Opinión

En los últimos días se ha dado por terminado el mal denominado “Diálogo social”, cuyos objetivos iniciales fueron establecidos por el gobierno de Yamandú Orsi en el decreto N°86/2025. A tales efectos se creó la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social (CSPSS) como ámbito de articulación y coordinación interinstitucional en materia de protección y seguridad social, bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). De acuerdo con lo establecido en dicha norma son cometidos de la referida Comisión: a) elaborar y proponer estrategias nacionales en protección y seguridad social, b) coordinar con organismos nacionales e internacionales la elaboración de informes técnicos y estudios de impacto y c) implementar y coordinar el Diálogo Social para impulsar los cambios que fueren pertinentes en la matriz de protección y seguridad social.

El pasado 30 de abril la Comisión presentó sus “conclusiones”, las cuales encendieron luces de alarma entre los principales analistas económicos del sector privado. Si bien el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo que “no es cierto” que “se vaya a un camino de eliminar las AFAP” el jerarca dejó abierta la puerta a modificaciones ya que si bien seguirán siendo “parte de la gestión profesional de los recursos”, puede haber cambios en la “forma de operación” para mejorar “la eficacia y eficiencia”. En pocas palabras: “hecha la ley, hecha la trampa”, sobre todo cuando desde el inicio te avisan “cambios” (sin especificar cuáles) a la forma de operación de las AFAP.

Por otra parte, mediante diálogo con Montevideo Portal, el economista y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, se refirió a los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y el Pit Cnt por la seguridad social, cuestionó con dureza los cambios propuestos en relación con las AFAP y lanzó críticas directas hacia la central sindical. Munyo aseguró que le genera una “preocupación grande” este acuerdo, ya que marca un “punto de inflexión” en una discusión que existe desde que las AFAP llegaron al país hace aproximadamente 30 años. Para el economista, lo más complejo de esta decisión es la estatización de las cuentas personales de los trabajadores afiliados a alguna AFAP. “Corta la relación directa entre las personas y los ahorros jubilatorios de su pertenencia”, analizó. Además, explicó que las administradoras privadas pasarían a ser fondos de inversión contratadas por el Estado, las cuales colocarían inversiones ocasionando un retorno económico. Es decir, que los trabajadores “no elegirán como cuidar sus ahorros y multiplicarlos”, agregó.

Por otro lado, se refirió al costo financiero que podría traer que se avance en esta discusión. Estimó que el riesgo país pasaría a estar por encima de los U$S 300 millones. “Es tres veces lo que aumentó todo el presupuesto nacional, eso es lo que puede costar”, mencionó, en relación a las consecuencias que podrían ocasionar que el acuerdo entre el gobierno y el Pit Cnt avance.
Munyo se refirió a los argumentos de la central sindical, quienes promueven eliminar las AFAP para “ahorrar” los costos de la administración, ya que las administradoras privadas “promocionan su propia AFAP con respecto a otras”. “Eso es mentira, porque se hicieron estudios, se discutieron en el Diálogo Social y demostraron que no había ningún ahorro, no había ninguna ganancia potencial en las jubilaciones”, explicó.

“¿Quién en su sano juicio puede pensar que el Estado puede ser más eficiente que el trabajo que hacen 300 personas funcionando en competencia en el sector privado?”, cuestionó el economista.
Además, mencionó que en este acuerdo “se juega mucho” para Uruguay, ya que se está discutiendo una política de Estado que esta activa hace 30 años. “Son las mismas personas que lo han cuestionado desde su inicio que ahora van por otro camino alternativo que, básicamente, afecta los cimientos del sistema y afecta su existencia futura”, agregó. “Hay que sacar los eslóganes, porque todo esto está basado en un capricho ideológico sin ningún fundamento real que pueda sostener”, analizó. En la misma línea, Munyo agregó que eliminar las AFAP “no puede ser positivo en ningún escenario”. “Me gustaría que esto se pusiera en el debate y ver si hay alguna razón con fundamento para festejar esto, que yo no veo nada positivo”.
Igualmente de preocupantes son las declaraciones del gerente general de AFAP Sura, Sebastián Peaguda, para quien “los cambios que se manejan implicarían quitar a las AFAP la relación directa con los afiliados y la gestión de las cuentas individuales, algo que modificaría la lógica del sistema: “Si vos sacás las cuentas individuales y transformás a las AFAP en prestadoras de servicios para el Estado, se queda un esquema donde tenés inversores que le dan servicio al Estado y no le dan servicio a las personas”.

Peaguda advirtió, además, que el impacto en las jubilaciones sería marginal. “Con esta medida, lo que se puede llegar a esperar como una mejora en la jubilación de las personas es un 1%”, afirmó, y agregó que se trata de “una hipótesis de máxima” bajo supuestos muy exigentes. En contrapartida, sostuvo que existen otras áreas con mayor potencial de mejora, como el régimen de inversiones. “Las jubilaciones podrían mejorar sustantivamente, en el entorno del 15%, si el esquema de inversión fuera más sofisticado”, planteó. Peaguda también puso el foco en lo que considera un riesgo estructural: la pérdida de separación entre los fondos de los trabajadores y la órbita estatal. “Ese ahorro que es tuyo está siendo manejado en tu interés y no bajo la premisa de cuál es la idea que puede tener el gobierno”.
El objetivo del Frente Amplio, del gobierno de Yamandú Orsi y del Pit Cnt ha quedado finalmente al descubierto: no sólo se trata de desconocer la voluntad del pueblo –una vez más– que en el año 2024 rechazó la reforma jubilatoria y cuyo objetivo era reformar la constitución para modificar el sistema de seguridad social en Uruguay. En esa ocasión los votos a favor del Sí no pudieron superar el 50% más uno requerido, logrando tan sólo un 40,6% de los votos emitidos, por lo cual no fue aprobado. Ya es sabido que los votantes del Frente Amplio y al Pit Cnt no le gustan perder elecciones y cuando eso sucede de inmediato buscan una forma para desconocer la voluntad popular expresada en resultados democráticamente obtenidos. Es por eso que tienen tanta afinidad ideológica con los gobiernos de Cuba, China, Venezuela o Nicaragua: si quieren ganar en la liga lo que perdieron en la cancha.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, está claro que el único objetivo que tienen Orsi, el Pit Cnt y el Frente Amplio es encontrar de dónde sacar recursos para pagar los gastos de un gobierno cuyos egresos están descontrolados. El problema es que tratándose de las AFAP, Uruguay estará tirando por la borda una política de Estado que le dio reconocimiento y prestigio internacional. Les tocará a las próximas generaciones pagar las consecuencias de estas pésimas decisiones del gobierno frenteamplista y la casta sindical.

Es muy temprano por la mañana del 1.º de Mayo y no sé lo que dirán los muchachos de Abdala del Pit Cnt. Será más de lo mismo, se sabe, pero “con avances” como ellos dicen; se sabe también en qué dirección. Son los que marcan la agenda.
¿Y qué opinará el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre lo que digan? ¿No teme a que “puedan alertar a los agentes del mercado”? En estos días él manifestó su preocupación por los efectos dañinos de las opiniones de la oposición respecto a las “recomendaciones” –ahora se le llaman así– surgidas del llamado “dialogo social”.
Con lo de “diálogo social” van a machacar y machacar, y a muchos bastará: “Dios lo quiere” como decía San Bernardo arengando a los cruzados. Se sabe, asimismo, que en ese “amplio diálogo” quedó fuera el 61% de los uruguayos –mucho más que la mitad–: son los que no apoyaron la propuesta derogatoria del Pit al grito de jubilarse a los ’60, aumento de las jubilaciones, desaparición de las AFAP, (¿y también de los 24 mil millones de dólares que tienen allí depositados los trabajadores?) “Bueno, bonito y barato”. ¡Qué lindo!

Muchos se lo creerán, ¿pero qué dice Oddone?: ¿cómo afecta todo ello a los “agentes del mercado”? ¿Qué dijo frente a las actuaciones y propuestas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Juan Castillo, sobre obligaciones de las empresas de dar cuenta previa al gobierno de cualquier reorganización que quieran realizar o sobre el tema de la reducción del horario, con iguales sueldos? ¿Qué dice o que ha dicho de los seguros de paro extras, como solución de conflictos? ¿Cree Oddone que hay muchos inversores pensando en el sector pesquero, o que están encantados de venir por acá a lidiar con el Pit Cnt? ¿O de traer sus dólares para que se deprecien o valoricen al buen saber y entender de los “ortodoxos” muchachos del Banco Central? ¿Qué ha dicho sobre tantas otras cosas más?

“Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma previsional”, informa Búsqueda en primera plana. Mirá, ¿quién lo hubiera pensado un año y medio atrás? En última página hay un entrevista al director de la OPP, en la que éste explica y machaca que son “recomendaciones” del Diálogo Social, sobre en el que, hay que ser honestos y resaltar, no estuvieron los representantes genuinos y legítimos de más de la mitad de los uruguayos. Hizo sí referencias a casos de países occidentales, al igual que Astori cuando citaba a los EE. UU. al encajarnos el impuesto a la renta, sueldos y jubilaciones. Incluso, explicaba que dejaba el impuesto al patrimonio solo simbólicamente. Por ese lado se irá con lo del “impuesto a los ricos”, se dice. Todo disfrazado, como Astori, que nos fue cocinando de a poco. Mujica sacó a Oddone de la galera, y lo presentó como el nuevo Astori: aquí todo funciona igual y así seguirá si gana el FA, dijeron a los argentinos e inversores. No se sabe si lo creyeron. Juan Castillo dijo que “no le gustaba Oddone”. ¿Problemas internos? Pura pantalla, parece que solo fue parte del plan para reforzar la imagen de un Oddone “defensor del empresariado”.

Como suele escribir un destacado periodista español, vayamos directo al lío. ¿Cómo era la vida política alemana durante el nazismo? ¿Acaso la hemos estudiado “más o menos bien”, o sabemos poquito? Vaya esta columna como una contribución sobria y breve, conceptual y documentada.

