Opinión

Cuando empieza a quedar atrás el recuerdo de las peripecias vividas durante 25 años de marchas y contramarchas para, finalmente, concretar el eternamente postergado acuerdo Mercosur–Unión Europea, y a pocos días de su entrada en vigencia provisoria, el escenario ha cambiado: la pelota está ahora en la cancha de los países sudamericanos, centrada en las negociaciones entre los socios del bloque regional por el reparto de las cuotas de acceso al mercado europeo.

Según los analistas, estas negociaciones están estancadas. Sin embargo, en el gobierno uruguayo persiste el optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo a tiempo, aunque se reconoce que el objetivo es difícil, ya que se trata de una negociación “compleja” que involucra múltiples interlocutores y cuotas sobre diversos productos, de acuerdo con información publicada por Búsqueda en base a fuentes del Poder Ejecutivo.
En este sentido, las fuentes añadieron que se continúa trabajando con la meta del 1.º de mayo, definida por la Unión Europea como fecha de entrada en vigencia provisional, para que los beneficios del acuerdo puedan aprovecharse “de la mejor manera”.

Ambos bloques acordaron conceder acceso a sus mercados mediante cuotas para productos sensibles como carnes, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos. Sin embargo, se estableció que, si el Mercosur no llega a tiempo con la distribución interna, Europa no asignará previamente las cuotas, sino que estas se irán ocupando a medida que ingresen los productos exportados.

El problema es que el Mercosur dista de ser un frente homogéneo. Existen conflictos de intereses entre sus Estados miembros, que además compiten entre sí en los mercados internacionales. Uno de los puntos más sensibles en estas negociaciones es el referido a la carne bovina.

Más allá del respaldo político al acuerdo, conviene tener presente que no todo serán beneficios. Su entrada en vigencia no será neutra ni favorecerá a todos los sectores por igual. En el caso del Mercosur, el acceso al mercado europeo para los principales productos de exportación estará condicionado por cuotas que, además, deberán distribuirse entre países que compiten entre sí.

Precisamente, la distribución de la cuota cárnica dentro del Mercosur aparece como uno de los temas centrales para el sector. Así lo señaló en su momento el presidente de la Federación Rural (FR), Rafael Normey, quien recordó que en la reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), realizada este verano, se actualizó la información sobre el estado parlamentario del acuerdo en cada país y el alcance de las salvaguardias europeas, aunque la discusión específica sobre la distribución de cuotas aún no había sido abordada en profundidad.

Tras la aprobación formal, el foco deberá trasladarse a la administración interna de las cuotas, en particular la de carne vacuna. Normey planteó que la aspiración del sector es que la negociación inicial se dé entre los privados de los cuatro países del bloque y que luego ese entendimiento sea respetado a nivel político. “Queremos que los privados podamos ponernos de acuerdo y que eso se respete a nivel político”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que los privados conocen el funcionamiento real del mercado y pueden dimensionar con mayor precisión hasta dónde es viable cada planteo. Avanzar en una definición exclusivamente política, sin ese consenso previo, podría generar distorsiones entre lo acordado y la realidad comercial.
Entre otros aspectos, los socios del Mercosur deben definir cómo repartirán la cuota de 99.000 toneladas de carne bovina, que pagará un arancel de 7,5 %, menos de la mitad del actual. Esta cuota comenzará con 9.075 toneladas al entrar en vigor el acuerdo y aumentará progresivamente hasta alcanzar el total al cabo de cinco años.

No obstante, la carne no es el único tema en discusión. Existen otros productos en los que cada país tiene intereses particulares, lo que da lugar a negociaciones cruzadas y a la posibilidad de ceder en un rubro para obtener ventajas en otro.

Uruguay, según lo señalado por la Cancillería, priorizó obtener condiciones favorables en cuotas de carne bovina, arroz, miel y lácteos. Sin embargo, este cruce de intereses no será fácil de resolver ante posiciones firmes de algunos socios. Brasil, de acuerdo con fuentes políticas y diplomáticas, mantiene la postura más rígida, mientras que Argentina y Uruguay exploran alternativas diversas.

Paraguay, por su parte, ya ha presentado propuestas orientadas a ampliar su participación por encima de sus niveles históricos, en función del crecimiento que ha experimentado su economía en los últimos años.
Sin duda, estos planteos y conflictos de intereses introducen un grado de incertidumbre para los operadores respecto al acceso al mercado europeo en varios productos, ya que aún no existe claridad sobre el resultado final de la distribución de cuotas entre los países de la región.

Se requiere, por tanto, una importante dosis de visión e inteligencia para negociar: ceder en aquellos rubros donde el país tiene escaso potencial y concentrarse en los de mayor interés, en una dinámica propia de la lógica intrabloque.

El escenario actual, además, difiere del de años anteriores, como 2017 o 2019. Paraguay ha fortalecido su perfil exportador y han surgido nuevas normativas, como las vinculadas a la deforestación, ámbito en el que Uruguay considera estar mejor posicionado.

Por último, el acuerdo no solo abre mejores perspectivas para nuestros productos de exportación —lamentablemente aún mayoritariamente primarios y con escaso valor agregado—, sino que también habilita el ingreso desgravado de bienes semiterminados y terminados provenientes de países altamente industrializados y con tecnologías de punta. Esto podría generar mayores dificultades para las ya debilitadas industrias locales, afectadas por altos costos internos y un tipo de cambio desfavorable, entre otros factores. Por ello, será necesario actuar con extrema precisión en las negociaciones internas del bloque, sin perder de vista que los actores externos también juegan con fuerza.

Bajo el lema “Compartir los cuidados para una sociedad más justa”, el gobierno nacional presentó recientemente el Plan Nacional de Cuidados y, en abril —“Mes de los Cuidados”—, se rinde homenaje a la profesora Rosario Aguirre Cuns, pionera recientemente fallecida, cuya mirada sociológica reveló que el bienestar social uruguayo se sostiene sobre la base invisible del tiempo no remunerado de las mujeres.
Se trata de un modelo de cuidados que está en crisis debido a la situación demográfica nacional, algo que no puede seguir ignorándose y que hace necesario buscar estrategias para responder a una pregunta ineludible: quién cuidará de nosotros cuando ya no podamos hacerlo.

En ediciones anteriores nos hemos referido a la situación demográfica sin precedentes que atraviesa nuestro país. La tasa de fecundidad ha caído de 1,9 hijos por mujer en 2015 a un preocupante 1,4 en 2025 —según datos de la Cepal y el Fondo de Población de las Naciones Unidas—, situándose no solo por debajo del promedio regional, sino incluso al nivel de los países europeos más envejecidos.
No se trata de un problema exclusivamente local: el 76% de los países de la región ya presenta una tasa global de fecundidad inferior a 2,1 hijos por mujer, el nivel necesario para mantener estable el tamaño de la población a largo plazo.

En el otro extremo de la vida, la pirámide invertida muestra que somos uno de los países más envejecidos de América Latina. La dependencia se intensifica en los mayores de 80 años y, en esta población, la soledad se acentúa con la edad. Son principalmente las mujeres quienes enfrentan mayores dificultades en la búsqueda de apoyo y contención. La soledad tiene rostro femenino: el 40% de las uruguayas mayores de 80 años viven solas, frente al 20% de los hombres. El sistema de Asistentes Personales y los Centros de Día constituyen hoy el principal dique frente a la institucionalización forzosa, pero su despliegue en el interior profundo sigue siendo una deuda en términos de equidad territorial.

Otra brecha de género relevante en este análisis es, precisamente, la señalada por Rosario Aguirre y hoy reconocida por las autoridades: el 96% de quienes trabajan en cuidados son mujeres. En el sector remunerado se desempeñan unas 43.000 mujeres frente a apenas 750 varones. Esta disparidad también condena a miles de uruguayas a lo que se conoce como “pisos pegajosos”, es decir, la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral porque deben permanecer en sus hogares cuidando a una persona mayor o a un niño. En este sentido, el Plan 2026 propone un cambio cultural necesario: que el cuidado deje de ser una carga “privada” para convertirse en un derecho social.

Países en desarrollo con pirámides poblacionales similares a la nuestra, como Chile o Costa Rica, han avanzado en la profesionalización del sector, mientras que en Uruguay persiste el desafío de dignificar un trabajo aún percibido como precario. En general, América Latina atraviesa lo que los expertos denominan una “crisis de cuidados”, profundizada por la pandemia, en la que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a estas tareas. Entre las respuestas regionales destacan el programa “Chile Cuida” y la experiencia colombiana.

