La Sociedad de Productores Forestales (SPF) difundió un comunicado que busca aclarar la situación “ante la difusión reiterada de información errónea sobre que los proyectos forestales avanzan sobre el monte nativo o que ocupan las mejores tierras del Uruguay”.
En el mismo explica que las plantaciones forestales en el Uruguay no se realizan sustituyendo al bosque nativo. Esta práctica está totalmente prohibida no solo por la legislación forestal nacional sino también por todos los estándares de certificación bajo los cuales son auditadas todas las plantaciones.
En nuestro país, el bosque nativo no se utiliza para procesos industriales de madera. En cambio, se emplea la madera proveniente de plantaciones forestales, es decir, de árboles cultivados específicamente para este propósito.
De hecho, Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde la superficie de bosque nativo creció en los últimos años. Los datos oficiales del MGAP señalan que Uruguay pasó de tener 670.000 hectáreas de bosque nativo a tener 850.000 hectáreas, en el transcurso de aplicación de la Ley Forestal.
En el comunicado se pregunta: “¿los predios forestales incluyen áreas de preservación o se destinan en su totalidad a la forestación? En predios con plantaciones forestales alrededor del 40% del territorio se conserva sin forestar. De estas tierras no forestadas aproximadamente 280.000 hectáreas se destinan y gestionan como zonas de conservación.
Un área de conservación es una superficie que cuenta con un manejo que contribuye a mantener la biodiversidad y minimizar, de forma proactiva, cualquier impacto derivado de actividades productivas.
Adicionalmente, las empresas forestales identificaron y preservan unas 13.066 ha Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC), siendo éstas áreas con atributos especiales de acuerdo con los criterios del FSC® por la representación de ecosistemas, áreas de conectividad o corredores biológicos, áreas sensibles, etcétera.

¿LA FORESTACIÓN USA LAS MEJORES TIERRAS DEL URUGUAY?

No. En Uruguay, la forestación se realiza en suelos de aptitud forestal, esto es, los suelos que son más adecuados para el crecimiento de los árboles. La aptitud forestal implica que el suelo permite el buen crecimiento de los bosques, la buena capacidad de enraizamiento, un adecuado drenaje y el hecho que sean de baja fertilidad natural.
Aproximadamente el 80% de los suelos forestados está sobre suelos de prioridad forestal. El 20% restante que no está en suelos de no prioridad forestal lo hace debido a que, en el mosaico de suelos, en padrones donde predominan suelos de prioridad forestal aparecen manchones aislados de suelos de no prioridad forestal que no podrían ser explotados para otros fines. Ante esto, las autoridades permiten que se plante estos suelos, al ser la mejor práctica recomendable.
Debemos tener en cuenta, agrega el comunicado, que todo proyecto forestal debe pasar por la revisión y aprobación del MGAP, Ministerio de Ambiente y gobiernos departamentales, que analizan el mismo a la luz de la normativa nacional y departamental previo a dar su aprobación.
En cuanto a los suelos aptos para la agricultura, reitera que éstos no son buenos para la forestación pues los árboles no crecen bien en estos lugares, además de ser los suelos más caros existentes. Solo en el caso de suelos que fueron de aptitud agrícola pero que han sufrido procesos de degradación (o sea que perdieron su aptitud agrícola en la práctica) se ha implantado forestación, previo análisis y aprobación de los proyectos por parte de la autoridad nacional (MGAP y Ministerio de Ambiente) y departamental.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Debemos tener claro que el acceso a mercados de los productos forestales está condicionado al desarrollo de una producción sostenible a nivel económico, social y ambiental.
El sector forestal uruguayo ha logrado esto aplicando las mejores prácticas de producción, respetando la regulación nacional y certificando la condición de producción sostenible a través de auditorías independentes sobre normas internacionales (FSC® o PEFC®).
La difusión de información errónea o falsa sobre estos temas puede generar un importante daño a la inserción internacional de nuestra producción golpeando a la inversión y el empleo. → Leer más