Desde sus inicios

El núcleo operativo de la acción política nazi fue, desde sus inicios y con especial nitidez entre 1930 y la primavera de 1933, la articulación inseparable entre discurso público, movilización paramilitar y normalización jurídica de la represión. No se trató de una mera retórica: las palabras que los oradores del NSDAP pronunciaban en el Reichstag, en mítines y en la prensa de partido tenían una función práctica y previsible: deslegitimar al adversario, crear sensación de emergencia y convertir la coacción en “remedio” legítimo. Ese proceso puede leerse en tres planos simultáneos, léxico, escena pública y traducción administrativa, que conviene exponer con ejemplos concretos y con referencias a la documentación contemporánea y a la historiografía.
El NSDAP, Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, de extrema derecha, nacionalista, racista y antidemocrático, articuló la violencia cotidiana mediante un discurso público que deslegitimaba a la izquierda y presentaba la coacción como “autodefensa”. Esa retórica fue inmediatamente traducida en detenciones administrativas y clausuras legales tras el Decreto del 28 de febrero y la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933.

“Not des Volkes / Notstand”

En el Reichstag de marzo de 1933 la argumentación nazi no fue mera demagogia: se construyó en el plano léxico, en un repertorio que era estable y repetitivo. Frases y fórmulas que aparecen una y otra vez en discursos, editoriales y comunicados del partido fueron: “Not des Volkes / Notstand” (la apelación a una “necesidad” o “estado de emergencia” que exige facultades excepcionales); “Volksgemeinschaft” (la comunidad nacional que excluye a los “otros”); calificativos deshumanizantes como “Marxisten-Bande”, “Volksschädlinge”, “Verräter” (en orden: banda marxista, alimañas del pueblo, traidores) para referirse a socialdemócratas y comunistas; y eufemismos que trasladaban la violencia al terreno de la legitimidad, como “Selbsthilfe” o “Wiederherstellung der Ordnung”, es decir, “autodefensa” y “restauración del orden”. En la práctica administrativa y policial, el término “Schutzhaft” pasó a funcionar como eufemismo jurídico para detenciones sin proceso. Estas fórmulas no son metáforas: figuran en los protocolos parlamentarios, en el Reichsgesetzblatt y en la prensa del partido (Völkischer Beobachter, El Observadar Popular) y de la oposición (trops de asalto paramilitares del nazismo), diarios regionales).

Se legitimaba la privación de derechos como respuesta a una supuesta amenaza interna. Ese vocabulario aparece en las actas parlamentarias y en la prensa afín. El propósito fue crear una justificación pública para medidas excepcionales que ya se estaban aplicando en la calle.
Así, en la sesión del Reichstag del 23 de marzo de 1933, celebrada en la Kroll-Oper, la argumentación oficial presentó la Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, es decir, “la ley para remediar la angustia del pueblo y del Reich”; la votación se realizó en un clima de intimidación: la presencia de SA (tropas de asalto del partido nazi) y SS (otra paramilitar y de seguridad al servicio de Hitler), con la ausencia forzada de diputados comunistas, instalando un clima de coacción. Con la intervención de Otto Wels, del socialdemócrata SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, en la sesión del 23 de marzo se dio una respuesta contundente: “Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht”, “nos podrán quitar la libertad y la vida, pero el honor no”. Al momento de la votación los paramilitares nazis forzaron la ausencia de diputados comunistas.

Una sesión documentada

La violencia de la calle fue instrumento de presión y demostración de fuerza. La Sturmabteilung (SA) cumplía funciones de protección de los actos nazis, atacaban los actos de la izquierda, invadían los espacios públicos y golpeaban ferozmente a sus adversarios. La propaganda nazi justificaba esas acciones intentando legitimarlas: con términos de legitimación, como protección y restablecer el orden. La violencia pretextada como autodefensa frente a una supuesta conspiración marxista. Esa “propaganda por los hechos” creó un clima en el que la policía y la administración local, presionadas o cooptadas, toleraron y facilitaron detenciones y clausuras. Tras el incendio del Reichstag, el Decreto del Reichspräsident para “la protección del pueblo y del Estado” (28 de febrero de 1933) suspendió la libertad de prensa, de reunión y la inviolabilidad del domicilio; habilitó la Schutzhaft (prisión preventiva), una medida presentada como respuesta a una “terroristische Bedrohung” (“amenaza terrorista”) que habilitaba detenciones para más fácilmente neutralizar a la oposición organizada.

Del control a la ratificación

Con la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933, el Reichstag dejó de ser órgano de control y pasó a ratificar decisiones del Ejecutivo; la retórica de emergencia se convirtió en fundamento jurídico para la Gleichschaltung: disolución de partidos, supresión de sindicatos, control de los Länder, nombramientos de comisarios y clausura de prensa crítica. La violencia dejó de ser exclusivamente paramilitar y se burocratizó: órdenes, decretos y nombramientos institucionalizaron la exclusión política.

La traducción inmediata del discurso en actos fue doble y simultánea. Por un lado, la SA operaba públicamente como fuerza de choque: protección de mítines nazis, interrupción de actos de la izquierda y agresiones que la propaganda describía como “Wiederherstellung der Ordnung” o “Selbsthilfe”, es decir, “Restauración de la Salud” o “Restauración de la Inmunidad”. Por otro lado, el Decreto del Reichspräsident (28.II.1933) suspendió garantías constitucionales y habilitó la figura administrativa de la Schutzhaft, que permitió detenciones sin proceso y la remoción de adversarios políticos mediante procedimientos aparentemente legales. Estas medidas aparecen en los textos legales y en las actas que registran la transición del Reichstag a órgano de ratificación.
Importa subrayar la mecánica interna: el lenguaje de emergencia no solo justificó la violencia, sino que la institucionalizó. Tras la Ley de Habilitación, la violencia dejó de ser exclusivamente paramilitar y pasó a ser instrumento administrativo, de nombramientos, clausuras, órdenes de detención, ejecutado por policía, ministerios y comisarios locales. Los paramilitares nazis, SA y SS, incrementaron su poder y su acción violenta.

Insultos y violencias normalizadas

En síntesis, la acción política nazi fue, desde sus momentos decisivos, una política de palabra y golpe; el parlamento sirvió como escenario para convertir fórmulas retóricas en mandatos administrativos y en prácticas de represión cotidiana. Las burlas, los insultos y las amenazas fueron “normalizadas”, transformadas en cuestiones del diario vivir; también la violencia física e institucional.

El nazismo no sólo fue guetos y campos de la muerte: fue más brutal. Violencia cotidiana y sistémica, crueldad y odio. Fue una política cotidiana que articuló legitimación discursiva, violencia organizada y administración legal para adueñarse del Estado y la sociedad bajo el dominio de la barbarie y el saqueo. Y mucha, mucha complicidad.

Días atrás vi en Cortocircuitos Ciudadanos un escrito que me puso en la obligación moral de señalar que la persona que hace esa denuncia pública falta totalmente a la verdad. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de estar desde hace cuatro años en mi querido Hogar de Ancianos Enrique Chaplin y mi nombre (porque no me escondo en el anonimato) es Daniel Terzaghi. Cuando en ese Cortocircuito se menciona ancianos descuidados en sillas de ruedas, preguntó: ¿Por qué?, yo le digo: son ancianos con patologías que Dios quiera nunca sufra quien escribió esos disparates.

En nuestro hogar tenemos una asistente social y una fisioterapeuta que se encargan de entretener y aliviar a esos ancianos. Pregunto a esa persona: ¿sabe usted el porqué de esa “cara de tristeza” en varios de ellos? No lo sabe, pero opina.
Varios fueron dejados en el hogar para que se mueran, pero por sus propias familias. Hay otros cuyas jubilaciones o pensiones no le alcanzan ni para comparar un chocolate. El “olor” a lo que esa persona se refiere no provenía de los baños, sino de la bolsa de residuos donde se estaban juntado los pañales que nuestras excelentes enfermeras estaban cambiando; cambio que se realiza todas las veces que sea necesario. La encargada “sentada” tiene obligaciones que por supuesto la persona que dice tantas falsedades desconoce. ¿Falta de empatía? Sí, falta empatía de parte de personas que vos ofendés. Vivimos publicando tantas falsedades, desconoce todo, ¿o cree que el día que pasamos en las Termas lo pagamos nosotros? No, allí tuvimos el apoyo de la Intendencia, UTU y la directiva del Hogar. Nuestro Hogar tiene baños de lujo gracias al BPS, aberturas nuevas en todos los cuartos gracias al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Dejé para el final, porque esa persona no lo sabe, que tenemos dos médicos a la orden, UCEM, dos enfermeras y dos ayudantes por turno, dos limpiadoras permanentes, dos cocineras por turno para cuatro comidas por día, una encargada del lavadero y una encargada por turno.
Y aquí me quedo haciendo una invitación, ¿quiere visitarnos?, estamos a las órdenes.
Pero cuando vaya a criticar una institución, primero vea todo.

Daniel Terzaghi

Desde este viernes está vigente, aunque en forma transitoria, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, un entendimiento por el que hubo que trabajar un cuarto de siglo, con momentos en los que se cinchó más y otros en los que se puso punto muerto de un lado y otro del Atlántico. En simultáneo una y otra parte han ido avanzando en sus respectivos procesos de integración, imperfectos, con los vaivenes propios de la alternancia de los perfiles ideológicos en el poder, pese a que, en esencia al menos, y al comienzo, ambas uniones tenían pretensiones más económicas que políticas. Y aunque los reparos que pusieron una y otra vez en el freezer el acuerdo persisten, como lo demuestra la oposición francesa, que llevó el tema a ámbitos jurisdiccionales internos en Europa, el desbloqueo llegó de la mano de un mundo que se ha puesto hostil, en la necesidad de encontrar certezas, de contar con socios confiables, aunque imperfectos.

