Mes: junio 2026

“Cosas veredes, que non crederes”. En realidad nunca El Quijote le dijo tal refrán a su escudero. Parece que es una deformación de un verso del Cantar del Mio Cid: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.

Pero no me voy a poner a averiguarlo ahora, mi tema son las elecciones en Colombia.

No las seguí minuto a minuto pero cuando vi en la TV al candidato oficialista, de izquierda, progresista gramsciano, con exilios –“dorados se dice”– en las antiguas Checoslovaquia, Rumania y Cuba y profesor de filosofía, Iván Cepeda, que con su tono doctoral puso en duda el resultado, lo adiviné: perdió. Y efectivamente fue así y lo confirmó el presidente Gustavo Petro que, según su estilo, se despachó y habló de votos mal contados, fraude, y no sé qué otra sarta de petromentiras, petrobobadas y petroinsultos, ya tan repetidos que resulta redundante desperdiciar espacio. Me contacté con un colega colombiano y le trasmití mi parecer frente a lo que me advirtió: “quizá el propósito sea preparar el ambiente para justificar un eventual fraude, o algo peor, que pergeña el oficialismo para la segunda vuelta”. Cepeda horas después, con mucha honestidad admitió que su gente revisó a fondo y no se encontraron evidencias de un fraude electoral. Se corrigió, lo que habla bien de él. Petro no, lo que da fundamento al temor de mi colega.

Es un hecho que los progresistas –asumidos interinamente demócratas–, tienen como norma si pierden, hablar de fraude. Más que una justificación, ya de por sí es una forma de devaluar el sistema democrático. A la vez se victimizan y para la próxima suman a sus méritos el hecho de que “le robaron” las anteriores. Y les da resultado y llegan y cuando eso ocurre son los más legítima y democráticamente electos. Eso sí, ya en el poder vuelta a prostituir el sistema: pasan a ser ellos los que cuentan los votos: como decía un ministro de Somoza “dejen que voten lo que quieran, al final los votos los contamos nosotros”.

En cuanto al candidato ganador, Abelardo de la Espriella, hombre muy rico, abogado y de derecha –me resisto a someterme al manual gramsciano y políticamente correcto de calificar de ultraderecha a los de derecha con apoyo popular y de progresista a los marxista-leninistas disfrazados– tiene una larga trayectoria en el foro y “referentes políticos” muy polémicos; para definirlo en pocas palabras: ¡flor de ficha! De cuidado.

En una primera visión, después de lo ocurrido en Colombia el pasado domingo, uno puede llegar a por lo menos cuatro conclusiones preliminares:
1) Gabriel García Márquez fue un gran escritor, de los más grandes, pero sin restarle ningún mérito es un hecho que a su imaginación mucho material le vino servido por la realidad.
2) A los progresistas la democracia les incomoda –no la quieren ni la respetan– y lo del fraude es su mejor argumento para cuando pierden, pero se transforman en los mayores artífices en la materia cuando ganan y más cuando están en el poder.
3) Si habrá sido malo el gobierno de Gustavo Petro y grande su impopularidad, que más de 10 millones de colombianos votaron por el candidato opositor y que, sumando los que votaron al uribismo, llegan a superar el 50% los que votaron en su contra.
4) Si finalmente fracasa cualquier intento y de la Espriella es el próximo presidente de Colombia, una primera sensación me dice que durante su mandato, y para empezar, de libertad de prensa, ni hablar.

La estabilidad y la previsibilidad son pilares clave para evaluar la calidad de una gobernanza democrática. No se trata de rasgos técnicos aislados, sino de condiciones estructurales que permiten que la vida institucional transcurra con continuidad, confianza y dirección. La estabilidad política, entendida como coherencia y regularidad en normas y procedimientos, crea un marco de reglas compartidas que sostiene expectativas recíprocas y permite a la ciudadanía proyectar su vida sin quedar expuesta a la arbitrariedad ni a la volatilidad del poder. Cuando las instituciones actúan con previsibilidad, las personas pueden anticipar el comportamiento del Estado y confiar en él.