En el caso chileno, para el período 2025-2030 se ha desarrollado un programa basado en el reconocimiento y la redistribución del trabajo no remunerado. Se avanza en la creación de “condominios de viviendas tuteladas” y en la certificación de competencias para cuidadores primarios, otorgando becas de formación para profesionalizar lo que antes recaía exclusivamente en el ámbito familiar. El desafío, similar al uruguayo, es la escala: se proyecta pasar de 11 comunas cubiertas en 2025 a 121 en 2028, una expansión territorial que requiere voluntad política sostenida y recursos que no siempre acompañan el ritmo de los cambios demográficos.

Colombia, por su parte, desarrolla en Bogotá las llamadas “Manzanas del cuidado”, una solución innovadora que también incorpora el urbanismo: centros que integran servicios para quienes requieren cuidados (niños y adultos mayores) con servicios para quienes cuidan (lavanderías comunitarias, clases de bachillerato, apoyo psicológico). Desde una perspectiva local, para un departamento como Paysandú, que busca revitalizar sus barrios, el modelo bogotano invita a pensar la infraestructura social no como edificios aislados, sino como nodos que aprovechen la red de policlínicas y centros comunales.

Si miramos hacia países desarrollados con una estructura poblacional similar, Japón resulta particularmente ilustrativo. Con un 29% de su población mayor de 65 años en 2024, implementó en el año 2000 un seguro de cuidados de largo plazo: un modelo de seguridad social en el que las personas mayores de 40 años contribuyen con primas para asegurar su futura atención. Sin embargo, los costos han triplicado las previsiones originales y el país enfrenta hoy una escasez crónica de trabajadores del sector debido a los bajos salarios, lo que ha llevado incluso a la quiebra de proveedores de servicios domiciliarios.

La principal crítica al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) desde su creación en 2015 ha sido su debilidad institucional y la fragmentación presupuestal entre el Mides, el BPS y el MSP, lo que en ocasiones burocratiza la gestión y retrasa la toma de decisiones y la capacidad de respuesta.
Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Red Pro Cuidados han alertado sobre el debilitamiento de la Junta Nacional de Cuidados y la falta de decisiones políticas para pasar de planes piloto a una política verdaderamente universal. La paradoja es evidente: mientras el Estado destina millones a tratar enfermedades crónicas vinculadas al sedentarismo y la soledad, no ha asegurado plenamente los recursos para la prevención a través de políticas de cuidado. Asimismo, profesionalizar el sector —por ejemplo, mediante cooperativas de cuidadores— no es solo un acto de justicia, sino también una estrategia de eficiencia económica y social.

El desafío para este quinquenio es que el sistema deje de ser la expresión de buenas intenciones y se convierta en un servicio ciudadano básico, accesible para todos.

El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 forma parte del mapa de una sociedad que aspira a la madurez. Sin embargo, se requieren presupuesto real, descentralización efectiva y la responsabilidad de un Estado que asuma que el cuidado no es una tarea exclusivamente femenina. La corresponsabilidad de género es el núcleo de este programa, pero mientras persista la actual desigualdad —43.000 mujeres cuidadoras remuneradas frente a apenas 750 varones—, estaremos administrando la inequidad en lugar de erradicarla. El cuidado de niños, personas con discapacidad y adultos mayores no puede ser una carga privada ni una tarea exclusivamente femenina: constituye una de las nuevas fronteras de los derechos humanos en el siglo XXI. Por ello, y especialmente de cara al futuro cercano, contar con un sistema de cuidados efectivo y sostenible es una pieza clave de la infraestructura social del país.

La semana pasada se presentó un informe que recoge los resultados de una investigación realizada por Equipos Consultores, a instancias de Unicef y el Inisa, respecto a las características de la población atendida por el instituto con medidas de privación de libertad, a la vez que sobre su capacidad de respuesta en función del estado de su infraestructura y la composición y la calificación de los recursos humanos con los que cuenta.

El estudio, a grandes rasgos, reveló que las cosas no cambiaron mucho desde la evaluación de 2018. Esto puede ser leído como algo bueno: el problema no se agravó, y es una lectura válida. Pero claro, en la medida en que la situación ya en 2018 no era ni cerca de buena, la lectura del medio vaso vacío es que en estos años transcurridos no se pudo hacer nada para mejorar los números, que son, a la postre, el reflejo del funcionamiento de un sistema que poco aporta en cuanto a reinsertar, rehabilitar o interrumpir una carrera criminal incipiente, mostrando que hay otro modo de vida posible. No quiere decir que no se intente, no quiere decir que no se haga diariamente un esfuerzo enorme detrás del objetivo, con menos personal y menos recursos, tanto financieros como técnicos, de los que se requeriría, aunque el mismo presidente de Inisa, Jaime Saavedra reconoció que no hay un problema en ese sentido.

Entrando en tema, veamos y comentemos algunos de los datos que evidenció el estudio, cuyo propósito primero fue “conocer la situación de los y las adolescentes en situación de privación de libertad vinculada a diferentes dimensiones (salud, proceso judicial, tiempo de encierro, actividades, vínculo con el exterior, convivencia interna, entre otros) y analizar sus valoraciones sobre los centros”.

Los adolescentes encuestados tienen un promedio de edad de 17 años. La estructura de edad de la población privada de libertad es similar a la registrada en las encuestas de 2018 y de 2021: 33% tiene 18 años o más y 40% se ubica en los 16-17 años. En términos de género, la población sigue siendo muy masculinizada: 98% de quienes fueron encuestados son varones. Esto implica que la muestra obtenida se compone de 252 varones y 6 mujeres adolescentes. Por otra parte, antes de ingresar al Inisa un 47% vivía en Montevideo, 17% lo hacía en Canelones y 36% en los demás departamentos. Esto implica un aumento de casi 10 puntos porcentuales de la participación de adolescentes residentes en Montevideo en comparación con el relevamiento realizado en 2021, aunque sigue siendo menor al registro de este indicador en el censo de 2018 (54%).
Uno de los datos por los que el presidente de Inia mostró mayor preocupación fue la del nivel educativo máximo alcanzado por la población adolescente privada de libertad, aunque se observa una leve mejora en un contexto general de bajo nivel de educación formal. En comparación con 2021, se observa un descenso en la proporción de adolescentes privados de libertad que solo llegó a cursar educación primaria, pero aún la amplia mayoría no había alcanzado a completar el ciclo básico de educación media antes de ingresar al Inisa (85%).

Si se analiza el nivel educativo según edad, incluso entre los adolescentes de 16 y 17 años, apenas un 16% había logrado culminar el ciclo básico antes de su ingreso a los centros del Inisa y entre los adolescentes privados libertad que tienen actualmente 18 años o más, solo un 25% contaba con ciclo básico completo o había alcanzado a cursar bachillerato.
Se dirá que tal vez no era esperable otra cosa de la población adolescente que termina cumpliendo una pena en el Inisa que el desprecio por la educación formal, pero no menos cierto es que tampoco se logra un avance en forma de una revinculación teniéndolos a disposición en forma permanente, en una situación en la que dedicarse a estudiar, a formarse, podría ser tomado, con la canalización debida, como una segunda oportunidad. Es en cuanto a esto que Saavedra plantea que en una década no se logró mover la aguja, en el sentido de que los números siguen siendo en este apartado muy deficientes para un sistema que tiene el objetivo que tiene.

Un 8% de los adolescentes encuestados en 2025 tienen al menos un hijo o hija (todos los casos corresponden a adolescentes varones), mientras que en 2021 este indicador alcanzaba un 11%.
Otra característica distintiva de la población adolescente privada de libertad, y que se mantiene a lo largo de las diferentes ediciones de este censo, es el vínculo con experiencias de institucionalización y privación de libertad en su entorno cercano. La mitad tiene actualmente algún familiar privado de libertad (indicador que aumenta su incidencia en comparación con 2018) y dos de cada tres tienen familiares que estuvieron privados de libertad en el pasado. Por otra parte, la mitad de los adolescentes privados de libertad tuvieron algún tipo de vínculo anterior con el Sistema Penal Juvenil (SPJ), ya sea con sanciones privativas o no privativas de libertad. Esta proporción de adolescentes con experiencia con el SPJ es levemente mayor a la registrada en los censos de 2018 y de 2021. Además, desde la primera edición del censo, en 2018, hasta la actualidad se confirma un cambio en la composición interna de los adolescentes que tuvieron sanciones del SPJ, donde se aprecia un crecimiento de las sanciones no privativas de libertad (de 9% a 27%) y baja la cantidad de adolescentes que solamente tuvieron sanciones privativas de libertad (de 24% a 9%).

En cuanto al tipo de infracción –delito si se tratase de adultos– por la que está privado de libertad, entre 2018 y 2025 hay una fuerte reducción de las Rapiñas, que pasaron de ser el 72% al 37%, un incremento en los Homicidios, que pasaron en el mismo lapso del 19 al 27%, de la Comercialización o suministro de drogas, que del 2% subió al 19%, y de los casos de Violación-abuso sexual, que de no tener registro crecieron al 8%.

