Día: 10 de agosto de 2025

El legislador explicó que “la educación debe aggiornarse a los desafíos de las nuevas tecnologías de la educación. Por lo tanto, hoy tenemos un mundo interconectado por las redes sociales que son buenas para muchas cosas, pero son muy malas para estas situaciones”. El diputado aclaró que “esta iniciativa no se trata de endeudamiento sino de evitar las estafas. Obviamente, también sirve para alertar cuando nos cobran una tasa de interés inadecuada, o para no caer en manos de prestamistas y usureros. Pero lo que más abundan son las estafas y nuestros niños, adolescentes y jóvenes deben tener una formación al respecto”, concluyó.

Según el Reporte del Sistema Financiero (RSF) correspondiente a los primeros tres meses del año 2025, elaborado por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), los créditos otorgados por los bancos al sector no financiero privado, es decir, a empresas y familias, crecieron durante el primer trimestre del año respecto a fines del 2024, y alcanzaron un monto equivalente al 29,2% del Producto Bruto Interno Bruto (PBI). El documento BCU señala específicamente qué situación es la que requiere de mayor atención, sobre todo en el contexto actual: “el endeudamiento de las familias con el sistema financiero en relación al ingreso ha mostrado un aumento en los últimos meses”, indicó el documento. Al respecto, el crédito destinado a consumo (con bancos y con administradoras de crédito) pasó de 21,3% del ingreso promedio anual de los hogares en marzo 2024 a 23,9% en marzo 2025. Si además se agrega el crédito hipotecario (que financia la compra de viviendas), el endeudamiento de las familias representaba a fin de marzo el 35% del ingreso promedio anual de los hogares”.

Así pues, el proyecto de ley antes mencionado supone una iniciativa de suma importancia, atendiendo no sólo a las graves situaciones de endeudamiento que soportan una gran cantidad de uruguayos, sino también a las estafas que a través de medios digitales aumentan día a día y causan grandes perjuicios a diversos colectivos, especialmente a los adultos mayores que muchas veces no se encuentran debidamente familiarizados con aspectos tecnológicos de la actividad financiera. Esta situación ya venía siendo advertida por diversas empresas del área financiera, que informan a sus clientes sobre la forma en que deben llevarse adelante las finanzas personales y sobre los delitos antes mencionados.

A modo de ejemplo, la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de Verri expresa que “la creciente complejidad del sistema financiero y la expansión del acceso al crédito -particularmente fuera del circuito bancario tradicional- exigen una ciudadanía con herramientas adecuadas para la toma de decisiones informadas, responsables y sostenibles. Si bien Uruguay ha avanzado significativamente en materia de inclusión financiera en los últimos años, este proceso no ha sido acompañado por una política sistemática de educación financiera que permita a las personas comprender cabalmente los instrumentos financieros a los que acceden.

La asimetría informativa entre oferentes y demandantes de productos financieros –como créditos de consumo, fideicomisos, letras de tesorería, obligaciones negociables y vehículos de inversión colectiva– coloca en situación de vulnerabilidad a amplios sectores de la población. A ello se suma el uso extendido de medios digitales para la contratación y gestión de productos financieros, lo que refuerza la necesidad de formación específica sobre sus riesgos y consecuencias”. Asimismo, se destaca que “esta situación no es exclusiva de Uruguay. Diversos países de la región, como Colombia (CONPES 4005/2020), México (ENIF), Perú (Plan Nacional de Educación Financiera 2021-2025) y Argentina (Programa de Educación Financiera del BCRA), han implementado políticas públicas específicas para promover la alfabetización financiera como condición necesaria para un ejercicio pleno de la ciudadanía. En este contexto, la presente ley tiene por finalidad consagrar la educación financiera como una política pública estructural, incorporándola de manera obligatoria y transversal al sistema educativo formal y estableciendo, además, programas permanentes de formación para la ciudadanía adulta, con énfasis en el endeudamiento responsable, la protección al consumidor financiero y el acceso informado al sistema de financiamiento e inversión”.

Similar prédica desarrollan en Uruguay otras instituciones públicas, tal como sucede con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el cual “la promoción de educación financiera es un elemento fundamental para construir ciudadanía. Las finanzas personales no giran en torno al dinero, giran en torno a las personas y su bienestar: a) porque incorporar herramientas financieras nos ayuda a definir y alcanzar objetivos personales, b) porque tener más conocimientos sobre el tema nos ayuda a organizar mejor nuestro dinero, c) porque aprender a gestionar nuestras finanzas nos permite tomar decisiones conscientes y reducir los niveles de estrés por causa del dinero y d) porque aprender a cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos de pago tendrá impacto en nuestra “huella financiera”, que es un historial de comportamiento de pagos que queda registrado en el sistema financiero”.

