Era previsible y saludable que grupos ambientalistas se encarguen, por la esencia de su conformación, de procurar información y en base a ésta, cuestionar, si corresponde, determinados emprendimientos que a juicio de estos colectivos impliquen riesgo para la sustentabilidad del medio ambiente, cuestionamientos estos que naturalmente, deberían a su vez recogerse por autoridades y el ciudadano común, por simple sentido común y responsabilidad ciudadana.
Entre otras iniciativas, se cuestionó con actitud por estas organizaciones la aprobación en la década de 1980 de la Ley de Desarrollo Forestal y de los consecuentes emprendimientos que traería aparejado la implantación de bosques con destino a su industrialización, sobre todo la instalación de las plantas de celulosa que se encuentran hoy en funcionamiento en nuestro país, lo que a su vez fue acompañado y potenciado por colectivos ambientalistas entrerrianos, que llevaron la “lucha” medioambiental al extremo de cortar puentes internacionales sobre el río Uruguay –con el apoyo del gobierno kirchnerista– y llevar el cuestionamiento hasta el Tribunal Internacional de La Haya, al que por supuesto desconocieron cuando el fallo no fue enteramente de su agrado.
Más cercano en el tiempo, los cuestionamientos de estos grupos se están redirigiendo a los proyectos de instalación de plantas de hidrógeno verde en Nuevo Paysandú y en Tambores, a efectos de la exportación de este energético renovable a los mercados demandantes. Las críticas y a esta altura ya cerrada oposición tienen que ver sobre todo con el uso de grandes volúmenes de agua para obtener el producto, que en el caso del emprendimiento de Tambores refiere a la extracción del recurso subterráneo del acuífero Guaraní que pasa por la zona, entre otros aspectos.
A esta inquietud se ha sumado recientemente un grupo de empresarios integrantes de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Colón (AHGA), quienes presentaron al intendente colonense José Luis Walser una carta en la que recogen sus inquietudes en torno al proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, y en tal sentido el presidente de esta gremial, Mario Delasole, señaló su inquietud por el aparente “acuerdo confidencial del gobierno uruguayo que haría la planta de Paysandú. Nos enteramos que la empresa comprar hectáreas entre las islas San Francisco y Queguay frente a Colón”, en tanto si bien dijo desconocer si el emprendimiento podría ocasionar contaminación del río, la preocupación se centra en la posible “contaminación visual” por cuanto en lugar de la hermosa vista que se tiene desde la costanera de la vecina orilla, el paisaje incluiría una fábrica.
En Paysandú, mientras tanto, está prevista para este jueves en el Espacio Cultural Gobbi una audiencia pública relacionada con el proceso de recategorización de los suelos en que se proyecta la implantación del emprendimiento de la empresa HIF Global para la obtención de hidrógeno y combustible sintéticos, convocatoria que formula la Intendencia Departamental en el marco del Plan de Actuación Integrada Complementario, referido a esta recategorización.
Se trata de un aspecto legal que debe ser llevado adelante en el marco del proceso inherente a los requisitos a cumplirse para la autorización, en cuyo contexto también se han concretado otras instancias que tienen que ver con los procedimientos, los permisos, las consecuencias medioambientales, la viabilidad y más allá de los aspectos legales y técnicos que deben observarse, está de por medio la evaluación política que implica la relación costo – beneficio del proyecto, en todas sus implicancias, y no solo en lo que tiene que ver con el ecosistema en sí.
Por lo pronto, el proyecto HIF Global contempla una inversión global del orden de los cuatro mil millones de dólares, correspondientes a 1.985 millones para la producción de la planta propiamente dicha, con vista a la captura de CO2, la producción de metanol y la terminación del combustible sintético. HIF espera producir 500.000 toneladas por año de e-metanol para luego convertirlo a e-gasolina, para alcanzar una producción de 210.000 toneladas al año, y como subproductos gas licuado y aceite pesado.
A esta inversión hay que agregarle una inversión adicional de 2.000 millones de dólares para la instalación de parques eólicos, granjas voltaicas y líneas de transmisión eléctricas en un radio de hasta 180 kilómetros de la ciudad de Paysandú.
Se trata de una megainversión, entonces, la más grande que se ha volcado al país, y ello aparejará fuentes de trabajo durante y después de la construcción de la planta, así como el reciclaje de recursos naturales y generación de energía categorizadas como ecológicas en el ámbito internacional, en todos los casos con cadena de apoyos en infraestructura que también implica recursos y plazas de trabajo.
En el marco de los cuestionamientos, uno de los abanderados es el Movimiento Uruguay Sustentable (Movus), que ha venido reclamando acceder al texto del acuerdo de entendimiento firmado entre el Estado uruguayo y la empresa multinacional HIF, para el proyecto de instalar una planta en Paysandú, y lo hace amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, por considerar que hay puntos oscuros que deberían aclararse, cuestionables tanto desde el punto de vista legal como posiblemente depredación de recursos y degradación medioambiental.
Estamos por un lado ante la necesidad de conciliación de intereses y el desafío, como en tantos órdenes de la vida, de discernir entre planteos bien fundados y atendibles y extremismos al grado de pretender que siempre se deje todo como está.
La dicotomía entre intereses es clara cuando por ejemplo la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) planteó oficialmente que a través de una ley, un decreto o un acuerdo multipartidario, nuestro país se encamine decididamente y sin obstáculos, en base a una política de Estado, para impulsar el desarrollo del denominado hidrógeno verde, para lo que nuestro país tiene ventajas comparativas muy significativas.
Debe tenerse presente que con matices, representantes de todos los partidos han manifestado estar de acuerdo respecto a impulsar la economía del hidrógeno verde, e incluso el Frente Amplio lo ha planteado como un tema estratégico a nivel país.
En cambio, desde los grupos de defensa de la ecología se está en la vereda de enfrente, al considerar que priman los intereses económicos de las “multinacionales” –palabra proscripta para los radicales de izquierda y ecologistas, si es que hay alguna–, por regla general, para avasallar los recursos naturales sobre todo en las naciones subdesarrolladas, con la consecuencia de una degradación irreparable del ecosistema.
Pues ni tanto ni tan poco: en este, como en todos los casos, de lo que se trata es de que se consideren exhaustivamente los proyectos desde todos los ángulos, en base a las normativas y ordenamiento legal vigente, con los consecuentes estudios y controles medioambientales por los organismos correspondientes, en una clara estimación de costo – beneficio de la inversión para el país y para el interés general, porque no hay emprendimiento que de una u otra forma sea totalmente inocuo para el entorno en que se encuentra.
Y sobre todo, cuando corresponde, saber resistir a las presiones de grupos que solo miran las cosas a través de su visión unidireccional, como los fundamentalistas que se levantaron contra las pasteras en la vecina orilla y alguna contraparte de este lado del río, de forma de situar la problemática en sus justos términos, como creemos que se está haciendo.
Pero eso sí, también para dar marcha atrás a tiempo, si se infiere que las cosas van por el camino equivocado.