En el marco de la problemática de la seguridad social, tanto en nuestro país como a nivel global, se observan tendencias sostenidas —e incluso acentuadas con el paso de los años—: el envejecimiento poblacional, como consecuencia del aumento de la expectativa de vida y la reducción de la tasa de natalidad, presiona cada vez más una ecuación ya desequilibrada. Esto ocurre por la creciente demanda de cobertura social y, a la vez, por la necesidad de sostener la calidad de vida en los últimos años de las personas mayores.
Desde el punto de vista del Banco de Previsión Social (BPS), la presidenta de la entidad, Ximena Pardo, ha puesto énfasis en que, en materia de prestaciones previsionales, la expectativa de vida a partir de los 65 años se ha incrementado significativamente: pasó de 15 a 20 años en las mujeres y de 12 a 16 años en los hombres. Traducido en términos de cobro de pasividades, esto implica que, en el caso de mujeres centenarias, más del 40 % percibió prestaciones del BPS durante entre 30 y 49 años, mientras que en los hombres ese período se sitúa entre 30 y 39 años. Incluso, se registra el caso de una persona que percibió prestaciones durante medio siglo.
Más allá de lo anecdótico —y destacable— de alcanzar los 100 años con actividad y calidad de vida, lo cierto es que cada vez es más frecuente encontrar personas nonagenarias, especialmente mujeres, en comparación con décadas atrás, cuando su presencia era mucho menos habitual. Además, muchas de ellas conservan plena lucidez y un importante nivel de actividad, factores clave que retroalimentan la calidad de vida en la vejez.
Sin embargo, como contrapartida, a estas edades se acentúan las desigualdades, condicionadas por el contexto socioeconómico de cada familia y por el soporte disponible frente a la vulnerabilidad propia de la vejez. Estos factores son parte central del dilema estructural de nuestro sistema previsional, tanto en lo que refiere a pasividades y prestaciones como a la infraestructura necesaria para acompañar estas expectativas. No se trata solo de alcanzar una determinada edad, sino de que el envejecimiento transcurra con calidad de vida, sin padecimientos ni desarraigo, especialmente para quienes han perdido autonomía. Esto implica, entre otros aspectos, una mayor demanda de recursos materiales y humanos por parte del Estado.
Otro aspecto directamente vinculado con esta problemática es la atención sanitaria: resulta fundamental que esta etapa de la vida pueda vivirse con plenitud, evitando que las personas mayores queden relegadas a hospicios o residenciales de dudosa calidad, donde transiten sus últimos años entre carencias y soledad.
En definitiva, más allá de la dimensión social del problema, lo cierto es que los sistemas de seguridad social vienen mostrando signos de tensión desde hace años, como consecuencia de una mayor demanda de recursos y, paralelamente, de una reducción en la cantidad de aportantes, debido al menor peso relativo de la población activa frente a los beneficiarios.
En una perspectiva regional, este cambio demográfico ejercerá una presión creciente sobre las economías y los sistemas de protección social, lo que requerirá ajustes en las políticas públicas y una adecuada planificación en la generación y asignación de recursos. Esto implica diseñar respuestas para el mediano y largo plazo, aun cuando las urgencias ya se hacen sentir. En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha revisado a la baja las proyecciones de crecimiento para la región en el presente año.
La región enfrenta, además, un escenario internacional complejo e incierto, agravado por conflictos como la guerra en Oriente Medio, con efectos directos en el comercio internacional e impactos indirectos derivados de una mayor volatilidad en los mercados financieros. Esto se traduce en fluctuaciones significativas en los mercados de valores y bonos, con implicancias en el rendimiento de los activos y en las tasas de interés de Estados Unidos y de los principales centros financieros mundiales.
La creciente confrontación geoeconómica también eleva el riesgo de disrupciones en las cadenas globales de producción y en los flujos del comercio internacional.
Así, más allá de los avatares coyunturales —que suelen impactar con mayor intensidad en la región que en los países desarrollados—, el desfasaje entre la disponibilidad de recursos para atender el envejecimiento poblacional y la necesidad de infraestructura adecuada se configura como un desafío estructural de gran magnitud.
Si bien el envejecimiento de la población es una manifestación positiva del desarrollo —al reflejar la disminución de la mortalidad y un mayor control de la fecundidad—, también genera nuevas demandas que sistemas como los de salud, jubilaciones y educación pueden no estar preparados para atender. Esto responde al aumento de las necesidades de financiamiento de la población dependiente y a la tendencia decreciente de la población en edad activa.
En este contexto, resulta fundamental instrumentar políticas de Estado orientadas a adaptar los sistemas de salud y de protección social a las necesidades específicas de las personas mayores, garantizando el acceso a servicios de calidad y a una atención adecuada, más allá de las fluctuaciones económicas.
En Uruguay, en particular, se verifica la convergencia de tendencias que no resultan favorables si se analizan objetivamente. Se trata de una problemática que desde hace tiempo debería ocupar un lugar central en la agenda pública, con la búsqueda de consensos políticos que permitan implementar medidas de mediano y largo plazo. Todo ello en un país cuyas estructuras responden, en muchos aspectos, a una realidad demográfica ya superada, cuando la pirámide poblacional era sustancialmente diferente.

Las amenazas de tiroteos en los liceos se han vuelto comunes en los últimos días. Los mensajes violentos que aparecen escritos en las paredes —generalmente en los baños, para evitar que sus autores sean vistos— generan inseguridad, desconfianza y recelo en las comunidades educativas.

Este fenómeno, que se expande por la región, comenzó en otros países y, según las autoridades, responde a un reto viral difundido a través de redes sociales para evadir la asistencia a clases.

Sin embargo, la amenaza es el síntoma, no el problema. Muchas familias, cuyos referentes trabajan todo el día, suponen que si los niños o adolescentes están en casa, entonces están bien. No es habitual que se controle su uso de redes sociales ni sus vínculos, aunque se trata de poblaciones cada vez más aisladas y, por ende, más vulnerables.

¿Qué ocurre en sus hogares para que trasladen esos comportamientos a los centros educativos o a su entorno? Si se trata de enojo o aburrimiento, no se sabrá, porque no lo comunican.

La prevención y el acompañamiento constante parecen fundamentales para promover conductas saludables y evitar la influencia abusiva de los contenidos en redes sociales. Sin embargo, los equipos multidisciplinarios en los centros educativos son escasos, y el reclamo de los colectivos docentes se reitera desde hace años.

La sociedad está atravesada por muros invisibles, producto de la falta de tiempo, el acceso cada vez más temprano a dispositivos y el consumo ininterrumpido de contenidos en plataformas digitales.

En ese contexto surgen los “retos” virales o desafíos que acumulan millones de visualizaciones y adhesiones. Mientras se busca a los adolescentes que escribieron las amenazas en los liceos para sancionarlos, la página o el influencer que lanzó el desafío original ni siquiera figura en el radar.

Los retos del año pasado combinaron peligrosidad con tendencias de moda: desde desafíos con tacones al ritmo de canciones, hasta el “reto de las princesas”, basado en dietas extremas, pasando por prácticas que alentaban a inhalar sustancias tóxicas o el llamado “juego del desmayo”.

Estas conductas impactan en la salud, la seguridad y el normal desarrollo de las clases. Además, la asistencia a los centros educativos queda muchas veces librada al criterio de los adultos, lo que distorsiona las dinámicas familiares.

Los retos no son nuevos, pero sí se intensifican con el tiempo y con la relevancia que les otorgan las comunidades. Hace algunos años se popularizó el reto de la “ballena azul”, un “juego suicida” dirigido a adolescentes que proponía 50 tareas en 50 días: comenzaban con acciones aparentemente inofensivas y escalaban hasta el suicidio. La investigación logró identificar a un joven de 21 años, quien fue condenado por incitación al suicidio.

En estos foros aumenta la participación de adolescentes y jóvenes, que comparten imágenes y experiencias en un espacio donde la línea entre planificar acciones peligrosas y llevarlas a cabo es extremadamente delgada.

Es decir, el país no enfrenta actualmente un aumento de tiroteos, sino de amenazas. Y esa es una razón poderosa para abordar estos casos con seriedad y responsabilidad adulta. Los jóvenes actúan bajo anonimato y con una baja percepción del impacto de sus mensajes. Aun así, buscan poder, validación y control. Hoy resulta difícil discernir qué es real y qué no, pero todo responde a estímulos que se replican a partir de su difusión.

El efecto contagio alcanzó a decenas de liceos en todo el país y, desde naciones vecinas, atravesó las “fronteras” digitales con convocatorias similares.

Las autoridades educativas sostienen protocolos institucionales para prevenir la violencia, pero sin recursos estos se vuelven invisibles. Los hogares son heterogéneos, y el afecto y el seguimiento durante una etapa tan trascendental como la adolescencia se relativizan cada vez más.

