Opinión

Según las noticias de los últimos días, el presidente Yamandú Orsi habría aceptado un descuento de 25.000 dólares estadounidenses por la adquisición de una camioneta híbrida marca Hyundai, modelo Santa Fe, importada y cero kilómetro. El valor de mercado del vehículo es de U$S 78.990, pero el mandatario la pago tan solo U$S 54.000.

La empresa vendedora fue Oliva Automotores, ubicada en el departamento de Canelones. Ante esta situación, cada uno de los habitantes de este país debería preguntarse si la conducta de Orsi fue apegada a las normas de la ética, la cual, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), significa “recto, conforme a la moral”.

El único defensor que ha tenido el presidente por este episodio ha sido el prosecretario de la Presidencia, quien descartó que Orsi haya realizado algún acto en el ejercicio de su función como presidente a cambio del obsequio, y dijo que le parece correcto el pedido de informes para que se aclare la situación. Interrogado por la prensa capitalina, Díaz respondió: “Tú me preguntas la cuestión legal, yo te contesto la cuestión legal. La cuestión ética es otra cosa. La segunda cuestión es que lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de actos de la función. Y en este caso, hasta donde yo sé, no hay absoluta ninguna demostración que Yamandú haya realizado, aún luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función por el cual se le haya hecho ese obsequio. Lo que está prohibido es que tú me des un obsequio a mí para que yo haga algo que tengo que hacer. En diálogo con Desayunos Informales, el exfiscal de Corte dijo que la legislación que penaliza este tipo de acciones se enmarca en “funcionarios públicos”. “Cuando Yamandú hace esa compra, no era un funcionario público. Es un dato de la realidad”, sostuvo.

Los argumentos de Jorge Díaz para defender al presidente Orsi resultan pocos, pobres y malos para un jurista de su experiencia. No violar una ley determinada no sirve para defender y mantener una conducta que, como en el caso de Orsi, viola claramente las normas éticas de la función pública, y poco importa si el mismo había asumido o no su cargo como presidente. Jugar con el almanaque, como hace Jorge Díaz, no exonera a Orsi porque estamos en otro terreno: en el terreno de lo ético, no en el terreno de lo legal.
No es posible dejar pasar que, en sus solitarias declaraciones en defensa de Orsi, Jorge Díaz incurre en un doble error, bastante grosero dada su calidad de abogado. En primer término se olvida que el artículo 9 de la Ley 19.823, correspondiente al Código de Ética de la Función Pública, prohíbe a funcionarios públicos solicitar o recibir “obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas de terceros, para sí o para otros, por los actos específicos de su función”. Ante esto, Díaz se defendió afirmando que “quienes defienden la aplicación del artículo creo que están cometiendo dos errores. El primero es que se trata de funcionarios públicos. Cuando Orsi hace esa compra, no lo era”. Sin embargo, y tal como lo hace notar el portal de noticias Observa, “otra norma nacional regula el mismo tema e incluye a los funcionarios electos. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificada por el parlamento uruguayo en 1998, y por lo tanto con rango de ley, dice que los funcionarios públicos son los “funcionarios o empleados del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. Y ese mismo convenio, en su artículo seis, dice algo similar al Código de Ética de la función pública. Define como acto de corrupción “la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario (…) para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Uruguay ratificó este convenio de la OEA a través de la Ley N° 17.008 del 25 de setiembre de 1998.
La situación generada por el presidente Orsi pone un manto de sospecha sobre el motivo real del descuento, cuyo monto es totalmente desmedido para la práctica comercial de compra y venta de autos. Invitamos a cualquiera de nuestros lectores a que pase por una automotora y solicite, muy suelto de cuerpo, un descuento de 25.000 dólares en un vehículo cuyo precio final es 78.990 dólares. Seguramente la negativa será rotunda, y eso nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué al presidente Orsi se le dio un descuento que jamás se le daría a un ciudadano común? La respuesta es clara: el motivo del descuento fue decidido por tratarse del presidente de la República, y allí es donde precisamente Orsi se equivocó al aceptar ese inusual, abultado y llamativo descuento. Es lógico que Juan Pueblo, que tiene una moto en mal estado y a duras penas puede pagar la patente, o que se traslada en una humilde bicicleta, imagine que seguramente la empresa vendedora espera alguna “gauchada” del presidente Orsi en algún momento, porque como dice el refrán “favor con favor se paga”.

Y el favor del presidente Orsi por el descuento de 25.000 dólares tardó poco tiempo en pagarse: como ha sido denunciado por el diputado colorado Felipe Schipani, quien vinculó el descuento al hecho de que cuando asumió el gobierno, el 1° de marzo de 2025, una semana después de comprar la camioneta, se trasladó desde el Palacio Legislativo a la Torre Ejecutiva en una camioneta Hyundai modificada, cedida por el importador. El tema motivó un pedido de informes a Presidencia de la República por parte de Schipani. El legislador pretende conocer la forma en la que se eligió el vehículo que utilizó el mandatario para su traslado, porque “tuvo una fenomenal exposición” y “estuvo una hora en cadena nacional”. Schipani pretende conocer el procedimiento de elección del vehículo y si hubo otras propuestas. “Queremos saber quién tomó la decisión, si participó directamente el presidente”, dijo.

El mensaje del presidente Orsi es muy malo para la ciudadanía en general y para los jóvenes en particular. Con estos ejemplos no se necesita ser un analista político para entender por qué los políticos de todos los partidos tienen un grado de desaprobación y rechazo tan alto. En lugar de estar eligiendo camionetas de alto lujo y aceptando descuentos que mancillan su investidura y cuestionan gravemente sus estándares éticos, debería poner manos a la obra de un gobierno que carretea desde hace rato pero no despega, y donde las encuestas dejan en claro los actuales niveles de descontento de la población en general —incluyendo los votantes frenteamplistas— con la gestión presidencial. Presidente: usted fue elegido para gobernar el país; es muy triste que su imagen se vea empañada por un “descuento” de 25 mil dólares en una camioneta. Quizás sea tiempo de tomarse la investidura con un poco más de seriedad. Al menos para salvar las apariencias. Recuerde, por favor, la frase atribuida al emperador romano Julio César, según la cual la percepción pública es tan importante como la realidad de la conducta personal: “la mujer del César, además de honrada, debe parecerlo”.

La independencia de poderes no es un simple concepto escrito en la Constitución. Es, quizás, una de las garantías más importantes que tiene cualquier democracia seria.
En Uruguay existen tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y justamente cuando alguna decisión vinculada a uno de ellos genera dudas o incertidumbre en la ciudadanía, corresponde hablar con serenidad, con respeto institucional, pero también con legítima preocupación.
La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió trasladar al fiscal Alejandro Machado hacia la Fiscalía de Cibercrimen. Hasta ahí, podría interpretarse como una decisión administrativa normal dentro de la estructura del Ministerio Público. El problema no es el traslado en sí. El problema son las circunstancias y el momento.

Porque el fiscal Machado tenía bajo estudio investigaciones de enorme sensibilidad institucional. Entre ellas, el denominado caso Cardama y también la investigación relacionada con la destrucción de un documento público, hecho que involucraría a figuras de relevancia del anterior gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.
Más aún: desde julio de 2025 el fiscal había solicitado información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre ese episodio y, según trascendió públicamente, se encontraba próximo a adoptar resoluciones importantes respecto a posibles involucrados, entre ellos la ex vicecanciller Carolina Ache, el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel, además de otras figuras vinculadas al entorno del anterior gobierno.

Y es allí donde naturalmente aparecen las dudas. No afirmaciones irresponsables. No acusaciones temerarias. Dudas. Porque cualquier cambio de fiscal en medio de investigaciones delicadas inevitablemente provoca interrogantes en la opinión pública. El nuevo fiscal deberá interiorizarse, estudiar expedientes, analizar pruebas y retomar líneas de investigación. Y eso, inevitablemente, puede dilatar decisiones que parecían próximas.
En democracia, las formas importan. Y mucho. La confianza pública en la Justicia y en la Fiscalía se sostiene no solamente en la legalidad de las decisiones, sino también en la percepción de transparencia e independencia que esas decisiones transmiten a la sociedad.
Por eso, con el mayor de los respetos hacia las instituciones y hacia las autoridades competentes, corresponde expresar preocupación. Porque cuando se trata de causas que involucran poder político, cualquier movimiento genera sensibilidad. Y en tiempos donde la ciudadanía reclama cada vez más claridad y certezas, lo peor que puede instalarse es la sensación de incertidumbre.
Uruguay ha construido históricamente una sólida imagen institucional. Cuidarla es responsabilidad de todos. También de quienes toman decisiones que, aunque legales, deben evitar dejar espacio para sospechas o interpretaciones que terminen debilitando la confianza pública.

