Opinión

El 4 de diciembre pasado se inauguró el tramo final de la Ruta 20, en el empalme con la Ruta 5, una obra que supone mejora la conexión Este-Oeste, y viceversa. El Ministerio de Transporte y obras Públicas destacó la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi en esta inauguración, acompañado por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra; y el director nacional de Vialidad, Federico Magnone.

Etcheverry destacó que esta intervención permite completar la conexión entre Río Negro y Tacuarembó, tras la ejecución de los seis kilómetros que habían quedado pendientes del contrato original, el cual comprendía el ensanche y la rehabilitación de 20,6 kilómetros entre el km 149,600 y el 170,200.

La Ruta 20 nace en la localidad de Nuevo Berlín, en el vecino departamento de Río Negro y este empalme con la Ruta 5 abre una opción para ahorrarse varios kilómetros y es una alternativa para no tener que rodear por la Ruta 26 para cruzar el país “de lado a lado”. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Chediack con una inversión superior a 120 millones de pesos, consistió en el recargo y reciclado de bases, la aplicación de mezcla asfáltica, señalización y pintura, así como un nuevo empalme con Ruta 5.

“Se trata de un proyecto que mejora la seguridad vial, potencia la actividad de los productores locales y ofrece mejores condiciones de tránsito, con un nuevo empalme más visible y seguro para todos los usuarios”, destacó la cartera.

Lo mismo ocurre con la Ruta 14, que ahora está todavía con un tramo en construcción en el Este, en en el departamento de Rocha, pero que es una ruta que nace en Mercedes, en Soriano, y pasa Trinidad, Durazno, José Pedro Varela en Lavalleja, Lascano y empalma con la 19, que “muere” en Chuy. Una vía de comunicación directa entre el Litoral y la Costa Atlántica que intersecta con todas las rutas importantes.
Son rutas transversales, obras que el país tenía pediente casi que desde sus orígenes como nación, porque lo que había, tantas veces se dijo, reproducía el esquema de la época colonial y tenía un sentido meramente extractivista, es decir, la intención era que las mercaderías llegaran lo más rápido posible al puerto para su exportación, pero limitó enormemente las posibilidades de comunicación entre los pueblos. Incluso eso se reprodujo cuando los caminos se mejoraron por la aparición del camión, las rutas se hicieron casi a espejo del ferrocarril. La transversalidad siempre fue quedando a la espera de tiempos mejores, e incluso a veces las rutas transversales se hicieron o se mejoraron más por exigencia de los países vecinos que por el interés propio. No mencionaremos ejemplos.

Etcheverry, en su intervención durante esta inauguración, valoró que “esta infraestructura quizás de menor extensión, pero de un impacto mucho más grande”, mejora la integración del país, facilita el traslado de la producción y de las personas y reduce tiempos y distancias de viaje con mayores condiciones de seguridad. Agregó que el objetivo es que “el país crezca de Este a Oeste, no solo hacia el Sur”, y que la inversión contemple las necesidades de todo el territorio, incluyendo departamentos como Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Río Negro, así como corredores estratégicos, como la Ruta 26. De paso agregó que esta obra forma parte de un plan “más amplio” en el que proyectan invertir más de 2.100 millones de dólares en infraestructura vial durante el período. “Es un gobierno que está generando oportunidades como lo merece todo el país”, afirmó Etcheverry, que además afirmó que una mejor conectividad impulsa la competitividad y el acceso a servicios en las comunidades.

El gobierno anterior realizó una inversión significativa en la mejora de rutas alternativas a las principales, que se han vuelto indispensables frente al incremento de los desplazamientos vehiculares, porque no solamente ha crecido el parque de automóviles, también se ha dado un incremento importantísimo en el volumen de cargas que circula por las rutas, sin ir más lejos en una entrevista con el director nacional de Transporte, Felipe Martín, el jerarca marcaba que cuando en 2005 se movían por camión unos cinco millones de toneladas, hoy día el volumen creció hasta 40 millones de toneladas. ¡En apenas 20 años! Entre tractores, camiones remolque y semirremolque, la cantidad circulante es de entre 55 mil y 60 mil equipos, estimó.

Es cierto que es difícil acompañar este brutal desarrollo, pero no menos cierto es que durante la mayor parte de la historia la inversión se concentró en las mismas rutas principales de toda la vida y en especial en los alrededores de la capital del país y área metropolitana, basta ver un mapa para encontrar que los tramos de rutas duplicadas están en la costa, desde Colonia ahora hasta Rocha, por la Ruta 5 por los acuerdos asumidos para la instalación de la planta de celulosa en el centro del país y en el resto son todavía poco significativos los kilómetros.

Entonces, sí, es digna de una celebración la inauguración de una obra de este tipo, pero no se puede dejar de reconocer que es también la de las rutas transversales una deuda histórica con el Interior del país y las posibilidades de desarrollo de pueblos entre los que, a causa de tener menos habitantes, han sido condenados sus habitantes a circular en condiciones menos ventajosas y menos seguras.

Desde hace ya bastante tiempo, nuestro país se ve ante la alternativa de seguir el camino de otros países de la región que en los últimos tiempos han optado por dejar de vacunar contra la aftosa, confiados en que en que la enfermedad fue erradicada y las medidas de prevención alternativas a la vacuna son suficientes para controlar el eventual brote de focos, o seguir vacunando, con el estatus de libre de aftosa con vacunación, para el acceso a los mercados. No es un tema para tomarlo a la ligera, porque hay opiniones muy respetables y argumentadas en uno u otro sentido de los actores directamente involucrados, tanto productores como técnicos tanto de los organismos del Estado como de actores privados, aunque nadie sostiene –con buen criterio– tener la bola de cristal para discernir el camino a tomar que no ofrezca dudas y esté exento de riesgos y cuestionamientos.

Recientemente dábamos cuenta en nuestra sección de rurales de EL TELEGRAFO de conceptos del director general de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dr. Marcelo Rodríguez, quien señaló que “en Uruguay tenemos que hablar más de aftosa”, tras participar en el taller regional sobre el tema realizado recientemente en Asunción del Paraguay, con la participación de autoridades sanitarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, expertos de OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal) y representantes del sector privado.

La fotografía sanitaria, según expresiones del director, es que se está en el inicio de una nueva era para la región, que “es probablemente la mejor del mundo en situación de fiebre aftosa, excepto por el caso de Venezuela, que no ha logrado el estatus de libre de fiebre aftosa”. Con la reciente transición a estatus de libres de aftosa sin vacunación de Brasil y Bolivia, se incorporaron alrededor de 250 millones de bovinos que dejan de vacunarse y los sistemas sanitarios enfrentan un escenario sin precedentes, mercados más exigentes, mayor escrutinio internacional y un riesgo creciente de virus exóticos no cubiertos por las vacunas actuales. En este escenario precisamente, según la evaluación del director, Uruguay continúa vacunando pero a su vez debe demostrar año a año que vacuna sin tener virus, un requisito costoso pero indispensable para mantener mercados.

La dicotomía entre seguir afrontando costos de vacunación y asumir riesgos ha estado planteada desde el principio en lo que respecta a la posición de Uruguay, porque en nuestro país sobre todo a partir de la crisis regional de la aftosa de 2001, que nos costó pérdidas por centenares de millones de dólares, por brotes que circularon en la región y no se pudieron parar antes de llegar al Uruguay, la opinión prevalente ha sido la de no correr el riesgo de devastar nuevamente nuestra economía si podemos seguir manteniéndonos con el estatus de libres con vacunación. Pero esa postura no es la misma que la de otros países que gradualmente han ido pasándose a dejar de vacunar y apostar a que se podrían controlar eventuales brotes, en caso de que ocurrieran.

Para el Dr. Marcelo Rodríguez, vacunando o no vacunando, “las medidas de prevención son las mismas, muy parecidas”, por cuanto “tenemos que tener una buena vigilancia epidemiológica, los servicios capacitados, los laboratorios funcionando bien. La sensibilidad de nuestro sistema: productores, veterinarios de campo, y los funcionarios oficiales, con la capacidad de que cuando hay un evento similar de campo o parecido de fiebre aftosa, poder denunciarse y poder hacer todo el procedimiento como si fuera una enfermedad y después descartarlo, nos parece fundamental”.

Mencionó el jerarca que estas directivas van en línea con la confirmación de Uruguay en el Banco Regional de Vacunas (Banvaco), una iniciativa que integran Brasil, Paraguay, Ecuador y Bolivia, instrumento cuya importancia fue destacada en el taller regional realizado en Asunción. El Dr. Rodríguez señaló que el banco permite tener antígenos y vacunas listas para actuar rápido, y a la aftosa siempre se gana con una respuesta rápida”.