La previsibilidad también es un componente central de la gobernanza. No se reduce a la continuidad de las normas: supone la capacidad del sistema político para ofrecer señales claras y estables sobre el rumbo colectivo. En un contexto global marcado por la fragmentación geopolítica, la aceleración tecnológica y la interdependencia económica, la previsibilidad disminuye la incertidumbre, facilita la coordinación entre actores públicos y privados y favorece decisiones de inversión y planificación con horizontes más amplios. El desarrollo requiere libertades instrumentales como seguridad jurídica, transparencia y estabilidad institucional; sin ellas, la capacidad de acción individual y colectiva se debilita.

En síntesis, estabilidad y previsibilidad conforman la base de una gobernanza eficaz y de un desarrollo sostenible.

Juntas fortalecen la capacidad de los sistemas políticos para adaptarse, responder y anticiparse, funciones esenciales para sostener la legitimidad democrática en sociedades complejas.

Sin embargo, esto por sí solo no elimina la tentación autoritaria. En contextos como el actual, la debilidad de los liderazgos y la fragilidad de la planificación política generan vacíos que pueden desbordar los límites institucionales.

Gobernanza y estabilidad

La gobernanza es el conjunto de procesos, instituciones y mecanismos a través de los cuales se ejerce el poder y se toman decisiones que afectan a la sociedad. Incluye tanto al Estado como a actores sociales, económicos y comunitarios que participan en la formulación e implementación de políticas. Una gobernanza sólida se apoya en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el Estado de derecho, pilares que fortalecen la confianza pública y la legitimidad democrática.

La estabilidad política no significa inmovilidad. Consiste en la capacidad del sistema para procesar conflictos, absorber tensiones y adaptarse a los cambios sin perder cohesión ni previsibilidad. La estabilidad democrática depende de instituciones capaces de limitar el poder, garantizar derechos y sostener un orden basado en reglas impersonales, y no en voluntades particulares.

Privatización del poder

La “privatización del poder” alude al proceso por el cual la autoridad pública —que en democracia debe ser impersonal, regida por normas y orientada al interés general— pasa a funcionar como un recurso particular, apropiado por actores específicos para fines propios. No se trata de una privatización jurídica, sino de una apropiación de hecho: el poder deja de operar como función del Estado democrático y se convierte en un patrimonio administrado por grupos, liderazgos o redes que actúan como si les perteneciera.

En términos institucionales, esto supone la ruptura de la distinción entre lo público y lo privado. Las decisiones que deberían responder a criterios de legalidad, transparencia y universalidad empiezan a depender de vínculos personales, lealtades políticas, intereses sectoriales o intercambios opacos. Ese desplazamiento debilita la capacidad del Estado para actuar como garante imparcial y afecta la legitimidad democrática.

La privatización del poder adopta distintas formas. En el plano decisional, aparece cuando las decisiones públicas se toman fuera de los procedimientos formales, en ámbitos cerrados o informales, sin controles ni deliberación. En el plano institucional, se manifiesta en la captura de organismos estatales por intereses particulares que buscan beneficios específicos, como regulaciones a medida, contratos o acceso privilegiado a información. En el plano simbólico, surge cuando un liderazgo se presenta como encarnación de la voluntad general y niega que el poder democrático sea un “lugar vacío” que ningún actor puede apropiarse.

Sus efectos son profundos: debilita la igualdad ante la ley, reduce la previsibilidad institucional al volver negociables las reglas, erosiona la confianza pública cuando el Estado deja de percibirse como árbitro imparcial, deteriora la gobernanza al desplazar decisiones hacia espacios opacos y aumenta la inestabilidad política cuando la continuidad del sistema depende de personas y no de instituciones. Desde una perspectiva democrática, la privatización del poder es incompatible con los principios de impersonalidad, publicidad y control que sostienen al Estado moderno. Allí donde el poder se privatiza, se debilitan la rendición de cuentas y la transparencia, y se compromete la capacidad del sistema político para ofrecer estabilidad y previsibilidad. Por eso, constituye una forma de degradación estructural de la democracia.

Previsibilidad institucional

La previsibilidad supone coherencia, continuidad y claridad en las políticas públicas, las normas y el funcionamiento institucional. Permite que ciudadanos, empresas e inversores anticipen escenarios y planifiquen a largo plazo.

