El cuarto informe sobre la situación de la educación superior en Iberoamérica presentado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) junto al Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda) reveló un estancamiento en la financiación y un aumento significativo en las matrículas.
En los últimos siete años pasó de unos 22 millones a casi 30 millones de estudiantes y el gasto se mantuvo algo superior al 4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Hay solo cinco países, como Costa Rica, Chile, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana que destinan el 20% o más a educación.
El documento destacó que la educación terciaria registró un crecimiento exponencial en Chile, Cuba y Ecuador, donde el 80% de los jóvenes que tienen entre 20 y 24 años completan la educación secundaria.
En Uruguay, tal como lo menciona el documento de la ANEP publicado a mediados del año pasado, con evaluaciones sobre el año 2022, “el porcentaje de egreso de la educación media superior en Uruguay fue de 30,4% a la edad de 18 años, de 49,9% a los 21 años, y de 52,6% a los 23 años. Es decir, que en el tiempo previsto por el currículo vigente, menos de un tercio de los estudiantes lograba culminar (la educación media). Se necesitan 5 años más de vida, hasta la edad de 23, para que solo la mitad de ellos haya culminado la educación obligatoria”. Es decir, una situación bastante incambiada antes de la Transformación Educativa. Una vez sistematizados los datos que corresponden a esta nueva etapa, se verá si los guarismos resultaron alentadores.
El programa iberoamericano, por su parte, detectó una mejora en la equidad y un progreso en la graduación de la población femenina, que refleja tasas por encima del 60% en Argentina, Brasil y Perú.
Sin embargo, el panorama docente es similar en el continente latinoamericano, donde “no cuentan con una carrera académica formalizada”, ante una mayoría sin estudios de posgrado.
Las desigualdades también se demuestran en las estadísticas, en tanto no hay un estándar uniforme de calidad y las normas varían considerablemente entre países, en tanto afecta las estructuras de sus universidades ante los procesos de acreditación.
En Uruguay, el informe del Instituto Uruguayo de Evaluación Educativa (Ineed) relevó datos correspondientes al año 2021 y definió una “distribución equitativa” de fondos por estudiante en centros educativos públicos de todo el país.
Entre Primaria y Secundaria se efectúan las “distribuciones más equitativas en la asignación de sus recursos” y en “los primeros quintiles (más vulnerables) es mayor que el gasto por estudiante de los centros menos vulnerables”.
Uruguay y, en general América Latina, registra una cobertura prácticamente universal de la educación primaria. Sin embargo, los retos persisten en los escalones siguientes y al comparar con décadas anteriores, el crecimiento ha sido moderado. La movilidad en la educación universitaria en nuestro país aún es lenta, a pesar de la descentralización y la diversificación de las carreras por regiones.
Estos aspectos, por ende, condicionan la movilidad laboral que se dará con posterioridad. Sin embargo, es significativo que la mitad de los estudiantes matriculados en el nivel terciario corresponden a la primera generación de universitarios en su familia, así como un incremento de aquellos que residen en zonas cercanas donde se instalaron nuevas ofertas educativas.
Estos son aspectos que definen, además, la posibilidad de que los estudiantes se sientan incentivados a finalizar su ciclo educativo porque perciben que las posibilidades se encuentran en sus localidades. No obstante, es factible, también, que existan diferencias entre las carreras que demanda el mercado laboral actual y lo que demandan los jóvenes.
Esto demuestra además, la existencia de una sobreoferta de algunas por encima de otras y el desafío que constituye brindar respuestas a las necesidades de la población en territorios del Interior del país, donde se vuelve necesario una vinculación con los sectores de la producción. Y para esa descentralización, la definición de recursos resulta crucial.
El Ineed ya analizó que en esta materia, “el gasto público en educación entre 2007 y 2022 tuvo un incremento real de 113%”. Si bien en 2020 bajó 4%, en los años siguientes mostró un aumento paulatino que, de todas formas lo ubica por debajo del nivel de 2019 y por encima de 2018.
Es importante, en el comparativo regional, que la evolución en relación al Producto Bruto Interno “viene descendiendo en los últimos años”. En 2019 se ubicaba en el 4,8% del PBI y en entre 2021 y 2022 bajó al 4,5%. El gasto por estudiante fue menor en comparación a 2019, porque este indicador registró una caída de 4% en 2020 y aunque mejoró en los años sucesivos, no superó los niveles previos a la pandemia.
Uruguay no es ajeno a lo que ocurre en el continente latinoamericano en materia de segregación en los centros educativos. El Ineed observa una “tendencia creciente de la segregación” que es “más acentuada” en la educación inicial y primaria, en tanto se presenta estable en la educación técnica.
Analiza que la proporción de estudiantes en situación de vulnerabilidad que asiste a la educación técnica “experimentó un crecimiento sostenido en todo el período”, al tiempo que en la educación inicial “es inversa (con excepción de 2022)”.
Es decir, los estudiantes de UTU “presentan cada vez más vulnerabilidades”, pero “se distribuyen de una manera homogénea” y en inicial, “tienen menos vulnerabilidades” pero con una distribución menos homogénea.
En general, las mejoras en el acceso a los distintos niveles educativos –principalmente educación superior– avanzará en la igualdad de oportunidades educativas, pero principalmente laborales. Al menos en Uruguay –es posible que ocurra algo similar en la región latinoamericana– es crucial para mejorar los sensibles índices de desempleo y los bajos ingresos salariales.
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