La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) irá a elecciones de nuevas autoridades el 29 de noviembre y la comisión interna efectuó una asamblea informativa para difundir los balances de su gestión. La secretaria de la comisión interna de la Red de Atención Primaria (RAP), María Auxiliadora Ferrari, recordó que el trabajo del equipo es “defender los derechos de los trabajadores, pero desde que asumimos en 2019, no logramos mucho en el primer nivel de atención, donde hubo cuatro cambios en los equipos de dirección. Ahora se encuentra al frente Paola Sención y el cargo de segunda adjunta, que es Miriam Ramos, fue creado en 2020”.
Explicó que “en el primer nivel somos 170 funcionarios, entre médicos y no médicos, sin contar Guichón que es unidad ejecutora y su comisión interna atiende a la ruta 90. Así como Paysandú atiende a las rutas 3 y 26”.
Recursos humanos
Enumeró que “la parte de infraestructura está igual o peor en recursos materiales y humanos. Los cargos generados durante la COVID-19 fueron llamados especiales y los representantes de los trabajadores no nos presentamos al tribunal. Porque los recursos que se destinaron a esos llamados especiales debieron disponerse para los llamados comunes, pero esa fue una decisión de ASSE central. Es decir, si le tocaba entrar a uno que estaba en la lista desde hace años, en su lugar accedieron los llamados especiales”.
Los ingresos no alcanzan para la cobertura de los distintos programas, en tanto “no se ven reflejados en la realidad porque tienen a los mismos funcionarios corriendo de un lado a otro. Por ejemplo, en el caso de la inauguración de la policlínica de Constancia en 2020, se hizo un llamado en 2021. La gente se postuló y ahora vence sin una resolución. Por eso a Constancia va una funcionaria desde Paysandú”.
Ferrari enfatizó que “cuando cortan cintas hay otra historia detrás. Por ejemplo, para todas las RAP hay una sola nutricionista y son 13 policlínicas, más las rurales. Es decir, si se enferma nadie la cubre porque no hay llamados para suplentes”.
Ejemplificó que “con toda la problemática social que tenemos, contamos con dos licenciadas en Trabajo Social. Una se fue certificada por embarazo y la suplente seguía cubriéndola hasta que fue informada por WhatsApp que era dada de baja”.
En policínicas
La dirigente explicó que “en la policlínica del barrio Artigas, recién ahora se armó una sala de espera, pero durante años las personas mayores, discapacitados, embarazadas y niños, tuvieron que hacer cola para la farmacia bajo lluvia, con frío o al sol”. Ferrari agregó que “el año pasado se jubiló el doctor Sergio Arrigoni y su cargo de odontólogo quedó vacante. Se hizo un tribunal, se presentaron los postulantes, pero pedimos explicaciones porque dieron un pase en comisión de otros departamentos. Eso no está bueno porque gastamos recursos para el tribunal hace un año y sigue sin ocuparse el cargo. Y tenemos que cumplir el control odontológico de niños de 4 años que no se está cumpliendo”.
Recordó que fueron recibidos por la comisión de Salud de la Junta Departamental, a quienes plantearon su preocupación por las plantas físicas, las ambulancias y la falta de promoción de políticas saludables en la población. “No podemos salir a vacunar a las periferias desde 2020 y los recursos humanos están. Con el tema de la pandemia se retomó el área rural, pero a las periferias se fue por última vez en 2019”.
La policlínica de Quebracho “reclamaba desde el año pasado que le repusieran unos tubos de luz quemados y recién la semana pasada fueron a cambiarlos. Se rompe una cisterna y pierde agua por meses, hasta que la arreglan”.
Same 105 y seguro
Ferrari señaló que la falta de asistencia en caminos vecinales o rutas se visibilizó con el siniestro grave ocurrido cerca de Casa Blanca. “Hace muchos años que reclamamos el SAME 105 de ASSE. Lo hemos pedido encarecidamente a los diputados, a intendentes, ASSE local y al director departamental”.
Los traslados de pacientes “a veces se hacen solo con el chofer. Por eso decimos que necesitamos el SAME 105 porque cada uno debe cumplir su rol.
Esa es la manera de cuidar al usuario y también al trabajador”. La funcionaria agregó que “después de la COVID-19 y desde el año 2021 no tenemos más cobertura de seguro. Los trabajadores hacen el Servicio de Atención Domiciliaria para Adultos No Autoválidos (Sadana) sin cobertura del Banco de Seguros. Y nos resistimos a los contratos chatarra porque reclamamos cargos genuinos”.
