Mes: agosto 2025

El Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) de Paysandú viene llevando adelante una campaña de recolección de bolsas plásticas, en el marco de un proyecto educativo que promueve el reciclaje y la conciencia ambiental. La propuesta tiene como objetivo la reutilización del polietileno, un material altamente contaminante presente en muchos envases de uso cotidiano, que con frecuencia termina como desecho en los cursos de agua y ecosistemas naturales, generando un problema a nivel mundial.

Según señala en su comunicado el equipo socioeducativo de Cecap, cada año se filtran entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos, tanto en los ecosistemas terrestres como acuáticos. Frente a esta realidad, el proyecto apunta a generar conciencia y ofrecer una alternativa concreta de transformación: convertir residuos en recursos. Según un comunicado del centro, la iniciativa se inscribe en un proceso educativo más amplio e involucra a toda la comunidad de Cecap, que tendrá una participación activa en los Clubes de Ciencia del programa Cultura Científica, impulsado por la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. En este contexto, se desarrollará un proceso de transformación del plástico recolectado en ecocuero ecológico, un material resistente, reutilizable y amigable con el ambiente, que permite la elaboración de diversos productos como accesorios, objetos de uso diario y manualidades.

La campaña se enfoca en recolectar tres tipos específicos de bolsas: sachets de leche, sachets de yogur y envases de alimentos para perros. Se solicita a quienes deseen colaborar que entreguen las bolsas limpias y secas, sin restos de alimentos ni líquidos, para facilitar su manipulación y procesamiento.

Estos pequeños cuidados contribuyen significativamente al éxito del reciclaje. El proceso de reciclaje no solo evita que los plásticos se conviertan en residuos, sino que también los transforma en recursos útiles, promoviendo una práctica concreta de economía circular. Las donaciones pueden acercarse al local de Cecap, en Tacuarembó 920, en el horario habitual de funcionamiento. Desde el centro se destaca que la participación de la comunidad es clave para que estas acciones se sostengan y multipliquen. “Tu colaboración es fundamental para cuidar nuestro planeta”, afirman, agradeciendo especialmente el apoyo de los medios de comunicación en la difusión de la campaña.

Los ediles del Frente Amplio Emerson Arbelo, Valentina Charutti, Andrés Imperial y Mabel De Agostini plantearon en la Junta Departamental de Paysandú una moción por la que reclaman atención “a las necesidades del Parque Quebracho”.

Sostienen en este sentido que “como es de conocimiento de varios integrantes de este Cuerpo, desde nuestra banca hemos presentado en reiteradas ocasiones planteamientos realizados por vecinos y vecinas del barrio El Parque, en la localidad de Quebracho. Se trata de una zona que, por sus características geográficas, requiere una atención especial que no ha sido debidamente considerada por las autoridades correspondientes en los últimos años”.

Consignan que “en particular, hemos constatado que muchas de sus calles y cunetas no han recibido el mantenimiento ni la limpieza necesarios, lo que ha provocado anegamientos frecuentes con cada episodio climático adverso. Ante esta situación, entendemos que se impone una respuesta inmediata, que incluya la ejecución de tareas de mantenimiento y limpieza de calles y cunetas como medida urgente para mitigar los efectos actuales”.

“No obstante, también consideramos imprescindible avanzar hacia una solución definitiva que garantice la correcta circulación vehicular y el adecuado escurrimiento pluvial. Para ello, se requiere una planificación técnica con criterio de ingeniería, que determine los niveles y diseñe un sistema de drenaje eficiente, incorporando dichas obras al Presupuesto Quinquenal tanto del gobierno departamental como del municipio de Quebracho”, indican.

Los integrantes de la oposición mayoritaria en la Junta Departamental argumentan asimismo que “reconocemos que los recursos del Municipio no son suficientes para afrontar esta intervención. Sin embargo, en vista del incremento histórico que recibirán las intendencias por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República, se abre una oportunidad concreta para que el gobierno departamental y el Municipio de Quebracho destinen los fondos necesarios para dar respuesta a una demanda sentida y postergada de la población”.