Estas situaciones se agravan cuando los adultos abandonan su rol de guía. Mientras se desatienden responsabilidades, la violencia crece entre los más jóvenes y se manifiesta —entre otros ámbitos— en los centros educativos.

Si la violencia se convierte en una forma de expresión, es porque existe una conducta aprendida de adultos que relativizan hechos que deberían condenar. Cuando se transmite la idea de que “no pasa nada”, los jóvenes pueden sentir que repetir amenazas o conductas de riesgo no tiene consecuencias.
La intolerancia también se refleja en el ecosistema digital. Las redes amplifican la realidad: forman parte de la vida cotidiana y operan con altos niveles de impunidad, como los mensajes anónimos que se escriben en paredes o se envían por teléfono.

Por ahora, las respuestas de las autoridades suelen llegar después de los hechos. La prevención resulta difícil de implementar cuando el discurso político se apoya en la falta de recursos. Prevenir exige equipos técnicos capacitados para dar seguimiento a las situaciones y construir estrategias adaptadas a cada contexto. En este escenario, la desigualdad se profundiza y la violencia se aprende, alimentada por una intolerancia que surge primero en el entorno cercano y luego se expande a otros ámbitos.

Si los adultos han perdido la capacidad de diálogo y escucha, no debería sorprender este tipo de conductas. No se trata solo de un “reto viral” o de una broma pesada: está en juego el impacto emocional en sus pares y una señal clara de deterioro social.

La comunidad también tiene un rol clave: cada vez que evita amplificar contenidos falsos o intimidatorios en redes sociales, contribuye a la solución. Se trata de un esfuerzo colectivo, sostenido en el tiempo, basado en el respeto mutuo y con un objetivo central: proteger la salud emocional de los adolescentes.

El 19 de abril de 1943 marcó el inicio de una insurrección que no fue un estallido espontáneo sino la respuesta organizada de una comunidad que se enfrentaba a un proyecto estatal e industrial de exterminio. La invasión alemana de Polonia en setiembre de 1939 abrió un periodo de ocupación que, bajo la lógica del nazismo, convirtió el antisemitismo en política de Estado: deportaciones masivas, guetos, y la puesta en marcha de campos de exterminio como Treblinka y Majdanek. En ese marco, el gueto de Varsovia se transformó en un espacio de hacinamiento, hambre y muerte administrada. El levantamiento fue la decisión colectiva de oponerse a la deportación final y a la aniquilación sistemática de la “cuestión judía”, junto a la persecución de otros grupos considerados “indeseables”. En síntesis, los grandes hechos que anteceden y definen el 19 de abril fueron la rápida derrota de Polonia en 1939 y la instauración del gobierno general; la segregación y concentración de la población judía en el gueto de Varsovia; las sucesivas oleadas de deportaciones que vaciaron barrios enteros; y la implementación de la “solución final”, siendo las redadas operaciones de exterminio. Frente a esa ofensiva, surgieron organizaciones clandestinas que decidieron organizarse para resistir.

El levantamiento fue coordinado por dos formaciones principales: la Organización Judía de Combate (ŻOB) y la Unión Militar Judía (ŻZW). En ese entramado organizativo emergió con fuerza un liderazgo joven y colectivo. Muchos de los cuadros dirigentes procedían de movimientos juveniles y de la vida cultural y política previa a la guerra; su experiencia en organización, su energía y su capacidad de movilización fueron decisivas para convertir la indignación en estrategia. Mordejai Anielewicz, joven dirigente de la ŻOB, se convirtió en figura central: no solo por su papel en la coordinación militar y en la comunicación entre células, sino por su capacidad para articular la dimensión ética de la revuelta. Anielewicz y sus compañeros entendieron la resistencia como una obligación política y moral: organizar la defensa, proteger a los civiles y preservar testimonios frente al intento de borrado.

El liderazgo de Anielewicz no fue un liderazgo aislado ni personalista; fue representativo de una generación que asumió responsabilidades colectivas. Desde el cuartel general de la ŻOB en la calle Miła 18 se intentó coordinar la defensa, distribuir armas escasas, y mantener la moral de una población sometida. Cuando ese búnker fue finalmente descubierto y asaltado en mayo, la muerte de Anielewicz y de muchos de sus compañeros se convirtió en símbolo de la entrega y del sacrificio de una generación que prefirió la resistencia a la sumisión.

El 19 de abril, cuando las tropas alemanas entraron con la intención de completar la limpieza del gueto, la respuesta fue inmediata: disparos desde azoteas y ventanas, barricadas improvisadas, y la activación de refugios subterráneos. La sorpresa inicial obligó a los atacantes a cambiar de táctica; bajo el mando de Jürgen Stroop la reacción alemana se volvió sistemática y brutal: incendios para expulsar a los escondidos, demoliciones casa por casa y asaltos dirigidos a borrar físicamente el espacio del gueto. La lucha urbana se prolongó casi un mes y terminó con la destrucción de gran parte del barrio, la muerte de miles y la deportación de muchos más a los campos. Militarmente la revuelta fue aplastada, pero quedó la dimensión moral de aquellos valientes. Fue una decisión ética y política: resistir para proteger a otros, para preservar la memoria y para afirmar la dignidad humana frente a la barbarie. El levantamiento expone la verdadera naturaleza del proyecto nazi y, al mismo tiempo, deja un testimonio de coraje, solidaridad y humanidad que desafía la lógica homicida del régimen.

Conmemorar hoy aquel 19 de abril es honrar una elección por la vida en la hora más oscura de la humanidad: honrar la organización y el sacrificio de quienes resistieron, reconocer el liderazgo joven y colectivo, con Mordejai Anielewicz como emblema, y reivindicar la participación plena de las mujeres como actores centrales de la revuelta. Mantener viva esa memoria es una obligación ética que nos exige combatir el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de deshumanización. Una obligación ética que constituye hoy el mismo desafío.

Pero no es un día ni un acto para repetir mecánicamente unas palabras que parezcan sentidas y profundas.

El mundo vive una escalada de odio, autoritarismo belicista y muerte, que se nos ha colado impulsada por unos aventureros irresponsables que, aupados en un ciclo de concentración de la riqueza y del poder, están destruyendo las democracias.

En el recuerdo de aquellos héroes de Varsovia, las conciencias libres del mundo deben volver a levantar las banderas de paz y democracia. Y como entonces entonar el himno de los partisanos… “No es un canto alegre, es canto de fusil / no es tampoco pájaro de libertad / es canción de un pueblo obligado a sufrir / que con sangre y plomo el verso escribirá”.

Del ejemplo de aquellos judíos y judías, solo partidarios de la vida, como cada 19 de abril, tomamos ejemplo y admiración, al ratificar nuestro compromiso con la vida y por la paz.

Qué lástima, el presidente Yamandu Orsi desaprovechó una linda ocasión para hacer la diferencia y muy en particular para hacer valer su autoridad, lo que es bueno y hace falta de vez en cuando. Pero, finalmente viajó a Barcelona a marcar tarjeta. Es otra reunión se dice, pero es lo mismo: el perro es uno solo.

Se reunirá, entre otros, con Pedro Sánchez, Petro y Lula, principales líderes progresistas, según ellos, lanzados a enfrentar el avance de “las derechas”. Cualquiera pensaría que Sánchez debería dedicarle un poco más de atención a la interna propia, a sus familiares y lo que hacen y en que están y no tanto a estas cosas. Quizás sea para distraer. Lula, además de, otra vez, incidir en la conducta y decisión de Orsi –con la complicidad de la Secretaría de la Presidencia y la Cancillería–, busca y busca titulares.

En lo local, en tanto, hay titulares que asustan a la gente.
Liberarán a 2 mil presos, después bajó a 700, y vaya a saber uno. Una vecina me comentó: “una va con miedo, lo roban, lo golpean, de noche no salgo, además gente durmiendo o acampada en cualquier lugar, y ahora le van a sumar mil y pico más, porque que va a ser donde va a ir la mayoría de esa pobre gente”.

– “Supongo que el gobierno está previendo todo ello”, respondí.

– “¿Sí?; acuérdese lo que fue la vez pasada con la liberación de una cantidad de presos, cuando el primer gobierno del Frente”.

Y el otro titular es el referido a la “revisión de impuestos” que se analiza en un documento del FA. Para la gente ese es un anuncio de nuevos impuestos o aumento de los que ya están. Un amigo me llama y me dice: “¿En qué se diferencia la liberación de los presos a la nueva revisión de impuestos?”.

“En que con la liberación aumentará el porcentaje de ciudadanos que serán víctimas de robos, golpes o algo peor, mientras que con la tal revisión es seguro que nos degüellan a todos”.

No es más que un documento interno, pero deberían ser más cuidadosos porque eso afecta casi de lleno al presidente, que fue el que se comprometió a no aumentar impuestos.