El director del Banco República, contador Pablo Sitjar, se refirió al endeudamiento del sector agropecuario, indicando que “el término de endeudamiento genera cierto grado de alerta, porque lo asociamos a instancias del pasado”, por lo que prefirió referirse a la “situación de la deuda” del sector, donde reconoció que la misma “ha aumentado” en el sector agroindustrial.
Al explicar el por qué de este incremento, el director del BROU dijo que algunas de estas deudas “tienen origen positivo y otras tienen una connotación negativa”. Desde lo positivo, recordó que el banco “hace tres años habilitó una línea de crédito para la compra de campos, en el entendido que es preferible a que esté financiando el Banco República que financie fondos extranjeros, fondos de inversión”.
Sitjar, quien realizó una recorrida por el norte del país, se reunió con la Asociación Agropecuaria de Artigas y la Asociación Agropecuaria de Salto, efectuando posteriormente con las directivas de ambas gremiales, charlas abiertas con productores, profesionales y empresas del sector agropecuario.
Remarcó en diálogo con diario Cambio, que “el país mantiene el control de los activos en caso de que exista en un futuro una crisis. No es lo mismo deberle al Banco de la República que el campo esté en manos de un fondo extranjero, de un banco extranjero que puede terminar mañana en cambios de control de esa explotación no deseables para el país”.
Sitjar indicó que es “importante” reconocer que “una parte importante del aumento del crédito bancario al sector agropecuario tiene que ver con esto de las compras de campos, lo cual es un factor positivo”. Según explicó “es una deuda, pero tiene como contrapartida el campo”.
El segundo punto que ha incrementado el endeudamiento del sector “es que en el último año y medio, o dos años, en promedio los precios agropecuarios han estado sostenidos, con lo cual eso demanda mayor capital de trabajo, o sea las necesidades de crédito”.
En este sentido puso como ejemplo el valor del arroz, indicando que “el adelantar contra una cosecha de arroz o financiar un molino para la compra de arroz, la financiación de capital de trabajo es mayor”.
Si bien reconoció que el aumento de precios tiene su diferencia dependiendo del producto a analizar, “en promedio ha habido un aumento en los últimos años”.
Entre los factores negativos del incremento de la deuda, señaló las ‘cosechas malas’ que ha tenido el sector agrícola en los últimos años debido a las sequías en principio y al exceso de lluvias este año. ‘Tuvimos una horrible cosecha de verano el año anterior y tuvimos una cosecha razonable de verano este año, donde más o menos los productores cambiaron la plata, que no es lo ideal’, dijo.
Debido a esta situación Sitjar indicó que “muchos productores han acudido a crédito y también eso ha aumentado el nivel de deuda”. Sin embargo, señaló que “eso no quiere decir tampoco que sea necesariamente negativo”. En este sentido explicó que las empresas venían de buenos ejercicios agropecuarios, por lo que entiende que “es un endeudamiento que lo pudieron absorber bien las empresas”, en tanto advirtió que “si tenemos dos años más de seca, esto va a generar problemas a futuro”.
Al ser consultado sobre el atraso en los pagos de esa deuda que se ha incrementado, Sitjar dijo que “estamos en actividad volátil y el clima es más volátil, más allá de cuál sea el origen. Rntonces nos tenemos que acostumbrar a tener períodos de aumento de endeudamiento y período de baja de endeudamiento y capitalización, según como vengan las cosechas”.
En este sentido remarcó el “rol fundamental del sistema financiero y en particular del Banco de la República para actuar como variable regulatoria” de esa volatilidad. Sitjar indicó que “si porque un año fue una cosecha mala, el año siguiente le tengo que cortar el crédito, vamos a estar exacerbando el ciclo y en el proceso vamos a generar menor repago, vamos a generar menor producción, en definitiva, vamos a entrar en un círculo vicioso como hemos visto en el pasado”.
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El Instituto Nacional de Carnes (INAC) realiza una convocatoria a abogados, para todo el territorio nacional, en modalidad de trabajo profesional independiente.
La convocatoria es para abogados/as o doctores en Derecho y Ciencias Sociales para formar parte del Registro de Profesionales Independientes, para prestar servicios en acciones de control legal y auditoría de cumplimientos de los operadores del sector cárnico en todo el país.
Para el primer grupo de profesionales que gestionará INAC a través de este registro, se convocan abogados con perfil administrativo, que se dedicarán a elaborar informes y resoluciones para actas de infracción, faenas antirreglamentarias o actuaciones con comercios y vehículos donde se detecten infracciones.
Quienes queden registrados serán convocados a cumplir tareas con flexibilidad horaria y con cumplimiento de producto. Asimismo se convoca a otro grupo de profesionales con perfil penal, para acompañar procedimientos sancionatorios y procedimientos judiciales penales, en todo el país.
Esta modalidad será presencial, pues requiere el acompañamiento a los auditores de campo de INAC, relacionados con la inspección de carnicerías, depósitos, vehículos y otros operadores del sector cárnico e implica la realización de denuncias penales y el seguimiento de expedientes en juzgados en las localidades donde ocurrió el hecho con presunción de delito.
El marco de estas acciones refuerza los controles que se realizan para la aplicación del marco normativo en el mercado de carnes de Uruguay y la formalización de las empresas, para impulsar las garantías necesarias en la transparencia comercial de los operadores y las prácticas de inocuidad que deben cumplirse.
El tal sentido, se asegura la integridad de los productos y procesos en la cadena, garantizando la transparencia, eficiencia y confiabilidad de los actores involucrados en el desarrollo del sector. El plazo para las postulaciones de profesionales vence el próximo 8 de setiembre de 2024.
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