En el informe anual de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala el incumplimiento de la ley de violencia basada en género, de los cupos para la población afro y asegura que hubo un aumento del antisemitismo. En la mayoría de los puntos que evalúa, Uruguay tiene buena nota. En general, no hay mayores cuestionamientos hacia posibles restricciones de la libertad o prácticas antidemocráticas del gobierno, pero hay un punto en el que el informe hace una crítica: la situación de las cárceles en el país. Este diagnóstico se reitera desde hace años.
Las condiciones de prisión y centros de reclusión en 2023 eran “malas e inhumanas” en varias de las instalaciones carcelarias por el “hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, la atención médica inadecuada y los altos niveles de violencia entre los reclusos”, advierte el texto.
En diciembre, los presos en Uruguay estaban en un 126% por encima de la capacidad de los centros penitenciarios. Once de las cárceles estaban por encima del 100% de su capacidad y otras seis en un 150% por encima. Cuatro cárceles llegaron incluso a superar el 200% de su capacidad. Había presos que dormían en el suelo.
Hace un año, el informe del Departamento de Estado detallaba que el hacinamiento era del 120% y registró que el hacinamiento en una de las cárceles llegó al 300%.
En 2023, algunas prisiones, detalla, carecían de higiene, de acceso al agua potable, de alimentación y de oportunidades educativas y laborales adecuadas. El informe cita datos de 2021, aportados por el comisionado parlamentario para las cárceles, que aseguró que el 34% de los reclusos en 2021 sufrió tratos crueles, inhumanos o degradantes. El 56%, en tanto, no estaba preparado adecuadamente para ser liberado.
Las autoridades también mantuvieron a los presos encerrados en celdas durante “largos períodos” sin la posibilidad de hacer ejercicio o de ducharse. Otra situación alarmante de las cárceles es la violencia en las prisiones, en particular en las más grandes. Hasta noviembre, se contabilizaron once homicidios debido a esta violencia.
El informe destaca que las detenciones a sospechosos fueron siempre con órdenes judiciales emitidas por un funcionario autorizado y que a los detenidos siempre se les permitió el acceso inmediato a un abogado de su elección o a uno proporcionado por el Estado. Sin embargo, el gobierno no siempre pudo proporcionar uno a aquellos detenidos que no podían pagar un defensor privado.
LA RESPUESTA DE MENDOZA
Consultado al respecto, el director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que están estudiando el informe “pero ya vimos una incongruencia en esto”.
“Teniendo en cuenta que está en inglés y hay una traducción que dice que ‘en ocasiones las autoridades recluyeron hombres y mujeres en prisiones mixtas, y asignaron a las mujeres a las peores zonas con menos acceso a alimentos, espacios abiertos y visitas de familiares’. Eso no se ajusta a la verdad, teniendo en cuenta la regla 11 de Mandela que dice clarito que en establecimientos mixtos, el pabellón destino a las mujeres estará completamente separado del de los hombres. Y nosotros en este período hemos hecho dos edificaciones nuevas para mujeres, están para inaugurarse dos más y está proyectada la Unidad 5 en Punta de Rieles. Es decir, estamos trabajando y vemos que esto no se ajusta a la realidad”, comentó Mendoza.
Asimismo indicó que “estamos leyendo algunos otros artículos que sí se ajustan, pero este no porque no hay cárceles mixtas y lleva a confusión. Hay cárceles en el Interior que tienen zona de hombres y sector de mujeres que están separados, con baños y ducheros separados como pide la regla de Mandela. Vamos a seguir viendo e informar al Ministerio del Interior acerca de recomendaciones que están bien y debemos aceptarlas, y otras que no se ajustan a la realidad”.
Acerca de las cárceles de máxima seguridad “tenemos la N.º 25 que es el antiguo módulo 12 del Comcar. Pero a veces cuando se habla de máxima seguridad no es solamente lo que significa la edificación, muros, tejidos, concertinas, también es el modo de vivir adentro y el régimen; que si no tenemos uno establecido vamos a tener habeas corpus como hoy estamos recibiendo”, comentó el director.
OTRAS CONSIDERACIONES
Otro de los puntos en los que el informe hace advertencias menores es el capítulo de las mujeres. El Departamento de Estado describe que las órdenes de restricción que dictan los jueces cuando reciben denuncias por violencia doméstica “en ocasiones son difíciles de cumplir”. Además, afirman que la ley de violencia basada en género “no se ha aplicado plenamente”.
“Las mujeres sufrieron discriminación en el empleo, la remuneración, el crédito, la educación, la vivienda y la propiedad de las empresas”, agrega el informe. Solo el 20% de las firmas informaron tener mujeres en puestos de liderazgo y ganan, en promedio, un 25% menos que los hombres que ocupan los mismos puestos, describe.
La “minoría afrouruguaya” también siguió enfrentando “discriminación social”, “altos niveles de pobreza” y niveles más bajos de educación. En Uruguay se aprobó una ley que para mitigar el problema le asigna el 8% de los puestos gubernamentales a trabajadores que integren esa categoría, pero hasta ahora es algo que no se ha cumplido: solo el 1% de los puestos fueron cubiertos por afrouruguayos.
Un informe del Banco Mundial del 2020 informó que los afrouruguayos ganaban un 20% menos que la población en su conjunto por hacer el mismo trabajo. En las mujeres afrouruguayas, en tanto, la tasa de desempleo fue de 14%, mientras que la de la población en general estuvo en torno al 8%.
El Departamento de Estado da cuenta además de un aumento del antisemitismo en las redes sociales durante el año, incluso con casos de negación del Holocausto. Representantes de organizaciones judías afirmaron que los comentarios se dieron particularmente durante eventos públicos en los que participaban miembros de la comunidad, como partidos de básquetbol o cuando la selección sub 20 de Uruguay jugó contra la selección de Israel por la Copa del Mundo de la categoría.
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