El documento dice que en la tal revisión “no debería contemplarse la creación de nuevos impuestos”, aunque apunta al patrimonio, de hecho a las herencias y por supuesto IRPF, Imesi, IVA, y a todos los ya existentes y si prospera por ahí vendrían los mazazos y entonces sí que habrá que aprontarse.

Esto es los sustancial. Hay referencias repetidas a ambiente, género, solidaridad, fraternidad, y por supuesto igualdad y además contra la concentración de la riqueza. La cháchara de siempre –no se les cae una idea–, pero ese es alimento para las bases, así que…
Y hasta ahora nadie en el FA se ha animado contra las barras bravas. Qué lástima.

(Nota completa para abonados y en edición impresa)

Hace muchos años Adolfo Mac Ilriach escribió el poema “Ser sanducero”, el cual expresaba, en un pasaje: “Ser Sanducero, no significa tanto transitar por sus calles, integrar las instituciones, operar en los bancos, hablar bien de las industrias y las fábricas. Ser Sanducero, no es tanto llevar libros bajo el brazo, portar la bandera en los desfiles patrios, actuar en los cuadros de la política, pronunciar discursos, laborar en un taller, reunirse en un sindicato, figurar en la plana de los diarios, exhibir el escudo departamental en la oficina o en la sala o en la sala de recepción. Es eso. Y mucho más. Ser sanduceros, es una disposición de ánimo, un estado de espíritu, una posesión del alma, una responsabilidad, un deleite, un enfoque especial de las cosas y de la vida, una satisfacción. Es el Espíritu de Paysandú”.

En efecto, a lo largo de las décadas, Paysandú ha demostrado con creces –su escudo resume en las palabras “Paz, Trabajo, Progreso”– la actitud que los sanduceros hemos cultivado y mantenido, más allá de las pertenencias político-partidarias, religiosas o filosóficas. De una forma u otra la condición de “heroica” que nos legaron el General Leandro Gómez y un puñado de hombres y mujeres tan valientes como él, sigue instalado en el ADN de una comunidad que apuesta al crecimiento económico, social y espiritual aún en medio de las dificultades que una vez sí y otra también aparecen en el horizonte, tal como sucede con el desempleo que azota actualmente a nuestro departamento.

Todo ello debido a que, sin desconocer a los importantes gobernantes departamentales que ha tenido Paysandú, existe en los integrantes de la sociedad civil una voluntad de aportar, de hacer y de transformar que se genera en los más diversos ámbitos y comprende a hombres y mujeres de distintas ocupaciones, disciplinas y bagajes ocupacionales, personales y vitales. Esa es la reserva en la cual reside la fuerza de nuestra comunidad: no resignarse, avanzar, sobreponerse a las dificultades y volver a intentarlo.

Tal como lo expresa el Instituto de Formación Docente (IFD) sanducero refiriéndose a la década de 1940, “La industria local crecía acorde al movimiento del puerto. La ciudad tenía molinos harineros, fábricas de muebles, de calzados, de fideos, licores, jabones, mosaicos. Prácticamente, se autoabastecía. (…) A esta eclosión industrial, asociada al bienestar social, se le conoció como “Paymilagro”. En el mismo sentido Esteban Campal ha señalado que “Paysandú es un ejemplo de lo que puede el esfuerzo colectivo cuando lo que se busca es mejorar la condición humana”.

Lamentablemente, la Intendencia Departamental de Paysandú no ha sabido –o no le interesa– aprovechar las capacidades y los esfuerzos de sus conciudadanos, los cuales afortunadamente se manifiestan en asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes deportivos, movimientos sociales, asociaciones gremiales, instituciones profesionales, grupos comunitarios y tantas otras que una u otra forma aportan “pienso”, experiencia, conocimiento del territorio, acciones concretas y logros comprobables de sus capacidades.

En sus respectivas esferas, esos actores desarrollan con éxito tareas de trabajo con la comunidad conociendo exactamente los problemas y las personas afectadas por el hecho de saber directamente de sus necesidades. Estamos hablando de un capital humano invalorable que termina siendo ignorado porque muchas veces la política partidaria (y con ella los políticos) se interesa mucho más en saber qué votó un vecino antes que en la idea que el mismo puede aportar en forma desinteresada. A los políticos solo les interesa conseguir “punteros” en los diversos barrios. Esa es la idea de la “sociedad civil” que ellos se imaginan.

Afortunadamente existen diversos casos en los cuales la sociedad civil sanducera ha logrado, en forma organizada, superar escollos y lograr objetivos valiosos y tangibles. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el caso del Paysandú Basketball Club o la recuperación de las playas en diciembre del año 2003, en ambos casos gracias al esfuerzo mancomunado del sector privado (parte integrante de la sociedad civil) y las autoridades departamentales.

Similar actitud cultivó en su momento el Comité Pro Puente Paysandú – Colón, ámbito también surgido desde la sociedad civil pero que supo trabajar en combinación con gobernantes departamentales conscientes del valor de su aporte. Otro tanto ha sucedido, también, en los últimos años con el grupo de empresarios que ha apoyado las reformas y el crecimiento de la actividad aérea en el aeropuerto sanducero. Esta actitud no es nueva para los sanduceros: fue un grupo de empresarios el que hizo posible el milagro industrial de nuestro departamento hace casi 80 años y para ello fue necesario la visión de un intendente como el Ingeniero José Acquistapace, que entendió la importancia de trabajar codo con codo con el sector privado para beneficiar a toda la población, desarrollando todas sus posibilidades y potenciales.

Nadie pretende ni puede pretender que los gobernantes y los políticos en general sepan de todo. Un objetivo de esas características es imposible de alcanzar por parte de cualquier persona. A pesar de ello, hay otras actitudes que mejoran (y mucho) la tarea de quienes tienen responsabilidades de gobierno: saber escuchar, reconocer los aportes que agregan valor a la vida de los vecinos, crear ámbitos en los cuales los intercambios con la sociedad civil puedan realizarse y fructificar y por supuesto cultivar el diálogo como forma de facilitar la comunicación.

Dejar de lado a la sociedad civil y prescindir de sus aportes es un error de manual para cualquier gobernante y cualquier político en general; es por ello que tantos gobiernos apuestan claramente a una colaboración público-privada donde la principal beneficiada sea la comunidad toda. No es necesario que los políticos “inventen” o “despierten” las fuerzas de la sociedad civil, porque estas existen, trabajan y funcionan desde hace mucho tiempo y con diversos objetivos. Lo que realmente se necesita es que el sector público –en este caso nuestra Intendencia Departamental– entienda el potencial de la sociedad civil como socio estratégico para el desarrollo.

La visita del Embajador de embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, junto a otros embajadores europeos es una clara muestra reciente de la forma de percibir a la sociedad civil: no hubo rondas de empresarios o de empresas sanduceras con ofertas concretas a los embajadores visitantes (similares a las que se realizan en este tipo de giras) pero tampoco un mano a mano con el Pit Cnt para conocer sobre posibles inversiones europeas en Paysandú o recibir los planteos de esa organización sindical para tratar de paliar la grave crisis del empleo que sufre Paysandú.

Hay muchas formas de ser heroico, la humildad es una de ellas. La convocatoria a la sociedad civil para conversar e intercambiar ideas es otra. En un mundo convulsionado por los eventos bélicos y un freno global a las inversiones, no parece muy acertado seguir sin escuchar a los protagonistas departamentales de la sociedad civil sanducera.

Como mujer trabajadora y edila de la Junta Departamental de Paysandú, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, que entre sus múltiples objetivos tiene el de considerar temas relacionados a la promoción de los Derechos Humanos, quiero hacer público mi repudio a los “presuntos” hechos acaecidos en el Mercado Municipal, específicamente en la Unidad de Ferias y Artesanías de Paysandú. Hechos que si bien andaban esparcidos por el viento, tomaron connotación social hace unos 15 días, pero recién aparecieron “como oficial”, en nuestra prensa local seria y responsable con la información.

Estamos sin lugar a dudas ante un hecho de violencia institucional ejercida por quien estaba a cargo del área, que hoy ya no lo es más porque presentó su renuncia al mismo. Me refiero a Rodrigo Vercellino, quien ejerció su cargo haciendo abuso de funciones sobre varias personas que hacen docencia en la Escuela de Artesanías. La mayoría mujeres, o sea que hubo violencia de género.

Si bien se dice que el exjerarca, de entera confianza del intendente Nicolás Olivera, ha presentado la renuncia al cargo por asuntos personales, hay una investigación administrativa en curso por su proceder.
Me preocupa el silencio cómplice de muchos meses de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia, donde en alguna oportunidad ante una moción y un pedido de informes, se nos manifestó que todo marchaba muy bien.