En un entorno global atravesado por shocks externos, actúa como un amortiguador del riesgo.
La existencia de reglas claras y políticas consistentes amplía el margen de acción del Estado, fortalece la gobernanza y reduce la discrecionalidad. La previsibilidad también es un componente esencial de la competencia democrática: sin reglas estables, la alternancia se vuelve incierta y la ciudadanía pierde confianza en la eficacia del sistema.

Gobernanza y gobernabilidad

Mientras la gobernanza se ocupa de las interacciones entre actores estatales y no estatales para formular e implementar políticas, la gobernabilidad alude a la capacidad del sistema político para mantener el orden, ejercer una autoridad legítima y garantizar condiciones equitativas de desarrollo. Una gobernanza eficaz mejora la gobernabilidad porque fortalece las instituciones, promueve la participación ciudadana y reduce los riesgos de corrupción o captura del Estado. La gobernabilidad no es un atributo autoritario, sino el resultado de instituciones sólidas y de una ciudadanía activa.

Conclusión

La interrelación entre gobernanza, estabilidad y previsibilidad constituye un componente central del desarrollo sostenible y de la prosperidad democrática. Instituciones fuertes, políticas coherentes y participación ciudadana consolidan la estabilidad política y crean un marco predecible que facilita inversión, cooperación internacional y confianza social.

Fortalecer la gobernanza y la previsibilidad institucional equivale a fortalecer la democracia, garantizando respuestas más eficaces, legítimas y estables frente a las demandas de la sociedad.

El 9 de agosto del año 2006 el entonces presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, pronunció una de las frases que han quedado grabadas en la memoria colectiva de todos los uruguayos. Durante una conferencia organizada por el Consejo de las Américas, al referirse a la oportunidad histórica y única de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Vázquez sostuvo que “el tren, algunas veces, pasa una sola vez”. Para Vázquez, el comercio debía verse con un “criterio patriótico” y no puramente ideológico, instando a avanzar tan lejos como fuera posible. El saludable pragmatismo del presidente en esta materia quedó de manifiesto al expresar que “se equivocan quienes en nombre de los principios creen que el comercio es un asunto de ideología”, una frase claramente dirigida al entonces canciller del Frente Amplio, Reynaldo Gargano, cuya oposición cerrada a cualquier apertura comercial con el mundo parecía sacada de un manual soviético de la Guerra Fría.

Tabaré Vázquez fue mucho más allá en su discurso, expresando que “no estoy dispuesto a cerrar puertas ni a descartar a priori explorar caminos que conduzcan a que los uruguayos y uruguayas todos tengan la posibilidad de ejercer el libre derecho a edificar sus propias vidas (…) Los acuerdos comerciales son una herramienta para acceder a mercados dinámicos y exigentes”. De acuerdo con la crónica del evento realizada por la radio El Espectador, “la globalización, para el presidente, es un proceso irreversible y hay avances que no tienen marcha atrás, como no la tuvo la rueda, la máquina a vapor o la penicilina”. La valiente actitud de Vázquez en 2006 contrasta fuertemente con la actitud dubitativa, timorata y poco ejecutiva del presidente Orsi, más preocupado por su camioneta de 80.000 dólares que por radicar la inversión de HIF en nuestro país.

Lamentablemente, el presidente Tabaré Vázquez no logró convencer al núcleo duro del Frente Amplio ni al Pit Cnt sobre las ventajas del TLC que impulsaba y Uruguay quedó, una vez más, al costado del camino y de la historia, soñando con un futuro que no pudo ser. Resulta casi imposible no pensar cuántas situaciones dolorosas del empleo en nuestro departamento podrían haberse evitado en los últimos años si Tabaré Vázquez hubiera sido escuchado por sus colegas frenteamplistas. Tal vez seguirían abiertas y trabajando industrias como Paylana o Pili y sin duda podría ser mucho más clara la situación de Fricasa, por nombrar tan solo algunas de las que han visto mermada su actividad en los últimos años. ¿De qué le sirvió a los sanduceros “torcerle el brazo” al presidente Vázquez? ¿Quién, entre los que se oponían al TLC, se va a hacer responsable por esos puestos de trabajo que se perdieron y que ya no volverán al departamento? Parafraseando al conocido dicho: “aquellos polvos anti TLC trajeron estos lodos de desempleo y emergencia social que vive el departamento”, pero los artífices de ese fracaso departamental no dieron, ni dan, ni darán la cara porque prefieren mantenerse aferrados a sus prejuicios ideológicos y continúan apostando a una lógica perversa pero que siempre les ha rendido dividendos: “cuando peor le vaya al país, peor será la situación económica y social, y mejor nos irá a nosotros electoralmente y en el juego de poder”.