Ing. Agr. David Doti

La Iglesia Católica ha salido a marcar su postura respecto a la Inteligencia Artificial. Así podemos sopesar la relevancia del momento histórico en el que estamos viviendo de la mano de este desarrollo tecnológico que está llamado a transformar el mundo tal y como lo conocemos.

Este pronunciamiento lo realizó el papa León XIV a través de su primera encíclica, en la que llamó a liberar a la IA “de lógicas que la transforman en instrumento de dominio, exclusión o muerte” e invocó el “desarme” de las tecnologías para que se pongan al servicio del “bien común”, de acuerdo al reporte difundido por Vatican News.

Acerca del sentido y el origen de este documento, León XIV explicó que trata de la “custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial”, a la que define como una herramienta que influye en la vida, moldea las decisiones y cambia la forma de combatir la guerra.

El artículo del medio digital de la Santa Sede hace referencia a un antecedente histórico relacionado, en alusión a que el papa León XIII, también en su momento planteó una mirada “sobre las ‘cosas nuevas’ que desafían al tiempo, a la historia y a la humanidad”. En su momento el desafío fue la revolución industrial, “con los numerosos y complejos cambios en el mundo del trabajo y las nuevas formas de pobreza impuestas, hoy es la Inteligencia Artificial, con su potencial y sus peligros, la que está ante los ojos y en el corazón del Pontífice”, y en ese contexto encuadra su llamamiento universal a “Desarmar la IA”, en el sentido de despojarla de “lógicas que la transforman en instrumento de dominio, de exclusión o de muerte”.

El artículo destaca otras particularidades de la presentación de la Magnifica humanitas, como se denomina la encíclica el pasado lunes 25 de mayo, como la propia presencia del pontífice. “Nunca antes había ocurrido que un Papa estuviera presente en el Aula en la que se presenta al público uno de sus documentos magisteriales”. Fue también la primera vez en que, además de cardenales y profesores, junto al Pontífice estuvieron sentados expertos en alta tecnología, lo que se interpreta como una señal “de la importancia y la atención que se le da al tema tratado en la encíclica, símbolo y síntoma de la ‘gravedad del momento’ que se vive y que provoca preocupación en la Iglesia”.

Robert Prevost firmó, simbólicamente, la encíclica el 15 de mayo, día en que su antecesor, León XIII, publicaba su “Rerum Novarum”, 138 años atrás, y dijo dice sentirse “llamado a contemplar otra gran transformación con los ojos de la fe, con la lucidez de la razón, con la apertura al misterio y con los gritos de los pobres y de la tierra que resuenan en mi corazón”. La visión de diez años de reflexión sobre los nuevos desarrollos tecnológicos se expresa en unas 200 páginas, a lo largo de las que señala que “hoy en día afecta ‘muchos ámbitos de nuestra vida’, influye en las decisiones y está ‘cambiando radicalmente la forma en que se libra la guerra’”.

Para elaborar este documento el papa se nutrió de aportaciones, reflexiones y orientaciones, se ha escuchado a científicos e ingenieros que “trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar inmensos sufrimientos”; lo mismo que a “líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas”; así como a “padres y maestros profundamente preocupados por el futuro de las nuevas generaciones”.

También se alerta allí sobre otros usos de estos desarrollos, como “sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de todo control humano”, “algoritmos que pueden impedir el acceso a la atención médica, al trabajo y a la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias”. Asimismo expresa que “ha resonado con fuerza ‘el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones’, en las que se corre el riesgo “de generar nuevas formas de exclusión y sufrimiento”.

El papa señala que no tiene “respuestas técnicas, ni pretendemos sustituir a quienes tienen la competencia necesaria” pero pretende aportar “una sabiduría sobre lo humano que nuestro tiempo necesita desesperadamente: cada persona es única e insustituible, un sujeto libre e inteligente dotado de conciencia, capaz de buscar a Dios, de servir a los demás y de cuidar de nuestra casa común”.
Claro que se trata de una visión, no necesariamente alarmista en el sentido de sensacionalista, sino más bien un llamado a abrir los ojos con respecto a los riesgos a los que nos exponemos al dejar decisiones que solían tomar seres humanos, en manos de máquinas o de protocolos informáticos, algoritmos, que suelen no ser inocuos o ecuánimes en sus determinaciones, sino que actúan a partir de un sesgo —voluntario o involuntario—. Por solo mencionar un ejemplo de cómo las tecnologías están incidiendo en las vidas de las personas, se han popularizado los robots de selección de personal, uniformizando criterios por los que se asigna un valor mayor o menor a un postulante a un puesto de trabajo en función de datos como las instituciones educativas a las que concurrió o el barrio de residencia, realizando una preselección de las personas que concurrirán a una entrevista personal. Así, muchos quedarán por el camino, en manos de una IA, antes de poder demostrar a un seleccionador humano su calificación para un trabajo. Esto, que ahorra mucho esfuerzo y tiempo en el proceso, y por ello se está adoptando masivamente, tiene evidentes consecuencias.

No es tanto el tema de que se trate de la Iglesia Católica, una institución que tiene su tiempo y su historia, cuya visión será de mayor o de menor relevancia para cada uno en función de su fe, sin embargo el hecho mismo de que se le dedique este documento y del asesoramiento en el mundo de la ciencia y la tecnología, habla de la relevancia que se le otorga a los cambios que estamos viviendo, cambios que están construyendo la historia.

La digitalización de los servicios públicos promete una mayor eficiencia al mudar los trámites de las oficinas públicas a los celulares y computadoras, erradicando filas y generando transparencia a partir del uso intensivo de tecnología.
Uruguay ha comenzado a transitar en los últimos años ese camino y también otros países de América Latina pero hoy surgen datos que sitúan esa promesa como una ilusión un tanto utópica. Un reciente y exhaustivo estudio de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado ¿(Des)conectados? Servicios públicos digitales y el reto de la equidad (2025), hace un llamado de atención que ningún despacho de políticas públicas puede ignorar. Basado en una muestra empírica de 22.000 encuestas en 11 países de la región, entre ellos el nuestro, los hallazgos revelan una paradoja incómoda de habitar: las mismas desigualdades estructurales que la tecnología pretende superar están saboteando su potencial democratizador y amenazando con convertir la digitalización en una nueva e invisible barrera de exclusión social.

Mientras el 70% de la ciudadanía declara haber realizado algún trámite el último año, apenas un 14% logró completando íntegramente en línea y el 48% de los ciudadanos latinoamericanos comprendidos en la muestra, sigue prefiriendo hacer los trámites en forma presencial.
Ahora bien, si en América Latina resolver un trámite en línea demora un promedio de 40 minutos y en forma presencial hasta 6 horas, considerando los costos de transporte y pérdidas laborales ¿por qué casi la mitad de los latinoamericanos prefiere el camino más largo y costo de la presencialidad?
Según el estudio, la respuesta hay que buscarla en las brechas de acceso, conectividad y, fundamentalmente, las habilidades digitales y el conocimiento del propio Estado por parte de los ciudadanos.