Una respuesta rápida que lamentablemente no se dio en la región en la crisis de 2001, cuando productores y algunos organismos sanitarios de control no estuvieron a la altura de la circunstancias, se ocultaron datos, y la producción de la región fue devastada como nunca antes por la crisis sanitaria, con cierre de mercados y reapertura tras un prolongado período de recuperación que debió asumirse para superar la catástrofe. Es decir que los antecedentes que datan de hace más de veinte años no son buenos, aunque ha corrido mucha agua bajo los puentes y se tiene otra perspectiva sobre lo que se debe hacer y que no en estas circunstancias. Y por más que el mayor riesgo que aparentemente pueda surgir es extrarregional, con los virus exóticos, el mensaje que surge es que Uruguay deberá fortalecer la vigilancia pasiva y activa, reforzar las actividades de prevención y mitigación del riesgo de introducción del virus y llevar adelante, como está previsto para 2026, dos simulacros nacionales de respuesta a emergencias, uno de gabinete y otro en campo, en coordinación con INAC y el sector privado.

Consecuentemente, se indica que vacunando o no vacunando, las medidas preventivas a mantener son prácticamente las mismas, y los conceptos vertidos por el director de los Servicios Ganaderos van en línea con los que expresara en febrero de este año, poco antes de asumir, en el sentido de que es fundamental “organizar una discusión” para ver “por qué estamos vacunando” contra la fiebre aftosa, trayendo así al tapete un tema que nunca se ha zanjado definitivamente. Subrayó que “hay que pensarlo bien, y sobre todo tratar de analizar lo que pasa a nivel internacional, hacia dónde van los países y nuestros principales competidores”. Las auditorías que vienen a Uruguay “nos exigen un montón de documentos o de respaldos técnicos y científicos a la hora de demostrar por qué vacunamos. Todo eso me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa y no encerrarnos. Hay que discutir, analizar y sobre todo tomar una decisión lo más consensuada posible”. Hasta ahora, precisamente, Uruguay ha tomado en cuenta la opinión mayoritaria de los técnicos y de las asociaciones de productores, y mantiene el estatus de libre de aftosa con vacunación. Para el director, podría haber elementos muy valederos a tomar en cuenta que estarían en la línea de evaluar los pro y los contra de los beneficios de dejar de vacunar para mejorar la performance de nuestras carnes en el mercado internacional.

Y la discusión sigue en la mesa, con posturas encontradas, porque se advierte que se debe tener mucha cautela y se debe analizar exhaustivamente cuál es el riesgo potencial que existe al dejar de vacunar, por cuanto muchos técnicos entienden que con vacunación igualmente no tenemos problemas de acceso sanitario relevantes, por lo que consideran que no tendría valor dejar de vacunar para acceder a algunos mercados, en tanto el riesgo por dejar de vacunar sí existe. Lo que reafirma que en esta escala de pros y contra, habida cuenta de la postura de algunos países de la región, nuestro país debe hilar muy fino para determinar si debe cambiar el rumbo, ante una ecuación riesgo-beneficio que es incierta, y que depende mucho de la suerte, que en este caso se ata a que los otros hagan bien los deberes, con antecedentes que no son los mejores.

Entre el período legislativo anterior y el actual, se han presentado cerca de una decena de iniciativas impulsadas por legisladores de todos los partidos, ya sea de forma individual, coordinada entre diferentes fuerzas políticas o junto a sus bancadas. Todas tienen un mismo objetivo: solicitar al Poder Ejecutivo de turno que analice la pertinencia de reducir la carga impositiva sobre los bloqueadores solares. Los proyectos varían en sus propuestas de concientización y difusión de buenas prácticas de prevención, y se respaldan en datos relevantes sobre la incidencia del cáncer de piel en Uruguay.

Los últimos datos de Globocan, correspondientes a 2022, indican que Uruguay presenta las tasas más altas de incidencia y mortalidad por melanoma en Latinoamérica, ubicándose en el segundo quintil a nivel internacional.

En el período 1990-2022, las tasas de mortalidad crecieron a razón de 1,23% anual en hombres y 1,48% en mujeres; en estas últimas, el incremento es similar al observado en las tasas de incidencia.

Para tener una mejor idea: se diagnostican alrededor de 3.200 casos anuales —incluyendo no melanoma— y se registran unos 145 fallecimientos por año, siendo el melanoma el más letal. Es el tipo de cáncer más frecuente y, además, puede generar metástasis, aun cuando generalmente no produce dolor.

En el período pasado, fue aprobado en diciembre de 2023 y remitido al Poder Ejecutivo un proyecto de resolución —antes denominado minuta de comunicación— en el que se solicitaba la exoneración del IVA, junto con otros proyectos de ley.

Otras propuestas parlamentarias apuntaban a un etiquetado que informara sobre el tipo de producto, su factor de protección y los efectos nocivos de la exposición prolongada al sol. En general, citan al Ministerio de Salud Pública como organismo de vigilancia, con un registro de proveedores y el rol de habilitación y fiscalización.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dio el paso que le era posible. La semana pasada anunció que cualquier especialista de la salud podrá recetar protectores solares. Más allá del trámite formal y burocrático para su incorporación al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), la ministra aseguró que se busca un cambio de paradigma.

“Me resulta inadmisible que la especialidad de dermatología, como una manera de restringir el uso en los prestadores, sea la única que pueda indicar protectores solares”, afirmó. Según Lustemberg, los dermatólogos deben abocarse a los temas propios de su especialidad y no destinar horas de consulta a indicar protectores solares.

Algo que parece obvio para cualquier usuario está sometido hoy a la receta de una especialidad. Entonces, la urgencia que los dermatólogos transmiten cada verano respecto a la exposición solar no parece tan urgente cuando requiere un paso adicional para acceder al producto.

Cuando ocupaba una banca como diputada del Frente Amplio en el período pasado, Lustemberg firmó uno de los proyectos de ley que apuntaban a mejorar la accesibilidad a los protectores solares dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Las marcas básicas de estos productos oscilan entre $800 y $1.500. Desde la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, los especialistas exhortan desde hace tiempo a exonerar impuestos para disminuir el costo y que resulten accesibles para toda la población. De lo contrario, cualquier campaña de promoción y prevención del cáncer de piel puede resultar estéril y contribuir al aumento de las estadísticas. De acuerdo con datos oficiales de la comisión, en Uruguay cerca del 19% de los cánceres son de piel.

Sin embargo, algunos especialistas aseguran que la incidencia es incluso mayor. Es decir, en nuestro país la tasa de cáncer de piel es muy elevada. “La ubicación geográfica de Uruguay hace que sea un área de radiaciones altas. Es de los países con cáncer de piel más frecuente en Latinoamérica”, afirmó a finales del año pasado el presidente de la comisión, Robinson Rodríguez.

Incluso la Sociedad de Dermatología promovió una ley para abaratar o eliminar los impuestos aplicados a los protectores solares, que aún no ha sido aprobada. Rodríguez subrayó que “sería de utilidad” evitar esa carga impositiva para que el producto resulte accesible, al menos durante los meses de verano.

Pero la iniciativa de quitar o no impuestos es privativa del Poder Ejecutivo. Los sucesivos legisladores han insistido y presentado acciones parlamentarias que no han logrado traspasar la barrera de las resoluciones gubernamentales. Si la demora en resolver obedeciera al temor de un eventual abuso en el uso de protectores, entonces habría que buscar una regulación adecuada para evitar lo que ocurre hoy: pagan justos por pecadores.

El protector solar no es, de ninguna manera, un producto cosmético, aunque los comercios del rubro suelen ubicarlo en el área de cosmetología. Y si el argumento es la imposibilidad de agravar el déficit fiscal, seguramente resulte más costoso para la sanidad pública el aumento —sostenido— de usuarios oncológicos. Ni hablar del costo —no solo económico— para las familias.

Existe abundante evidencia, y Uruguay puede jactarse —con razón— de contar con estadísticas sistematizadas de las distintas afecciones de salud pública. Pero de nada sirve la evidencia ni las campañas de concientización dirigidas siempre a la población, a la que se le pide que se cuide y prevenga un tipo de cáncer que, si se detecta a tiempo, puede curarse.

Porque, al menos hasta ahora, han fracasado todos los intentos —políticos y técnicos— de lograr que baje el precio del producto que puede ayudar a mejorar la estadística. Si bien existen otras acciones —evitar la exposición solar en horas pico o usar vestimenta adecuada—, el bloqueador solar sigue siendo la medida más relevante.