Solicitan por lo tanto que este tema pase a las Comisiones de Obras y Servicios y de Descentralización, Integración y Desarrollo, para su tratamiento y seguimiento, además de que se cursen oficios al intendente departamental; a la Dirección de Descentralización de la IDP y al Municipio de Quebracho.

Durante dos días, se desarrolló en Montevideo un simposio internacional que abordó uno de los fenómenos más complejos y recurrentes de este tiempo: la desinformación. Organizado por el semanario Búsqueda en alianza con la organización argentina Chequeado, con el apoyo de la Unión Europea y la Universidad Católica del Uruguay –que ofició de anfitrión–, el encuentro reunió a especialistas de América Latina y Europa para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las democracias en el entorno digital.

La conferencia magistral de apertura, el lunes 4 de agosto, estuvo a cargo de la abogada y académica colombiana Catalina Botero, figura de referencia en materia de libertad de expresión en la región.

Botero no escatimó elogios para el país anfitrión. “Estoy feliz de estar esta mañana en Uruguay. No hay ninguna persona que yo conozca en América Latina, nadie –defensores de derechos humanos, empresarios, intelectuales, académicos– que no consideren que Uruguay es lo que todos deberíamos ser”, expresó al comienzo de su intervención. “Y yo sé que a algunas personas que viven en Uruguay a veces les parece aburrido. En Colombia uno duerme siesta y quedó desactualizado. Ya pasaron tres ataques, el presidente sacó siete tweets, nos peleamos con Estados Unidos, nos reventaron los aranceles. Pero la paz social y el tejido social que tiene Uruguay es un placer”.
La exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH repasó su tránsito personal desde el entusiasmo con el potencial democratizador de Internet –dominante en la primera década del siglo XXI– hacia una posición de creciente escepticismo, alimentada por episodios como el escándalo de Cambridge Analytica, la crisis de Myanmar, el Brexit o el plebiscito por la paz en Colombia.

“Perdimos una oportunidad enorme que luego se recompuso, pero no sin dificultades. Esa información falsa se difundió muy estratégicamente y muy eficientemente en Internet. Y perdimos el plebiscito, y perdimos una oportunidad enorme”, remarcó.

A partir de allí, Botero describió lo que considera uno de los mayores problemas de las plataformas digitales: la desinformación a escala que afecta bienes públicos, especialmente en materia de salud o procesos electorales. “No se trata de controlar a la gente que dice mentiras en Internet. Eso no puede ni debe ser controlado.

¿Quién controla eso?”, se preguntó. “Lo que hay que enfrentar es la desinformación a gran escala, como fenómeno estructural”.

Según explicó, se trata de un tipo de contenido “producido con la intención de engañar a las personas”. “O por lo menos de hacer que las personas no crean en nada, que se rompa la confianza en las instituciones tradicionales del conocimiento, como la academia, los medios o las instituciones de salud”, continuó la colombiana.

Ese tipo de información –alertó– se basa en una mezcla sofisticada de manipulación algorítmica, segmentación de datos, interacciones automatizadas por bots y reproducción emocional en cámaras de eco. “Las plataformas nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos”, advirtió.

Botero también apuntó contra la hipocresía de ciertos discursos que enarbolan la libertad de expresión mientras socavan las instituciones democráticas. “En la cultura estadounidense hay una especial deferencia hacia la Primera Enmienda. Pero hoy tienen un gobierno que ataca a los medios, castiga a las universidades y encarcela personas por tener tatuajes. Es una hipocresía”, sostuvo. “En Europa, en cambio, saben por experiencia que la libertad de expresión a veces necesita límites. Y que esos límites pueden ser compatibles con la democracia si son proporcionales”.

En ese sentido, destacó positivamente el ejemplo de la Unión Europea, que recientemente adoptó un paquete de leyes para regular los servicios digitales. “La Ley de Servicios Digitales no le entrega al Estado la posibilidad de controlar la narrativa. Establece principios de transparencia significativa, rendición de cuentas y evaluación de riesgo”, explicó.