La investigación demuestra que el uso del canal digital está drásticamente segmentado por niveles de escolaridad y variables generacionales. Por ejemplo, a nivel regional el 29% de los ciudadanos con educación terciaria universitaria completa sus gestiones de forma 100% digital, una cifra que baja al 7% en la población que solo cuenta con educación primaria. La brecha también está presente en el análisis por edades, solo el 7% de los mayores de 55 años logra tramitar a través de una pantalla, frente al 18% de los jóvenes entre 18 y 34 años.
Uruguay presenta un perfil particular e interesante para el análisis sociológico y político en el contexto regional. Atendiendo a los índices internacionales nuestro país se consolida como caso ejemplar de la gobernanza electrónica. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Índice de Gobierno Digital posicionó a nuestro país en el lugar 25 a nivel mundial, liderando en América Latina junto con potencias de la conectividad global.
A nivel local, el gobierno nacional en general y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en particular, han impulsado grandes hitos como el Plan Ceibal (pionero en la entrega de dispositivos a la educación pública), el programa Ibirapitá para la inclusión digital de jubilados, la Historia Clínica Electrónica y el ambicioso hito de tener más del 90% de los trámites de la Administración Central disponibles en línea.

No obstante, contar con infraestructura tecnológica y tener los trámites disponibles en la web “gub.uy” no se traduce en forma automática en una ciudadanía integrada digitalmente. En este sentido, el informe del BID revela un dato no muy fácil de digerir: al analizar el nivel educativo de las personas que utilizaron en forma exclusiva el canal digital para su última gestión, existe una brecha de 57 puntos porcentuales (el 90% de los universitarios lo conoce, frente a un 33% de los sectores de menor instrucción). Se trata ni más ni menos que de la brecha de conocimiento más alta de los 11 países analizados en el estudio.
Este indicador está demostrando que el Estado uruguayo ha sido sumamente exitoso en construir la ingeniería digital interna y en comunicarla a los segmentos de la población profesionales y de mayor nivel educativo pero ha fallado en forma sistemática en alfabetizar digitalmente y hacer llegar la misma plataforma a los sectores vulnerables, que son quienes más dependen de los servicios públicos, los subsidios y las prestaciones sociales.

Esta situación implica la existencia de fenómenos severos de segregación y pérdida de autonomía ciudadana a partir del traspaso de los servicios al entorno virtual sin un diseño inclusivo o un canal analógico robusto de respaldo.
Cuando las personas de menor nivel educativo o de mayor edad deben realizar una gestión previsional, solicitar un subsidio por desempleo o realizar cualquier otro trámite digital se encuentran con interfaces no siempre sencillas y la exigencia de autenticaciones digitales rigurosas que le impiden completar los trámites en línea por sí mismos viéndose obligados a delegar al gestión a terceros (hijos, vecinos, intermediarios), lo que debilita la privacidad y el ejercicio directo de sus derechos frente al Estado.
Por otro lado, aunque nuestro país posee importantes niveles de penetración de internet móvil, el acceso a una conexión wi-fi de alta calidad en el hogar y a una computadora de escritorio –que es el dispositivo idóneo para trámites de cierta complejidad– sigue estando fuertemente condicionado por el ingreso de las familias. De esta manera, en los hogares del 20% de menores ingresos casi la mitad de la población accede a internet casi exclusivamente a través del teléfono celular con planes de datos limitados, con escasa capacidad para escanear, adjuntar documentación pesada o navegar en portales estatales que no siempre están debidamente optimizado para celulares.

La transformación digital del Estado uruguayo es un logro del cual debemos enorgullecernos pero su sostenibilidad puede quedar jaqueada si se ignora a quienes quedan rezagados. Si bien los ciudadanos uruguayos suelen tener una percepción predominantemente positiva sobre los trámites en línea, ante la pregunta de cómo preferirían realizar su próximo trámite en 57% manifestó que prefiere el canal digital (Uruguay lidera la preferencia digital en todos los países analizados) pero el 43% sigue prefiriendo la vía presencial.

No es un dato menor teniendo en cuenta las características antes mencionadas así como el hecho de que la verdadera vanguardia no se mide por el porcentaje de trámites virtuales disponibles, sino por la capacidad de asegurar que los ciudadanos más vulnerables tengan las mismas oportunidades de acceso que sectores más privilegiados. Si la digitalización profundiza la brecha entre ciudadanos plenamente integrados y una masa de “desconectados” o “sub-digitalizados”, el gobierno electrónico estará fallando en garantizar el acceso equitativo a los derechos ciudadanos.

La Junta Nacional de Drogas anunció para antes de fin de año una campaña de prevención enfocada en el consumo problemático de alcohol. El doctor Gabriel Rossi, secretario de la Junta, afirmó que “tenemos en el Uruguay 330.000 personas que consumen alcohol en forma problemática. Esto es un 10% de la población, o sea, estamos hablando de mucha, mucha gente”. Aclaró, no obstante, que no corresponde a esta cifra la cantidad de personas alcohólicas, es decir, que han desarrollado una dependencia a esa sustancia. “En esos 330.000 hay un porcentaje que son alcohólicos, pero el mayor porcentaje son personas que tienen problemas con el alcohol, quiere decir que en el que pueden tener problemas, pero que si siguen tomando esta cantidad, que es mucha, en el futuro van a tener problemas seguro”. Y agregó que el alcohol “le genera muchísimos gastos al estado. El último estudio de costos del alcohol, que se hizo en el 2017, decía que estábamos gastando 330 millones de dólares por año en el tema alcohol, en costos directos indirectos”.

Pero además de este problema de la cantidad de personas que se expone al consumo problemático de alcohol, el país tiene otro problema no del todo asumido, que es la temprana iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas, así como de otras sustancias.

La última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, correspondiente al período 2024-2025 mostró un estancamiento. Según el informe, la edad promedio de inicio es de 13 años y el 72% de los jóvenes de entre 13 y 17 años consumió alcohol en el año previo a la encuesta. Esta cifra se ha mantenido prácticamente incambiada en las últimas dos décadas. De hecho, Uruguay cuenta con una serie temporal de diez mediciones desde 2003 y el consumo de alcohol en adolescentes se ha mantenido estable, es decir, que no han incidido los cambios de gobierno o de las políticas.

Rossi, que además del cargo que ejerce en la Junta, es especialista en psiquiatría infantil y adolescente, comentando acerca de este estudio en una entrevista en Radio Carve, planteaba que el alcohol “representa la primera sustancia adictiva de comercialización libre y, en términos de mortalidad directa e indirecta, supera ampliamente a cualquier droga ilegal”. También señaló que muchas veces el vínculo con este consumo no aparece explícito en los certificados de defunción, lo que invisibiliza esta relación causa-efecto. Los sucesivos estudios constatan un “consumo episódico excesivo” durante los fines de semana, una práctica habitual en los liceales uruguayos que interfiere directamente en el desarrollo del córtex prefrontal. Esta zona del cerebro, ubicada tras la frente, y última en madurar, es crucial para el control de impulsos y la planificación cognitiva. “Ese cerebro que está en desarrollo tiene que hacer un esfuerzo enorme si está bajo efecto del alcohol”, explicaba Rossi. El costo, decía, no siempre es inmediato o visible, “pero implica un potencial desarrollo cognitivo inferior al que esos mismos jóvenes habrían alcanzado sin la presencia del tóxico”. Al igual que existe con el tabaco, hay en nuestro país una ley reguladora de algunos elementos del mercado del alcohol, por ejemplo la publicidad. Se trata de la Ley N° 19.855 de “Creación de marco regulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas”, de diciembre de 2019. El secretario indicó que no se está aplicando, y que aunque está vigente el decreto que prohíbe la venta entre la medianoche y las seis de la mañana, es una mínima parte del paquete de medidas que podrían desplegarse para tratar de hacer frente a este problema. “La raíz del problema es antropológica, y es que el alcohol está incrustado en la identidad festiva y deportiva uruguaya, casi al nivel del mate”, planteó.

Hay otros problemas asociados, no solamente a este consumo, pero también, y es un factor que está incidiendo en la dificultad para hacerle frente; hablamos en concreto de la alarmante situación de calle que se vive no solamente en Montevideo, sino que ya en varias ciudades del país, incluso en algunas que no son en población tan relevantes y en las que se podría asumir como un problema no digamos que de sencillo control, pero por lo menos asumible por lo acotado de la distribución geográfica. Pero estos mismos problemas de consumos son los que muchas veces terminan minando la capacidad de relacionarse con otras personas y originando una situación de exclusión y, en último término, de abandono y de calle.