Duele que esta esta Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú, haya dejado “correr” actos de acoso laboral, persecución, abuso de poder, extralimitándose el jerarca permanentemente en su rol. Al punto de que hubo docentes que decidieron dejar su puesto de trabajo, perdiendo su fuente de ingreso, en bien de su salud mental que igualmente se vio afectada, porque ya no soportaron.

La situación “tocó fondo” con el supuesto uso indebido del lugar fuera del horario de trabajo para fines promiscuos, y con el supuesto cobro de estands de ferias en provecho propio. Y más supuestos.
Ante tanta falta de ética, de responsabilidad y deterioro de un lugar donde se ejerce docencia y se lucen las excelentes artesanías confeccionadas, extraña la ausencia de quienes tienen la responsabilidad de controlar y verificar que este tipo de despojo de Derechos Humanos no ocurra. Desde esa Secretaría una de las funciones es cuidar y proteger los Derechos Humanos de todos y todas. Fallaron y la gran pregunta es ¿por qué?

Quiero expresar que la violencia en cualquiera de sus formas, no tiene color político. Acá lo que venía sucediendo desde tiempo atrás es violación de los derechos adquiridos, clima de trabajo tóxico, insalubre y enfermizo, que desde el control institucional, se ocultó.

Hasta demandas al señor Vercellino y denuncias hechas a la Fundación a Ganar y a la Intendencia fueron presentadas. Hasta un expediente en el Juzgado que incluso respondieron. Y no pasó nada, ante hechos vergonzantes en forma sistemática, hacia algunas personas.

Como por ejemplo quita de horas docentes porque sí, por la sola voluntad del exjerarca, lo que podría tipificar como un despido indirecto. Por el solo gusto de mortificar a mujeres, incluso algunas madres solas.

Entonces me pregunto: ¿Para qué existe la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Hasta dónde llega su competencia? Sí sé, que quien está al frente de la misma debió actuar antes, sin mirar “quién es el atropellador”. ¿No leían los documentos que entraban? ¿Desoían quejas verbales? ¿No sabía que había copias de llaves? ¿Que entraban personas con fines promiscuos? ¿Por qué lo permitieron? Si es por ser persona de gran confianza del intendente, que llega a ser suplente del diputado del Partido Nacional Fermín Farinha, es más grave aún. Porque estaríamos hablando de “proteger la institucionalidad” dentro de un marco de corrupción.

Una tremenda falta de responsabilidad de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú, diría hasta una cuota de machismo dejando a talleristas mujeres, sufriendo las extralimitaciones de Rodrigo Vercellino.

Toda mi solidaridad con las personas afectadas y mi mayor repudio ante un hecho punible que se tapó, donde la discriminación basada en género se ejerció con permitida impunidad. “Cuidar, salvaguardar a la mujeres”, oí hace poco en el Espacio Gobbi, pero todo es un discurso vacío. Y responsabilidad del intendente Nicolás Olivera.

Maestra Mabel De Agostini Pinna
Edila Frente Amplio

Hemos pasado la Semana de la Cerveza o de Turismo, algunos trabajamos y otros no, disfrutaron, descansaron, como los políticos que siguen sin hacer nada por el país y las cosas malas o buenas siguen pasando, mientras ellos sin ninguna responsabilidad se toman las vacaciones.
Pero primero quiero referirme a un Cortocircuito que hizo un señor profesional el domingo pasado con el que coincido casi en todo, pero me gustaría que diga también que hubo 5 años de gobierno de Carballo que la gente consideró muy malos y que por eso no vota más al Frente Amplio a la Intendencia. Pero parece que por una cuestión de ideología no lo critica.

Y volviendo a la actual Intendencia, creo que nuestro intendente es un político nato que está pensando en subir un escalón más en su carrera olvidándose de que tiene que estar acá todo un periodo más. Además nuestro departamento está en crisis, eso él a veces lo dice, pero no pasa de ahí. Además se vota un presupuesto con más obligaciones e impuestos para los contribuyentes, en una ciudad donde no hay trabajo, donde ya no quedan fábricas y donde tenemos que pagar multas y patentes cuando sabemos que es algo que no conidide con nuestro departamento. Es lo mismo que se paga en Montevideo, o sea, una gran estafa. También subsidiamos el boleto de ómnibus para los montevideanos, un invento del peor presidente de todos los tiempos, Mujica.

Bueno, el peor hasta que termine el mandato de Orsi, que podría ser todavía peor. ¿Se acuerdan que el Pepe iba a descentralizar y metió todo el país en la misma bolsa? Todavía privatizando la gestión de cobro de las patentes a una empresa que gana un porcentaje con lo que recauda todo el año.

Y no son tontos, claro que no, los vehículos están sobreevaluados y hoy pagamos una patente muy cara. Los intendentes no dicen nada y la gente opta por no pagar, y eso me parece que no es negocio para lo que gestionan esos recursos que son tan importantes para el departamento.

Todavía tenemos a nuestro intendente como presidente del Congreso de Intendentes, que bien podría poner el tema sobre la mesa y no hace nada, ni se preocupa por un tema tan sensible para los sanduceros.

Entonces no entendemos cómo nuestro intendente, con el apoyo que tuvo en la últimas elecciones y que sabe de la situación de los contribuyentes, no piensa en los bolsillos de los sanduceros y no se impone a un atropello del costo de la patentes.

La verdad que estos gestos para mí son incomprensibles, me dejan dudas de que si Olivera mañana llega a presidente sea otro más que piense en recaudar y no crear ideas para gestionar mejor al país.
Uruguay está devastado y sumergido en un gasto del Estado muy grande y con un sindicalismo cerrado en el comunismo, con la idea de sacarles a los que tienen y los que trabajan para darles a los que no producen nada.

Estoy de acuerdo que le den a los niños y los enfermos, pero no a los que pueden laburar y a los presos. Así es difícil que un país tenga futuro, con jubilaciones de hambre y sueldos mínimos que los trabajadores no pueden hacer llegar a fin de mes. Mientras tanto el sistema político sigue privilegiado en todo y la gente común vive en la calle.

Yo siempre digo que el político entra en el sistema de privilegios y buenos sueldos sin tener ninguna responsabilidad. Y en la gestión de los 5 años que fueron votados para trabajar, para que todos los uruguayos vivan mejor cada día, se olvidan de todo. Así como también la gente se olvida de que le mintieron.

Eso hasta lo reconoció el impresentable Pereira, dice que lo hicieron (mentir) para ganar las elecciones, la verdad dan vergüenza estos dirigentes, y todavía dice que la gente no valora los logros de este gobierno.
Yo le preguntaría cuáles son los logros que tiene la gente en este último año, ¿la seguridad, la salud, la economía?, ¿o los kilómetros de viajes que han hecho varios legisladores a todo el mundo? Y no nos olvidemos del presidente, los Tur que ha hecho y lo peor; nunca trajo algo bueno para Uruguay.

Algo peor aún que nadie dice es lo de achicar el Estado, sacar los fueros y pagar las malas gestiones que hacen, con devolución de lo que ganaron o con su bienes, es decir, cambiar el sistema político, no hacerlo tan privilegiado, que sea como cualquier ciudadano, si gestiona mal, o si se lo descubre en un acto de corrupción, que pague las consecuencias, creo que la Constitución algo dice, pero los señores no lo aplican, si no varios ya estarían juzgados y nos estarían gobernando.

Sorprende que en varios países hay varios políticos juzgados y entre rejas y aquí ninguno, por eso yo le llamo casta política, por no decir una palabra más profunda. Ángel

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, lanzó oficialmente el plan “Paysandú Reverdece”, una iniciativa que propone una transformación profunda del paisaje urbano a través de la plantación de 10.000 árboles y la creación de una red de infraestructura verde en toda la ciudad.

Los versos: Durante su presentación, Olivera destacó que el proyecto busca saldar una deuda histórica no solo con la ciudad, sino también con el medio ambiente. “Este plan viene a saldar una deuda con Paysandú y con el entorno. Es mucho más que plantar árboles”, afirmó.

El jefe comunal explicó que la propuesta tiene un enfoque integral, orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante acciones concretas que impacten en el clima urbano, el paisaje y la identidad de los distintos barrios.

Uno de los objetivos centrales del plan es reducir las denominadas “islas de calor”, zonas de la ciudad donde las temperaturas son más elevadas debido a la falta de vegetación y la presencia de superficies urbanas como el asfalto y el hormigón. “Plantar árboles nos va a permitir bajar la temperatura y hacer la ciudad más habitable”, señaló.

Pero el alcance del proyecto va más allá del impacto climático. Olivera remarcó que también se busca generar identidad en cada zona de Paysandú, utilizando distintas especies de árboles que aporten características únicas a cada barrio.