“No es suficiente que las plataformas digan lo que quieren decir. Deben dar la información necesaria para que sepamos cómo operan sus algoritmos, cómo toman decisiones de diseño, qué políticas implementan, cuántos moderadores de contenido tienen en contextos electorales”, añadió la experta.

Al mismo tiempo, Botero valoró la decisión europea de prohibir la microsegmentación en campañas electorales. “Estamos tarde para prohibir que cada uno vea una campaña diferente. Hay que garantizar que todos los ciudadanos vean la misma información política en una elección”, afirmó.

La académica colombiana también dedicó unos minutos a cuestionar la falta de cooperación regional en América Latina. “No somos capaces de diseñar un modelo regional de defensa en seguridad pública, y entonces quedamos en manos del modelo Bukele (presidente de El Salvador), que no es sino una dictadura”, sentenció. “¿En qué momento vamos a hablar sobre las plataformas si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre los temas esenciales?”.

Lejos de caer en el derrotismo, Botero concluyó con una apelación a que se puede y se debe regular sin sacrificar los valores democráticos. “Las plataformas eliminan contenido que incita al suicidio o la violencia sexual. ¿Por qué no podrían aplicar filtros a otros contenidos que atentan contra la integridad democrática? Lo que pasa es que eso es caro. Y parece que les importa más acumular que las condiciones que hacen posible esa acumulación”, dijo.

La jornada del lunes continuó con un panel de debate sobre tensiones entre libertad de expresión y regulación, con la participación del jefe de sección Política de la Delegación de la UE en Uruguay, Jan Mikolaj Dzieciolowski, la doctora en Ciencias Sociales Carolina Aguerre, y el director ejecutivo de Agesic, Daniel Mordecki.

El segundo día del simposio estuvo centrado en experiencias de verificación y buenas prácticas en Uruguay y la región.

Se presentaron proyectos como la alianza Comprueba, una iniciativa chilena de verificación electoral; los desafíos del fact-checking frente a la inteligencia artificial, abordados por Ana Laura García Luna de Chequeado; un reporte de tendencias de desinformación elaborado por la diaria; y una investigación transnacional sobre estafas digitales a cargo de Búsqueda y La Silla Vacía.

En tiempos de saturación informativa, el simposio en la Universidad Católica apuntó a que las democracias no puedan darse el lujo de mirar hacia otro lado. Así lo remarcó Catalina Botero: “La democracia no está teniendo un futuro brillante en muchos lugares del mundo. Y eso también es responsabilidad de las plataformas”.

Las tensiones entre la libertad de expresión y la regulación de plataformas digitales representaron el eje central del primer día del simposio sobre desinformación organizado por el semanario Búsqueda, en alianza con el medio argentino Chequeado y con el apoyo de la Unión Europea y la Universidad Católica del Uruguay (UCU). El encuentro, de carácter internacional, se llevó a cabo el lunes 4 y martes 5 de agosto en uno de los edificios de la UCU en Montevideo.

La actividad incluyó una conferencia magistral de la abogada y académica colombiana Catalina Botero y una mesa de debate con tres voces de referencia: Carolina Aguerre, doctora en Ciencias Sociales; Jan Mikolaj Dzieciolowski, jefe de la sección Política de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay; y Daniel Mordecki, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

La jornada giró en torno a los desafíos regulatorios que enfrentan las democracias frente a la circulación masiva de contenidos falsos o manipulados, muchas veces amplificados por sistemas automatizados sin control.

Apertura tecnológica y cercos digitales

“Todos nos hemos beneficiado de un ecosistema abierto como Internet, pero hoy estamos frente a un entorno cada vez más segmentado, con fronteras definidas por plataformas que utilizan múltiples capas de tecnología”, sostuvo Carolina Aguerre en el arranque del panel. A su entender, los intentos de regulación deben contemplar esta complejidad. “Cuando el problema es grande, quedarse solo con una ley o una norma es quedarse corto. La gobernanza requiere un enfoque sistémico”, afirmó.