De hecho en diferentes zonas del Área Metropolitana personal de la Junta Nacional trabaja junto a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en un abordaje en conjunto para buscar atender tanto la situación de calle como lo consumos problemáticos.

“Hay personas que necesitan una internación psiquiátrica, hay personas que necesitan internarse para hacer una desintoxicación, hay personas que pueden llegar a ir a estos dispositivos que tenemos ambulatorios en donde pueden ir y estar 4 o 5 horas todos los días y hay personas que no quieren ir, directamente”. Porque no todo consumidor quiere ser ayudado, así como no toda persona que está en calle quiere ir un refugio, decía Rossi. Como estándar internacional, está planteado que de la gente que consume y tiene problemas, en general consulta el 20% aproximadamente, “lo cual es muy poco”.

El escenario es preocupante, aunque de alguna manera, al ser una sustancia legal, y, como dice Rossi, tan internalizada en la cultura uruguaya, todo este aspecto negativo que le rodea suele dejarse de lado. Sin embargo es, a todas luces, un problema serio de salud pública, eso sin entrar a hablar de otros daños colaterales, como la incidencia que en los siniestros de tránsito tiene el conducir con los sentidos alterados. Eso sí, después tendríamos que hablar con la misma franqueza con que abordamos este, de otro problema serio como el abuso de psicofármacos, del que tampoco estamos libres y que no aparece evidenciado en los partes policiales de las colisiones o despistes.

El fallecimiento del dirigente del Partido Colorado e integrante de la Junta Departamental Daniel Buzzo ha conmovido no solo a esa colectividad política o al mencionado cuerpo legislativo departamental, sino también a personas ajenas a esos ámbitos que lo conocieron y trataron.
El también edil Marcelo Tortorella, perteneciente al Partido Nacional, manifestó lo siguiente en su página de Facebook: “Para muchos, un militante apasionado; para mí, un compañero de vida desde la adolescencia, allá por 1984. Nos conocimos en la efervescencia de la juventud política del regreso a la democracia. Él defendiendo con orgullo su bandera del Partido Colorado y yo la mía del Partido Nacional. Estábamos en veredas opuestas, pero compartíamos el mismo suelo, la pasión por Estudiantil, los mismos sueños de libertad y un respeto mutuo que jamás se rompió. Esas largas charlas y debates de jóvenes terminaron construyendo una amistad inquebrantable. Daniel me enseñó que la política separa ideas, pero une a las buenas personas. Te vamos a extrañar. Gracias por la calidez, por la militancia noble y por los recuerdos compartidos. Un abrazo apretado a su familia en este momento tan triste. Que descanses en paz, querido amigo”.

Por su parte, Mabel de Agostini, edila del Frente Amplio y referente educativo y cultural de nuestro departamento, resumía en esa misma red social, con estas palabras, su mensaje de despedida al edil colorado: “Así elijo recordarte, estimado edil del PC, Daniel Buzzo. Con la alegría de aquel día que, en la Junta Departamental de Paysandú, ibas a alzar tu voz. En la Comisión de DDHH faltará tu impronta de hombre de respeto y de apertura. Extrañaremos esa linda costumbre tuya de fotografiar cada reunión. Hasta siempre: ¡diste todo por vivir!”

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por tolerancia “el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. En el mismo sentido, la Declaración de Principios sobre la Tolerancia adoptada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 16 de noviembre de 1995 afirma que “la tolerancia no es indulgencia ni indiferencia. Es respeto y aprecio por la gran variedad de culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y maneras de ser humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Las personas son diversas por naturaleza; solo la tolerancia puede garantizar la supervivencia de comunidades mixtas en todas las regiones del planeta”.

Para ese organismo internacional, la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. (…) Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados.
En un mundo en el cual las redes sociales —¿o debemos decir “morales”?— se han transformado en refugios y escuelas de intolerancia y odio en diversos sentidos, la tolerancia se hace cada vez más necesaria y, por ello mismo, el ejemplo de un vecino sanducero como lo fue Daniel Buzzo adquiere especial importancia y vigencia. La tolerancia es, y siempre ha sido, el fundamento primigenio de todos los derechos humanos sin excepción y su más efectivo garante. No hay lucha por los derechos humanos que desconozca la tolerancia. Sin ella, ninguno de los derechos inherentes a la personalidad humana es viable y realizable en un plano real. Existen muchos tratados y organizaciones internacionales que se refieren a la importancia de los derechos humanos, pero, como suele suceder en muchos ámbitos, lo que realmente importa son las acciones concretas, los hechos, la conducta y los procederes. Ahí es donde el ejemplo de Daniel Buzzo adquiere especial trascendencia, tal como fuera destacado por muchas personas, más allá de sus filiaciones político-partidarias.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El discurso de odio promueve la violencia y la intolerancia. El efecto devastador del odio, por desgracia, no es nada nuevo. Sin embargo, su escala e impacto se ven ahora aumentados por las nuevas tecnologías de la comunicación. El discurso de odio —también en internet— se ha convertido en una de las formas más habituales de extender una retórica divisoria a escala mundial, poniendo en peligro la paz en todo el mundo. El actual secretario general de la ONU, António Guterres, lo ha dicho claramente: ‘el discurso de odio antecede y promueve la violencia’”. Así pues, la tolerancia es la mayor forma de prevenir el discurso de odio y con ello la violencia. No existe mejor forma de respetar y defender los derechos humanos.

Más allá de otras condiciones personales de Daniel Buzzo, que han sido destacadas en las redes y entre los vecinos de nuestro departamento, su condición de ciudadano que practicaba la tolerancia destaca con más vehemencia y actualidad, porque a partir de ella es posible construir, con bases firmes, ese delicado edificio que es la democracia como sistema político, así como la convivencia democrática, un valor indisolublemente ligado a la misma. Todo ello en un ámbito como la Junta Departamental que, como cuerpo legislativo, existe por y para la discusión, porque ese es el juego de mayorías y minorías de las democracias, aun en momentos acalorados de discursos apasionados y reivindicaciones tajantes. Daniel Buzzo fue siempre fiel a su conducta: respetando a quienes no pensaban como él, pero también tendiendo puentes y buscando soluciones. Nunca fue un tolerante cómodo ni perezoso; muy por el contrario, fue un tolerante militante, buscador del diálogo desde el respeto al otro, y por ello fue querido, admirado y respetado.

La política uruguaya en general y la sanducera en particular necesita más personas de bien como Daniel Buzzo, que hagan de la tolerancia una forma de vida y de actuación pública, porque la tolerancia no es ni debe ser confundida con la debilidad. Muy por el contrario: hay que ser muy seguro, fuerte y convencido para ser tolerante. La vida política de nuestro departamento no puede ni debe ser un escenario de discursos de odio que poco importan a los respectivos votantes, quienes quieren lo mismo sin importar lo que voten: la paz, el trabajo y el progreso que nos promete desde hace tanto tiempo nuestro escudo departamental, pero que tanto escasea en el Paysandú de hoy.

Las reformas que propone el Poder Ejecutivo son correctas en términos generales, pero son decorativas, no van al centro del problema que plantea el proceso penal hoy, aunque abre un espacio de discusión que esperemos sea productivo.
Los problemas más urgentes a solucionar son de modelo, y se centran en la función de los sujetos del proceso, sobre todo del rol del juez de garantías. En el punto de las funciones del juez de garantías, parece claro que no es posible seguir con un proceso donde la prisión preventiva del imputado se base exclusivamente en una discusión oral sin que el juez pueda valorar por sí las evidencias recogidas, sin tener el más mínimo contacto con ellas.

En el punto, se vulnera un derecho constitucional del imputado que requiere para su prisión que se haya reunido semiplena prueba a su respecto, y cuando hablamos de reunir semiplena implica diligenciamiento de prueba y valoración para llegar al estándar de que la misma alcanza la semiplena. Estos extremos son ignorados por el Código del Proceso Penal (CPP) vigente, y las reformas planteadas pretenden seguir ignorando tal deficiencia.
Esto va de la mano del auto de formalización, auto que la jurisprudencia hasta ahora sostiene que hace las veces del humo del buen derecho a los efectos de adoptar medidas privativas de libertad, cuando es evidente que la formalización hoy día no es más que una mera comunicación de cargos, que solo puede echarse abajo si un homicidio es calificado como si fuera un hurto, es decir, ante circunstancias de tipicidad aberrantes.
Entonces, tenemos que el juez de garantía no controla la formalización más allá de lo que las partes dicen verbalmente, que se la asimila en cuanto a los efectos al viejo auto de procesamiento, y en función de esa formalización se da por bueno el supuesto material de la medida cautelar, reitero, sin haber valorado una sola prueba, solo por lo que dice oralmente la Fiscalía y la Defensa.