Para nuestro bloque regional no es ninguna sorpresa que el acceso a mercados y la mejora en las condiciones para captar inversión extranjera son los alicientes principales de este tratado. “En algunas horas 70% de los aranceles, de todas las exportaciones uruguayas a Europa, van a quedar a cero”, destacaba el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Petros Mavromichalis, en la apertura de un evento organizado por la Eurocámara Uruguay y la representación europea. En ese mismo discurso destacó el rol de liderazgo que Uruguay ejerció en el proceso posterior a la firma, en la ratificación del acuerdo por los gobiernos sudamericanos. “Uruguay ha demostrado un liderazgo ejemplar. El trabajo realizado por las autoridades uruguayas para convertirse en el primer país en ratificar el acuerdo ha sido, sin exagerar, espectacular”, por la profundidad, la rapidez, la seriedad institucional y la visión estratégica con que se llevó a cabo, valoró, además de en un tiempo récord. Enhorabuena y nuestros agradecimientos a todos. Al gobierno pero también al parlamento de la República Oriental del Uruguay. El paso de Uruguay fue seguido por otros países del Mercosur que al ratificar tan rápidamente el acuerdo fue decisivo. Activó el engranaje que faltaba del lado europeo.

Fue una señal clara, contundente. Para Mavromichalis mucho tuvo que ver esta rapidez en la ratificación en esta orilla del océano para que en la otra se activasen los mecanismos necesarios. “Ustedes no solo fueron protagonistas, fueron catalizadores”, manifestó el diplomático, que a continuación trasladó una visión de lo que significa para el bloque que representa este acuerdo que definió como “una oportunidad única”. Y esto tiene que ver, sobre todas las cosas, con el contexto internacional en el que estamos inmersos, un momento de enorme incertidumbre, de transición, en el que encontrar socios en los que confiar es un valor en sí mismo.

“Lo decimos con plena conciencia del contexto global en el que nos encontramos. Vivimos tiempos de una geopolítica de fragmentación, de tensiones comerciales, de desafíos energéticos y climáticos que exigen respuestas coordinadas. En este escenario la Unión Europea apuesta por algo muy claro, por socios confiables, por reglas claras, por un comercio abierto pero también justo”, dijo. Agregó a la lista de apuestas a las “cadenas de valor resilientes” y “por una transición energética que sea sostenible y al mismo tiempo inclusiva”. Aquí es donde, según Mavromichalis, Uruguay y el Mercosur en su conjunto ocupan un lugar fundamental. “Porque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es simplemente un tratado comercial, es mucho más que eso, es una hoja de ruta para una asociación estratégica en el siglo veintiuno”.

Agregó que se trata de una asociación “basada en valores compartidos, en estándares elevados y en una visión común del desarrollo. Hablamos de acceso a mercados, sí. Pero también hablamos de cooperación regulatoria, de sostenibilidad ambiental, de derechos laborales, de innovación tecnológica”. Del mismo modo habla también “de construir juntos un modelo de crecimiento que conviene competitividad con responsabilidad. Uruguay en este sentido parte de una posición muy sólida”, manifestó el jefe de delegación. Al respecto valoró de nuestro país que “ha sabido consolidar fortalezas que hoy son altamente valoradas a nivel global: calidad, trazabilidad, control, institucionalidad, previsibilidad. Es sin duda un referente en materia de regulación y estándares. Y eso importa. Importa mucho. Porque el Comercio del futuro no se define solo por precios sino también por confianza, por la capacidad de demostrar cómo se produce, con qué estándares, con qué impacto ambiental y social”. Y aunque manifestó que el acuerdo a la vez que abre puertas, también plantea desafíos, dijo estar convencido “de que Uruguay tiene las condiciones para no solo cumplir con esos estándares sino para destacarse”.

De este lado del acuerdo, lo dicho, la búsqueda de acceso en mejores condiciones a un mercado exigente, pero que garantiza buenos precios y la posibilidad de captar más y mejor inversión, de la que nuestras economías dependen tanto como del aire para respirar, son los grandes incentivos para suscribir un acuerdo que trae a la par desafíos, porque también para los productos europeos se allanan caminos para desembarcar en esta orilla. Lo reconoció el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, quien señaló que este acuerdo “nos obliga a varias de las empresas a prepararnos mucho en el tema de innovación, mucho en el tema de ajustar nuestra producción, a nuestros servicios, a lo que estemos exportando, a los nuevos estándares de la Unión Europea. Para nosotros es un desafío que nos permite mejorar como empresas”. Pero también considera que se abre un capítulo en el que el mismo Mercosur va a tener que ajustar muchas cosas de su propio funcionamiento, que nunca ha terminado de fluir y de cumplir con los propósitos para los que fue creado.

Fueron 25 años de gestiones, de limar asperezas y buscar caminos de entendimiento. Pero no se puede entender la firma y la puesta en marcha sin el contexto internacional que lo propició. Ahora resta hacer las cosas bien, cumplir con lo comprometido y sostener el mecanismo cuando los nubarrones del cielo se despejen, porque así como todo pasa, estos conflictos un día terminarán.

Para los ojos del mundo Uruguay es un laboratorio de vanguardia digital. Fuimos pioneros con el Plan Ceibal, que entregó una laptop por niño de enseñanza pública y hoy exhibimos con orgullo una historia clínica electrónica que alcanza al 83% de las instituciones de salud del país. No obstante, mientras celebramos estos avances, una pregunta inquietante empieza a filtrarse desde los centros de pensamiento global y los círculos de élite tecnológica como Silicon Valley, en Estados Unidos. La pregunta es sencilla pero su respuesta no lo es: ¿y si la tecnología termina siendo la educación de bajo costo para los sectores vulnerables mientras que el aprendizaje verdaderamente humano se convierte en el nuevo y más exclusivo privilegio de clase?

Un reciente artículo divulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, titulado “La nueva frontera de la desigualdad educativa” plantea la existencia de una educación en dos velocidades. Se trata de una paradoja que nace en el epicentro mismo de la innovación tecnológica. En Palo Alto (California) los mismos gurús que diseñan los algoritmos adictivos de las redes sociales digitales que utilizamos a diario y mantienen a muchos en un scroll infinito, envían sus hijos a escuelas Waldorf de “baja tecnología”. Allí, el lujo no es tener una tablet de última generación, sino aprender a tejer, escribir a mano con tiza sobre pizarrones de madera, sumergirse en los libros de papel.

La lógica de la élite tecnológica –que en muchos casos no deja tocar un celular a sus hijos pequeños– es clara: el desarrollo cognitivo profundo requiere de interacción humana, del debate cara a cara y de un enfoque sostenido en habilidades blandas que sus propios productos tecnológicos tienden a socavar.
El artículo del BID que comentamos, firmado por María Mercedes Mateo-Berganza Díaz, señala esta paradoja de la educación, ya que mientras los sistemas amplían el uso de la tecnología para cerrar brechas, los entornos más privilegiados priorizan aprendizajes centrados en el desarrollo humano evidenciando así que el desafío no es incorporar tecnología sino diseñar su uso sin comprometer la calidad y la equidad de la educación.

“Cuando se habla sobre tecnología para la educación se piensa en tablets, laptops, robots o plataformas interactivas con las que los chicos aprenden mejor o más rápido habilidades nuevas (codificación) o tradicionales (matemáticas). Planteado así, parece inevitable imaginarse que los estudiantes o escuelas de más altos ingresos sean los que más acceso tienen a este tipo de recursos. Pero ¿qué pasaría si el acceso a la tecnología en los próximos años no sea un privilegio, sino la forma más barata de acceder a los servicios educativos?”, plantea.

“La hipocresía prospera en la Escuela Waldorf de la Península en el corazón de Silicon Valley. Aquí es donde los ejecutivos de Google envían a sus hijos a aprende a tejer, escribir con tiza, practicar palabras jugando con una pelota y fracciones cortando quesadillas y manzanas. No hay pantallas, ni una sola pieza de contenido interactivo, multimedia y educativo. Los niños ni siquiera toman exámenes estandarizados”, agrega un artículo del New York Times sobre el tema.

En contrapartida en América Latina y el Caribe se invierte cada vez más en equipamiento tecnológico y recursos digitales para cerrar la brecha de habilidades en el mercado laboral y la de aprendizajes entre estudiantes de familias de altos y bajos ingresos. Entonces, vale la pena preguntarse si la tecnología podría aumentar la inequidad de habilidades y aprendizajes porque pareciera que el docente que mira a los ojos, conversa, escucha y cuestiona se está volviendo el activo más caro y escaso de la pedagogía moderna.

En un país de tan alta penetración tecnológica como Uruguay deberíamos ser cuidadosos de evitar que en una afán modernizador, terminemos delegando la enseñanza en el algoritmo por una cuestión de costos y de escala, institucionalizando así una nueva brecha social: maestros y libros para los hijos de quienes puedan pagarlos y, quizá, robots y pantallas para los demás.

La preocupación no es solo social, sino que tiene una base neurocientífica que no se puede ignorar e involucra nuestra soberanía cognitiva. El tránsito masivo del acto del leer al scrolling está alterando la arquitectura misma de nuestro pensamiento. Preguntémonos también cómo afecta el mal uso de la inteligencia artificial por el cual se copia y pega el resultado de un chat para la entrega de una tarea domiciliaria, un parcial o, incluso un trabajo de graduación universitaria. Ya no se trata solo de una cuestión de ética, plagio y respeto a las autorías intelectuales sino también de soberanía cognitiva. Este término, sobre el cual se ha comenzado a hablar recientemente no es otra cosa que la capacidad de los individuos y sociedades para pensar por sí mismos, regular su enfoque, mantener la reflexión crítica y preservar la coherencia de su intención en un entorno de excesiva información, datos y algoritmos.

En este escenario el Plan Estratégico Ceibal 2026-2030, que otorga a la inteligencia artificial como un rol en el aprendizaje, nos coloca ante una encrucijada ética. Estamos dando los primeros pasos a la integración de chatbots en la educación primaria y es evidente que la tecnología puede ser un asistente pedagógico formidable para personalizar ejercicios pero nunca debería ser una muleta intelectual que sustituya la frustración necesaria para la formación del criterio propio.

Debemos ser cuidados de aprender y enseñar a pensar en lugar de operar una máquina que piensa por nosotros. Porque la soberanía cognitiva es el prerrequisito de la salud democrática. Un ciudadano que no puede leer en profundidad es más permeable a las noticias falsas y a discursos que apelan a la emoción antes que la razón. Las carencias lectoras afectan la comprensión y la participación, el diálogo, la argumentación, que son vitales en la formación para el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad plural, informada y democrática.

