucción o traslado ilegal de bienes culturales tales como piezas monumentales, arqueológicas, antropológicas, artísticas y obras documentales, o partes de ellas.
En América Latina se trata de un asunto que forma parte de los ilícitos más habituales de lo que pudiera pensarse y, a Uruguay en particular se lo considera un país de tránsito para el tráfico ilícito de bienes culturales, especialmente en la época estival. No obstante, cada tanto trascienden operativos de distinta entidad que dan la pauta de que se trata de hechos que pueden permear en cualquiera de las fronteras del país y a los que hay que prestarle atención a distintos niveles. A modo de ejemplo, está el caso informado en la víspera, por el cual la Justicia Federal en Concepción del Uruguay procesó a una mujer por contrabando de importación de bienes arqueológicos y restos paleontológicos desde nuestro país. Se trataba de doce piezas que se intentaba sacar por el puente General Artigas y que por sus características, de las cuales cinco estaban alcanzadas por las previsiones de la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Ley 25.743), en tanto que otros dos fósiles también eran bienes culturales pasibles de protección por la legislación vigente.
Entre las medidas más efectivas para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales se encuentran el fortalecimiento de la legislación nacional, la adhesión a las convenciones internacionales, la cooperación internacional y la educación y concientización de la población en general.
Como instrumentos de prevención, contralor y represión existe normativa específica como la Convención de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos (de 1954 y 1999). A su vez, la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales es un instrumento normativo ratificado por numerosos países y el marco jurídico de referencia para combatir este flagelo contra la cultura a nivel internacional. En este sentido, proporciona un marco internacional para la prevención del robo y el saqueo y la restitución y el retorno de los bienes culturales robados, en paralelo con otros avances en la lucha contra el tráfico ilícito.
No obstante, hoy existen nuevos desafíos no sólo por el tráfico en línea sino también debido al saqueo a gran escala de sitios arqueológicos en zonas de conflicto, que se agravó a causa de la pandemia cuando la vigilancia de estos sitios decayó y, por contrapartida, aumentó el delito.
En nuestra región, a partir de la recomendación de los ministerios de Cultura del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), hace algunos años Uruguay creó un comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y un mecanismo regulatorio para la prevención del hurto y el tráfico de este tipo de bienes.
Actualmente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura funciona un Comité Nacional de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales con la finalidad de la protección de los mismos mediante la ejecución de las políticas públicas y la promoción de su circulación lícita entre países. Entre sus cometidos se encuentran la identificación de los bienes culturales que constituyen el patrimonio cultural de la nación (sean de propiedad pública o privada), la elaboración de una lista roja de bienes culturales nacionales en peligro de tráfico ilícito de identificarse su necesidad, la propuesta de procedimientos, medidas, nuevos marcos legales que fortalezcan la institucionalidad nacional para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales y el desarrollo de instancias de capacitación y sensibilización, entre otros cometidos.
Recientemente la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, realizó un llamamiento para que seamos conscientes de que robar, vender o comprar una obra saqueada es participar en el saqueo del patrimonio y la memoria de los pueblos. Es también una forma de obstaculizar el trabajo científico sobre esos bienes y, sobre todo, un robo a las futuras generaciones. Y eso tenemos que tenerlo presente.