Esto que se relata, no se da siquiera en los procesos civiles donde se discuten aspectos meramente económicos, donde el juez requiere para adoptar una cautela que se diligencie sumariamente prueba, ya sea documental, testimonia, etcétera, y donde el juez por sí, valorando él lo que se le ofrece, decide si procede o no dictar una sentencia. Esto es otra cuestión que no cuadra con las garantías mínimas, las sentencias de formalización son de un párrafo, se formaliza por tal delito y punto, pero no existe una valoración de hechos ni jurídica, cero motivación en los términos mínimos que se pueden esperar. A eso hay que sumar los riesgos procesales que se argumentan para disponer una medida cautelar, también en este caso, el juez de garantía es un mero espectador de lo que dicen oralmente las partes, sin visualizar evidencia o prueba que le permita por sí decidir.

¿Cómo solucionar estos problemas? Pues bien, se estima que sin dejar de lado el proceso acusatorio no vemos impedimentos para que la fiscalía tenga que acreditar sumariamente sus pretensiones, acreditar con diligenciamiento de prueba, no con oralidad argumentativa, y en ese contexto acompañar a sus pretensiones justamente las evidencias que ha recogido en el investigación preparatoria, para que el juez valore si son o no suficientes para dar inicio a un sumario y eventualmente disponer una medida cautelar.
¿Qué norma, qué principio del proceso acusatorio se vulnera con esto? Ninguna, solo se pide que el actor transparente judicialmente ante el juez de garantía los resultados de su investigación, y que haya una valoración judicial de la misma, pues ya que le pido al juez de garantía que decida sobre tal o cual cuestión, este debe ver por sí los motivos para dictar una sentencia.

Parece que decir esto es tan de perogrullo, pero hay que decirlo porque esto no se da en nuestro proceso penal de hoy día. Con este tipo de soluciones tampoco involucramos o rompemos la imparcialidad ni involucramos al juez en la recolección de la prueba, lo primero no se da porque este juez no es el juez de juicio oral, a lo que se suma que si el juez de las medidas cautelares en el civil no compromete su imparcialidad cuando las decide, no vemos porque se vería comprometida aquí, a lo que se suma que el juez sigue sin meterse en la recolección de la prueba, no tiene iniciativa, no impide que el fiscal haga lo que tenga que hacer, pero justamente cumple con su función elemental, se instruye y dicta resoluciones según las evidencias que se le traen, que ve por sí mismo sin un lazarillo que le dice que es lo que hay o no hay.
Por eso un juez de garantías diferentes implica una restructuración del modelo de funcionamiento del proceso, más que nada de los controles iniciales que esa figura debe cumplir. En próximas entregas iremos abordando otros tópicos que hacen al modelo y no a lo accesorio, que eso era lo que esperábamos de un proyecto integral de reformas del proceso penal.

Federico Álvarez Petraglia

Tiene entre algunos de sus objetivos, estimular el espíritu de unión y solidaridad gremiales, mantener vivo el culto a la Justicia; propiciar el perfeccionamiento del orden jurídico, velar por el estricto cumplimiento de los deberes que la ética profesional impone, defender los derechos e intereses de la profesión de abogados, asistir y orientar a los abogados recién egresados en todos los problemas que plantee el ejercicio profesional dictando, por ejemplo, cursos o conferencias para posgraduados.

El Colegio siempre estuvo “vivo” y tuvo su importancia, estuvo ubicado durante muchos años en 18 de julio 1006, 4.º piso en Montevideo, pero me animo a decir que enclavado en su nueva sede de Julio Herrera y Obes 1418 de la capital, muy moderna y funcional, la institución que hoy preside el Dr. Florencio Macedo (representante de la lista 1), acompañado en el Directorio por representantes de dicha agrupación y de las listas 11 y 33 (lista que tiene como uno de sus representantes en el Directorio, a la abogada sanducera Virginia Gilardi y como uno de sus fundadores y activo integrante al también sanducero Dr. Rodrigo De León), tiene mayor trascendencia y visibilidad que en el pasado. Cabe agregar, que el Dr. Américo Graciano Cabillón Chaldain, desaparecido físicamente, fue un muy destacado abogado sanducero, presidente del Colegio de Abogados de Paysandú y el primer Director del Colegio de Abogados del Uruguay perteneciente al departamento, en este caso en representación de la lista 1. Otros colegas de Paysandú participan hoy y lo hicieron en el pasado de agrupaciones y/o actividades vinculadas al mismo.

En lo que respecta a la IA, vale mencionar que pueden ser suplidas las tareas de tipo operativo que desarrollamos los letrados, pero la dimensión humana, la ética y lo vinculado a la responsabilidad profesional, nunca podrá ser sustituido.

Tenemos un Colegio pujante y lo puede ser aún más y para ello también es muy importante el relacionamiento con las distintas Facultades de Derecho, el convencimiento de los letrados que a través de su Colegio, pueden ser aún mejores e incidir en el mismo y en los distintos aspectos del quehacer nacional, asociándose, participando en las Comisiones y en algunas de las tres listas existentes, buscando honrar la profesión y teniendo en cuenta que ese señor o esa señora que concurre a un abogado, merece recibir un servicio de calidad tanto en lo técnico como en lo humano.
En este 2026, el CAU celebró el día del abogado en su sede, evento que tuvo lugar el pasado 13 de mayo, instancia en que fueron homenajeados los letrados que cumplieron 25 y 50 años de recibidos respectivamente.

Dr. Luis de la Fuente Abdala, abogado, socio e integrante de las comisiones de Cultura y Derecho Agrario del CAU

El eventual ingreso del Uruguay al Acuerdo Transpacífico –hoy conocido como CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)– constituye una de las discusiones estratégicas más importantes para la inserción internacional del país. Se trata de un acuerdo comercial de nueva generación que reúne economías de Asia y América con un fuerte peso en el comercio mundial. Para un país pequeño y abierto como Uruguay, la posibilidad de acceder preferencialmente a esos mercados presenta oportunidades relevantes, pero también riesgos que deben ser administrados con inteligencia política y económica.

Uno de los principales beneficios para Uruguay sería la ampliación del acceso a mercados, teniendo en cuenta que depende fuertemente de sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales, especialmente carne, soja, arroz, lácteos y celulosa. Muchos de los miembros del CPTPP –como Japón, Vietnam, Malasia, Canadá o México– aplican aranceles relativamente altos a productos en los que Uruguay es competitivo. Ingresar al acuerdo permitiría reducir o eliminar esas barreras, mejorando la posición de los exportadores uruguayos frente a competidores que ya forman parte del bloque, como Australia o Nueva Zelanda. En términos macroeconómicos, esto podría traducirse en un aumento de las exportaciones, mayores inversiones extranjeras y una diversificación de destinos comerciales. Uruguay ha sufrido históricamente la dependencia de pocos mercados, particularmente Brasil, China y Argentina. El CPTPP permitiría disminuir esa concentración y reducir vulnerabilidades geopolíticas o comerciales. En un mundo cada vez más complejo, competitivo pero también con brotes proteccionistas, la diversificación aparece como una necesidad estratégica de pura lógica.