“La idea es que cada lugar tenga su propio carácter, con colores, aromas y texturas que permitan recorrer la ciudad y descubrir algo distinto en cada zona”, explicó. “De esta manera, el plan no solo apunta a lo ambiental, sino también a lo cultural y estético”.

La realidad: La ciudad de Paysandú se está quedando sin árboles y los que quedan están estropeados por podas mal hechas. Desde hace muchos años la intendencia no tiene personal capacitado para producir buenos árboles en los viveros. Todos los “árboles” que ha plantado el gobierno de Olivera no son árboles, aunque así se les llame; son varitas débiles y torcidas que las han trasplantado sin sacarles la tarrina de plástico del vivero, lo que impedirá el desarrollo del sistema radicular y el crecimiento del mamarracho que plantaron.

No estoy exagerando. Para comprobar lo que afirmo, vean dos ejemplos en plena ciudad: Vereda Este de calle Monte Caseros desde Avda.Soriano hasta calle Artigas y en “la primera etapa del Bulevar Senderos del Río en el que ‘gastaron’ 80 millones de pesos. ¡¿Cómo es posible que planten varitas torcidas y les llamen árboles?! ¡Y todavía el intendente nos anuncia que hará plantar 10.000 más! ¡No por favor! ¡Muy fuerte!, como dicen los jóvenes.

Ing. Ricardo Brasesco

Tenemos un problema. En realidad tenemos varios problemas, pero en este caso nos enfocamos en uno en particular, que no es ni más ni menos que el de la violencia que se ha instalado en la sociedad. Reiteradamente hemos puesto al fútbol y a su entorno como un escenario de violencia, es indiscutible, alcanza con ponerse a escuchar en cualquier transmisión de fútbol –sea campeonato uruguayo o por copas internacionales– los cánticos de las hinchadas, principalmente de los equipos grandes, para darse cuenta que está totalmente naturalizada la violencia en ese ámbito. Tristemente, no se queda allí, porque incluso en otros deportes populares, como el básquetbol, pasan cosas similares, aunque en los últimos tiempos se ha dado un fenómeno relacionado con la participación de Peñarol y Nacional en Liga Uruguaya y las hinchadas se hacen sentir “en todas las canchas”, como les gusta decir.

Pero el fenómeno de la violencia no se agota en el fútbol y alrededores. Esta semana que termina vimos en un video morir a una persona tras protagonizar una discusión en el tránsito. No creamos que esto es nuevo, no es de ahora que hay discusiones en el tránsito, ni que alguna se va de las manos y termina de la peor forma. Frecuentemente recordamos el caso del inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo, Luis Alberto Medina, ultimado a balazos simplemente por cumplir su trabajo. Eso ocurrió un 31 de enero del año 2000. De ahí a esta parte han sido múltiples los casos de agresiones contra inspectores de Tránsito en diferentes puntos del país. En el medio hubo un celebrado movimiento, conocido como Chanchos Uy, que se encargaba de visibilizar los lugares donde se estaban haciendo controles, fomentando la evasión. Hoy, con una cantidad de automotores que si no excede la capacidad de las vías de tránsito, se aproxima bastante al límite, especialmente en la Zona Metropolitana, la posibilidad de protagonizar un incidente en el tránsito que termine con un intercambio violento se ha incrementado sustancialmente.

Pero tampoco queda allí la cosa. En las últimas horas ha circulado un video de dos personas tomándose a golpes (o intentándolo, digamos) después de discutir previamente en redes sociales, no viene al caso ponerse con mucho detalle. Pero ocurre que tampoco es un episodio aislado, en una cuenta de Instagram llamada Muertevideo, que publica videos de cosas llamativas que ocurren en Montevideo, es frecuente que aparezcan este tipo de duelos protagonizados por personas en situación de calle que se cruzan con simil sables, posiblemente de fabricación al estilo carcelario, a plena luz del día y muchas veces en cruces muy transitados de la capital del país, montando un espectáculo tan lamentable como triste. Se estima que más de la mitad –53% a 60% según distintas mediciones– de las personas en situación de calle en Montevideo estuvieron privadas de libertad.
Ni que hablar de que tenemos otros problemas relacionados con la violencia. La Federación de Funcionarios de Salud Pública se ha puesto en alerta ante una serie de hechos violentos que se han registrado en diferentes centros asistenciales recientemente. Estos episodios ocurrieron en el Hospital de Durazno, en el Hospital de Juan Lacaze y en el Centro Auxiliar de Vergara, en Treinta y Tres. En este último caso, según informó la FFSP, la usuaria que agredió al personal de salud “ha repetido este tipo de conductas en varias oportunidades, siempre con un nivel de violencia alarmante”, de acuerdo con lo publicado en la web de los Medios Públicos a fines de marzo. En noviembre pasado tuvimos aquí mismo en el Hospital Galán y Rocha un caso de agresión contra una profesional médica que también activó las alarmas. Pero no es que tampoco se limite al ámbito de la Salud. Permanentemente se registran casos de agresiones contra docentes que han motivado paros –medida que ha decidido el sindicato magisterial en sus filiales de Montevideo y Canelones– por la violencia ejercida contra maestras.

El problema es serio. Y tiene también otra gran veta, que aunque ha ganado visibilidad sigue teniendo un grado importante de opacidad, que es la violencia intrafamiliar, que excede la cuestión de género. Aunque es digno reconocer que quienes más han trabajado por exponer esta situación han sido las mujeres, la violencia intrafamiliar se ejerce también de padres a hijos, entre pares –hermanos, por ejemplo– o incluso de hijos a padres, en especial cuando estos últimos están ya en la tercera edad, y por más que no se agota en la violencia física, esta es la cara más visible y mortal del problema.

Pero podemos ir incluso un poco más lejos e incluir en la descripción de violencia a las autoeliminaciones e intentos de, porque no es sorpresa para nadie que nuestro paisito está siempre en las primeras posiciones a escala internacional en esta problemática, sin que se le encuentre –o se le busque– mucha explicación al tema. El colega Leonardo Haberkorn publicó en estos días una columna de opinión el El Observador en el que toma apenas una faceta de este tema. “En 2025, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico atendió 6.677 llamadas por intentos de suicidio”, planteó, y agregó que “cada día 18 uruguayos intentan matarse ingiriendo alguna sustancia o producto químico, que por lo general es un medicamento”. Esa cifra muestra solo los intentos frustrados y solo por esa vía. Si abrimos un poco el zoom el panorama es desolador.

¿Qué se puede hacer para modificar este panorama? Difícil saberlo, lo que es seguro es que un problema de estas dimensiones y con tantas facetas no se remedia de una generación a otra. Y aunque queda fácil y elegante decir que se requiere de un abordaje desde la educación, tampoco es que esté muy claro qué es lo que hay que empezar a hacer y qué no estamos haciendo.

En más de una oportunidad, especialmente en los últimos meses, se ha informado sobre los problemas que ha enfrentado el ingreso de carnes uruguayas a mercados tan importantes como China, al punto de que partidas han sido rechazadas por la detección de residuos de plaguicidas en niveles superiores a los establecidos por las normas vigentes.
En rigor, se trata de la consecuencia de prácticas orientadas en una sola dirección: controlar los ataques de garrapata en el ganado bovino. Esto ocurre, sobre todo, porque muchos de los productos químicos que resultaban eficaces décadas atrás han perdido efectividad y el ácaro ha desarrollado resistencia a la acción de los plaguicidas.

En este sentido, los expertos en sanidad animal coinciden en que la resistencia de la garrapata bovina (Rhipicephalus microplus) constituye un desafío crítico en Uruguay, con poblaciones multirresistentes a diversos principios activos. Estudios del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) indican que la velocidad de adaptación de la garrapata supera el desarrollo de nuevas moléculas químicas. Al mismo tiempo, advierten que el control efectivo requiere diagnósticos de laboratorio para evitar el uso excesivo de garrapaticidas, cuyos residuos son los que han generado dificultades en los mercados de destino de nuestras exportaciones cárnicas.
Debe tenerse presente que Uruguay exporta alimentos como carne y leche a mercados con altos estándares sanitarios, donde los controles son rigurosos. El uso indiscriminado de acaricidas ante fallas en el control de la garrapata aumenta el riesgo de residuos químicos en la carne, lo que podría dejar al país fuera de mercados enteros. El uso responsable de estos productos y el cumplimiento estricto de los períodos de espera antes de la faena constituyen una responsabilidad compartida por todos los actores del sector.