El proyecto a estudio del Parlamento es una buena oportunidad para incorporar a la misma elementos que brinden herramientas para actuar en el mundo de micro y medianas empresas, como por ejemplo elementos para administrar las finanzas de un microemprendimiento (albañiles, carpinteros, herreros, sanitarios por citar tan solo algunos ejemplos), saber cómo se calculan y pagan los tributos, que cargas sociales deben abonar si contratan personal, etcétera. De esta forma estaremos brindando una ayuda real a esos verdaderos emprendedores que día a día recorren nuestras calles. Hoy nuestros jóvenes emergen de Bachillerato y Secundaria con 17 o 18 años sin siquiera conocer lo mínimo de economía para sobrevivir como adulto financieramente responsable o para montar las más elemental de las Pymes.

En esa línea el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, el contador Álvaro García afirmó en declaraciones a radio Sarandí 690 AM, que “sería bueno que ya desde niños se enseñen determinadas pautas de educación financiera, como el ahorro”. “La educación financiera es uno de los puntos centrales de la fundación Banco República” sostuvo García. Es importante destacar que la tarea desarrollada por ambas instituciones (una de ellas el banco más importante de Uruguay) significa un fuerte espaldarazo a la educación financiera en todo el país.

Por eso es claro que necesitamos brindar educación financiera a los uruguayos en general, pero deberíamos aprovechar para hacerlo con los emprendedores porque el dinero no sea crea de la nada, sino que requiere esfuerzo, conocimiento y organización y porque, como dice un viejo refrán, “no hay almuerzo gratis”.

Aprovechándose del cargo de poder que ostentan, los gobernantes corruptos ponen sobreprecios a las obras que realizan y se apoderan de esos sobreprecios que no fueron gastados. Y para que eso sea posible crean una trama con empresarios corruptos, que se prestan a incluir sobreprecios en las obras que realizan y se reparten con los gobernantes de turno.

Por lo tanto, los sobreprecios son impuestos que pagamos todos, aún los más pobres y que se llevan una parte importante de la recaudación. La corrupción es el peor impuesto que nadie aprobó y que gasta sumas millonarias en beneficio de unos pocos que los crean para su propio beneficio. Si se controlara para que no hubiera corrupción, habría más dinero para hacer obras necesarias para que todos vivamos mejor, especialmente los más vulnerables que carecen de lo más básico e imprescindible, como la vivienda, la alimentación, la vestimenta necesaria, correcta atención de la salud, la educación de calidad, la seguridad y la diversión, etc.

Pero lamentablemente la corrupción no se controla ni se pena como los demás delitos. Cuando la justicia logra probar hechos de corrupción, los corruptos son condenados con penas muy leves, generalmente con penas sustitutivas a la prisión y de muy corta duración y eso alienta a los corruptos. ¿Cuál es la razón para que ocurra eso y no se controle? ¿Que el poder judicial no es independiente del poder político, o que los operadores de la justicia anteponen su filiación política a la aplicación de la ley? Probar hechos de corrupción es de los delitos más fáciles de descubrir, pero son los menos penados por la Justicia.

Ing. Ricardo Brasesco

Los estudios arqueológicos emplean una variedad de métodos para investigar y analizar restos materiales del pasado. Estos métodos incluyen la excavación, prospección, datación, análisis de laboratorio, e interpretación de datos, además de técnicas especializadas para el estudio de materiales. ¿Porqué se requieren estos estudios? Porque se debe estudiar, analizar todo el contexto y el entorno. El encontrar un elemento, como un metal, una hebilla, un botón, una bala, así como una flecha, boleadora o cerámica, atribuida a los antepasados o a hechos ocurridos en otras épocas, sin el debido análisis del entorno, por la posible aparición de otros elementos, como restos de animales, personas, carbón, maderas, telas, cueros, etcétera. que puedan asociarse al elemento encontrado. Así como la investigación del medio donde fue hallado, si es una costa de un curso de agua, una elevación, cerro, construcción antrópica, o cuantos otros elementos puedan ayudar a generar un panorama más amplio, al definir fechas mediante estudios fisicoquímicos, geológicos, de fauna y flora, etc. Para esto, es necesario aplicar métodos, excavaciones, procedimientos muy delicados, mediciones topográficas, relevamientos minuciosos. Todo ello, permite hacer una reflexión, asociación con otras experiencias, con documentaciones históricas, con cuanto contribuya a describir y sacar conclusiones.

Es muy difícil, casi que imposible, sin un análisis científico como el descrito, sacar conclusiones, como decir que una punta de flecha es de tal o cual grupo nativo, o que vivieron de tal o cual forma, etcétera.
Sabemos de las dificultades técnicas y económicas para la realización de estos estudios en nuestro país. Pero la extracción o sustracción de elementos considerados históricos, de su lugar de origen, sin los correspondientes estudios, significa borrar la Historia.