Para el consumidor uruguayo también existirían ventajas importantes. La apertura comercial suele aumentar la competencia y reducir precios de bienes importados, especialmente en sectores donde Uruguay tiene costos elevados. Productos tecnológicos, maquinaria, insumos industriales, medicamentos, ropa o ciertos alimentos podrían abaratarse. Además, una mayor competencia normalmente impulsa mejoras en calidad y variedad. Desde el punto de vista del bienestar del consumidor, el ingreso al CPTPP probablemente tendría efectos positivos, particularmente sobre la clase media y los sectores de menores ingresos, que son los más afectados por precios altos en economías pequeñas y relativamente protegidas.
Sin embargo, los riesgos y perjuicios potenciales también son significativos. El más importante es el impacto sobre determinados sectores productivos y, sobre todo, el empleo. Uruguay posee industrias pequeñas y medianas que sobreviven gracias a ciertos niveles de protección arancelaria dentro del Mercosur. Si el país abre abruptamente su economía a productos manufacturados provenientes de economías mucho más competitivas, algunas empresas podrían desaparecer o reducir significativamente su actividad.

Sectores como el textil, el calzado, parte de la industria plástica, algunas ramas metalúrgicas y ciertas manufacturas livianas podrían enfrentar dificultades severas. El problema no sería solamente empresarial, sino social: pérdida de puestos de trabajo, caída salarial y aumento de desigualdades territoriales, especialmente en ciudades del Interior dependientes de pequeñas industrias. El empleo constituye el núcleo más delicado del debate. La apertura comercial genera ganadores y perdedores. Mientras los sectores exportadores probablemente expandirían actividad y empleo, otros sectores quedarían expuestos a una competencia difícil de enfrentar. Además, los nuevos empleos creados no necesariamente absorberían rápidamente a los trabajadores desplazados.

Por eso, el principal desafío para Uruguay no es simplemente entrar o no entrar al CPTTP, sino cómo hacerlo. La experiencia internacional demuestra que los países que mejor aprovechan los acuerdos comerciales son aquellos que acompañan la apertura con políticas activas de reconversión productiva y protección social.

Desde el ámbito sindical precisamente se han replanteado reparos respecto a las eventuales consecuencias del ingreso de nuestro país al acuerdo Transpacífico, según da cuenta El País. Esa así que la Confederación de Sindicatos Industriales salió al paso para que se revisen capítulos que, según dice, van en contra de algunos rubros de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Danilo Dárdano, presidente de la confederación, en rueda de prensa luego de la conversación que mantuvo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en Cancillería, afirmó que “lo que nos preocupa de la adhesión al (Tratado) Transpacífico es que no se mejoran las salvaguardas y, por ejemplo, si no hay un blindaje de compras públicas, vamos a tener perjuicios muy importantes”.

“Los perjuicios los veremos en especial en unos sectores, que no nombraré porque no queremos ser los sepultureros, donde podríamos tener cientos de puestos de trabajo perdidos cuando el acuerdo se implemente”, agregó sin dejar de mencionar algunos ejemplos, como familias del Interior que trabajan “a façon” (a destajo) para algunas fábricas. “A nuestro entender, con el Transpacífico, fábricas van a ir cerrando paulatinamente y se acabarán trabajos directos y también los fasoneros”, advirtió.

Un planteo sectorial y de interés general muy atendible, para un país donde precisamente no abundan las fuentes de trabajo y que por el contrario, sufre frecuentes cierres de empresas que no tienen rentabilidad y no encuentran salida en las actuales condiciones de trabajo. Ergo, las opciones para el Uruguay deberían encaminarse por un lado a negociar plazos de desgravación largos y diferenciados para los sectores más sensibles, eventualmente con períodos de transición de diez, quince o incluso más años para industrias vulnerables, permitiendo adaptación gradual y evitando shocks bruscos sobre el empleo.
Paralelamente, deberían implementarse políticas de reconversión laboral, mediante capacitación, programas de formación técnica y apoyo a trabajadores desplazados, así como apostar decididamente a sectores donde tiene ventajas comparativas dinámicas y no solamente tradicionales. Además de la agroexportación, existen oportunidades en software, servicios globales, logística, biotecnología, energías renovables y economía del conocimiento, al contar el país con capital humano relativamente calificado y estabilidad institucional, elementos valiosos para atraer inversiones de calidad.

Desde una perspectiva más amplia, existe desde hace décadas un problema estructural del Uruguay que condiciona la inserción en la economía global sin sacrificar cohesión social. La apertura comercial puede aumentar la eficiencia económica general, pero con consecuencias disímiles entre los actores del tramado socioeconómico, por cuanto habría grupos de actividad beneficiados pero también perjuicios sobre trabajadores e industrias vulnerables.La clave estaría por lo tanto en diseñar una estrategia nacional inteligente, negociando condiciones graduales, proteger sectores vulnerables durante la transición, e invertir fuertemente en capacitación laboral, sobre todo apuntando a un mayor valor agregado, que es el talón de Aquiles de nuestro país debido a sus gravosos costos. El verdadero desafío en acuerdos de este tipo es no solo comerciar más, sino lograr que la inserción internacional contribuya efectivamente al desarrollo, al empleo de calidad y al bienestar general.

Clavado: la encuesta los iba a poner nerviosos e iban a salir a patear para cualquier lado. “A poner el pie en el acelerador” como dijo de inmediato el secretario de la Presidencia. ¿Y en qué dirección, Sánchez? ¿Qué cambios? ¿No dijo e insistió Mujica y Orsi, en que nada iba a cambiar, en que todo iba a seguir funcionando como siempre? Que en el Uruguay es así.
¿Se va a virar hacia el progresismo kirchnerista? Hacia los “planes”, desnaturalizando nuestras “asignaciones familiares”, para asegurar “presencia en marchas”, con niños y todo (nada de ir a la escuela). ¡Cuidado! es un camino casi sin retorno, que se tuerce mal –como estamos viendo– con pocas chances de “recalcular”. Por favor, calma; lean y analicen tranquilos.

No se deje “soplar” mucha cosa al oído, señor presidente. Solo recuerde lo que aseguraron a la gente, a lo que se comprometieron; lo que vendió Mujica, con Ud., su mejor pingo, reforzado con un ministro de Economía “del empresariado”, más conservador que Astori. Por ahí, quizás, viene la caída de imagen, la pérdida de credibilidad.
Además tener en cuenta que cada uno va a pescar a su propia cachimba. Cosse, sensata, con autoridad, por encima del resto –gesto y tono–, preocupada o quizás no. Una luz amarilla dijo, autocrítica reclamó la vice, pero –como decían en Casablanca– “siempre nos queda París” que aquí suena así como un “siempre quedo yo”.
Algo para recordar, por citar otra vieja película.
Los comunistas –PCU, dirigencia del Pit Cnt integrada, parte de la Mesa y “bases”, que en realidad contados no son tantos–, hablan de “profundizar”. ¿Sí? ¿Puede deberse esta “caída”, a que el gobierno de Orsi no aplicó el impuesto del 1% a los ricos o a que no bajó la edad para jubilarse y eliminó la AFAP, o porque no redujo el horario de trabajo? O puede que el rechazo se deba más al mero amague –Diálogo Social– (más Castillo) a hacerlo. ¿Puede que el desánimo venga por falta de apoyo a Hamás, Hezbollah e Irán y “la amistad” con Israel y los yanquis? ¿O poca solidaridad con Cuba y Maduro? ¿Se piensa que efectivamente todo ello ha incidido en la “desaprobación” a la gestión de Orsi? ¿Creen que es así? ¡Ay, por favor, no le vayan a errar!
¿Piensan que la gente votó a favor de eso? No es lo que dicen los números. No llegaron ni a un millón los que apoyaron la alegre propuesta derogatoria del Pit Cnt y el PCU: un millón y pico largo les dio la espalda y apoyó la ley.

Disconformidad gana peso en la izquierda se dice. ¿Sí?, ¿en cuál izquierda? ¿La que votó al FA en octubre o la que eligió entre Orsi y Delgado en noviembre? –además aquel asegurando más de lo mismo y este perfilado hacia un centro izquierda con refuerzo de dirigente sindical excomunista–. Hay una diferencia de casi 200 mil votos entre una y otra y, sumado lo que dijo el plebiscito, se llega a unas 350 mil voluntades. No será por ahí que habría que buscar a los desilusionados. Que no son de izquierda ni de derecha.
Buscarlos entre los que tienen miedo; miedo por su seguridad personal, miedo por su jubilación de hoy y por su jubilación de mañana, por el futuro de “sus mayores”, miedo a quedarse sin trabajo, con horario cero. Sin considerar, además, las dudas de los inversores, la de los verdaderos emprendedores e inversores empresarios, “sin demasiadas coronitas y exenciones”, que se fijan sí y mucho en la seriedad del país, de sus instituciones y de sus gobernantes.

