La frase “Es la economía, estúpido” (en inglés original “The economy, stupid”) la usó en 1992 por primera vez James Carville, estratega de la campaña presidencial de Bill Clinton contra George Bush (padre). La empleó a modo de recordatorio interno para que el equipo de campaña no perdiese de vista lo que, a su juicio, verdaderamente valoraba el votante “de a pie”, don José, doña María, traído al Estadio Centenario. La frase no ha dejado de ser empleada en diferentes circunstancias porque la idea es que resume el que se considera el factor decisivo a la hora de evaluar a un gobierno: el bolsillo, el empleo, el costo de vida.
“El Uruguay Impulsa para mí es una cachetada de realidad”. Esta frase la dijo la subdirectora nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Mariana Chiquiar, por primera vez en su intervención previa al sorteo, realizado en la referida cartera, de los algo más de 5.500 puestos de trabajo en todo el país. Luego la repitió en una entrevista en Radio Sarandí, donde amplió algo más el concepto, aunque ya desde el comienzo quedaba claro a qué se refería. Es que para quien está en un puesto tan relevante en el área de empleo estas cifras han de ser conmovedoras, igual que para todos, aunque con el agregado de cierto margen de responsabilidad.
“A mí, siempre digo que me conmueve, porque uno está trabajando todo el día en estas cosas y es verdad que son desafíos que son permanentes, pero cuando hacés una convocatoria de este tipo y se presentan 136.822 personas, como se presentaron, la magnitud del desafío es bien importante”.
La cifra no es disparatada, considerando, por ejemplo, que un llamado del Banco de Previsión Social (BPS) para cubrir 86 puestos para auxiliares administrativos en los 19 departamentos del país, con la exigencia de tener aprobado bachillerato, con un sueldo básico mensual de $ 63.132, más otros $ 19.003 de prima por alimentación y una carga de 40 horas semanales, tuvo en setiembre del año pasado más de 129.000 inscriptos.
En el caso de Uruguay Impulsa, con 5.500 puestos para realizar una experiencia laboral de cuatro meses de duración por un salario de tres BPC (unidades básicas de prestaciones), que son algo más de 20.500 pesos, para esos cupos la inscripción fue de 136.000 personas, que después de pasar por el filtro de los requisitos del programa —no tener ninguna prestación salarial ni pública ni privada, no cobrar subsidio por desempleo, enfermedad, pensión ni jubilación— quedaron en 121.000.
Esos algo más de 5.500 cupos “son un enorme esfuerzo de recursos por parte del Estado, porque lo son, porque esto implica más de 500 millones de pesos de un programa que tiene también un trabajo interinstitucional muy rico, muy interesante, que tiene un aporte de Rentas Generales importante, también un aporte de los gobiernos departamentales que costean el 20% de la prestación económica del programa y también del Inefop, que aporta todo el componente de capacitación”.
Entonces, como también decía Chiquiar previo al sorteo, es en sí una alegría poder hacer este esfuerzo para que esta cantidad de uruguayos y sus familias tengan la posibilidad de acceder a este impulso temporal y, en la medida que lo aprovechen, también de acceder a una formación que les permita contar con más herramientas para afrontar los desafíos. Pero no deja de ser una cachetada porque no deja de ser un paliativo y no una solución de fondo, y los números dejan en evidencia que tampoco es numéricamente una respuesta que satisfaga las necesidades de la sociedad. Y estos números de esta edición son superiores a los de ediciones anteriores e incluyen estas prestaciones formativas, que originalmente no eran parte del programa.
Ahora bien, más allá de este programa de inserción, en el tablero laboral no dejan de aparecer más que luces amarillas, y ni hablar si hacemos foco en algunos departamentos que históricamente han sido bolsones de desempleo crónico y otros, como Paysandú, donde en varios momentos de la historia quien quisiera trabajar no tendría dificultades para encontrar dónde hacerlo. Una realidad muy diferente a la de hoy día.
El país tiene problemas de inseguridad, no es descubrimiento alguno decirlo, especialmente cuando hace varios días venimos presenciando un debate sobre el rol que podrían tener los militares —o en este caso específico sus vehículos— en el control de la seguridad interna. Tiene además en estos momentos el gobierno problemas de confianza que se evidencian en una seguidilla de encuestas en las que la disconformidad no deja de crecer, mientras el presidente no termina de resolver un lío armado por él mismo —el de sus vehículos—, cuando ya se está metiendo en otro —un ministro que le sale al cruce en el anuncio de su estrategia de seguridad ciudadana—.
Pero en el fondo estas cosas quedan detrás cuando la principal preocupación es la de llegar a fin de mes, la de no saber qué va a ocurrir con el puesto de trabajo, o qué pasará cuando se termine el seguro de desempleo, si tardará mucho en aparecer otra oportunidad. El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de competitividad que pretende mejorar condiciones para el desempeño de las empresas. Son procesos que pueden demorar un tiempo en mostrar resultados; hay además discusiones acerca de si las medidas propuestas son las realmente necesarias y si tendrán el efecto esperado. En cualquier caso evidencia una preocupación extendida entre el gobierno, porque sí, como dijo Chiquiar, esto que evidenció el llamado de Uruguay Impulsa es una auténtica cachetada de realidad.