Las barreras para acceder al producto son culturales y económicas. Y mientras no se aborde ese problema, todo lo demás será insuficiente.

Hace algunos días nuestro diario publicó una entrevista al Ing. Jorge Dighiero, referente histórico de la Comisión Intersectorial pro Puerto Ultramar de Paysandú (Cipup), en la cual el hoy presidente de la misma afirmó que ese grupo de trabajo encuentra “en la línea de apoyar que se construya un puerto de ultramar en Casa Blanca, porque se entiende que este lugar tiene la profundidad natural adecuada para la operativa de buques de ultramar y la perspectiva de captar cargas en una amplia zona para la salida directa a ultramar”.
Finalmente, después de tres décadas, la Cipup y sus integrantes se dieron cuenta de que un puerto metido en el medio de la ciudad nunca será viable. Sin embargo, hasta hace poco más de un año se insistía que había que gastar millones de dólares en reinstalar la vía al puerto, que por suerte en este caso el gobierno siempre se hizo el distraído y no lo concretó. Incluso cuando hace más de 10 años la Intendencia levantó los rieles que cruzaban calle Entre Ríos para arreglar el bitumen, algunos ediles de la entonces oposición hicieron de eso un escándalo político.
Si bien se trata de un error bienintencionado tanto de la Cipup como de las distintas administraciones que no supieron poner los límites donde debían, lo cierto es que costó mucho dinero, tiempo y recursos en un país y en un departamento donde no sobran los fondos públicos que, siempre es bueno recordarlo, son financiados por todos los uruguayos. Desde estas páginas, incluso antes de que se comenzaran las infundadas inversiones que se llevaron a cabo por un voluntarismo político sin fundamentos técnicos reales y sin conocimiento de las verdaderas necesidades de las empresas en materia de carga, hemos dicho que el puerto de Paysandú era una pésima idea destinada a fracasar, porque siempre sería inundable y requeriría una inversión injustificable en dragado. Además, las instalaciones son obsoletas para barcos de ultramar. A lo sumo si era razonable reactivarlo para barcazas, para lo cual bastaba un mínimo de dragado y poca cosa más, pero jamás soñar con el ultramarino de 30.000 toneladas amarrando dos veces por mes donde al lado del Club Remeros.
A pesar de ello, la Cipup siguió adelante por 30 años con su discurso anclado en el pasado, recordando un puerto que ciertamente fue ultramarino hace más de 100 años, cuando los barcos de ultramar eran varias veces más pequeños y livianos que los que hacen las vías comerciales en la actualidad, y sin posibilidad real de ser reconvertido.
Si bien nadie desconoce las buenas intenciones impulsaron las acciones que se llevaron a cabo para tratar de revivir el muerto, lo cierto es que se necesita bastante más que eso para poner a marchar un puerto y conseguir las cargas que justifiquen su funcionamiento. Peor aún, como hemos dicho en más de una oportunidad, aún si se gastara una fortuna, estuviesen las cargas y finalmente el puerto funcionara a pleno, los dolores de cabeza urbanísticos serían devastadores para la ciudad.
Ahora que la realidad terminó por imponerse, queda claro que el capricho salió muy caro: se gastó más de lo que costaría hacer un puerto desde cero en Casa Blanca, que no tendría los vicios del de Paysandú, y que seguiría siendo Paysandú, al fin y al cabo. En una suma gruesa podemos asegurar que fueron más de 30 millones de dólares en dos dragados –Almirón y Casa Blanca, porque el primero no les sirvió y se buscó hacer el segundo “autolimpiante”, que igual precisa mantenimiento a un costo millonario–, refuerzo de cimientos de muelles, instalación eléctrica de potencia e iluminación para trabajo nocturno, grúa de 40 toneladas, demolición de antiguos galpones, miles de metros cuadrados de hormigón para playa de contenedores, acceso sur a través de barrio La Chapita, balizamientos, estudios de todo tipo, consultorías, traslados de autoridades, reuniones, viáticos de funcionarios, etcétera. Incluso hasta hace poco más de un año se pedía profundizar el dragado –por varios millones de dólares– y retirar la línea de alta tensión que cruza el río para permitir el pasaje de barcos que jamás llegarían a Paysandú. Y hasta se soñó con hacer un muelle de “alto nivel” para las crecientes, y otra playa de contenedores en zona no inundable.
Sin perjuicio de esas necesarias e incómodas preguntas, lo cierto es que no todo fue negativo: Azucarlito sobrevivió varios años probablemente gracias a que el puerto volvió a funcionar, aunque en realidad para el uso de barcazas no eran necesarias tantas inversiones. Además, la propia Cipup terminó por probar algo importante: no hay cargas en contenedores para justificar línea de navegación alguna. Lo hemos dicho durante décadas desde esta misma página editorial, pero nunca fuimos escuchados porque en el fondo los políticos sanduceros de todos los partidos también fueron encandilados por la utopía del progreso a través de la recuperación del puerto histórico de la ciudad.
Finalmente, la realidad terminó dándonos en la cara. Pudo ser peor, pero al menos abrimos los ojos.
Respecto a la instalación de un puerto en Casa Blanca, la apuesta es igualmente arriesgada, porque la inversión necesaria para hacer un puerto de ultramar desde cero es muy alta –lamentablemente la plata ya la gastamos en el de Paysandú–, y también en este caso difícilmente haya cargas que lo justifiquen. En efecto, como ya hemos argumentado, la zona granelera de Uruguay está desde Paysandú hacia el sur, y hacia el norte la producción a granel de grandes volúmenes es muy menor. Y lo que se produce desde el río Negro hacia el sur ya tiene la logística armada por Nueva Palmira, que siempre será más barato y cercano al área de producción. Mientras tanto, en la zona centro-norte de nuestro país está el ferrocarril central. Si hay cargas desde esa zona, seguro es más barato y razonable que salgan por Montevideo a través del tren, que para eso el país ya gastó varios cientos de millones de dólares.
Por otra parte, ya quedó más que claro que no hay suficientes cargas de contenedores para sostener una línea de feeder. Y la promesa de los contenedores paraguayos tampoco suena razonable, pues tendrían que hacer más de 1.000 kilómetros ya sea en camión o en tren –si gastamos otras varias decenas de millones de dólares en hacer la vía hasta Salto Grande, claro–, para bajarlos en Casa Blanca, luego subirlo a un feeder que los llevará hasta Montevideo, que dista sólo 380 kilómetros por carretera, y allí trasbordarlos al portacontenedores de ultramar. Toda esa logística y burocracia se “come” la mínima ventaja que podría dar el transporte fluvial por los kilómetros de ruta de camión.
Por todo esto los más sensato es que si realmente hay privados interesados en desarrollar el puerto de Casa Blanca, la inversión corra por cuenta de ellos y no del Estado. Si es cierto que los números se muestran tan buenos, seguramente les interesará hacerlo.

Donald Trump le propuso a los palestinos construir una Riviera en Gaza, similar a la Riviera francesa –la famosa Costa Azul sobre el mar Mediterráneo. (Niza, Cannes, Mónaco, Montecarlo, Eze, Saint-Paul de Vence, Antibes, Saint Tropéz y soñar con Brigitte Bardot). Nicolás Olivera ya comenzó a construir la Riviera de Paysandú (La Chapita, El Curupí, y otros asentamientos famosos (el Master Plan de la costa del río), que abarcará una superficie de 350 hectáreas sobre el río, desde la desembocadura de Sacra hasta el puente internacional Gral. Artigas. Ya lleva construido la primera etapa del bulevar Senderos del río por $80.000.000 (2 millones de dólares) y acaba de inaugurar la residencia universitaria por $262.711,832,93 (6,5 millones de dólares) en ese lugar, a solo 32 cuadras de los centros de estudio.
¿Quién dice que Olivera no se preocupa por los estudiantes? Si bien los estudiantes tendrán que recorrer diariamente 5 kilómetros para venir a clase y regresar a la residencia, seguramente le pondrán una línea de ómnibus para hacer ese recorrido, porque en taxímetros no lo podrían hacer pues no les alcanzaría la beca que reciben de la UdelaR, que es de un monto de (2 BPC) unos trece mil pesos mensuales y un taxi les cobra $500 por viaje para recorrer los 2,5 kilómetros (mil pesos ida y vuelta).
Ing. Ricardo Brasesco

Muchas señales procedentes del Viejo Mundo indican una casi segura marcha atrás de la Unión Europea respecto de las regulaciones que prohibían la venta de automóviles con motor de combustión interna a partir del año 2035. Las versiones que recogen varios medios refieren a una posible flexibilización que permitiría seguir usando motores térmicos —autos nafteros e incluso diésel— siempre que funcionen con combustibles sintéticos, como los que proyecta producir HIF en Paysandú, o con biocombustibles avanzados.