Aguerre elogió el modelo europeo, que –además del DSA (ley de servicios digitales)– incluye una batería de instrumentos como el Digital MarketsAct, el Data GovernanceAct y el futuro AI Act. “No se trata sólo de regular contenidos. También hay que generar cambios sociales, incorporar más actores al debate y crear mecanismos de participación ciudadana, porque este no es un problema exclusivamente estatal”, indicó.

La investigadora también hizo una advertencia sobre la cooperación internacional entre actores maliciosos. “Hay una forma de cooperación negativa que es muy poderosa. Estamos hablando de ensamblajes sociotécnicos, de tecnologías que se conectan con intereses políticos o económicos, y que operan de manera deliberada para desestabilizar sistemas democráticos”, alertó.

Amenaza estructural a la democracia

Por su parte, Jan Mikolaj Dzieciolowski, representante de la Unión Europea, puso el foco en el concepto de Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), un término que desde hace años forma parte del vocabulario diplomático europeo. “No se trata de alguien que dice una pavada en redes. Estamos ante estructuras organizadas que buscan influir decisiones personales y nacionales de forma maliciosa”, explicó.

El funcionario recordó que la primera señal de alerta para Europa se encendió en 2014, con la invasión encubierta de Crimea por parte de Rusia. “No fue una guerra declarada. Aparecieron soldaditos verdes que nadie sabía de dónde venían, pero todos sabíamos quién estaba detrás. Desde entonces venimos siguiendo el tema con mucha atención”, dijo.

El DSA, según Dzieciolowski, establece reglas claras y obliga a las grandes plataformas a ser más transparentes. “No queremos ser censores. El DSA no obliga a eliminar contenido legal, pero protege a los usuarios de decisiones arbitrarias. Cualquier persona tiene derecho a saber por qué se moderó su contenido y a apelar si lo considera necesario”, aclaró.

También informó que la Comisión Europea inició en 2023 investigaciones contra varias plataformas –entre ellas X, TikTok, Meta, Temu, AliExpress y sitios de contenido adulto– para verificar el cumplimiento de las nuevas normativas. “No va a ser fácil. Son investigaciones complejas, pero estamos comprometidos con ese camino”, sostuvo.

Regulación sin perder innovación

Desde la perspectiva uruguaya, Daniel Mordecki planteó que el país ya ha comenzado a regular ciertos aspectos del ecosistema digital, aunque buena parte de la sociedad aún lo desconozca. “Hay una ley aprobada en el gobierno anterior que regula plataformas de transporte como Uber o Pedidos Ya. Establece derechos básicos para los trabajadores, como saber por qué una plataforma toma decisiones en su contra o tener derecho a reclamar en territorio nacional”, afirmó.

A juicio del director de Agesic, regular no significa limitar. “Cuando no hay reglas, vale la ley del más fuerte. Y ahí pierden los más chicos, las empresas nacionales, los innovadores. La innovación necesita reglas, como en el ajedrez. No se puede jugar sin ellas”, ejemplificó.

También puso en cuestión el enfoque excesivo en los contenidos, señalando que el verdadero problema está en el medio. “La gran novedad no es lo que se dice, sino cómo se amplifica. El mensaje más extremo, sin algoritmos, no tiene impacto. Pero con algoritmos que clasifican y segmentan usuarios, se convierte en un arma”, advirtió.

Mordecki explicó que la mayoría de las plataformas funcionan con algoritmos de inteligencia artificial, que deciden qué mostrar a quién en función de predicciones. “Ese proceso de clasificación es opaco, muchas veces ni siquiera los técnicos pueden explicarlo. Pero es ahí donde se juega el impacto social más profundo”, indicó.

La segunda jornada del simposio, centrada en experiencias de verificación y buenas prácticas en la región, incluyó presentaciones de Chequeado, La diaria, La Silla Vacía y el medio chileno Mala Espina. En ese espacio se abordaron iniciativas concretas de colaboración periodística, el uso responsable de inteligencia artificial y las nuevas formas de estafa digital.