Desde tiempos inmemoriales el informalismo laboral y en general es sinónimo de desajustes y distorsiones en una economía, que trasciende lo macro y se refleja en el ámbito socioeconómico en general, pero también permea en otras direcciones, incluyendo las finanzas del Estado y su capacidad para atender la vasta problemática de la seguridad social, por ejemplo.
Lamentablemente, a la hora de hacer previsiones y cálculos sobre cuánto se va a recaudar y por lo tanto poder devolver en prestaciones y servicios la aplicación de las normas en la relación con trabajadores y empresas, se debe calcular un determinado porcentaje de informalidad en el sistema y evaluar incluso cómo la decisión de elevar una tasa o una carga va a repercutir, porque hipotéticamente un incremento del 10 por ciento no necesariamente va a implicar un aumento similar en la percepción de recursos, e incluso podría ser al revés, tener un descenso por el pasaje de más usuarios a la informalidad.
En el caso del BPS, y más aún cuando hay una reforma en curso a la que se pretende derogar a través de un plebiscito, viene a cuento situarnos en la realidad de nuestro país, en la importancia de tener una economía con empresas y trabajadores regularizados en el mayor porcentaje posible, en beneficio de los propios contribuyentes en general, de los actuales participantes en el sistema y también de los que vendrán.
Un alto informalismo no solo es un tiro en la línea de flotación del sistema, sino también de la propia economía en general, sobre sobre todo para los que son y serán beneficiarios, desde que significa que sus prestaciones serán más bajas a la hora del retiro, y a la vez serán afectados fuertemente los servicios que se podrán prestar a quienes los necesitarán en las diversas etapas de la vida, pero sobre todo en la vejez, cuando se requieren mayores cuidados desde el punto de vista sanitario.
Ubicándonos en la realidad de hoy, surge que en base a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el último dato sobre el no registro confirmó una tendencia que se dio el último año, en el sentido de que la informalidad llegó al 22 por ciento, medida al mes de febrero, que es una cifra dos puntos más alta que el mismo mes del año anterior.
Quiere decir que ha habido un retroceso en un año, con un escenario que no es uniforme, por cuanto según se ha verificado, el problema del informalismo se da en mucho mayor porcentaje en zonas fronterizas, donde existe además una economía subterránea que escapa porfiadamente a la formalización y que implica consecuencias adversas para los propios omisos, que son los que no estarán en condiciones de beneficiarse del sistema en un período de su vida en que más lo necesitarán, lamentablemente, porque sigue primando el vivir el hoy dejando para algún día ocuparse del mañana, que inevitablemente vendrá.
De acuerdo a un artículo del semanario Búsqueda, el departamento de Artigas tiene la mayor proporción de trabajadores en negro en el país, con el 54,5 por ciento, seguido de Cerro Largo con el 45,2, Tacuarembó 41 por ciento, Salto 36 y Rivera con el 34,3.
Tenemos por lo tanto, para simplificar, que esta incidencia varía entre cinco cada diez y tres cada diez de los trabajadores en esos departamentos, en tanto la escala descendente en el resto de los departamentos del país tampoco indica que las cifras sean auspiciosas, aunque debe tenerse en cuenta que esta problemática se da en algunos sectores más que en otros, y en muchos casos reviste asimismo un carácter zafral, sobre todo donde se dan elevados porcentajes de desocupación.
Una pista la da en el semanario el especialista en asuntos laborales del instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Matías Brum, quien en este sentido propone ir hacia un plan nacional de formalización para reducir estos indicadores.
“Si sabemos que el 45 por ciento de los trabajadores informales está en la construcción, y que el 42 por ciento de los trabajadores de Rivera son informales, por ejemplo, hay suficientes pistas para trabajar”, señala, en tanto advierte que se crucen datos entre la Encuesta Continua de Hogares y el BPS.
Claro, cuando se habla de informalismo lo situamos en la abstracción del tema, cuando la realidad es mucho más compleja y hay situaciones y situaciones, y lo que existen además son normas que se incorporaron en su momento con el objetivo de generar recursos para atender lo mejor posible a quienes serían beneficiarios, pero perdiendo de vista la realidad socioeconómica.
Por ejemplo, en la construcción, la capacidad contributiva de empresas en base al volumen de las actividades que son capaces de abordar, y también de sus clientes, de aquellos que las contratan pero se encuentran con presupuestos “inflados” ante el costo de construir por las cargas que pesan sobre el sector desde hace muchas décadas, lo que alienta el informalismo.
Respecto a las inspecciones del BPS, reflexionó el especialista que “hay una discusión que siempre está sobre la mesa, que es: cuando un sector o área específica está en crisis ¿cuánto ayudo si voy más hacia ahí? Es una tensión que siempre se tiene en la definición de un programa”·.
Es la eterna disyuntiva que se ha dado en un país en el que se hacen y pretenden aplicar muchas leyes, con buena intención y a veces hasta con un sentido voluntarista, pero a la hora de su control, el sistema falla, y se hace agua por todos lados, por lo que se termina desvirtuando el sentido de la normativa y a la vez se traslada la carga solo sobre los que procuran mantenerse dentro de lo formal; en tanto, los que siguen en la informalidad compiten deslealmente con los que hacen el esfuerzo para cumplir con la ley.
Lo que debería hacerse, por supuesto, es extremar las acciones para que todos estemos incluidos en la formalidad, en cumplir con las normas y que se controle debidamente y se apliquen sanciones a los omisos, para beneficio general, de los que están y de quienes vendrán. Estamos prácticamente siempre en crisis, en un sector más que en otro en determinado período, y a la inversa en otros, y muchas veces tanto empresarios como trabajadores optan por estar en omisión total o parcialmente, porque la otra alternativa es desaparecer como emprendimiento o quedarse sin trabajo.
Esta disyuntiva no es inventada ni mucho menos. Responde a la realidad y los que cumplen con sus obligaciones quedan en desventaja respecto a los que son omisos y sin embargo siguen en esa situación por falta de controles y/o sanciones, consecuencia de la cultura de no asumir plenamente las responsabilidades.
En esta encrucijada, ante un sistema que ya cruje y para el que la reforma seguramente no será la solución definitiva sino solo un paliativo que en el mejor de los casos puede durar varios años, lo que se requiere es un sinceramiento del tramado socioeconómico, apuntando a que se integre al sistema el mayor universo posible de usuarios –siempre habrá un núcleo duro de informalismo, es cierto– para generar una sustentabilidad imprescindible, a la vez que realmente sirva el sistema a los objetivos para los que fue concebido.
Y para ello deberá ponerse el acento en campañas que contribuyan a modificar un patrón cultural que lamentablemente va con nuestra idiosincrasia, con el de vivir el hoy sin importar el mañana, y considerar que el esfuerzo adicional que se haga hoy será en beneficio de todos, porque además si todos cumplen, todos pagarán menos, en lugar de hacerlo siempre los mismos, en forma doble, por ellos y por los que no lo hacen.
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