En un mundo saturado por desinformación, discursos de odio y algoritmos que alimentan burbujas informativas, el pensamiento crítico es el motor de habilidades que ninguna inteligencia artificial puede simular con éxito, como la imaginación y la conexión de ideas complejas desde la experiencia vivida.
El éxito de la inclusión digital es un hito para Uruguay pero el corazón del sistema debe seguir siendo humano y, en materia de educación, debemos ser cuidadosos en proteger la experiencia humana de enseñar y aprender en un entorno en el que el docente no sea un lujo sino un pilar de cohesión social en un mundo que tiende a la fragmentación.

Defender el papel del libro, la escritura a mano, la presencialidad en el aula no debería ser tema de discusión sino un acuerdo nacional con presupuesto asignado. Los gurús de Silicon Valley buscan que sus hijos tengan el tiempo para pensar y la profundidad para leer, mientras que en Uruguay el 39,6% de los niños en tercer año de primaria se encuentran por debajo del umbral de suficiencia de lectura, según datos de la evaluación Aristas 2023.

Estamos ante una generación que escanea pero no profundiza, que consume ráfagas de información pero no siempre tiene las herramientas para entender la lógica de un texto.

La tecnología seguramente nos ayudará a navegar el futuro, pero el timón debería seguir siendo propiedad exclusiva del intelecto humano para así conservar la soberanía de nuestro pensamiento.
La pregunta ya no es si usamos la tecnología o no sino qué tipo de aprendizaje reservamos para quién y qué aprendizajes consideramos irrenunciables para todos.

Montevideo fue sede durante la semana pasada de la Cumbre Mundial de la Comunicación Política, un evento que concitó la presencia de expertos internacionales tanto entre los expositores como entre quienes concurrieron desde diferentes países de la región y extrarregión a escuchar sus presentaciones relacionadas con la temática. Tuvo la particularidad de que los organizadores la denominasen extraoficialmente “La cumbre de la democracia”, y es que uno de los puntos sobre los que permanentemente se hizo énfasis fue el de la estabilidad democrática de nuestro país, en un contexto regional en los que los Estados, unos más otros menos, han tenido sus oscilaciones.

Pero más allá de ello el encuentro y la oportunidad siempre es bienvenida para poner foco en cómo la comunicación se va moldeando conforme la tecnología va poniendo delante nuevas herramientas y cómo la política va ajustando su discurso, tanto la forma como el contenido, a las nuevas posibilidades. Y en la última de las jornadas de esta cumbre, en la actividad que le dio cierre, se dieron cita varios referentes de la política uruguaya, compartiendo panel, en buen tono de intercambio, como corresponde y no sorprende a nadie que sea de por acá. Ahí estuvieron la expresidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier –ocupando el lugar el originalmente anunciado Fernando Pereira–, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el secretario general del Partido Colorado y los referentes del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, hablando sobre los desafíos de este tiempo para la necesaria comunicación de sus mensajes.

Una de las preocupaciones en la que coincidieron varios de los dirigentes es lo poco convocante de la actividad política hoy. “No cotiza al alza”, fueron las palabras de Xavier. “Tiene una serie de dificultades. Entonces me parece que hay que ir de alguna manera a aquello que constituye el mayor motor de cualquier partido político y es su militancia. Y acá no se trata de contraponer tecnología con la militancia como forma comunicacional. Se trata de ver que hay algunas cosas, como el contacto personal, que no se soluciona con posteos. Sí con la cercanía. Y con la confianza”, planteó.

Para Delgado las tecnologías de la información han traído nuevos desafíos a un partido con 190 años de historia. “Tenemos el desafío de tener la oportunidad de usar tecnologías que nos den cercanía”, pero junto con esa cercanía apareció también la posibilidad de segmentar los destinatarios de los mensajes y, por el contrario, cuando se quieren enviar mensajes generales, se pierde profundidad. No obstante, al igual que Xavier, valoró el contacto personal. De allí que en la campaña en la que compitió por la presidencia decidieron hacer tres giras por el interior del país. “Creo que imprescindible del contacto de de verte a los ojos y asociar con lo que aparece en Facebook con lo que se está diciendo, ese gesto, esa mirada, ese apretón de manos. Yo creo que eso es intransferible”, dijo.

Ojeda, quien fue presentado como un dirigente que vino a cambiar las estructuras en nuestro país en comunicación, volvió a sacar el Nokia 1100 que usó recientemente en la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. “Creo que hoy, en lugar de enojarnos con los cambios, tenemos que ver cómo nos subimos a la ola de los cambios”, afirmó. Agregó que los mensajes, en aras de ser más compactos, “más rápidos y más concretos, quizá pierdan un poco de profundidad, pero vamos a priorizar su impacto porque necesariamente precisamos que el que esté del otro lado nos de bola primero”. Y si eso no ocurre, no hay “mensaje ni profundo ni compacto, ni somero ni superficial ni nada. Y les puedo asegurar que si usted tiene una buena comunicación en redes sociales el contacto humano que después haga cuando vaya al lugar le va a rendir el triple”. El líder colorado reivindicó ser de la “generación Instagram y Tik Tok”, y refirió que “hace unos días el secretario de Presidencia –Alejandro Sánchez– me quiso criticar y creo que me elogió, porque me dice ‘menos TikTok y más política’. Ah, no entendió nada señor: TikTok también es política. Y quizás más contundente que muchas cosas más tradicionales”. Ojeda aportó otra pista del desinterés del público por la política a través de los números de visualizaciones en las transmisiones en vivo del Parlamento. “Tengo la mala costumbre de mirar cuánta gente está mirando en vivo en YouTube el Senado. Anda mal de rating el Senado. Estamos hablando de cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta personas en vivo”, aunque después pueden llegar a tres o cuatro mil, con visualizaciones posteriores.

Mieres, a su tiempo, advirtió que en aras de diversificar los mensajes, la tecnología admite hoy casi una individualización, un mensaje personalizado, lo que supone a la vez un riesgo de cometer demagogia y decirle a cada uno lo que desea escuchar. También se dijo partidario, como Xavier y Delgado, del cara a cara, que sigue siendo una parte relevante de la comunicación política. “Visitar a los ciudadanos, conocerlos, escucharlos, de una manera que no sea solo tecnológica”, y planteó que todos estos cambios han sumado desafíos a los políticos. “Creo además que lo otro que se ha instalado es la instantaneidad, es decir, la exigencia de que no demos muchas vueltas ni hablemos muy largo (…), tenés que tener la capacidad, y ese es un desafío para los que somos más veteranos, de elegir bien cuál es el núcleo duro del mensaje y transmitirlo en primer lugar porque después la atención cae”.

A su vez, Manini, puso el foco en uno de los grandes temas de conversación en torno a la tecnología y en especial con la irrupción de la inteligencia artificial, que es “saber separar la verdad de la mentira, la paja del trigo, lo que es real de lo que no lo es, la tergiversación, la distorsión”. Agregó que hoy “es más fácil que nunca crear una caricatura de un personaje o de un partido o de una realidad. Es más fácil que nunca imponer una mentira”. Y aunque reconoce que hoy tienen “herramientas poderosísimas para llegarle a la gente”, hay un riesgo de que se transforme “en quién tiene más recursos para poder llegar mejor, para poder imponer caricaturas de sus oponentes, para poder distorsionar la realidad, para llevar agua para su molino político”.

Más allá de estas visiones y de las preocupaciones de los líderes, hay cosas que no se deben perder y es la profundidad de la discusión. Lo que no nos debiera pasar es que, en tren de mejorar los datos de visualización de las transmisiones en vivo del Senado el mensaje se simplifique como se simplifica en las redes sociales, acercándose a un límite muy cercano con la descalificación, y más de una vez esa línea se ha cruzado. Como defendió Ojeda en su intervención, plataformas distintas requieren mensajes distintos, y el debate político, al menos en el recinto del Palacio Legislativo debiera tener una altura que quizás TikTok o Threads no exijan. Pero la larga tradición política uruguaya lo merece, así no quede nadie viéndolo en la pantallita.

Mucha agua ha corrido ya bajo los puentes desde que se lanzó en Paysandú la idea de la concreción de un hemocentro regional, a partir de la visita que hiciera en más de una oportunidad el hemocentro móvil –Hemobus– del regional Maldonado, el que ha sido la fuente de inspiración a referentes de nuestro medio para promover esta iniciativa.
Lamentablemente, en los últimos días se ha conocido la novedad del relevo por los directores de ASSE del Dr. Jorge Curbelo como director técnico del Hemocentro Regional de Maldonado, finalizando una gestión de 17 años desde 2009. La medida, motivada por una “redefinición de la gestión” y “pérdida de confianza”, conlleva una auditoría y ha generado repercusiones políticas. El Dr. Martín Magri asumiría la dirección técnica.

Desde la oposición se ha fustigado la decisión de las nuevas autoridades de ASSE, por considerar que se está ante una decisión política que involucra a un técnico que ha estado al frente de la institución durante 17 años y que ha ocupado el cargo con gobiernos de todos los partidos. Sin embargo, voceros de ASSE como Daniel Olesker señalaron que el cese del Dr. Curbelo responde a un cambio de autoridades y una nueva reestructura de gestión, descartando motivos políticos. Álvaro Danza, presidente de ASSE, confirmó por su parte que se realizará una auditoría en el Hemocentro Maldonado, asegurando que la atención a los usuarios continuará con normalidad.
Pero sin dudas que la exitosa gestión del Hemocentro de Maldonado ha sido reconocida unánimemente en todo el país en estos casi veinte años, e inspirado en éste, desde Paysandú, donde funciona el Banco de Sangre y Plasma del HEL, se han encarado gestiones desde hace casi una década para la instalación de un hemocentro de estas características en Paysandú para la región litoral, lo que permitirá dar un salto de calidad en esta área para una amplia región en materia de salud.