La mentira política no es un accidente del sistema representativo ni una desviación moral corregible mediante apelaciones éticas. Es, como advirtió Hannah Arendt (1906-1975, “Los orígenes del totalitarismo”), un instrumento estructural del poder moderno, especialmente desde la irrupción de los partidos de masas y agudizado por el oscurantismo de las redes sociales. Su afirmación “la mentira ha sido siempre considerada un medio necesario y justificable para alcanzar fines políticos”, no describe una patología, sino una lógica de funcionamiento.

De la razón de Estado…

La tradición occidental reconoce desde temprano la tensión entre verdad y gobierno. Para Maquiavelo la idea de que el príncipe debe “saber entrar en el mal cuando sea necesario”, incluye la manipulación deliberada de percepciones. Pero la mentira premoderna era táctica, episódica, vinculada a la diplomacia o la guerra.
El salto cualitativo ocurre con el siglo XX: la aparición de partidos de masas, la alfabetización ampliada y los medios de comunicación de alcance nacional transforman la mentira en método sistemático. Como señaló Jacques Ellul (filósofo, 1912-1994, “la propaganda moderna no busca simplemente convencer: busca estructurar la realidad percibida. La mentira deja de ser un recurso puntual y se convierte en ambiente”.
En este punto, la teoría democrática contemporánea aporta un refuerzo decisivo. John Rawls (“Una Teoría de la Política”, 1921-2002) advirtió que la razón pública requiere que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para evaluar las instituciones que los gobiernan. La mentira política, por tanto, no es sólo un acto inmoral: es una violación del principio de publicidad, condición epistémica del constitucionalismo democrático. En realidad, no es que el ciudadano compre la mentira sino que pierda el sentido de la realidad, que todo es lo mismo.

La mentira en los partidos de masas

Los partidos ideológicos introducen un elemento decisivo: la mentira ya no se justifica por la eficacia, sino que permea la doctrina. La verdad deja de ser empírica y pasa a ser teleológica: verdadera es la afirmación que sirve al destino histórico del movimiento.

Tres rasgos definen esta mutación:

a) La mentira como cohesión interna: el partido de masas necesita homogeneidad. Como escribió George Orwell (1903-1950 “Rebelión en la Granja”) “el acto esencial del Partido es hacer imposible la experiencia de la realidad”.

b) La mentira como pedagogía: en los movimientos ideológicos, la mentira no oculta: educa. Reordena el mundo para que coincida con la narrativa del partido. La propaganda nazi sobre el “enemigo interno”, por ejemplo, cumplía esta función. Karl Mannheim (“La Teoría de las Generaciones”, 1893-1947), mostró que las ideologías no sólo distorsionan hechos: producen un marco cognitivo que determina qué puede ser considerado verdadero.

c) La mentira como prueba de lealtad: el militante demuestra su adhesión no aceptando hechos, sino repitiendo ficciones. Václav Havel (1936-2011, último presidente de Checoslovaquia) lo formuló así: el ciudadano no miente porque crea en la mentira, sino porque la mentira es la condición para seguir perteneciendo al sistema.

Aquí la teoría democrática crítica aporta un complemento decisivo. Jürgen Habermas (1929-2026, “La teoría de la acción comunicativa”) sostuvo que cuando la comunicación se distorsiona de manera sistemática, el espacio público deja de ser un ámbito de formación racional de la voluntad. La mentira ideológica, entonces, no es un desvío sino una colonización del espacio público por una racionalidad estratégica.

Del totalitarismo al populismo

El nazi Joseph Goebbels sistematiza la idea de que una falsedad repetida con disciplina puede adquirir estatuto de verdad pública. No se trata de engañar a individuos, sino de construir un mundo paralelo. La narrativa racial, la manipulación de cifras económicas y la reescritura del pasado alemán son ejemplos paradigmáticos.
En el caso de Sudáfrica, el apartheid convirtió la mentira en principio organizador del orden social. No se trató sólo de una política discriminatoria, sino de una ficción jurídica y estadística destinada a sostener la idea de que la segregación racial era natural, estable y funcional. El régimen produjo categorías raciales arbitrarias, manipuló censos, reescribió la historia nacional y fabricó un relato de “armonía separada” que ocultaba la violencia estructural del sistema.

La mentira adoptó forma administrativa y normativa: leyes que definían identidades raciales como si fueran hechos biológicos, mapas que fragmentaban territorios para justificar la exclusión, informes oficiales que negaban la represión estatal. Como señaló Arthur Koestler (1905-1983, “La era del anhelo”) en otro contexto autoritario, el régimen “no mentía para ocultar la verdad, sino para destruirla”: la mentira no encubría la desigualdad, sino que la institucionalizaba.
Aquí la lectura de Claude Lefort (1924-2010, “Les formes de l´historie”) ilumina el mecanismo profundo: el totalitarismo pretende abolir la división social y por eso fabrica una verdad única que no admite verificación. El apartheid necesitaba precisamente eso: una verdad racial incuestionable, sostenida por el aparato estatal, que clausura cualquier posibilidad de pluralidad democrática. La mentira no era un instrumento contingente: era la condición ontológica del sistema segregacionista.
La mentira se articula con el control de la información, la construcción del “pueblo verdadero”, la “mayoría silenciosa” y la demonización del adversario. La verdad se vuelve atributo moral: no describe hechos, describe pertenencias.

La mentira como saturación

En el siglo XXI, la mentira política ya no necesita coherencia. La posverdad, concepto que Arendt anticipó al hablar de “falsedades organizadas”, opera por acumulación, no por verosimilitud. El objetivo no es convencer, sino desorientar. La mentira se vuelve ruido estratégico. Los líderes contemporáneos que utilizan este método no buscan imponer una narrativa única, sino erosionar la idea misma de verdad verificable. La mentira se convierte en estilo de gobierno o de oposición. Aquí la teoría democrática contemporánea ofrece un cierre conceptual contundente. Pierre Rosanvallon “1948, “L’âge de l’autogestion”) subrayó que “la democracia es un régimen de confianza; cuando el poder miente, destruye las condiciones mismas de su legitimidad”. La mentira política, en su forma actual, no sólo manipula: corroe la ecología democrática y habilita la anti política.
Cuando la mentira se combina con la descalificación sistemática, la violencia política deja de ser un exceso y se vuelve método. El adversario es reducido a enemigo, la palabra se degrada en arma y el espacio público se contamina de intimidación. Allí donde se niega la verdad y se humilla al otro, la violencia deja de anunciarse: simplemente ocurre.

Para cerrar el paso a este impulso autoritario y corrosivo, hay que enfrentar la degradación deliberada del lenguaje público. Allí donde la mentira y la descalificación se vuelve cotidiana, la violencia encuentra su cauce. La defensa democrática exige restituir la verdad como límite y la dignidad del otro como condición: sin ese doble resguardo, el espacio común se vuelve inhabitable. Quizás haya llegado el momento de redefinir con claridad algunas inmunidades. Mentir a conciencia jamás puede estar protegida por la impunidad.

El celular puede ser una herramienta educativa útil para acceder rápidamente a la información, mayor participación en aplicaciones interactivas y desarrollo de competencias digitales, pero su efecto depende del uso que se le dé.
El uso frecuente para redes sociales, mensajería o entretenimiento durante las clases aumenta las distracciones y disminuye la atención y concentración.
Un uso excesivo puede asociarse con menor rendimiento académico, reducción de la capacidad de comprender y retener información y hábitos digitales problemáticos (grabaciones no autorizadas y uso inadecuado de redes sociales).
Algunos estudiantes muestran ansiedad o necesidad constante de revisar el teléfono, afectando hábitos de estudio y relaciones sociales.
Los estudiantes valoran la tecnología para buscar información, colaborar y comunicarse, pero requieren orientación para usarla de forma responsable.
Las recomendaciones apuntan a regular el uso: celulares fuera de la vista durante las clases y habilitados únicamente cuando tengan un objetivo pedagógico claro, promoviendo educación digital y límites claros. En conclusión, el celular en el aula puede favorecer el aprendizaje cuando tiene un propósito pedagógico definido, pero su uso excesivo o sin control genera distracciones y puede afectar el rendimiento académico.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Los uruguayos seguimos esperando que este gobierno empiece a hacer leyes y cambios para favorecer a la gente, y que la central obrera luche por los trabajadores. Lleva más de un año gobernando y no ha pasado nada de eso: el país se hunde económicamente, se siguen sacando préstamos y continúan los viajes, las fiestas y los privilegios de los políticos en general.