Es un giro incómodo, que no deja bien parado al bloque europeo, el cual reconoce de algún modo que las cosas no han salido como se esperaba desde que se fijó una meta que entonces parecía ambiciosa, pero que con los años se volvió todavía más desafiante. El escenario cambió, y Europa no logró posicionarse ni en el mercado ni tecnológicamente en el desarrollo de baterías ni en la infraestructura necesaria para una electrificación masiva del parque automotor. Muchos medios señalan las presiones de la industria automotriz alemana —cuya influencia es innegable— e incluso citan fuentes de altos niveles europeos que aluden a esta situación. Pero en esta decisión pesa sobre todo la realidad: la meta resulta hoy inalcanzable y, aun si se insistiera en ella, el costo en términos de empleo y cuota de mercado sería muy alto. Dicho de otro modo, Europa tendría que abrir de par en par sus puertas a la importación de vehículos chinos, algo que no figura en ningún escenario deseado.

Lo que aparece ahora es, más bien, un cambio de discurso que abandona la electrificación como única vía válida y deja espacio a los combustibles sintéticos y a los biocombustibles avanzados.

El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, afirmó en una entrevista en Alemania que “Europa debe mantener abiertas todas las tecnologías”, frase que sintetiza este nuevo rumbo y coincide con los esfuerzos del canciller Friedrich Merz, quien venía abogando por frenar la prohibición total. Merz incluso había enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando revisar esa decisión bajo el argumento de que “cerrar la puerta al motor térmico podría dejar a Europa en desventaja frente a China, alterar las inversiones del sector y poner en riesgo miles de empleos”. La premisa ahora es que la transición hacia la neutralidad climática debe ser “económicamente viable y socialmente justa”, evitando comprometer la competitividad en un contexto de tensiones geopolíticas y del fuerte avance chino en el sector automotor electrificado, tanto en precios como en tecnología.

Hoy parece haber consenso en que fue un error apostar a una prohibición absoluta para priorizar la electrificación, desestimando otras tecnologías que ya entonces lucían promisorias y que hoy se han consolidado como alternativas viables para alcanzar la neutralidad climática. En estas tecnologías Europa no solo está en condiciones de competir, sino que incluso mantiene cierta ventaja.

El mensaje oficial es que este cambio no implica abandonar la apuesta por la electrificación, sino ajustar el rumbo, reconociendo que no todos los sectores pueden electrificarse al mismo ritmo y que queda mucho por avanzar en segmentos como los vehículos pesados, el transporte profesional y el de larga distancia, donde los combustibles sintéticos pueden tener un papel relevante en una etapa de transición.

Estos anuncios modifican muchas cosas en Europa, pero sobre todo descomprimen planes de desarrollo acelerado de infraestructura y tecnologías que habrían exigido enormes recursos para un esfuerzo que quizá no hubiese llegado a buen puerto en la fecha prevista. Resulta mucho más elegante corregir el rumbo ahora, cuando todavía faltan diez años, que llegar al 2035 y hacer más evidente la falta de resultados.

La pregunta es si esto cambia algo para nosotros. Y la respuesta no puede ser categórica. Como se ha dicho, Europa nunca logró asumir el liderazgo que pretendía en la carrera de la electrificación automotriz. Hoy quienes disputan ese cetro son China —con amplia ventaja y varias marcas consolidadas— y Estados Unidos, principalmente a través de Tesla. La gran diferencia es que China desarrolla vehículos eléctricos exitosos en todos los segmentos, desde los más pequeños y urbanos hasta los familiares compactos y los de lujo, que fueron precisamente el sector en el que las automotrices europeas pusieron su foco inicial. No sabemos si en esa diferencia de objetivos reside parte del éxito de los fabricantes orientales, pero es claro que las sendas fueron distintas.

Uruguay es uno de los países de Sudamérica donde los eléctricos han logrado mayor penetración de mercado: en los primeros diez meses del año se vendieron 57.994 unidades cero kilómetro, de las cuales 11.381 fueron vehículos eléctricos. En todo 2024 se habían vendido 4.839, y en 2023 fueron 1.829.

También es uno de los países de la región que más infraestructura ha desarrollado —aunque aún falta, y seguirá faltando si este crecimiento se sostiene— y donde además más del 90% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables. Tiene, por tanto, todos los elementos para afirmar que los eléctricos han llegado para quedarse. El tiempo dirá.

Cuando todavía está por verse si efectivamente en el curso de este mes se podrá firmar el largamente postergado acuerdo entre el Mercosur y la UE (Unión Europea), habida cuenta de que es manifiesta la resistencia a concretarlo de algunos países europeos, bajo la excusa de la “sensibilidad” medioambiental, en nuestro país se abre una moderada expectativa respecto al ingreso al denominado Acuerdo Transpacífico, en base a las gestiones que fueran iniciadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y cuyos resultados se han recibido en la administración de Yamandú Orsi, que continuó con los contactos con ese fin.

Uruguay había solicitado su adhesión en diciembre de 2022, en tanto la cancillería confirmó hace pocos días que el proceso requirió “meses y meses de trabajo discreto, en absoluta reserva”, según expresó la vicecanciller, Valeria Csukasi, debido a que basta con que un solo miembro del bloque rechace una adhesión para que ésta se trabe.

El canciller Mario Lubetkin calificó la decisión como un logro de política exterior que “trasciende gobiernos” y celebró que Uruguay “abra autopistas de oportunidades” en materia comercial.
Analistas de nuestro país consideran entre otros aspectos que el Acuerdo Transpacífico abriría la puerta a la exportación de leche con bajos aranceles y cuotas preferenciales, con muy buenas perspectivas en once mercados de alto poder adquisitivo.

En este sentido, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), considera que Uruguay se verá beneficiado con una reducción de 3,2 puntos en su índice de vulnerabilidad comercial por la reciente adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), que es la denominación oficial de este acuerdo.

Los gráficos del CED comparan la trayectoria histórica del indicador de “vulnerabilidad comercial” y muestran una caída relevante al incorporar el shock del Cptpp, lo que implica una diversificación efectiva de mercados y menor exposición a shocks regionales.

Al referirse a esta posibilidad, el propio expresidente Lacalle Pou evaluó que es “buena noticia que el gobierno haya logrado un paso más”, a la vez que hizo hincapié en que el bloque “reúne alrededor del 15% del PBI mundial, el 20% de las importaciones globales y el 17% de las exportaciones”, subrayando la potencia comercial del acuerdo. Para Uruguay, se trata del acceso más amplio que haya conseguido fuera del Mercosur, evaluó.

Asimismo, los datos indican que el 7,9% de las exportaciones de bienes uruguayos ya tienen como destino los países del Cptpp, lo que en 2024 representó un ingreso de 1.025 millones de dólares. Los principales productos colocados fueron carne vacuna, madera, concentrados de bebidas y arroz.
Al mismo tiempo, Uruguay importó 750 millones de dólares desde los países del bloque, y el 53% de esas compras corresponde a grandes rubros industriales, lo que confirma la complementariedad comercial. Con la adhesión, estos productos “entrarían sin pagar aranceles”, señaló el CED.

De acuerdo con este análisis, aunque el impacto estático inicial es “moderado”, los efectos dinámicos pueden ser significativos, con mayor atracción de inversiones, reglas más transparentes y un marco de estabilidad regulatoria.

El ingreso implica además una reducción estimada del 30% en los costos logísticos y arancelarios para las exportaciones uruguayas hacia los países del acuerdo, según estudios previos de la Academia Nacional de Economía. A su vez, las proyecciones sectoriales apuntan a un incremento del 60% en las exportaciones a los miembros del Cptpp una vez aplicadas las preferencias, según estima el portal Ámbito.

Asimismo el CED entiende que el ingreso al acuerdo reduciría la vulnerabilidad comercial del país a niveles históricamente bajos y ampliaría la participación de Uruguay en cadenas globales de valor. En su visión, la diversificación de destinos, el acceso a un mercado ampliado y la profundización de reglas previsibles ubican al Cptpp como el mayor salto de apertura desde la creación del Mercosur.

Con la adhesión ya aceptada, Uruguay iniciará ahora la etapa técnica de implementación, donde se negociarán los cronogramas arancelarios, la adecuación normativa y la operativa de acceso a mercados. Para el sector exportador, la expectativa es inmediata: más mercados, menos costos y un marco de competencia ampliado, según se estima. Claro que una cosa son las expectativas y otra el paso a la realidad, incluso en el corto plazo, porque en este mundo globalizado nada se puede dar por sentado, más allá en este caso del hecho clave de que nuestro país haya sido aceptado para ingresar al Cptpp, uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, sin dudas.