Recordamos que desde 2016 se han conjugado las fuerzas vivas de Paysandú, con respaldo de todo el espectro político, en procura de hacer realidad este proyecto que significaría un antes y un después, más allá de los buenos servicios que ha venido prestando el Banco de Sangre y Plasma de Paysandú, con una infraestructura que ha tenido avances pero que mantiene determinadas carencias, tal como han señalado sus responsables.

Para 2017, tuvo lugar una reunión especial de la Junta Departamental de Paysandú sobre el proyecto del Hemocentro de Medicina Transfusional en Paysandú, en la cual se expusieron antecedentes, posibilidades y metas perseguidas. Estuvieron presentes el director departamental de Salud de entonces, licenciado Juan Gorosterrazú, la directora de ASSE Paysandú, doctora Ángela Almeida, la responsable del Servicio de Hemoterapia del Hospital Escuela del Litoral, doctora Sandra Pías, y el subdirector de Servicios de la IDP, doctor Eduardo Américo.
“Hemos tomado este proyecto desde sus inicios y vemos que ha hecho que se despierte en todos los sanduceros un sentido de solidaridad en cada uno de nosotros en un aspecto fundamental, la sangre, que no podemos fabricar porque no hay industria que lo haga y la única forma de conseguirla es mediante la donación voluntaria y altruista de la población”, sostuvo Gorosterrazú.
Añadió que “desde el gobierno nacional se ha priorizado poder desarrollar un hemocentro en esta zona del Litoral para una población que se estima en 356.000 habitantes, comprendiendo los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, incluyendo varios bancos de sangre, posicionando a Paysandú como un lugar de referencia regional. Esto derrama mucho para toda la sociedad, no solo para el sistema de salud. En esta sala están representados todos los sectores políticos con representantes electos y como comentaba recién un edil del Partido Nacional, la sangre no tiene color político y en este proyecto tenemos que estar todos”.

En el mismo sentido se expresaron la doctora Almeida y el subdirector Américo, y se logró una declaración de interés departamental del cuerpo legislativo, en apoyo además a la fundación creada a esos efectos para recaudar fondos.
La doctora Pías a su vez reafirmó que así como la sangre, “este proyecto no tiene color político, porque justamente no es de nadie y es de todos, ya que a la hora de necesitar sangre nadie está exento, nadie es inmune y tenemos que ponernos siempre en la otra vereda, como nos ha tocado vivir con algún familiar, amigo o a veces nosotros mismos”.
“Esto de contar con un Hemocentro Regional si bien tomó fuerza con la venida del Hemobus de Maldonado, como bien se dijo, es un anhelo que data de más de 30 años. Se empezó a redactar este anteproyecto, parte de la información preliminar de todo lo que es el trabajo anual de cada servicio hemoterapia, de cada Banco de Sangre de Uruguay y que se envía por cada departamento al Banco Nacional de Sangre”.

Pero claro, más allá de la buena voluntad y las ganas que se han puesto desde el vamos en nuestro departamento, las decisiones son competencia y adoptadas por lo tanto como siempre en el gobierno nacional, y basándonos en los hechos, tenemos que desde aquél entonces han pasado gobiernos del Frente Amplio y de la Coalición Republicana, sin que hasta ahora se haya concretado el anhelado proyecto.
Y por cierto no hay color político para una iniciativa de esta magnitud y trascendencia, más allá de la “charamusca” partidaria o ideológica que suele merodear bajo la superficie, porque el tema ni siquiera da para ideologías ni mezquindades políticas, sino que es un emprendimiento sobre el que no debería haber diferencias de ninguna clase, más allá de algunas consideraciones de carácter técnico.

La noticia más reciente sobre el punto proviene del diputado frenteamplista por Paysandú, Juan Gorosterrazú, quien a mediados del año pasado señaló que las autoridades de la salud nacional ratificaron la construcción del Hemocentro Regional en Paysandú, y que se contará con los recursos necesarios para su concreción.
Indicó que tuvo la oportunidad de plantearlo a la ministra de Salud Pública y al presidente de ASSE, “y me respondieron que lo vamos a hacer. Me parece una muy buena noticia”,
Efectivamente lo es, y es de esperar que por fin Paysandú y los departamentos del litoral cuenten en este período de gobierno con el ansiado Hemocentro Regional. El desafío, entonces, es sostener el impulso, mantener el consenso y exigir que los compromisos asumidos se materialicen. Porque más allá de los cambios de autoridades, de las coyunturas políticas o de las diferencias de enfoque, lo que está en juego es la posibilidad de mejorar la calidad de vida de miles de personas. Y en ese objetivo, no debería haber margen para nuevas demoras.

Uruguay vuelve a situarse en una posición incómoda dentro del mapa regional del consumo de drogas. Esta vez, por la expansión de la ketamina, una sustancia que, lejos de limitarse a nichos marginales, ha permeado distintos estratos sociales y formas de ocio. El dato no surge de percepciones aisladas, sino de un informe reciente de la Organización de los Estados Americanos, que advierte sobre un cambio estructural en los patrones de consumo en las Américas entre 2019 y 2025. Ese cambio tiene un rasgo distintivo: la mezcla.

Ya no se trata únicamente de una droga, sino de combinaciones cada vez más complejas y difíciles de rastrear. Sustancias que se entrecruzan —estimulantes, opioides sintéticos, benzodiacepinas, sedantes veterinarios— y que generan un producto final de composición incierta y efectos potencialmente más dañinos. El informe regional es contundente: siete de cada diez alertas registradas en 2024 correspondieron a drogas con múltiples componentes. En otras palabras, el mercado ha mutado hacia una lógica más opaca, más dinámica y, sobre todo, más riesgosa.

En Uruguay, el fenómeno encuentra terreno fértil. No es nuevo que el país figure en posiciones elevadas en los rankings de consumo de distintas sustancias. Pero la ketamina introduce un matiz particular: su acceso relativamente sencillo. Aunque su uso recreativo no está habilitado, se trata de un anestésico de uso veterinario cuya circulación, bajo regulación del Ministerio de Salud Pública, no ha impedido desvíos hacia circuitos informales. Esa porosidad en el control abre una puerta que, en la práctica, resulta difícil de cerrar.

A ello se suma un perfil de consumidor que desafía ciertos estereotipos. No se trata, en su mayoría, de personas en situación de exclusión, sino de jóvenes y adultos jóvenes que estudian o trabajan, con ingresos propios y acceso a espacios recreativos donde estas sustancias circulan con naturalidad. Fiestas electrónicas, reuniones privadas, ámbitos donde el consumo se integra como una experiencia más, muchas veces bajo la idea de que se trata de una práctica controlada.

Sin embargo, esa percepción dista de la realidad. La ketamina es una droga psicoactiva con efectos que van desde la disociación hasta alteraciones cognitivas y físicas de consideración. Su combinación con otras sustancias potencia los riesgos: problemas digestivos severos, daños renales, afectaciones en la salud mental. Aun así, la percepción de peligro sigue siendo baja. Y allí radica uno de los núcleos más preocupantes del problema.

Los datos disponibles son elocuentes. Uno de cada tres consumidores manifiesta síntomas de adicción, aunque muchos se autoperciban como usuarios ocasionales. En paralelo, estudios en población adolescente revelan un desconocimiento significativo sobre los riesgos asociados al consumo, incluso en su fase experimental. Entre 2007 y 2021, la percepción de riesgo cayó de manera sostenida, mientras que la accesibilidad aumentó. La ecuación, conocida, no admite demasiadas sorpresas en sus resultados.
El fenómeno, por cierto, no es exclusivo de Uruguay. A nivel global, la ketamina se ha expandido con rapidez, incluso en contextos donde se exploran usos terapéuticos, como el tratamiento de la depresión. Esa dualidad —fármaco y droga recreativa— contribuye a diluir la percepción de daño y a reforzar la idea de que su consumo puede ser, en determinados marcos, inocuo. Pero la evidencia muestra que, fuera de contextos clínicos controlados, los riesgos son significativos.

En Europa, varios países ya consideran su consumo un problema emergente de salud pública, particularmente entre adolescentes y jóvenes. Las muertes asociadas a mezclas de sustancias refuerzan una tendencia que, lejos de atenuarse, se consolida. En América Latina, el cruce con opioides como el fentanilo agrega un componente adicional de gravedad.

En este escenario, Uruguay enfrenta un desafío que no admite dilaciones. La regulación vigente, si bien establece controles formales, no ha logrado impedir la circulación irregular de la sustancia. Tampoco las políticas de reducción de daños han conseguido revertir una tendencia al alza en el consumo. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué está fallando?

Parte de la respuesta puede encontrarse en la falta de visibilidad del problema. A diferencia de otras drogas con mayor presencia en el debate público, las sintéticas suelen transitar por circuitos menos expuestos, lo que dificulta su incorporación plena en la agenda. A ello se suma la velocidad con que evolucionan: cuando los sistemas de alerta identifican una sustancia, el mercado ya ha dado un paso más.
Pero también hay factores culturales y sociales que inciden. La búsqueda de experiencias, la naturalización del consumo en determinados entornos, la percepción de control individual frente a sustancias que, en realidad, escapan a ese dominio. Todo ello configura un escenario complejo, donde las respuestas simplistas resultan insuficientes.

Uruguay, además, arrastra un contexto más amplio, marcado por el incremento del tráfico de drogas y su vínculo con episodios de violencia. Si bien no se trata de fenómenos idénticos, comparten un trasfondo común: la expansión de un mercado que encuentra nuevas formas de adaptarse y crecer.
Frente a ello, la inacción no es una opción. Se impone una revisión de los mecanismos de control sobre la distribución de ketamina, así como un fortalecimiento de las estrategias de prevención, con foco en la información y la educación. No se trata únicamente de advertir sobre los riesgos, sino de generar conciencia en una población que, en muchos casos, subestima las consecuencias. El desafío es, en última instancia, político y social. Requiere coordinación institucional, actualización normativa y una mirada que trascienda lo inmediato. Porque, de lo contrario, el problema seguirá avanzando en silencio, hasta que sus efectos resulten imposibles de ignorar.

Uruguay ya ha demostrado, en otros ámbitos, capacidad para enfrentar debates complejos en torno a las drogas. Este caso no debería ser la excepción. Pero para ello es necesario reconocer que la ketamina —y, sobre todo, su mezcla con otras sustancias— no es una moda pasajera, sino un síntoma de transformaciones más profundas en los patrones de consumo.