Pero la gente sigue cada día más complicada: hay suicidios, problemas de ACV por la preocupación que siente la gente, hay más de un millón de deudores, el 50% de esta zona es de riesgo de morosidad, y eso refleja que los sueldos y las jubilaciones no alcanzan.

Sube el combustible y suben todos los insumos para comer, así como los remedios. La gente está siendo rehén de un poder implacable, de un sistema cruel, de personas que están en el poder y no hacen nada, y cobran muy buenos sueldos y se dan el lujo de tener, por ejemplo, un chofer, cinco secretarias y diez asesores, y nadie dice nada. El Pit Cnt, que tanto habla de los poderosos y los ricos, es el gran hermano del gobierno de izquierda; ahora hace un paro el 10 de junio por la guerra y la paz.

Zurditos, aquí no hay guerra; aquí hay desesperación de la gente, inseguridad, desempleo, problemas graves en la salud, se siguen cerrando empresas. ¿Y qué hacemos? Seguimos jugando al gato y al ratón, escondiendo los temas más importantes porque no queremos dañar la imagen del gobierno actual. No sean hipócritas: ya está dañada. ¿O no miran las encuestas? Ya sabemos que a ustedes ningún político ni ministro de Economía les va a controlar la torta de plata que les entra todos los meses, ni nadie va a controlar lo que ganan estos sindicalistas con cara de malos que gritan cuando le hablan a la gente en esos actos, como el del 1.° de Mayo, que convocó a muy poca gente.

Además, nunca laburaron, como Pereira, el presidente del Frente Amplio, que cobró casi veinte años sin ir a trabajar una hora en la enseñanza. Con esta clase de gente en el poder, nunca va a salir adelante este país. Vieron lo que le pasó en Rivera a esa edila que, con buen criterio, los criticó en la cara; así debe proceder cualquier político: no tenerle miedo a estos poderosos, y más cuando declaran que mintieron para ganar las elecciones.

Hay políticos que están en la junta departamental o en la casa de gobierno, y nunca los ves hablar o comentar algo; pasan y votan, pero no tienen participación alguna. Y así es difícil que un país salga adelante: tanto el oficialismo como la oposición deben tener gente que tenga voz y pelee por sus ideas. No puede ser que agachen la cabeza y solo levanten la mano para votar algo que ni a ellos les convence y que no favorece a la gente.

Me preocupa que a veces los obliguen a estar de acuerdo con una ley sin haberla estudiado y conversado, y eso es tremendo para la gente y para el país. Para muestra basta un botón: tenemos diputados y senadores, periodistas, chinos, cubanos, artistas de cumbia y candomberos; serán excelentes personas, pero de ahí a gobernar un país parece poco serio. Así nos va: cada día la gente cree menos en la política, y eso es muy peligroso. Tiene que ser gente con muchos estudios, que conozca la política internacional; el mundo manda y exige, señores. Mientras en otros países van presos los políticos, aquí no hay ninguno entre rejas, pese a todo lo turbio que ha pasado y la plata que se ha invertido en obras que nunca dieron un dólar a Uruguay.

Gas Sayago, lo de UPM, la plata que pusimos para hoy ver las ganancias millonarias que se llevan los finlandeses… y matamos al pequeño comerciante o al empresario con tarifas e impuestos para poder trabajar, y todavía seguimos pensando en poner más impuestos y obligaciones. La verdad es que da bronca ser uruguayo y nunca tener consideraciones para poder vivir y trabajar; es lamentable, y lo peor es que este país necesita políticos capaces y con sabiduría, pero no se ven. Cualquiera es político, y eso nos ha hecho mucho mal. Yo pregunto: ¿qué más nos puede pasar para que la gente se dé cuenta de que esta casta política nos hunde el país? Son todos muy irresponsables; miran el voto antes de solucionar algo para la gente. Ojalá algo cambie; si no, nos tiene que pasar como a Argentina: se hizo un cambio radical en la política, entró Milei y, contra todo, logró un país creíble y confiable.
Ángel

La verdad da asco y rabia escuchar al Sr. Metediera mostrando preocupación por los accidentes de tránsito, ojalá nuestro director de Tránsito le haga leer esto, ya que no creo que Metediera lea EL TELEGRAFO. ¿Cuándo se van a dejar de tanto protocolo y de dar vueltas y van a ir a lo verdaderamente importante?

Señor Metediera, para arreglar el tránsito hay que poner gente capaz e idónea a cargo de las direcciones, no improvisados y elementales, hay que exigir mucho más preparación, más conocimiento de las leyes de tránsito. Hay que eliminar los curros que son los “instructores” de tránsito, verdaderos curros que no enseñan nada porque no saben y no saben enseñar, es un requisito burocrático más, sin el cual no otorgan la licencia.

Sr. Metediera, lo que hay que hacer es tener gente preparada para enseñar, no puede ser que habiliten a gente que no sabe lo que hacer en un cruce con semáforo, cuando pierde la preferencia con respecto al peatón, que circula por la izquierda entorpeciendo el tránsito, que adelantan en bocacalles, que no saben estacionar, que desconocen las cebras, que levantan 60, 70 y 80 kilometros por hora en calles

preferenciales y lo que es peor y es causa de muchos accidentes, al habilitar un persona para conducir lo están habilitando a manejar en ruta, cuando jamás se le tomó una prueba de manejo en ruta y el teórico no contiene preguntas sobre manejo en ruta, hay gente que desconoce para que son las líneas de la ruta, sin embargo salen a manejar en ruta, total, están habilitados.

Hágaselo leer a Metediera, señor director de Tránsito, evalúen lo que digo, quizás sirva para algo y se dejan de tanto hablar con resultados cada vez más negativos. Acepten una sugerencia, aunque ya le he sugerido que ponga unas lomadas en cierto lugar donde se desarrollan picadas los sábados, y aunque es una solución práctica y de hecho se han puesto en otros lugares no tan críticos, por ser una sugerencia de un ciudadano común cuesta aceptarla.
Florentino

Paysandú tiene cosas realmente admirables. Por ejemplo, la capacidad de anunciar obras con bombos, platillos, fotos, cintas y discursos… aunque después la realidad quede enterrada debajo del mismo movimiento de tierras.

En diciembre de 2017 el diario local titulaba con entusiasmo el llamado a empresas en el MTOP, junto al intendente, para construir los accesos sur al puerto de Paysandú.

Más de 2 millones de dólares. Licitación 5/2018. Empresa adjudicataria: Cujo. Movimiento de tierras, carpeta asfáltica e iluminación. Todo financiado mediante fideicomiso de Afisa. Parecía que Paysandú se preparaba para transformarse en un gigante logístico.

Pero pasaron casi siete años.
Se hizo el movimiento de tierras. Se hizo la carpeta. La iluminación quedó por el camino… y el puerto directamente dejó de funcionar hace años.
Una obra de acceso para un puerto sin actividad. Es como construir la alfombra roja para un teatro cerrado.

Y la pregunta más grave es otra: ¿dónde estuvo el estudio de mercado?, ¿quién evaluó la viabilidad real?, ¿quién explicó por qué se gastaron millones de dólares públicos para terminar con una obra a medias y un puerto prácticamente fantasma?

Después aparecen hablando de “gestión eficiente”, “desarrollo” y “planificación”. La única planificación visible fue la de cómo sacarse la foto antes que llegara la realidad.
Vergonzoso. Porque cuando se dilapidan dineros públicos, no se pierde plata del Estado. Se pierde plata de la gente.
Ing. Agr. David Doti