La información técnica indica que, desde 2015, se han detectado garrapatas resistentes a casi todos los principios activos, con excepción del fluazurón. Por ello, se recomienda realizar pruebas de resistencia en la Dilave (División de Laboratorios Veterinarios) antes de definir los tratamientos, ya que la dependencia excesiva de productos químicos acelera el desarrollo de resistencia en el ácaro.
Sin embargo, el desafío va más allá. Los mapas territoriales elaborados por el INIA sobre la incidencia de esta plaga confirman que el modelo de control basado exclusivamente en productos químicos está agotándose y que la solución no provendrá de un “producto milagroso”, sino de un cambio en la gestión sanitaria.
Un trabajo realizado por los médicos veterinarios Soledad Núñez de Moraes, Alejo Menchaca y Pablo Parodi, de la Plataforma de Investigación en Salud Animal del INIA, sostiene que la multirresistencia de la garrapata bovina obliga a modificar la gestión sanitaria. Esto implica realizar diagnósticos de resistencia, planificar técnicamente junto al veterinario y adoptar medidas de manejo integrado, esenciales para preservar la sostenibilidad de las empresas ganaderas y el prestigio de los productos uruguayos en el mundo.

La garrapata común del bovino, Rhipicephalus microplus, ha acompañado históricamente la evolución de la ganadería nacional, con mayor presencia en el norte del país, donde las condiciones de temperatura y humedad favorecen su ciclo biológico.
Los productores han enfrentado este problema desde siempre, pero los desafíos han cambiado drásticamente en las últimas dos décadas. Históricamente, el control se sostuvo mediante intervenciones químicas: baños de inmersión y, posteriormente, tratamientos pour-on e inyectables, que permitieron mantener las cargas parasitarias bajo control y minimizar las pérdidas económicas. Sin embargo, este enfoque, centrado casi exclusivamente en el uso de productos químicos, ha derivado en un aumento de la resistencia a los garrapaticidas, generando una vulnerabilidad que amenaza a la ganadería uruguaya y a la exportación de carne.
Tal como ocurre con las bacterias que causan numerosas enfermedades en humanos y animales, el fenómeno observado en la garrapata responde a un principio común en los organismos vivos: la resistencia surge de un proceso evolutivo acelerado por el manejo humano. Cada aplicación de un acaricida genera una presión de selección, ya que existe variabilidad genética que permite a algunos individuos sobrevivir a la exposición. Cuando esta práctica se repite sin rotación de principios activos y con dosis subóptimas, se eliminan los individuos susceptibles y se favorece la reproducción de aquellos resistentes.

Desde 2010, según estudios del INIA, se ha ingresado en la era de la resistencia múltiple, lo que implica que una misma población de garrapatas puede desarrollar mecanismos de defensa frente a dos, tres o incluso cinco familias diferentes de acaricidas.
En conclusión, todo indica que no habrá soluciones inmediatas ni “resultados mágicos” para este desafío. Es imprescindible avanzar hacia un cambio en la gestión sanitaria basado en diagnósticos de resistencia, planificación técnica con el veterinario y la adopción de medidas de manejo integrado. El impacto del manejo inadecuado es tal que incluso alguna autoridad sanitaria ha señalado que es preferible el ingreso de ganado con garrapata antes que aplicar tratamientos apresurados e ineficaces. Este razonamiento refleja con claridad la gravedad de la situación para la ganadería y su proyección sobre una economía fuertemente dependiente del sector agropecuario.

El alto nivel de conectividad de los uruguayos usuarios del sistema de salud se considera una base sólida para el desarrollo de servicios digitales en el sector sanitario aunque es necesario continuar trabajando en la reducción de brechas de acceso y las posibilidades de la telemedicina, especialmente entre las personas de menores niveles educativos y socioeconómicos.
El reciente informe de la Medición TIC y Salud para el período 2024-2025 permite identificar algunas brechas de desigualdad no siempre relacionada a los servidores y la tecnología en sí misma sino a los seres humanos que la utilizan a aquellos que son sus destinatarios.

En primer lugar, existe una correlación directa entre el nivel educativo y el uso de estas herramientas y el uso diario de Internet es del 96% en los niveles más altos pero desciende al 81% en los sectores con menores niveles de instrucción marcado una diferencia en el acceso que no solo es de índole técnica, sino social.

Por otra parte, el estudio elaborado el área de Salud Digital de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) en forma coordinada con el MSP y la Junta Nacional de Salud (Junasa), indica que el uso de Internet para asuntos vinculados a la salud alcanza porcentajes menores: mientras el 54% de los usuarios de Montevideo ingresan a las páginas web de las instituciones de salud, en el interior esa cifra cae al 28%.
En realidad las TIC se mueven a dos velocidades en el ámbito de la salud: por un lado una digitalizada y eficiente en las capitales y los niveles socioeconómicos medios y altos; y otra analógica y burocrática en los sectores más vulnerables y principalmente en el interior profundo del país.
A su vez, también hay diferencias de cobertura entre el sector público y privado ya que mientras el 49% de los usuarios del sector privado acceden a sitios web institucionales, solo lo hace un 10% de los usuarios de la salud pública, lo cual significa que para buena parte de la población la digitalización de la salud aún está lejos. Si se analiza la situación de las instituciones de salud, sólo el 54% cuenta con aplicaciones móviles que puedan ser utilizadas desde teléfonos celulares.

La telemedicina también enfrenta un desafío cultural y socioeconómico: aunque el 79% de los profesionales expresa satisfacción con esta modalidad, el estudio detectó que grupos con menores niveles socioeconómicos muestran una reticencia mayor y la asocian con costos adicionales y/o caros. No se trata de falta de voluntad del paciente, sino de un déficit de alfabetización digital y de confianza institucional. Es decir, el sistema empuja al usuario hacia la pantalla pero no le enseña cómo usarla ni le garantiza que el wi-fi no se cortará en el momento del diagnóstico y es allí donde la estadística oficial y la vivencia del territorio parecen ir por carriles diferentes.
Por otra parte, el 83% ya cuenta con la información clínica de sus usuarios en forma digital. Se trata de una cifra que en cualquier simposio internacional genera aplausos ya que representa un éxito estadístico innegable. Sin embargo, este avance de la Historia Clínica Electrónica (HCE) requiere una lectura atenta para que no termine ocultando grietas de una atención de la salud que en algunas zonas del país tiene mucho de analógica y presenta zonas de luz pero también sombras.
El Estado debe tener en cuenta que la accesibilidad no es sólo contar con un app, sino que la tecnología sea vehículo para que ninguna persona, por más analógica que sea, no sesienta un ciudadano de segunda frente al avance digital.

El informe revela que si bien el registro digital es mayoritario, la interfaz con el ciudadano es precaria todavía. Si la telemedicina aspira a dar solución para que un vecino de Guichón no tenga que viajar casi 100 kilómetros hasta Paysandú o 400 kilómetros para una consulta en Montevideo, no tener acceso a una aplicación o no saber cómo utilizarla equivaldría a no poder acceder a una policlínica digital. Por eso, los servicios de telemedicina pueden ser un puente pero nunca una excusa para no contar con la presencia física del especialista en el hospital o la mutualista.
En lo que respecta a los profesionales de salud, el informe destaca que están dedicando cada vez más tiempo a la carga de datos en la Historia Clínica Electrónica, y dedicando menos tiempo de consulta al paciente. A esto se le suma una preocupación por la vulnerabilidad de los datos que se traduce en un 82% de usuarios que expresa temor a que sus datos clínicos sean utilizados para fines no asistenciales y un 68% de los encuestados teme que terceros no autorizados visualicen su intimidad. No se trata de un temor irracional: uno de cada cinco profesionales de la salud admite no saber a quién reportar un incidente de seguridad informática a pesar que, según cifras de 2024, se registran en el país más de 14.000 incidentes de ciberseguridad. Entre los doctores en medicina este desconocimiento asciende a casi un tercio de los encuestados. Entonces, si el médico que es el primer custodio del secreto profesional no tiene claros los protocolos para el blindaje digital, los temores ciudadanos tienen su justificación.
La ley es clara en cuanto a que el titular de la historia clínica es el paciente pero en la práctica esta propiedad se diluye en una red de consentimientos que muchas veces no se leen y en bases de datos que se interconectan bajo el amparo legal. Saber qué patologías tenemos, qué medicamentos consumimos o qué predisposiciones genéticas cargamos constituye información de gran valor para el mercado y la gestión estatal. Y justamente por eso, debemos estar atentos.

El sistema de Historia Clínica Electrónica ha logrado algo que hace algo más de una década parecía una utopía: que la información siga al paciente sin importar el prestador o la distancia geográfica pero a la vez nuestra intimidad biológica reside en servidores que la inmensa mayoría de nosotros no sabe dónde están o cómo y quién los custodia.
Todas estas son cuestiones sobre las cuales los ciudadanos tenemos que estar informados. Nuestro país ha construido una herramienta digital de salud admirable pero hay que invertir la misma energía en asegurar los cimientos de la ciberseguridad, en que el capital humano que maneja esa información sea consciente de su responsabilidad y, fundamentalmente, que los usuarios cuenten con competencias para interactuar en los entornos digitales que las nuevas soluciones ahora disponibles.