Un reciente llamado publicado en el portal Uruguay Pesca para reclutar personas con o sin experiencia laboral revela con crudeza el panorama del mercado de trabajo en el país. La Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay informó el domingo, a través de la red social X, que en apenas 48 horas se habían inscrito 4.082 postulantes, de los cuales 189 ya contaban con la libreta de embarque. En solo 24 horas, la cifra de inscriptos casi duplicaba la cantidad de marineros actualmente empleados en el sector y quintuplicaba la capacidad de la flota pesquera nacional.
El sector está integrado por empresas, industrias y armadores —propietarios de embarcaciones—, y emplea a unas 3.000 personas de forma directa, además de una cantidad similar de trabajadores indirectos. Sin embargo, desde hace más de dos meses las flotas están paralizadas debido a medidas sindicales, mientras los pesqueros argentinos avanzan con una zafra exitosa, por razones evidentes.
A pesar de los salarios que ofrece la industria —alrededor de $10.000 diarios para marineros con formación y la mitad para quienes no cuenten con libreta—, el llamado incluye capacitación básica antes del primer embarque. Mientras tanto, el gobierno considera que lanzar un nuevo llamado laboral “no es una buena salida” al conflicto, y los legisladores se “comprometen a trabajar” para buscar una solución rápida. Pero el tiempo sigue corriendo, y tras más de 70 días de negociaciones estancadas, el pescado destinado a la exportación termina siendo capturado por flotas extranjeras autorizadas.
Por eso, la Cámara resolvió “refundar” el sector pesquero uruguayo para evitar “refundirse”, según palabras de uno de sus referentes.
Sin embargo, el alto número de personas que se anotaron no se explica solo por el atractivo del salario. Un fenómeno similar ocurrió con el programa Jornales Solidarios, en mayo de 2021, cuando se registraron unas 130.000 personas para solo 15.000 puestos de trabajo de seis meses de duración, con una remuneración de $12.500 por 12 días de actividad al mes.
Estos llamados laborales se han convertido en termómetros fiables de la situación del empleo en el país. Son la cara visible de la necesidad de trabajo en determinados sectores de la población, incluso cuando las cifras oficiales marcan un desempleo promedio del 7,3 % a nivel nacional. Según la consultora Advice, entre enero y junio de este año se publicaron 41.980 oportunidades laborales, lo que representa un aumento de casi 25 % respecto al mismo período del año pasado —unas 8.200 oportunidades más—. El monitor de la consultora prevé que la demanda laboral se mantenga estable en el segundo semestre del año.
Sin embargo, la preocupación por el desempleo crece especialmente en el Interior, donde se presentan realidades socioeconómicas más complejas y una fuerte dependencia de actividades zafrales.
Hoy, la industria enfrenta una diversidad de desafíos: la reconversión de procesos a nivel global, el avance de la tecnología que reduce la necesidad de mano de obra, y la falta de preparación de muchos trabajadores para adaptarse a estos cambios. A eso se suman las regulaciones del mercado y problemas estructurales de competitividad, que alimentan una percepción reiterada: “Uruguay es un país caro para vivir, invertir y trabajar”.
Sectores como las curtiembres, lácteos y autopartes exhiben altos niveles de conflictividad, pérdida de empleos y un número creciente de trabajadores amparados por el seguro de desempleo. En algunos casos, con extensiones del beneficio que ya superan el año, dificultando aún más la reinserción laboral.
También hay fenómenos coyunturales, como las recientes adversidades climáticas, que afectan a más de 2.000 trabajadores en Salto y Paysandú —en su mayoría mujeres jefas de hogar—, quienes ya comenzaron a tramitar subsidios adelantados y otras formas de asistencia social.
A esto se suman situaciones ajenas a los trabajadores, como la reciente estafa financiera que golpeó a la industria frigorífica local, dejando a 303 trabajadores a la espera de una extensión del seguro de paro que recién fue confirmada.
Por otro lado, hay sindicatos que, lejos de buscar soluciones, profundizan las diferencias con las patronales. Aunque también es justo reconocer a aquellos que han mostrado actitudes proactivas para resolver sus conflictos.
Hoy, sostener las fuentes de trabajo se ha vuelto una urgencia. Algunos sindicatos han admitido que llegan a los Consejos de Salarios con la principal preocupación puesta en preservar los empleos, dejando en manos del gobierno la definición salarial.
Lo que se evidencia es una problemática estructural de falta de empleo en diversos sectores. Las propuestas actuales buscan paliar las dificultades, pero no plantean un cambio profundo en el paradigma del trabajo.
En general, hay una mirada crítica sobre la falta de planificación del Estado hacia la industria. Durante años, los distintos gobiernos observaron cómo ciertas empresas cerraban o se iban del país, sin dejar margen para la reconversión laboral de sus trabajadores. Cuando una industria abandona una localidad, no solo deja sin empleo a cientos de personas, sino que también apaga la vida social y económica del lugar, provocando emigración y pérdida de tejido comunitario. La historia reciente del país ofrece demasiados ejemplos en este sentido.
Por ahora, los reclamos por seguros de paro especiales se acumulan, al tiempo que se plantean propuestas para activar mecanismos automáticos ante los problemas cíclicos que presentan muchas actividades zafrales, aún sin respuestas adecuadas.
Mientras tanto, el problema sigue creciendo, y tanto el gobierno como los trabajadores y empresarios coinciden en algo: es urgente repensar el mundo del trabajo en Uruguay frente al avance imparable de la tecnología.
Se puso en marcha en la víspera la edición 2025 del Torneo Clasificatorio para los Sub 16 sanduceros, que jugaron de manera completa la primera fecha de la competencia.