Pero además, debe tenerse presente que la significación de este paso aumenta si se tiene en cuenta que actualmente Uruguay solo tiene acuerdos comerciales con cuatro de los doce países de este bloque, que son México, Chile, Perú y Singapur. Según datos de la Cancillería, entre 2022 y 2024 el Tratado de Asociación Transpacífico representó en promedio el 9 por ciento del total de las exportaciones de bienes de Uruguay, con un valor de 1.100 millones de dólares.

Pero a su vez hay un aspecto clave, que es el que tiene que ver con el acceso con aranceles reducidos, de los que hoy no se beneficia Uruguay, y donde sin embargo entran nuestros competidores directos con preferencias arancelarias significativas.

Así, el centro de análisis Pharos considera que la entrada al tratado podría generar un aumento del 16,6 por ciento en las exportaciones totales del país, impulsado por la reducción de hasta un 30 por ciento en los costos del comercio para acceder a los mercados de los países miembros.

A esto se refería recientemente la vicecanciller de nuestro país Valeria Csukasi, al señalar que esta igualdad de condiciones es fundamental, porque “pasamos a tener condiciones iguales de acceso en mercados en donde nuestra competencia hoy nos estaba ganando por no pagar aranceles”, beneficio que se extiende a productos uruguayos como el arroz y los lácteos, que podrían integrarse en las cadenas de valor de países asiáticos.

Entre otros aspectos, es importante que en este tema, en lugar de desestimar lo hecho anteriormente, el actual gobierno haya dado continuidad a las gestiones para tratar de ingresar a estos mercados con ventajas arancelarias, incluso dando lugar a no menos de 25 reuniones en que se realizaron gestiones “discretas y en silencio” para avanzar en este proceso.

Ello inscribe en aquellos dichos del expresidente José Mujica de “comerciar hasta con quien se descuide”, pero sobre todo hacerlo pudiendo competir en mejores condiciones con quienes nos desalojan de los mercados por ser un país caro, pero también porque perdemos en los aranceles en los que otros tienen ventajas.

Estamos por lo tanto ante una apuesta estratégica muy valedera para la inserción en nuevos mercados en mejores condiciones, que puedan significar asimismo atraer inversiones y más fuentes de trabajo, con empleos de calidad. Un desafío que debemos sostener como país y por encima de gobiernos, abriéndonos en lugar de encerrarnos dentro de nuestra pequeñez, limitaciones y vulnerabilidad, más allá de factores coyunturales.

La violencia digital contra las mujeres es una forma creciente y compleja de violencia de género que exige respuestas coordinadas en el plano legal, institucional, educativo y tecnológico. Se trata de una forma de violencia que incluye el acoso, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes, campañas de desinformación y producción de contenidos manipulados (deepfakes) que buscan silenciar, humillar o excluir a las mujeres de la vida pública.

No se trata de un fenómeno aislado sino que reproduce relaciones de poder existentes en la sociedad, y por su viralidad y anonimato, multiplica el daño y dificulta la reparación, teniendo consecuencias en la salud, el empleo y la participación social de las mujeres en tanto ciudadanas.

Cabe señalar en este sentido que la promesa tecnológica de ampliación de las libertades no se ha cumplido totalmente y que, además, está revelando con crudeza que así como permite la construcción de oportunidades, también reproduce y amplifica prácticas de control, humillación y exclusión.

La violencia digital de género no es un fenómeno marginal ni puramente tecnológico, sino una extensión de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad y que, en el contexto digital, adquiere nuevas herramientas (anonimato, viralidad, algoritmos) que multiplican el daño y dificultan la reparación.

A escala internacional, organismos especializados como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado la aceleración del abuso en línea impulsado por la inteligencia artificial y la impunidad que generan vacíos legales y operativos. Las deepfakes y la difusión masiva de contenidos no consentidos están transformando la agresión digital en un arma de exclusión social, con efectos que trascienden las pantallas y afectan la vida laboral, la salud y la seguridad personal de las mujeres. Por eso mismo, la respuesta pública no puede ser meramente simbólica, sino que requiere de ajustes normativos, protocolos operativos y capacidades técnicas que seguramente falta desarrollar más allá de lo que hoy habilita la legislación o la costumbre.

En nuestra región latinoamericana actúan diferentes organizaciones feministas, redes de periodistas y defensores de la libertad de expresión, universidades, colectivos tecnológicos y oenegés que trabajan por los derechos digitales. A nivel internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y programas regionales impulsan diagnósticos y recomendaciones que en algunos países se está intentando traducir en políticas públicas.

Algunos estudios regionales están mostrando impactos significativos de la violencia digital contra las mujeres, tales como altas tasas de autocensura y limitación de la participación en redes entre mujeres y personas con voz pública, efectos laborales y de seguridad que obligan a muchas mujeres a reducir su presencia en espacios digitales.

Se trata de un tipo de violencia que reduce la libertad de expresión y la participación social y política de las mujeres, que enfrentan costos personales y profesionales por exponerse en espacios públicos digitales, con el consecuente deterioro de la salud mental, la seguridad, la reproducción de estereotipos que dificultan la igualdad en el empleo y la educación. Por otra parte, la normalización de discursos misóginos en ciertos espacios en línea puede contribuir a una cultura que tolera la agresión y dificulta la prevención.

En Uruguay la discusión pública y académica de este problema se intensificó recientemente en torno a la conmemoración del 25 de noviembre, con aportes desde la universidad y organismos estatales que han señalado la necesidad de protocolos y reformas.

La realidad es que en nuestro país conviven avances en políticas de género con limitaciones evidentes frente a la violencia digital. La ausencia de tipificaciones específicas, la falta de protocolos institucionales y la escasez de recursos técnicos en instancias judiciales y policiales generan una brecha importante entre el daño sufrido y la posibilidad de acceso a la justicia y de reparación.

A todo esto se suma la responsabilidad difusa de las plataformas digitales, que no tienen obligaciones claras de transparencia y tiempos de respuesta y de remoción de contenidos dañinos que no siempre son los adecuados, por lo que la protección de las víctimas termina quedando en manos de decisiones privadas y procesos que tienen un alto componente de opacidad. Este cóctel de desventajas termina teniendo un efecto disuasorio respecto a la participación pública de las mujeres en el espacio digital y limita la posibilidad de igualdad real.

Si bien la prevención no puede limitarse al orden jurídico, es innegable que se requieren herramientas procesales eficaces así como el fortalecimiento de los protocolos institucionales y de la articulación entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial y organismos especializados en género para avanzar en lo que respecta a la preservación de las pruebas digitales y el acompañamiento a las víctimas. Por otra parte, parece cada vez más necesario que las plataformas tengan obligaciones mínimas relacionados por ejemplo a mecanismos de denuncia más ágiles y en el idioma local, plazos de respuesta y mayor transparencia en sus criterios de moderación.

En el plano personal la alfabetización digital e informacional se ha vuelto una necesidad en los tiempos que corren y debería ser objeto de la educación formal y campañas públicas dirigidas a jóvenes y familias, como forma de generar conciencia, fortalecer competencias y desactivar narrativas que normalizan el discurso de odio y la exclusión.

Nuestro país cuenta con una tradición democrática y capacidades técnicas suficientes para dar una respuesta equilibrada a este nuevo fenómeno y proteger derechos sin sacrificar libertades. No se trata sólo de sancionar determinadas acciones o conductas, sino contar con mejores herramientas para intentar garantizar que la vida pública digital no sea un territorio hostil para la mitad de nuestra población.
Teniendo en cuenta que la tecnología transformó la vida cotidiana y política pero también ha venido acompañada de una reconfiguración de las formas de violencia y que además la inteligencia artificial y el anonimato están aumentando el abuso en línea contra mujeres y niñas a nivel mundial, es necesario revisar los instrumentos que contamos para enfrentar esta nueva realidad y realizar las adaptaciones necesarias que nos permita prevenir, proteger y, cuando sea necesario, sancionar.

En este marco seguramente son necesarios respuestas integrales y articuladas que incluyan acciones de regulación, protocolos, alfabetización digital y acciones en y hacia las plataformas digitales. Hoy en día la vida de la mayoría de nosotros transcurre también en el espacio digital y proteger su integridad implica también a la calidad de la democracia.