Hoy, los que alimentan y dirigen “la máquina de impedir” para que HIF no se instale en Paysandú tienen el mismo discurso y los mismos métodos que los que dejaron solo al presidente Vázquez y su apoyo al TLC. Es mentira que no se oponen a las inversiones extranjeras: sienten un rechazo casi genético por las mismas sin importar de qué tipo sean ni el país del cual provengan, y poco les interesa si para ello tienen que abrazarse con los pseudo ambientalistas argentinos —en realidad “punteros políticos” que supieron ser la fuerza de choque del kirchnerismo y que ahora se venden al mejor postor para “hacer caja” y mantener sus cuotas de poder—. Esos uruguayos y sanduceros que ponen sus intereses ideológicos por encima del empleo y el bienestar de sus coterráneos y se abrazan a los que no quieren más fuentes de trabajo para Paysandú son de la misma calaña de los que José Gervasio Artigas calificó como “peores americanos” en su Reglamento de Tierras de 1815. Fariseos de un templo ideológico que se encuentra en ruinas y continúa su deterioro en forma inexorable, estos fieles y consecuentes herederos de la “Maldición de Malinche” prefieren abrazarse a sus pares ideológicos de Argentina antes que defender nuestros intereses nacionales y departamentales.

Por su parte, el compromiso que el intendente sanducero, Nicolás Olivera, ha demostrado con el impulso y la concreción de la inversión es claro. “Para Uruguay es un enorme tema y para Paysandú es la batalla”, ha sostenido Olivera, reclamando una actuación más decidida del gobierno nacional para concretar los acuerdos necesarios con la empresa y evitar que quede por el camino la inversión proyectada para Paysandú. En efecto, Olivera ha manifestado preocupación por la proximidad de los plazos previstos para cerrar las negociaciones entre el Estado y la empresa. “Lo veo con preocupación por los reflejos que el gobierno, el Ministerio de Industria, UTE y Ancap están teniendo con el tema (…) La verdad no me explico cómo, frente a una inversión que aspira a ser la más grande de la historia del Uruguay, hay niveles del gobierno en los que parece que existen otros temas más importantes”, reclamó. Según el intendente, “llega un momento en el que las certezas ya no son solamente que el gobierno le diga a la empresa: ‘Mirá que vas a tener esto’. Hay que firmarlo, hay que cerrarlo, hay que abrochar el tema”. (…) “Lo que recomiendo es que Ancap se ponga a trabajar en el tema de la relocalización. Que el Ministerio de Industria deje de tanto tuit, deje de tanta cosita y se meta a laburar fuerte para cerrar esto” (…) “Nosotros tenemos que pelear para que esto se firme en junio, para que el Estado y el gobierno den las señales claras y las certezas que tienen que dar”, indicó Olivera. El intendente también recordó que HIF dispone hasta diciembre de 2026 para adoptar su decisión final de inversión.

A pesar del apoyo de autoridades departamentales, hay que tener en cuenta que el grupo Paysandú Soberano-UPM 2 afirma haber reunido 17.000 firmas contra la instalación de HIF Global en el departamento. La iniciativa cuenta con el apoyo –¡obviamente!– de Fucvam, el Pit Cnt y la Intersocial Paysandú, entre otras organizaciones que, si bien se autodenominan “sociales”, responden a intereses políticos partidarios de la izquierda.

Así las cosas, si los grupos que se oponen a la instalación de HIF lograran su propósito y se perdiera por su culpa esta oportunidad única para el departamento, ¿cuál de estos grupos y qué dirigentes de los mismos se harán responsables por haber dejado pasar el tren al cual Paysandú debería haberse subido? ¿Alguno de ellos dará la cara o seguirán tirando piedras al progreso desde su vereda ideologizada y pseudoindependiente? Si HIF opta por instalarse en otro país en lugar de hacerlo en Uruguay y concretamente en Paysandú, estos “colectivos” serán los responsables de esa decisión y de sus lamentables consecuencias. ¡A no olvidarlo!