El tiempo para actuar es ahora. Porque, como suele ocurrir en estos procesos, cuando las consecuencias se vuelven evidentes, las opciones de respuesta son más limitadas. Y el costo, tanto en términos individuales como colectivos, es mucho mayor.

Se necesita un mínimo acuerdo sobre la realidad, una capacidad honesta de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Sobre algo así parece muy fácil coincidir, muy obvio como para generar un amplio consenso en base a esa afirmación. Pero lo cierto, es que no ha sido ni sencillo ni fácil. La mentira es un valor aborrecible en público, pero no en las relaciones humanas.

Ya desde los tiempos de Platón la verdad y la mentira eran objeto de debate, no sólo desde un punto de vista moral, sino de la cosa pública, central en su concepción de la política, incluida en su obra La República. Platón valora la verdad y condena la mentira como una distorsión del orden natural y moral del universo, dañoso para el individuo y también para la sociedad. Pero admite una excepción, la “mentira noble”, una falsedad deliberada pero justificada para proteger el orden social y promover la cohesión social.

Nicola Machiavelo y su obra El Príncipe, en realidad De principatibus, es decir, de los gobiernos de los príncipes, y quizás por las adhesiones que despertó en figuras como Cristina de Suecia, Catalina de Médici, Carlos V, Richelieu, Napoleón Bonaparte, que conmovió el pensamiento, ya sea por fascinación como por indignación. Algo “maquiavélico” tuvo una carga negativa, como sinónimo de mentira, perfidia, duplicidad y crimen.

Sin embargo, y dando muestras de un gran valor, dos pensadores de la talla de Francis Bacon y Baruch Spinoza tienen otra lectura. El filósofo inglés fue muy claro en su reconocimiento: “debemos mucho a Maquiavelo y a otros escritores de esta clase, los cuales manifiestan o describen claramente y sin ficción lo que los hombres hacen y no lo que debieran hacer”.

Spinoza ve a Maquiavelo como un defensor de la libertad, por ello en el Capítulo V de su Tratado Político, Baruch valora al pensador florentino como “acutissimus”, “vir sapiens” y “vir prudentissimus”.

En síntesis, estos debates ponen de manifiesto una tensión natural a la cuestión política entre idealismo y pragmatismo. Pero Maquiavelo se enfoca en el poder y la supervivencia del Estado, de la organización del poder, aceptando la posibilidad de engañar. La “mentira útil” es inaceptable en cualquier y toda circunstancia, porque viola la dignidad humana. Y destruye la confianza toda vez que la mentira se hace parte de la realidad política, incluso una práctica desenfadada y hasta agresiva y prepotente de la real politik. Sin embargo, Maquiavelo pone al servicio del poder y por la supervivencia del Estado este instrumento: la mentira como parte integral de la realidad política. El dilema moral de la mentira en la política plantea una cuestión de fondo, que hace a la virtud misma del poder o a su cuestionamiento radical y excluyente.

En la actualidad, en la era que nos ha tocado en suerte, caracterizada por la información masiva, la desinformación y la manipulación mediática, las ideas de Platón y Maquiavelo continúan siendo referentes claves para comprender la compleja relación entre la política y la mentira, cuestionándose los límites éticos y estratégicos en el ejercicio del poder.

La noción de una política esencialmente basada en la verdad está fuertemente asociada al idealismo. Immanuel Kant, que también defendía una posición fundada en la verdad, advertía que mentir es inaceptable en cualquier circunstancia porque viola la dignidad humana y destruye la confianza, la cual es un valor esencial para la cohesión social. Entendía que la verdad es un valor moral absoluto y que la mentira como recurso para alcanzar sus propios y egoístas fines, era inaceptable pues llevaría a la sociedad a desintegrase en el caos.

Volviendo a …

Kant enfrenta desafíos prácticos cuando su teoría se aplica al ámbito político, una zona específica, única y excluyente, en la que el conflicto de intereses, las presiones sociales y la necesidad de tomar decisiones más o menos rápidas y efectivas, abre las puertas a la teoría del pragmatismo político, la del atajo.
Así como Platón aspiraba a una política basada en la verdad y la justicia, sin renunciar en oportunidades puntuales a la mentira, Kant cede cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Apelemos pues a Maquiavelo que consideraba que la falsedad era una herramienta legítima para el mantenimiento del poder y la estabilidad del Estado. El engaño, entonces, es visto como una necesidad de sobrevivencia. Pero más allá de la literalidad, la síntesis de Maquiavelo llama a reflexionar sobre la cuestión política o la acción de gobernar, como un área autónoma en la que la moralidad tradicional no siempre puede aplicarse estrictamente. El mundo real, dice, está lleno de imprevisibilidad y peligro y solo aquellos dispuestos a desafiar los límites convencionales pueden sobreponerse a la adversidad.
Podríamos prevenirnos con la advertencia, algo frontal, de Francis Bacon, de que “el vulgo se deja seducir siempre por la apariencia y el éxito”. Más allá de las formas, que eran de estilo en la época, la afirmación es una verdad contundente y cruel.

La guerra fría se caracterizó no solo por la competencia militar y tecnológica, también por la guerra psicológica y la manipulación informativa. En esa bipolaridad de visiones cosmopolitas enfrentadas y binarias, aparece y crece en complejidad y sofisticación la búsqueda por la supremacía. La desinformación, el espionaje y la propaganda se convirtieron en instrumentos esenciales.
Pero aquella guerra fría fue apagándose a medida que avanzaba la implosión del “socialismo real” y huían los primeros desertores del sistema saqueando las migajas del sistema. Surgían los nuevos millonarios rusos, con raíces en la nomenclatura.

El pragmatismo maquiavélico que justificaba la mentira como un medio para preservar el poder y la estabilidad fue especialmente relevante para el resurgimiento de las viejas naciones.

Más sutil

De la mentira se ha pasado ahora a la máquina del fango, que es más dañino y sutil. En ese terreno no es necesario descubrir delitos, alcanza con insinuaciones, sugerir sospechas. Deslizar comentarios sin probar nada.

El drama mayor, de fondo, es la crisis de la ideología. Las lecciones acerca de la naturaleza del monopolio, el capital financiero, la interconexión global, la inevitabilidad del conflicto y la dialéctica entre el crecimiento y la descomposición del capitalismo, son cuestiones contemporáneas.
Es el descrédito de la realidad ha dicho Antonio Muñoz Molina. Porque “uno tiene derecho a su propia opinión, pero no a su propio hecho”.

Desde su creación, en el año 1971, el Frente Amplio se ha presentado frente a los uruguayos y al mundo en general como una fuerza política preocupada (y ocupada) en la defensa de los derechos humanos tanto en nuestro país como en el extranjero. Esta postura, sin lugar a dudas respetable, ha sido siempre hemipléjica ya que no incluye ni a todos los uruguayos ni tampoco a quienes no poseen tal nacionalidad; muy por el contrario, se trata de derechos humanos selectivos, que no son merecidos ni defendidos para todo el mundo sino únicamente para quienes son afines a la izquierda. A lo largo de la historia, el Frente Amplio ha dado muchos ejemplos sobre esa visión unilateral de algo tan esencial a la condición humana, incluyendo regímenes autoritarios del pasado como el de Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte o China a los más cercanos en el tiempo como Venezuela, Bolivia o Nicaragua por nombrar tan solo algunos. Como para muestra basta un botón, es bueno recordar que el “Che” Guevara fue un homófobo que persiguió, condenó y encarceló a los homosexuales cubanos en los campos llamados “de rehabilitación”, como también lo eran los que existieron en la Alemania nazi o en la Unión Soviética. Incluso el escritor y político cubano José Martí (siempre invocado por la revolución cubana y el cual posee su propia plaza en la costanera sanducera, cerca del llamado parador “Zona B”), identificaba al “homosexual con un ser afeminado incapaz de construir una nación y lo definía como un inservible detritus del materialismo moderno”. Para Martí, Fidel Castro y Guevara el homosexualismo era un signo de “decadencia burguesa” y de debilidad. El propio Fidel Castro lo expresó con la misma claridad que Martí: “Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista”.

Parafraseando al renunciante exvicepresidente Raúl Sendic, “si es de izquierda no viola los derechos humanos y si viola los derechos humanos, no es de izquierda”. En nuestro país, la visión del Frente Amplio sobre los derechos humanos es tan maniqueísta que asusta: tienen más derechos los delincuentes que las personas honestas, los jubilados tupamaros con jubilaciones hereditarias mucho más elevadas que las de cualquier jubilado “del montón”, el uso abusivo de la denominada “ideología de género”, y por supuesto los que violan las leyes más que los policías que se juegan la vida por un sueldo miserable. Sin embargo, el Frente Amplio dista mucho de ser una fuerza uniforme porque está conformado por distintos partidos e ideologías, –obviamente todos de izquierda –pero con gruesas rivalidades internas. Por otra parte, en su afán de seguir sumando votos en las últimas décadas la izquierda –tanto en Uruguay como en buena parte de los países occidentales–se ha embanderado con las causas feministas y de género, lo que a todas luces es absurdo si consideramos las referencias históricas enumeradas, pero que muy bien supieron disimular ante las nuevas generaciones que se identificaron en movimientos “woke”. A su vez, el propio movimiento LGBTQ+ es un rejunte de muchas minorías que muchas veces tienen más diferencias que puntos en común.

Así las cosas, no deberían resultar llamativas las increíbles expresiones de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Colette Spinetti, contra el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila y contra el subsecretario de esa cartela, Federico Graña. Spinetti, una destacada activista Lgbtiq+ dijo en audio grabado antes de asumiera el actual gobierno nacional lo siguiente: “Hablando de todo un poco, me pasan ahora del interior que al Mides iría Civila de ministro y otra vez el puto de Federico Graña, que iría de subsecretario. No puedo creer, otra vez los machirulitos gay ahí”. De acuerdo con Montevideo Portal, en setiembre del año pasado, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos fue expulsada del sector PAIS (Participación, Acción e Integración Social), que le retiró su apoyo después de asumir su nuevo cargo en Presidencia. De acuerdo con la misiva publicada por el diario El País, el motivo de la expulsión responde a que tienen “amplias diferencias” con “algunas decisiones políticas tomadas” por Spinetti desde su asunción. Asimismo, manifiestan que PAIS “no propuso, ni expresó opinión respecto al cargo que le fuera adjudicado”. “Por lo expuesto, queremos dar cuenta que la profesora Collette Spinetti no nos representa y estamos retirándole nuestro apoyo y confianza política”.