Existen las llamadas colecciones o museos históricos, que no los son, que son meros juntaderos de elementos antiguos, sin el valor que deberían tener desde el punto de vista cultural.
En los sucesivos períodos políticos de distintos signos, nacionales o locales, no se ha valorado la importancia de estos estudios, ni se han asignado los recursos, y que no implican adquirir elementos sueltos sin los debidos estudios y certificaciones académicas. ¿Quien certifica con veracidad que tal o cual elemento es de tal o cual origen, o que perteneció a uno u otro personaje de nuestra historia? Han habido cantidades de ofertas para la comunidad, pero que carecen de valor y credibilidad científica e histórica, por lo antes expuesto.

Ing. Agrim. Leonardo Bulanti Gutiérrez, presidente de la Comisión Departamental de Patrimonio de Paysandú

La decisión del intendente Nicolás Olivera en relación a la gestión cultural, mantenimiento por cinco años más al cuestionado Sr. Eugenio Pozzolo, revela una profunda continuidad en un modelo de gestión que ha demostrado ser insatisfactorio y, en muchos aspectos, dañino para el movimiento cultural y social de Paysandú. Desde mi posición izquierdista y artística, esta elección no solo evidencia un fuerte sesgo político y de clase, sino que también confirma la persistencia de prácticas autoritarias, clientelistas y desconectadas de las demandas reales de los artistas y la comunidad en su conjunto.

Durante los últimos cinco años, la gestión de Olivera y Pozzolo ha sido un reflejo de un modelo individualisa, centralizador, cerrado y elitista, donde las decisiones se toman en despachos sin consultar a los verdaderos actores involucrados. La participación ciudadana, que debería ser el eje de una política cultural democrática, ha sido sistemáticamente ignorada. La estructura ha privilegiado los intereses de un círculo cercano, alineado con el Partido Nacional y la Coalición Multijugador, consolidando un clientelismo cultural que favorece a unos pocos en detrimento de la diversidad, la innovación y la inclusión.

El propio Pozzolo, cuestionado por su gestión autoritaria y por la falta de transparencia en sus respuestas a los pedidos de informes, ha sido un símbolo de la cultura del privilegio y la conveniencia política. La reelección de este personaje, en un contexto donde las voces de los artistas, gestores, sindicatos y organizaciones sociales y políticas han sido sistemáticamente silenciadas o menospreciadas, evidencia la voluntad del poder político de mantener un status quo que prioriza la conveniencia por encima del desarrollo cultural genuino.

Este continuismo no solo perpetúa un modelo obsoleto, sino que también avanza en la dirección opuesta a las necesidades de una cultura viva, plural y participativa. La gestión de Pozzolo ha relegado el teatro, el carnaval y otras expresiones populares, que son la savia del pueblo y que, en su esencia, representan la comunicación democrática y directa con la comunidad. Su gestión ha sido incapaz de generar un espacio de diálogo real, de construir puentes entre los artistas y las instituciones, y de valorar el talento popular como un activo cultural y social fundamental.

Desde nuestra postura de izquierda, resulta inadmisible que la cultura siga siendo vista como un patrimonio de unos pocos, en lugar de un derecho social y un motor de transformación social. La cultura no puede ser un botón político ni un instrumento para el clientelismo y mucho menos para censurar espacios artificiales dinamizando la libertad de expresión. La elección de mantener en el cargo a Pozzolo, con su historial de privilegios y exclusiones, evidencia que el actual gobierno no tiene intención de profundizar en una política cultural inclusiva ni crear ámbitos de diálogo y participación ciudadana. Continuaré en la vereda de enfrente de administraciones antipopulares. Sr. director de Cultura: seguiré levantando mi voz reclamando una gestión gubernamental participativa, que reconozca la diversidad de voces y expresiones, sin dejar a nadie afuera.

Es imprescindible que la gestión cultural en Paysandú deje de ser un espacio de favoritismos y pase a ser un instrumento colectivo, democratizador y transformador. La comunidad artística, los sindicatos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general exigen una gestión que escuche, respete y valore la diversidad cultural del departamento, que fomente la participación activa y que construya políticas públicas transparentes y sostenibles. Lo que se hace difícil al confirmar al responsable de una gestión que se dedica a hacer exactamente lo contrario.

En definitiva, la confirmación de Pozzolo en el cargo, representa una oportunidad perdida para avanzar hacia un modelo cultural más justo, abierto y comprometido con los valores artiguistas. La historia reciente demuestra que el autoritarismo y el clientelismo solo generan más desigualdad y fragmentación. Es hora de que los movimientos sociales y culturales de Paysandú movilicen sus fuerzas para exigir un cambio real, que pongan a la cultura y a sus actores en el centro de la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y soberana.

¡Basta de gestiones que sirven a unos pocos! La cultura debe ser un espacio de libertad, participación y creatividad para toda la comunidad. La historia la escriben quienes lucharon por ella.

Tec. Pablo Miranda Ponce