Sin dudas la mejora de calidad de vida en las ciudades es uno de los factores que incide en forma primordial en la captación de habitantes por los centros urbanos, más allá del crecimiento natural de la población, como consecuencia en gran medida de la migración campo-ciudad, que en nuestro país se viene dando desde hace décadas, y que entre otras consecuencias genera lo que hasta ahora es una tendencia sistemática hacia la despoblación rural.
Es decir un escenario poco alentador, porque implica desarraigo y pérdida de la fuerza vital de trabajo en nuestros campos, de pérdida de emprendimientos familiares que son afectados por las frecuentes crisis en el agro, y porque además refuerza el crecimiento de barrios marginales en las ciudades, de asentamientos irregulares en los que no hay servicios adecuados, a menudo se sitúan en tierras fiscales y se reproduce la marginación, la falta de cultura de trabajo, las necesidades de servicios básicos.
Y si hablamos del crecimiento de los centros urbanos, en nuestro país, y concretamente en nuestro Paysandú, nos encontramos con que la ciudad ha crecido enormemente en los últimos años, con una expansión muy significativa en superficie, sobre todo hacia el noreste de la ciudad, donde se han levantado incluso varios complejos habitacionales, pero también hacia el sur, sobrepasando el límite natural del arroyo Sacra, lo que a la vez significa una presión adicional tanto en servicios de competencia municipal como de organismos nacionales.
En gran medida, el esquema de organización territorial, que ha llegado tarde y no siempre respetado en sus alcances, ha sido desbordado por la realidad y la presencia de asentamientos para lo que no se ha hecho lo suficiente para erradicarlos, debido al costo político y en recursos para instrumentar respuestas. Solo en los últimos años se ha podido ir cumpliendo, no sin dificultades, la concreción de realojos de familias de zonas inundables, por conjunción de acciones entre el gobierno municipal y el nacional, con el requerimiento adicional de mantener un control estricto de las zonas costeras en las que se fueron eliminando construcciones precarias, porque de no ser así, volverían ser ocupadas por familias en situación marginal, para estar en poco tiempo con el problema reinstalado y potenciado.
Claro, la problemática de la marginalidad es mucho más que el brote de asentamientos irregulares, por cuanto implica que muchas veces los involucrados en esta situación tienen su medio de sustento en la zona en que residen y su traslado implica quedarse sin su medio de vida y a la vez trasplantar a otros lugares parte de los problemas de inserción, con la consecuente afectación de otros vecinos.
La urbanización, a su vez, debe desarrollarse desde una perspectiva general y por ende mucho más amplia que la problemática que genera la extensión errática de las zonas residenciales, desde que inciden en una mejor calidad de vida no solo las grandes obras, sino la parquización, los espacios verdes, una pavimentación adecuada de la red vial, el contar con vías de conexión rápida, transporte colectivo a tono con los requerimientos de la población, desagües, iluminación y prestación de servicios ágiles de recolección de basura y deposición de residuos.
Hay aspectos a tener en cuenta en el marco de estos requerimientos, como es el caso de contar con veredas para buena transitabilidad, aspecto este que forma parte de un déficit crónico de nuestra ciudad y que se ha venido acentuando precisamente en los últimos años a partir del crecimiento que señalábamos. Así, tenemos que no solo hay carencias en este plano en prácticamente toda la periferia, sino que también se dan en áreas céntricas o semicéntricas, donde no solo hay veredas destruidas, sino que existen zonas donde nunca se han construido y la tierra y el pasto son el común denominador.
Incluso viene a cuento el hecho de que desde hace no menos de dos décadas, si bien en Paysandú se han construido decenas de cuadras con cordón cuneta, a la vez estas zonas siguen desprovistas de veredas e incluso de algún caminero provisorio, en tanto es notorio que hay un sensible déficit en cuanto a la reparación de veredas en lugares que arrastran un profundo deterioro desde hace años.
Ello lleva a la conclusión de que no resultan adecuados los instrumentos legales y/o controles de carácter municipal para que los frentistas construyan o mantengan adecuadamente sus veredas, por lo que una alternativa posible para revertir en un plazo relativamente breve esta situación sería que la Intendencia Departamental se haga cargo de esta tarea y a la vez cargue a los propietarios de los inmuebles el costo de la obra en la contribución inmobiliaria.
Es cierto que algo de ello se ha intentado anteriormente, con el resultado de dificultades en el cobro, pero en otras ciudades se hace y lo que corresponde es buscar la forma de llevarlo a cabo en Paysandú, apuntando por ejemplo a sustituir el sistema de embaldosado por otras alternativas que se utilizan en varias ciudades del mundo, a menor costo, como es el caso de plataformas de hormigón bien terminadas, que permiten desplazamientos sin peligro de resbalar y que requieren mucho menos mano de obra y mantenimiento.
Sobre todo la idea es contener esta tendencia de restarle importancia a este tema, lo que a la vez debe ser acompañado por un mejor control y seguimiento de obras viales que por regla general denotan deterioro precoz, por problemas de materiales, por proyectos que no son ejecutados en tiempo y forma o en su totalidad.
Pero también por reparaciones que no tienen en cuenta que el origen del problema crónico muchas veces radica en pérdidas de agua o déficit de canalizaciones, el deterioro manifiesto de la sub-base en sectores que no admiten más parches, a lo que se agrega un tránsito que por regla general es más intenso que el previsto hace décadas para el tipo de pavimento, entre otros aspectos que tienen que ver tanto con la gestión tanto como con el mejor uso de los recursos, que es a lo que debemos apuntar.