Como si lo anterior fuera poco, un nuevo audio protagonizado por Nicolle Spinetti se difundió en la prensa. En el mismo, durante una reunión con sus funcionarios, la jerarca expresa que “yo acá soy la jerarca y ustedes son los trabajadores”, dando muestra de un autoritarismo que poco tiene que ver con el Frente Amplio que se “golpea la boca” diciendo a los cuatro vientos que defiende a los trabajadores y a sus intereses. Asimismo, les expresó a sus subordinados lo siguiente: “Acá venimos a trabajar. Acá nadie es mi amigo. ¿Estamos de acuerdo? Como me dicen en el piso 11, acá hay mucho cacique y poco indio”. En la conversación, Spinetti menciona a Tomás Bertón, activista Lgbtiq+ que fue pareja de dicha jerarca y además es su adjunto al decir: “por decisión en conjunto con piso 11, Tomas es mi adjunto. Si yo no puedo decidir algo porque estoy en una reunión, Tomás…” ordenó la jerarca mientras golpeaba la mesa. Yo no voy a arriesgar mi lugar por nadie. A mí nadie me regaló esto. A mí me lo dieron por una conversación que en agosto tuve con el ‘Pacha’ (en referencia al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez). (…) Yo no voy a arriesgar este lugar”. En su perfil personal de la red social Instagram, Spinetti se define como “Trans, transfeminista, militante por los DDHH, profa d literatura, profa d danza, Secretaria de DDHH de Presidencia de la República”. Resulta increíblemente llamativo y cínico que alguien que, como Coletti, se define como “trans” trate de discriminar por motivos sexuales a Civila y Graña señalándolos como “gays” y “machirulos”. En casa de herrero, cuchillo de palo.
Por otra parte, también es grave la confesión sobre la asignación de su cargo, que deja claro que fue a dedo y solicitado por ella más que por su idoneidad.

A los efectos de evaluar la gravedad de las expresiones de Colette, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la página web de la Secretaria de Derechos Humanos que ella misma dirige, entre los cometidos de dicha repartición se encuentra “promover, como órgano rector del Poder Ejecutivo, la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, cumpliendo las funciones de promoción, diseño y coordinación, así como su seguimiento y evaluación”. Asimismo, otro cometido de dicho organismo es “asumir una perspectiva de derechos humanos implica el compromiso con la construcción de una sociedad de iguales en la que todos nos comprometemos no solo a respetar a los otros sino además a ser solidarios, para que cada uno pueda alcanzar con plena autonomía su lugar en el colectivo”.

Los audios de Colette dejan en claro que no es la persona indicada para estar al frente de un organismo de tanta importancia como la Secretaría de Derechos Humanos y mucho menos tratándose de una repartición que forma parte de la Presidencia de la República. Así las cosas, queda claro que el mejor aporte que Coletti puede realizar a los derechos humanos de nuestro país sería presentar su renuncia indeclinable de forma inmediata.

La prioridad de todo presidente autoritario o dictador es cero libertad de prensa. Fidel –categoría totalitario– decía: ¿Por qué gastar divisas en papel para que escriban en contra de la revolución? Y así acabó con el periodismo independiente y opositor y la libertad de prensa. Fue sincero. Y además, nunca llamó a elecciones: ¿para qué perder tiempo y gastar en ellas?
El nicaragüense Ortega a lo ordinario nomás desterró a periodistas y puso fin a la prensa no adicta. El salvadoreño Bukele tan solo ha sido un poco más elegante y moderado.
El mejicano AMLO todas las mañanas se desayunaba denostando a la prensa. Hugo Chávez por radio y TV insultaba medios y periodistas y le gustaba en actos públicos identificar a éstos con nombre y apellido y apuntarle con dedo acusatorio; también reclamaba que jueces obedientes a él hicieran lo suyo.

El argentino Néstor Kirchner hacía cosas parecidas, y su esposa Cristina Fernández aparentemente lo superaba: “esa vieja es peor que el tuerto”, opinaba José Mujica.
El colombiano Petro, más o menos lo mismo, pero sin mucha trascendencia. Al requerido expresidente del Ecuador Rafael Correa se le contabilizaron ciento cuatro insultos diferentes utilizados contra la prensa y los periodistas.
Lula, el brasileño, liberado por cuestiones formales –plazos y expedientes traspapelados– decía siendo dirigente sindical que en Brasil cuando un pobre roba una gallina lo llevan preso, pero si el que roba es un político lo nombran ministro. A él le ha ido y le va yendo mejor, pero viene en baja. Cierto que no ha sido tan duro contra los periodistas. El estadounidense Trump, en cambio, afirma que los periodistas somos unos vagos y unos estúpidos y se jacta de que en los EE.UU. lo que más aman los periodistas es odiar a Donald Trump. De puro pedante que es: él sostiene –incluso en un libro– que se apoyó en esas dos características que nos adornan –holgazanería y estupidez– para hacerse conocer en toda la nación y llegar a la presidencia. Hacía cualquier declaración escandalosa que sirviera para el gran titular y así, –contó– se ganaba las primeras planas y los informativos centrales. Después, agrandado, usaba las redes, incluso la propia, para decir, anunciar y amenazar a gusto y gana urbi et orbi. Si se limitara solo a eso, sería lo mejor que podría pasar.

Pero ninguno tan original como el argentino Javier Milei, un producto o mala herencia del kirchnerismo.
Cuando ataca a periodistas y lo hace a menudo en X, lo anuncia con la sigla NOL$ALP (No odiamos lo suficiente a los periodistas). Acaba de clausurar la sala de prensa de Casa Rosada, y hace unos días arremetió contra el analista de temas económico-políticos Carlos Pagni. A Milei le está yendo mal en las encuestas. En los últimos tres años Pagni ha sido reconocido como el periodista más influyente y respetado por los argentinos según la consultora Poliarquía.

Los presidentes no deberían hablar tanto. Están limitados en su libertad de expresión, hablan en nombre de todo el país. Los ciudadanos le delegan poderes y conceden privilegios de los que no goza el resto, pero con límites. Como pasa con jueces, fiscales, militares o policías. La libertad de expresión es patrimonio de los ciudadanos. De todos y cada uno de ellos; un derecho que no deben ni pueden delegar.
Por suerte en Uruguay el presidente Orsi no es del tipo reseñado; aquí esas cosas no pasan. Insisto: qué lástima que haya ido a juntarse con esa otra gente.

En Paysandú hay un tema que incomoda. No por lo que se dice, sino por lo que nadie quiere decir. El caso de Rodrigo Vercellino no es menor. Denuncias graves vinculadas a su gestión al frente de Ferias y Artesanías tomaron estado público y, casi como un reflejo automático, llegó la renuncia exprés. Rápida. Oportuna. Conveniente.
Y ahí aparece la primera gran pregunta: ¿Renunciar fue una decisión personal… o una salida sugerida?
Porque el silencio del intendente Nicolás Olivera no es neutro. Cuando un jerarca de su confianza cae bajo denuncias de esta magnitud, lo esperable no es el mutismo. Lo esperable es actuar. Investigar. Denunciar si corresponde.
Pero nada de eso ocurrió. No hubo denuncia penal. No hubo explicaciones públicas. No hubo voluntad visible de esclarecer. Y eso es lo que más preocupa.
Porque cuando la política no actúa, la sospecha crece. Un abogado consultado sostiene que una fiscal podría actuar de oficio. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué todavía no pasó nada?
Mientras tanto, el sistema político local ofrece una postal preocupante. Un solo edil, Andrés Imperial, pidió informes. Uno solo. El resto, silencio. Y ese silencio no es inocente. En política, muchas veces, el que calla no otorga… pero protege.

¿Es desinterés? ¿Es miedo? ¿O es algo peor?
La ciudadanía tiene derecho a preguntarlo. Pero la situación no termina ahí. Porque cuando todavía no se disipa la sombra del caso Vercellino, surge otro episodio que alimenta la desconfianza: un viaje del intendente a Italia, financiado por la empresa Teyma. El viaje, en sí mismo, podría explicarse.
Pero lo que ocurre después es lo que genera ruido: adjudicaciones directas de trabajos vinculados al basurero municipal. Y entonces la percepción pública entra en juego. Porque en la gestión pública no alcanza con ser honesto: hay que parecerlo.
¿Puede la ciudadanía confiar cuando se mezclan viajes pagos por empresas y adjudicaciones posteriores?

¿Se evaluaron alternativas? ¿Hubo transparencia real en esas decisiones?
El problema no es solo legal. Es ético. Es político. Es institucional. Y en todo esto hay otro actor que tampoco está a la altura: el periodismo. Hubo una reacción inicial. Un día de cobertura. Y después, silencio.
Nadie fue a fondo. Nadie exigió respuestas. Nadie puso al intendente contra las cuerdas con las preguntas que la sociedad espera. Y sin periodismo incómodo, la democracia se debilita. Hoy Paysandú enfrenta algo más profundo que un caso puntual. Enfrenta una cultura peligrosa: la del “mejor no meterse”. Pero cuando nadie se mete, los problemas no desaparecen. Se enquistan. Y mientras tanto, la ciudadanía mira, escucha… y saca conclusiones. Conclusiones duras.
Porque cuando hay denuncias sin investigar, políticos que callan y periodistas que no preguntan, lo que queda no es claridad. Es desconfianza. Y eso, sí que es grave.
Ing. Agrim. David Doti

El martes próximo se dará a conocer el documento final emanado del proceso de Diálogo Social, una instancia a la que convocó el gobierno, tal como se había comprometido durante la campaña electoral. Ese compromiso surgió después que algunos sectores del Frente Amplio decidieran que no acompañarían la iniciativa que procuraba dar marcha atrás con la reforma de la Seguridad Social que había aprobado el gobierno anterior, y no de los ejes de esa campaña, promovida por el Pit Cnt, fue volver la edad mínima jubilatoria a los 60 años. De paso cañazo, en ese plebiscito también se promovió la derogación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, sí, las AFAP.

