La Lista 33, Encuentro de Abogados, con representación en el directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, dio a conocer un comunicado a través del cual expresan su rechazo a un proyecto ley a estudio en la Cámara de Diputados que permitiría a los licenciados en Relaciones Laborales dar asistencia legal en las audiencias de conciliación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS.
En entrevista con EL TELEGRAFO las abogadas Virginia Gilardi y Verónica Ortiz dieron a conocer los fundamentos de la postura que adoptó el colegio a partir de haber tomado conocimiento de forma fortuita de la existencia de este proyecto denominado “Asistencia de licenciados de relaciones laborales en audiencias de conciliación previa”, que se encuentra a estudio por la Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento.
“Se decidió dar a conocer un comunicado a la opinión pública en el cual, más allá del Colegio en sí, nuestra lista en particular expresa su rechazo a este proyecto”, señaló Gilardi. “Este proyecto modifica el inciso 2 del artículo 3 de la ley 18.572, por el cual se faculta a los licenciados de Relaciones Laborales a asistir a cualquiera de las dos partes, ya sea trabajador o empresa, en el procedimiento conciliatorio que se realiza en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de iniciar un proceso laboral”, describió. La situación que se generaría en caso de aprobarse la norma, “recorta nuestra área en cuanto a la fuente laboral, ya que se está inmiscuyendo en un tema que es específico de los abogados”, dijo la profesional, quien advirtió que “el conocimiento que tiene un abogado no lo tiene un licenciado en Relaciones Laborales al momento del asesoramiento”.
EVALUAR
Ortiz, por su parte, aseguró que no existe “ningún problema con los licenciados en Relaciones Laborales ni con su tarea, pero es diferente a la tarea del abogado”, en el sentido que en este tipo de audiencias conciliatorias hay otros aspectos que poner sobre la mesa. “Yo, por ejemplo, en general soy abogada de empresas, y si me toca ir yo evalúo muchas otras cosas de la situación de la empresa”, explicó. “A mi representado yo tengo que evaluarlo no solo en la audiencia laboral en cuanto al caso en particular, yo puedo también tener que evaluar el impacto que puede tener en la imagen, puedo tener que evaluar la situación del ramo en el que está, la posibilidad o no de negociar con un sindicato”, describió. También, dijo, “tengo que evaluar lo que implica no transar, no llegar a un acuerdo en esa audiencia, o en esa conciliación, y eso implica tener conocimientos de cómo se va a desarrollar el proceso posterior”.
Esto implica, dijo, tener conocimientos de Derecho Procesal. “Tener conocimientos en cuanto a la prueba o no que tengo. Con todo respeto, cómo un licenciado en Relaciones Laborales va a evaluar la prueba que tiene o no tiene”, porque en caso de que no haya un acuerdo y el reclamo se tenga que dirimir en la justicia, debería en esa instancia posterior actuar necesariamente un abogado. “El licenciado en Relaciones Laborales podría asistir en esa audiencia, pero luego, si hubiera que pasar a un juicio, el que va a actuar es un abogado. Entonces, cómo va a evaluar el licenciado en Relaciones Laborales la conveniencia o no de cerrar ese proceso en una conciliación”. Del mismo modo es necesario evaluar “lo que implica ir al Poder Judicial, toda la mecánica que tiene el Poder Judicial no solo formal sino de baranda, de lo que es ir a un Juzgado, de todo lo que implica ir a un juicio laboral en cuanto a tiempo, prueba, etcétera. Son conocimientos que los colegas de relaciones laborales no tienen. Y no tienen por qué tenerlos”, aseguró.
AUDIENCIA
Gilardi insistió en que se incurriría en una vulneración “de nuestro derecho a trabajar como abogados”. Afirmó que esas “audiencias administrativas deben estar plenamente garantizadas a través de la asistencia letrada y no con la concurrencia de un licenciado en Relaciones Laborales”.
En función de ello es que han solicitado en forma urgente ser recibidos por la comisión parlamentaria y recordó que tomaron conocimiento “por mera casualidad, no porque se nos haya citado a nosotros por parte de ningún organismo, institución, ni tampoco de los redactores de este proyecto. Fue un hallazgo el haber tomado conocimiento del mismo y en base a eso fue que inmediatamente actuamos”.
MOTIVO
En la Exposición de Motivos del proyecto los diputados plantean “que los licenciados en relaciones laborales tendrían las herramientas como para poder representar en esa audiencia puntual”. Ello, aseguró Ortiz, es “ver el árbol y no el bosque”, en la medida de que “estamos mirando la audiencia puntual desarmada de toda la evaluación que hay que hacer para saber si es bueno o no llegar a una transacción en esa audiencia, que hay un proceso posterior que también tengo que evaluar su conveniencia o no, su pertinencia o no. Y eso lo están desmembrando. Lo están desmembrando y creo que están desmembrando el buen asesoramiento haciendo eso”.
Las profesionales aseguraron que no obedece el proyecto a que haya una falta de profesionales en condiciones de asesorar. “Todo lo contrario, justamente la problemática que tiene nuestra profesión es la falta de trabajo. Cada día nosotros tenemos jóvenes nuevos que se reciben y que no encuentran trabajo, están dentro de una bolsa de trabajo o trabajan de administrativos o en otras profesiones porque no cuentan con una cartera de clientes o no entran en un estudio corporativo”, dijo Gilardi. “Justamente, la gravedad de la situación es que tenemos un problema grave que no podemos desconocerlo y es la falta de trabajo, la desocupación que existe en nuestra profesión. Y esto agrava la situación”, afirmó.
PREVENTIVO
Ortiz lamentó que en nuestro país no exista, como en otros, una cultura de la abogacía preventiva. “Muchas veces las empresas tienen contadores en forma permanente, pero, por ejemplo, no tienen abogados en forma permanente, salvo las grandes empresas”. Tenerlos, dijo, “como una política de asesoramiento previo evitaría un montón de problemas”. En Uruguay en general se sigue viendo “al abogado, como aquel al que se acude cuando hay un problema. Todavía no se lo ve como un previsor de problemas”.
Del mismo modo Gilardi apuntó que los abogados “estamos preparados, y muchos de nosotros ejercemos en abogacía preventiva, que es precisamente eso: hagamos todo un chequeo de la situación para no tener problemas posteriores, minimizarlos y evitarlos de ser posible. Eso sería agrandar la torta, generar más fuentes de trabajo”.
El problema se agrava, entienden, por las personas que optan, en lugar de asesorarse con profesionales, por recurrir a recursos como la inteligencia artificial. “Mucha gente dice ‘no porque yo leí, la inteligencia artificial me dijo que el código dice que el artículo dice, que tal cosa dice’. Nosotros reivindicamos la función del abogado para leer en su conjunto el marco jurídico y asesorar correctamente a las personas”, afirmó Ortiz.
Be the first to comment