A fines de la década de los años 80 el SIDA, Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana Adquirida, era la epidemia final, el mal que podría llegar a tener el potencial de terminar con la humanidad tal como la conocemos. Hoy, decirle esto a alguien que nació con el nuevo milenio puede preceder a un cuestionamiento sobre la cordura del interlocutor. Y es que han pasado cuatro décadas desde que se diagnosticó e identificó un mal que rápidamente se cargó de tabúes. Su combate fue, a la vez que una lucha en busca de tratamientos eficientes, la excusa para una serie de reivindicaciones de derechos y terminó abriendo la puerta a muchos cambios culturales alrededor del mundo. Hoy el VIH SIDA es considerada prácticamente una enfermedad crónica, que con diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado los pacientes no solamente pueden vivir con ella, sino además llevar una buena calidad de vida y además los tratamientos han eliminado el riesgo de contagios; de allí que el sistema mundial de salud se haya atrevido a plantear como una meta que ya no haya más muertes por este mal al finalizar esta misma década.

El 1º de diciembre fue el Día Mundial del VIH y en ese contexto el Ministerio de Salud Pública (MSP), renovó el compromiso de “la eliminación del VIH como problema de salud pública”, a la vez que promover el autocuidado para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La campaña en nuestro país enfatiza en la importancia del testeo y del tratamiento temprano y se organizó bajo el lema “Transformar la respuesta al VIH”.

El 5 de junio de 1981, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos publicaron el primer informe oficial (en inglés) de lo que se conocería después como la epidemia del VIH. El informe describía el caso de cinco jóvenes de Los Angeles, hasta entonces sanos, que padecían una neumonía poco común, lo que fue el primer diagnóstico médico de la epidemia emergente.

Hoy, 44 años y medio más tarde, es mucho lo que sabemos de una enfermedad que hemos dominado, aunque no erradicado y ni siquiera todavía se ha hallado una cura definitiva, pero el que las personas puedan llevar una vida “normal”, o algo parecido a ello, es una conquista significativa.

Indica el MSP que las personas con VIH “pueden tener la misma expectativa de vida que la población general siempre que accedan al tratamiento antirretroviral de forma continua, sin interrupciones, y que el diagnóstico se realice lo antes posible. Muchas veces la infección inicial pasa desapercibida porque los síntomas se confunden con otras infecciones virales y se resuelven solos; mientras tanto, el virus se multiplica y afecta las defensas del organismo”. Es por ello que considera clave que haya testeos tempranos incluidos en los chequeos de rutina. “El test de VIH debe incorporarse como una práctica rutinaria en toda persona sexualmente activa y en los controles de salud. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento a tiempo, evitar la progresión a enfermedad avanzada (SIDA) y cortar las cadenas de transmisión”.

La prevención se plantea hoy como una estrategia combinada, “un conjunto de intervenciones integradas que también ayudan a prevenir otras ITS”. Esto involucra el uso de preservativos externo (masculino) o interno (femenino) que sigue siendo una herramienta central, porque protege frente a todas las ITS, “y además previene el embarazo” no deseado, agrega el MSP.

La otra parte de la estrategia consiste, justamente, en realizarse pruebas para VIH y sífilis, “infecciones que pueden cursar largos períodos sin síntomas y solo se detectan mediante análisis de sangre”. También se incluye en estas recomendaciones los testeos para hepatitis B y C, que se transmiten por vía sexual, lo mismo que el Virus del Papiloma Humano (HPV). Tales prestaciones están incorporadas en la canasta de las instituciones de salud, “con indicaciones específicas según edad, estado vacunal y situación de riesgo, y contribuyen a una visión integral del cuidado de la salud sexual y reproductiva”. Y para algunos de estos males hay además vacunas, que también se recomiendan, “ambas seguras, eficaces y disponibles en forma gratuita en todos los vacunatorios del país, con indicaciones específicas según edad y situación de riesgo”.

Las estadísticas mundiales más recientes sobre el VIH indican que entre 37 y 45,6 millones de personas en todo el mundo viven con VIH. Entre 490.000 y 820.000 personas fallecieron murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA el año pasado. Entre 27,8 y 32,9 millones tuvieron acceso a terapia antirretroviral en 2024. Entre 73,4 millones y 116,4 millones de personas se han infectado con el VIH desde el comienzo de la epidemia. Entre 37,6 y 53,4 millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia.

No podemos olvidarnos que el que hayamos llegado a esta situación en la que se ha logrado calidad de vida para los pacientes y que la meta de cero muertes sea un objetivo alcanzable es fruto de la investigación y de los desarrollos de la ciencia.

Es bueno recordarlo en estos tiempos en los circulan en las redes discursos absurdos y malintencionados que buscan desestimular las inmunizaciones al impulso de ridículas teorías conspirativas.

Hace pocas horas la opinión pública argentina ha seguido con atención y polémica el “montaje” que efectuara nada menos que en el Congreso Nacional una diputada que presentó una “demostración” del supuesto efecto magnético de una vacuna contra la COVID-19, al mismo estilo del ridículo que hizo en nuestro país un exdiputado sanducero, con la prueba de los tenedores, las cucharas y las monedas que quedaban “pegadas” al cuerpo de personas vacunadas contra esta enfermedad virósica.

En aquella oportunidad, en nuestro país, el intento de deslegitimar y cuestionar las vacunas se hizo en medio de una pandemia devastadora, con el mensaje de que se estaba desenmascarando un engaño por el invento de una pandemia propiciado por los grandes laboratorios y corporaciones de la medicina, un concepto que está siempre en primer plano en la mente febril de los grupos negacionistas, que siempre han existido, y que se potencian puntualmente al transmitir sus delirios cuando se dan eventos que puedan fortalecer la repercusión popular de su pensamiento retrógado.

Bueno, también hay que asumir, porque es una realidad irrefutable, que desde siempre hay un reducto de personas dispuestas a creer en estos salvadores y mesías iluminadores que conocen “la verdad” que las grandes corporaciones e intereses oscuros intentan ocultar, pero por suerte están ellos, con su gran visión y percepción para desentrañar conspiraciones, para advertir a los comunes mortales que es lo que hay detrás de estas grandes organizaciones para usar a la humanidad como conejillo de indias.

En el caso que nos ocupa, el evento que generó controversia en el Congreso argentino el jueves se extendió por más de seis horas y fue organizado por la diputada por Chaco Marilú Quiroz. En uno de los paneles, Lorena Diblasi, que figura en el sitio web del Conicet como licenciada en Biotecnología, presentó a un hombre que exhibió una de las supuestas “secuelas” que, según dijo, le dejó la aplicación de dos dosis de la vacunas Covid-19 elaboradas por AstraZeneca.

“José Daniel Fabián” –así lo introdujo a la charla– mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo –tuvo varios intentos fallidos– y Diblasi sostuvo que se trata de una “magnetización”.

“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, dijo la oradora ante la mirada del público.

Por su parte, el pediatra Oscar Botta vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral. Más tarde, el licenciado en Administración por la UBA Pablo Stolkiner afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”.

En tanto, la pediatra y neumóloga Lucía Langer sostuvo que las personas vacunadas presentan un “exceso de aluminio en sangre”. A su vez, Chinda Brandolino, médica clínica y homeópata, reiteró una supuesta relación entre autismo e inmunizaciones –al igual que Botta–, mientras que Viviana Lens, especialista en geriatría, habló de magnetismo, en línea con los planteos de Diblasi.

Es decir, entre los mismos profesionales, siempre hay algún disidente que “la tiene clara” y disiente con la opinión de sus colegas, pero en este caso el común denominador es un cúmulo de divagues con demostraciones que buscan efectismo en el público dispuesto a creer, que siempre encuentra eco en algún crédulo y los negacionistas de siempre, los que sostienen que no hubo pandemia, que el hombre no llegó a la Luna, que la tierra es plana, que los aviones comerciales nos fumigan para cambiar el clima, y que personas famosas fallecidos en realidad no habían muerto, sino que han estado ocultas en algún lugar remoto del mundo.

El punto es que no se trata solo de un tema para tomarlo en forma liviana o con jocosidad, porque se da por ejemplo en este caso en medio de un empuje de casos de sarampión en esta parte del subcontinente, como consecuencia paradojalmente de una baja cobertura en vacunación, pero que los antivacunas intentan explotar para llevar agua hacia su molino en base a la desconfianza de parte de la población hacia las vacunas, lo que pone en riesgo de contraer esta enfermedad a quienes no se vacunan en atención a estos cuestionamientos.

En realidad, y como ha quedado demostrado en infinidad de oportunidades y situaciones, las vacunas constituyen la intervención sanitaria más eficaz de la historia contra enfermedades infecciosas, en las antípodas del pensamiento y discursos antivacunas que hoy, lejos de limitarse a sectores marginales, se infiltran en instituciones públicas, como es este caso en la Argentina.