Aunque no se conocen detalles de ese documento, lo que ha trascendido es que incluye una propuesta para modificar el régimen de la previsión social, no eliminando las AFAP, pero sometiéndolas a un organismo estatal, que podría ser el BPS u otro.

Al respecto hemos escuchado en las últimas horas numerosos pronunciamientos al respecto, empezando por una declaración de la Anafap, asociación que reúne a las AFAP, donde alude juntamente a estos trascendidos, y argumenta, en cuatro puntos, las razones por las cuales se opone al paso pretendido. Anafap advirtió respecto a una supuesta recomendación para trasladar la administración de las cuentas individuales desde las AFAP a un ente estatal único.

Plantean al respecto que no existirá una “mejora prometida para el trabajador”, en la medida que “Aún eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%” y que para financiar esta nueva institucionalidad habría que recaudar más “a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit”.
También afirman que el proceso planteado implicaría una estatización de los fondos, en la medida que se reemplaza un sistema que tiene una lógica de competencia por un organismo estatal único. Es por definición una estatización”. El último punto en la declaración refiere a que una modificación de este tipo iría en contra de lo que la ciudadanía expresó en las urnas con la adhesión de “más del 61% de los uruguayos”.

Ahora bien, más allá de todo esto, y de concepciones ideológicas que se dan de frente, como ahorro individual, que se puede asumir como una postura capitalista, versus el sistema de solidaridad intergeneracional, que reviste un aura progresista. Pero el sistema de ahorro individual es realmente una solución individual, o es que más allá de que este formato permita llevar cuentas personales, ha tenido una contribución a la comunidad y al pueblo uruguayo, aunque sea de forma indirecta. Hay que verlo, debemos insistir, despojados de preconceptos ideológicos.

Según datos publicados por el Banco Central del Uruguay, al cierre del año pasado, los fondos administrados de los afiliados ascendieron a $1.049.405 millones (un millón de millones de pesos), lo que representó un aumento de $11.447 millones en el período. La mayor parte de estos recursos la administra República AFAP, propiedad de varios organismos del Estado: el Banco de la República (mayoritario), el Banco de Seguros y el Banco de Previsión Social, que de esta manera participan del negocio de la administración del fondo.

En su gran mayoría las inversiones de las AFAP se realizan en emisiones del Estado, en diferentes títulos de valores e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central, con lo que también allí hay una parte de beneficio para el Estado, que dispone de una fuente de financiamiento en el fondo, pero no de libre disposición, sino controlado y administrado por las empresas. Un control y administración –el trabajo que realizan las AFAP–, que permitió prácticamente duplicar el monto, porque ese total del fondo se compone entre un 40 y 50% de dinero que se obtuvo invirtiendo parte del dinero de los trabajadores. Sin este trabajo de las AFAP, sencillamente habría la mitad del dinero en el fondo y estaría –en el mejor de los casos– quieto, sin generar nada.

Y esto viene al caso porque en segundo término entre los destinos de las inversiones de las AFAP encontramos a los valores emitidos por empresas privadas, los que representan en promedio un 15% de lo invertido. Cuántos puestos de trabajo, cuántos salarios, cuánto crecimiento, cuánta demanda de materiales e insumos, en fin, cuánto movimiento de la economía y desarrollo para el país hay detrás de estas inversiones.

Cuánto del “milagro” de la transformación energética, por ejemplo.

Todo esto habría que incluirlo en las cuentas que se hacen, cuando se hacen con conciencia y con honestidad intelectual, procurando entender realmente cuál ha sido la incidencia de este régimen. Sin considerar situaciones individuales de perdedores/ganadores a la hora de cobrar la jubilación, porque sí, es de admitir que, como siempre que se habla de dinero y de resultado de una inversión, quien más pone en juego es quien se lleva el mayor resultado cuando se distribuyen las ganancias, de esta forma es comprensible que quienes tienen mayor salario y tuvieron que aportar más de su salario para la jubilación, dispongan de una cuenta individual con mayor solidez.

Otra cosa que cuesta entender es cómo podrá, de qué manera, una nueva institución, que esté por encima de las empresas, y bajo la gestión estatal, hacer más eficiente al sistema, cuando lo esperable es que, por el contrario, suponga la inclusión de nuevos gastos que se pagarán, a la postre, con los recursos de los trabajadores uruguayos.

Cuando empieza a quedar atrás el recuerdo de las peripecias vividas durante 25 años de marchas y contramarchas para, finalmente, concretar el eternamente postergado acuerdo Mercosur–Unión Europea, y a pocos días de su entrada en vigencia provisoria, el escenario ha cambiado: la pelota está ahora en la cancha de los países sudamericanos, centrada en las negociaciones entre los socios del bloque regional por el reparto de las cuotas de acceso al mercado europeo.

Según los analistas, estas negociaciones están estancadas. Sin embargo, en el gobierno uruguayo persiste el optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo a tiempo, aunque se reconoce que el objetivo es difícil, ya que se trata de una negociación “compleja” que involucra múltiples interlocutores y cuotas sobre diversos productos, de acuerdo con información publicada por Búsqueda en base a fuentes del Poder Ejecutivo.
En este sentido, las fuentes añadieron que se continúa trabajando con la meta del 1.º de mayo, definida por la Unión Europea como fecha de entrada en vigencia provisional, para que los beneficios del acuerdo puedan aprovecharse “de la mejor manera”.

Ambos bloques acordaron conceder acceso a sus mercados mediante cuotas para productos sensibles como carnes, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos. Sin embargo, se estableció que, si el Mercosur no llega a tiempo con la distribución interna, Europa no asignará previamente las cuotas, sino que estas se irán ocupando a medida que ingresen los productos exportados.

El problema es que el Mercosur dista de ser un frente homogéneo. Existen conflictos de intereses entre sus Estados miembros, que además compiten entre sí en los mercados internacionales. Uno de los puntos más sensibles en estas negociaciones es el referido a la carne bovina.

Más allá del respaldo político al acuerdo, conviene tener presente que no todo serán beneficios. Su entrada en vigencia no será neutra ni favorecerá a todos los sectores por igual. En el caso del Mercosur, el acceso al mercado europeo para los principales productos de exportación estará condicionado por cuotas que, además, deberán distribuirse entre países que compiten entre sí.

Precisamente, la distribución de la cuota cárnica dentro del Mercosur aparece como uno de los temas centrales para el sector. Así lo señaló en su momento el presidente de la Federación Rural (FR), Rafael Normey, quien recordó que en la reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), realizada este verano, se actualizó la información sobre el estado parlamentario del acuerdo en cada país y el alcance de las salvaguardias europeas, aunque la discusión específica sobre la distribución de cuotas aún no había sido abordada en profundidad.

Tras la aprobación formal, el foco deberá trasladarse a la administración interna de las cuotas, en particular la de carne vacuna. Normey planteó que la aspiración del sector es que la negociación inicial se dé entre los privados de los cuatro países del bloque y que luego ese entendimiento sea respetado a nivel político. “Queremos que los privados podamos ponernos de acuerdo y que eso se respete a nivel político”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que los privados conocen el funcionamiento real del mercado y pueden dimensionar con mayor precisión hasta dónde es viable cada planteo. Avanzar en una definición exclusivamente política, sin ese consenso previo, podría generar distorsiones entre lo acordado y la realidad comercial.
Entre otros aspectos, los socios del Mercosur deben definir cómo repartirán la cuota de 99.000 toneladas de carne bovina, que pagará un arancel de 7,5 %, menos de la mitad del actual. Esta cuota comenzará con 9.075 toneladas al entrar en vigor el acuerdo y aumentará progresivamente hasta alcanzar el total al cabo de cinco años.

No obstante, la carne no es el único tema en discusión. Existen otros productos en los que cada país tiene intereses particulares, lo que da lugar a negociaciones cruzadas y a la posibilidad de ceder en un rubro para obtener ventajas en otro.

Uruguay, según lo señalado por la Cancillería, priorizó obtener condiciones favorables en cuotas de carne bovina, arroz, miel y lácteos. Sin embargo, este cruce de intereses no será fácil de resolver ante posiciones firmes de algunos socios. Brasil, de acuerdo con fuentes políticas y diplomáticas, mantiene la postura más rígida, mientras que Argentina y Uruguay exploran alternativas diversas.

Paraguay, por su parte, ya ha presentado propuestas orientadas a ampliar su participación por encima de sus niveles históricos, en función del crecimiento que ha experimentado su economía en los últimos años.
Sin duda, estos planteos y conflictos de intereses introducen un grado de incertidumbre para los operadores respecto al acceso al mercado europeo en varios productos, ya que aún no existe claridad sobre el resultado final de la distribución de cuotas entre los países de la región.

Se requiere, por tanto, una importante dosis de visión e inteligencia para negociar: ceder en aquellos rubros donde el país tiene escaso potencial y concentrarse en los de mayor interés, en una dinámica propia de la lógica intrabloque.

El escenario actual, además, difiere del de años anteriores, como 2017 o 2019. Paraguay ha fortalecido su perfil exportador y han surgido nuevas normativas, como las vinculadas a la deforestación, ámbito en el que Uruguay considera estar mejor posicionado.

Por último, el acuerdo no solo abre mejores perspectivas para nuestros productos de exportación —lamentablemente aún mayoritariamente primarios y con escaso valor agregado—, sino que también habilita el ingreso desgravado de bienes semiterminados y terminados provenientes de países altamente industrializados y con tecnologías de punta. Esto podría generar mayores dificultades para las ya debilitadas industrias locales, afectadas por altos costos internos y un tipo de cambio desfavorable, entre otros factores. Por ello, será necesario actuar con extrema precisión en las negociaciones internas del bloque, sin perder de vista que los actores externos también juegan con fuerza.