Utilizar al Parlamento como ámbito para difundir estos pensamientos delirantes es tan paradójico como sintomático de la pérdida de valores en la sociedad y de la ignorancia colectiva que ya no es sólo de quienes no pudieron acceder a la educación, porque hay gente dispuesta a creer y tomar como verdad absoluta lo que dicen los promotores de estas teorías sin fundamento técnico o claramente demostrado que es falso, o incluso cae por el absurdo, como en el caso del supuesto “magnetismo” de las vacunas. Y para muestra de lo estúpido del argumento, basta imaginar que el 80% de la población tiene más de 2 dosis de vacunas contra el COVID. Entonces, ¿qué pasaría se a un “vacunado” o “magnetizado” de esos se le practica una resonancia magnética? ¿Alguien sabe de algún paciente que se haya desintegrado del en resonador en los últimos 5 años en Comepa, por ejemplo?

Que no son cien por ciento inocuas, por supuesto, porque siempre ha existido determinado porcentaje de personas que experimentan reacciones adversas, como en toda medicación, debido a su propio metabolismo, pero ello no invalida el hecho de que se salven millones de vidas tanto de quienes se vacunan como de aquellos que no lo hacen pero que quedan protegidos en la inmunización de rebaño, al reducirse sustancialmente el riesgo de contagio por propagación.

Haciendo historia, tenemos que estimativamente las vacunas evitaron entre 2 y 3 millones de muertes por año durante la última década (OMS); la vacunación contra COVID-19 evitó 20 millones de muertes en su primer año (The Lancet Infectious Diseases, 2022); y la actual caída del índice de vacunación en otros países sudamericanos favorece la reaparición de enfermedades como sarampión, tos convulsa, hepatitis y poliomielitis, nada menos. ¿Cuál es el riesgo de contraer sarampión? Muchos preguntan eso, porque antes era bastante común. Y para la mayoría puede ser una enfermedad común, pero tiene complicaciones con alta mortalidad.

Y aún en medio del extraño atractivo que implica para algunos grupos las teorías conspirativas, con cierto manto de romanticismo y “heroísmo” para sus promotores, debe asumirse que las iniciativas antivacunas no son opiniones válidas, sino desinformación peligrosa que amenaza directamente la salud pública, cuando quien recibe el mensaje es receptivo a los argumentos de quienes abrazan el negacionismo científico.

Uruguay realizará un censo de personas internadas por motivos de salud mental para implementar la Ley de Salud Mental, aprobada durante la presidencia de Tabaré Vázquez en 2017.
El acuerdo entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) permitirá, además, conocer la situación de las personas que viven en hospitales psiquiátricos o centros monovalentes –así se denominan, por ejemplo, las colonias Etchepare o Santín Carlos Rossi–, así como planificar otros dispositivos.
En Uruguay, de acuerdo con la Ley Nº 19.529, se prohíbe la creación de nuevos asilos y se establece un cronograma para el cierre de los existentes. Los especialistas consideran que el modelo asilar es obsoleto y, por tanto, la ley programaba su cierre para este año.

Sin embargo, en las sucesivas administraciones no se definió planteo alguno respecto de lo que marcaba la ley. Es decir, nunca hubo un cronograma para la sustitución del modelo asilar por otras formas de atención. Incluso el sistema político dejaba claro que no se iba a cumplir con ese plazo. Hasta que llegó 2025.

En setiembre pasado, enmarcado en el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado recientemente en la Cámara de Senadores para su retorno final a Diputados, quedó transparentado en el artículo 394 el aplazamiento del cierre de los manicomios. “El desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde la entrada en vigencia de la presente disposición. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación el cronograma de cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes. El cumplimiento definitivo del cronograma no podrá exceder temporalmente el año 2029”, dice el proyecto de ley del actual gobierno.

Incluso puede ser cuestionable el plazo de 2029, dado que, con la entrada en vigencia del nuevo presupuesto en 2026, el cierre programado de los asilos quedará limitado a tres años. En ese tiempo se deberá definir la asistencia a personas que han pasado toda su vida internadas en dichos centros, donde algunos son adultos mayores y, por razones obvias, no cuentan con lazos familiares para su contención.
Si partimos de la base de que la atención a la salud mental es un derecho, es obligatorio hablar de los recursos definidos en materia presupuestal para distintas acciones que permitan cumplir con la ley.
En noviembre pasado, el Ministerio de Salud Pública presentó las iniciativas que se originaron luego del lanzamiento de la Acción País por la Salud Mental. Allí se organizaron más de 20 grupos de trabajo y unos 400 participantes asumieron el compromiso de llevar adelante distintas estrategias que permitan, en definitiva, cumplir con la ley.

En estos dos últimos meses del año, el Ministerio de Salud destina 18 millones de pesos para el financiamiento de proyectos de salud mental, y durante el año que viene esa cifra subirá a 144 millones. Habrá otra partida adicional de 30 millones para establecer convenios con ASSE, el Ministerio de Desarrollo Social y los gobiernos departamentales.
El gobierno nacional pone el pie en el acelerador para brindar tratamiento a una población que padece afecciones que crecen y se diversifican, e instala la necesidad del compromiso social para la ejecución de los plazos establecidos. Porque no se trata únicamente de desinstitucionalizar, sino de acompañar los procesos de integración a la comunidad. Pero la comunidad no está preparada para esta salida integrada, por varias razones.

Si aún falta contratar recursos humanos que respondan a la alta demanda que registra el Sistema Nacional de Cuidados en todo el país, orientado a personas con diversos grados de dependencia, la pregunta es cómo se llevará adelante el cuidado y la desinternación de personas que requieren una asistencia muy específica.

Porque aún persiste la alarma pública tras el triple homicidio ocurrido en 18 de Mayo, Canelones, a manos de un joven que padece un cuadro severo de esquizofrenia crónica que nunca fue tratado, según el análisis psiquiátrico. Es que, cuando se toman decisiones que aspiran a ser estructurales, hay que dotarlas de presupuesto, voluntad política y participación ciudadana. Son tres cuestiones que no siempre trabajan juntas en reparticiones acostumbradas a hacerlo en compartimentos estancos.
La estructura sanitaria no podrá trabajar sola. El sistema educativo deberá aportar contención e información sobre la salud mental de la población que asiste a sus diversos niveles sin apartarse de su cometido, que es la enseñanza. En el mismo sentido deberán hacerlo los referentes que se encuentran en los espacios de tiempo compartido, tales como los ámbitos deportivos o sociales. ¿Están preparados para hacerlo?

En Uruguay, el 29% de la población adulta presenta síntomas de falta de bienestar psicológico, el 24% se ubica en el máximo índice de soledad y hay más de 30.000 personas en lista de espera para ser tratadas por algún equipo de salud mental.
Incluso el concepto de “lista de espera” requiere autocrítica, pero ese debate aún no está instalado ni en la sociedad ni en los equipos médicos.

Habría que despejar algunas dudas. Cuántos casos necesitan la atención de un psiquiatra y cuántos pueden ser atendidos en el sistema de atención primaria o en policlínicas. Cuánta capacidad de resolución tiene la Medicina Familiar y Comunitaria sobre determinados problemas de salud mental antes de llegar a otro especialista.

De acuerdo con la estadística de ASSE, Uruguay cuenta con unos setecientos médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, en su mayoría formados por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Si bien no es una especialidad tradicional, comenzó a estudiarse como tal en 1997 y en 2008 se priorizó en el primer nivel de atención.

Estos profesionales suelen autodefinirse como parte de una especialidad que pone en el centro a la familia y su comunidad. Las autoridades sanitarias de los sucesivos gobiernos repiten que “se sale en comunidad” de este problema de abordaje de la salud mental.

Por eso, el desafío está marcado desde el inicio. Y, aunque no lo crean las sucesivas autoridades, siempre queda todo por hacer. Para empezar, el cambio de paradigma debe instalarse primero en el ámbito profesional médico para que después descienda y permee en la sociedad.
Los cambios serán desde arriba hacia abajo, para ayudar a las comunidades a combatir mitos y comprender que todos somos agentes de cambio. De lo contrario, no habrá cambios.

El arte del buen decir siempre fue una preocupación de los hombres dedicados a la cuestión pública, en particular, a los menesteres de la democracia y de la docencia. Y vaya la primera precisión: desde bien atrás en el tiempo, se distinguió entre el arte del buen decir y el arte del correcto decir, la gramática. El ser humano siempre sintió el uso del lenguaje como una limitante a su capacidad expresiva, al “don de transmitir ideas, conceptos, pensamientos” a partir del acto de la comunicación.

Gustavo Adolfo Bécquer, poeta, lo decía con sencillez: “Yo quisiera escribirle, del hombre/domando el rebelde, mezquino idioma…” Se le atribuye a Aristóteles haber concebido el primer tratado sobre retórica, entendida como “la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente”. Y precisa que “el objeto de la retórica no es persuadir, sino ver en cada caso aquello que es apto para persuadir”.

Al llegar el siglo XVI, Pierre de la Ramée reduce la retórica a “un ornamento”. Y más acá en el tiempo, Michel Foucault, en su lección “El orden del discurso” se aproximó a un análisis filosófico sobre las relaciones de poder y saber en la sociedad.

Para Foucault, la tesis de inicio es que “en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”.

Volviendo atrás…

Volvamos a Atenas, al siglo V a.C. A la capacidad y elocuencia disponible para el desarrollo democrático. Aparece la temporalidad como herramienta. Ha sido esto lo que le ha insuflado al debate y a la toma de decisiones, una carga de tensiones y estrés. Parte de la lógica mediática, pero también del ausente debate de fondo que es sustituido por la agresividad discursiva, ya sea como radicalización o descalificación.

Los políticos a través de cuidadas técnicas de persuasión procuraban conmover a sus diferentes públicos. Los sofistas se ocupaban, por entonces, de enseñar y dirigir los discursos, no sólo para “la plaza pública”, sino también para los juicios pues era sobre el propio acusado que recaía la responsabilidad de defenderse. Por ello Aristóteles clasificó en tres los géneros de la oratoria: judicial, política y epidíctica. Demóstenes fue el más importante de los oradores griegos, que con destacada elocuencia manejaba como nadie el cambio de ritmo y tono, mezclas de estilo, metáforas y también sorprender a su interlocutor.

No se precisan largas intervenciones. Uno de los discursos más brillantes de la historia, el de Abraham Lincoln del 19 de noviembre de 1863 contenía apenas 300 palabras. No fue resultado de la improvisación, sino de la planificación y objetivos políticos buscados.

Hoy, diversidad y confusión

En la actualidad, vivimos una era digital de una diversidad extrema. Esta nueva realidad ha afectado nuestra forma de ver el mundo y también conmovido nuestra perspectiva.

Uno de los cambios más notables tiene que ver con la validación del tiempo. Aunque no tenga valor, la inmediatez ha adquirido un valor supra aún en la intrascendencia del propósito. Asumimos la expectativa de alcanzar resultados rápidos sin ponderar costos ni beneficios. Nos hemos acostumbrado a la fugacidad y nos frustramos cuando las cosas no se resuelven al instante.

Es cierto, la era digital ha ampliado las opciones pero no todo suma. Nos exponemos a una hiperconectividad que podrá ser útil o no, pero provocará una sensación de agobio y dependencia.

La comunicación mediada

Para Antonio Hernández Mendo y Oscar Garay Plaza “la comunicación es un proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión”.

A partir del siglo XIX, pero fundamentalmente a partir de la explosión de la diversidad y sofisticación de medios, la comunicación también creció en aspiraciones y complejidades. Absorbió cada vez más valor desde otros campos de estudios y reflexiones. Porque es necesario precisar que muchas veces “agregar” no suma, ni disponer de recursos tampoco es sinónimo de contar con más posibilidades. El problema es conceptual, es de contenidos, es de estrategias.

Precisamente, la variable estratégica es fundamental para la toma de decisiones y antes aún para guiar la batalla por la transformación de la sociedad.

Por ello conviene tener muy claro que “no todo comunica pero todo significa”. Aunque no todas las acciones o palabras sean claras, cada una de ellas significa; incluso los silencios y las omisiones. La teoría de Paul Watzlawick advierte que cada gesto, acción-omisión tiene un valor: todos significan y no todos comunican.

Así, es urgente comprender que la comunicación es inherente a la prospectiva de una gobernanza eficaz. Así, la planificación adquiere una relevancia mayor, de soporte e instrumento, que debe ser analizada, planificada y ejecutada con sentido de objetivos y de urgencia, sin excusas. Hay que poner en valor la planificación, avanzar en función de resultados. Por aquello que se ha dado en llamar la estrategia del síntoma.

Un último elemento, a cuenta de más: la comunicación es esencialmente mediada y por tanto factor de tensión e incertidumbre. La planificación es para definir la secuencia de los hechos políticos articulados para, con las pautas comunicacionales, avanzar hacia los objetivos definidos hasta desencadenar la decisión política que resuelva la situación. La comunicación es esencialmente asimétrica y de intercambios que intentan, las más de las veces, neutralizar/dominar, pero pocas veces la de facilitar un acuerdo de mínima.

El buen director de medios, el dircom, tendrá para su equipo un set de posibilidades para neutralizar imprevistos que no sorprendan ni descoloquen, con las que no procurará resolver todas las contingencias, sino la de evitar que en el “momento de la verdad” el decisor sea sorprendido exponiendo un lado incierto, que podrá ser bien valorado para sí mismo, pero no es lo que se espera de quien lidere en la incertidumbre.

Mucha planificación significa cuidado y amplio análisis para la planificación, y para que el jefe sea más asertivo y confiable. También para robustecer el clima de cambios que toda administración aspira cumplir. Ese es el compromiso con el soberano.

Al final de cuentas ¿estamos con Bukele o no estamos con Bukele? El presidente lo puso como un caso ejemplar. Luego titubeó un poco: “para analizar”, dijo y aún después algo más atribulado trató de aclarar; y no quedó muy claro. El secretario de la Presidencia salió a interpretar aclarando que no era intérprete y Lucía Topolansky, sin duda el eco de la voz del “Pepe” y quien mejor comunica y lo refleja planchó el asunto: “lo de El Salvador no se agarra por ningún lado”.

Para todos los gustos. La izquierda acomoda y reacomoda el relato a su placer, los blancos no hacen autocrítica pero sacan algunos trapitos al sol, y los colorados dejan pasar ocasiones y tiempo; no es facilongo con una pelota con dos dueños.

La discusión comienza antes de mover. Y la rana se sigue cocinando. Y la brecha cada vez más definida. La gente enmarca y limita su pensamiento (?) a su pertenencia partidaria. Gente que hasta hace unos días decía “aquí lo que hace falta es un Bukele y mano dura”, ahora se siente hasta agraviada por la tímida sugerencia de Orsi.

El intento sobre el secreto bancario: gatillo fácil para DGI respecto a la privacidad y los ahorros y depósitos de la gente es preocupante en ese sentido. A la vez es demostrativo del estilo Astori del ministro Oddone. Siempre con un as en la manga o mejor dicho un cuchillo bajo el poncho. Fue Astori quien decía oponerse a propuestas locas de “las bases” y sindicatos ultras, y nos hablaba en cambio de un impuesto a la renta “para que paguen más los que ganan más”, pero que además era como en EE.UU. Nada que ver. Allá no existe Impuesto al Patrimonio (IP); acá va a ser simbólico, dijo Astori. ¡Mirá qué simbólico! Lo que hizo fue crear el gran impuesto a los sueldos, con el cual también revolcó a los jubilados, incluso en un acto contra natura como lo interpretó la corte en su momento. Y así se comenzó a acabar con toda la clase media y a deteriorarse nuestra democracia republicana, lo que es uno de los objetivos del nuevo marxismo-leninismo en tono gramsciano, tanto o más nocivo y totalitario que el modelo anterior.

Tenemos un Pit Cnt que pide impuestos a los ricos, fuera de tiempo, una mera consigna, ni saben lo que pasó en Francia o Noruega, o no lo comparan con el que aprobó Lula –que es el numen que ilumina–, pero que en realidad es un especie de “centro” para que cabecee Oddone y eventualmente Orsi y digan no a nuevos impuestos, mientras en paralelo crean ese nuevo impuesto a los ricos (impuesto a las tasaciones inmobiliarias en el exterior) que más estrictamente es otra carga para los pobres uruguayos que juntaron algún peso con su trabajo y se dieron un gusto. Los ricos ricos o lo residentes extranjeros, esos no van a pagar un céntimo.

Es para los uruguayos de a pie, los que efectivamente trabajan, que pagan todos los impuestos, viven en casas terminadas, con final de obra, no tienen viáticos ni ingresos disimulados.

Les parecerá exagerado y maniqueo: pero algo así pasó en Cuba y hoy los cubanos sirven sin derecho a protesta a los turistas extranjeros. Sin embargo pelean por un empleo en ese sector. Un triste destino.