Opinión

“Yo pienso que la definición de ‘diálogo’ de la RAE –conversación o discusión sobre un asunto o un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución– está demodé. Nada que ver con sus nuevos usos. ‘Maduro, a caballo del diálogo, –con el apoyo del Papa, Rodríguez Zapatero y el Frente Amplio– continúa en el poder…’” Lo escribí hace unos años –“Diálogo en marcha”– refiriéndome a este “instrumento” que es caballito de batalla del Foro de San Pablo de Lula y el “progresismo”, y lo recuerdo porque viene a colación en estos días, créanlo.
¡Qué semanita! ¿No? Estuvo picante, pero como que se encaminaron algunas cosas; o comenzaron a encaminarse.

El Partido Nacional, por ejemplo, que tras perder la elección, — y lo pongo así porque no está bien que cuando ganan son los blancos y cuando pierden es la coalición–, como que se ha venido descascarando. Parece, sin embargo que a partir del lunes cambiarán la pisada: ese día el senador y hoy presidente del Honorable, Alvaro Delgado, planteará su decisión de renunciar al Senado y dedicarse full time a la Presidencia del Directorio. Eso es lo que todos dicen, y lo que la inmensa mayoría le viene reclamando; a viva voz y a cara descubierta. Pero con Delgado nunca se sabe. De todas maneras no tiene alternativa, solo le queda De Centro –Ripoll, Nicolás Olivera, Beatriz Argimón– y en la 404 crece y se impone la figura del senador y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema. En una entrevista en Búsqueda, en tanto, el senador Sebastián Da Silva, lapidario por momentos, analiza y explica las causas que han llevado a este estado de cosas al tiempo que esclarece bastante el panorama futuro; como sería (o debería ser) las cosas según su visión.

Los blancos tienen un gran capital, como lo constituye el liderazgo del expresidente Lacalle Pou, pero hay que hacer buena letra. Más cuando el líder no se mete y en apariencia se mantiene al margen. Nada es eterno.
Y el otro tema es el Diálogo Social patrocinado por el presidente Orsi (en sustitución del Parlamento, susurran los insidiosos; o clarividentes). Convocó a los partidos políticos con la mesa ya servida y la mayoría de los comensales, con una gran redundancia frentista, ubicados en sus respectivos lugares, al mejor estilo Maduro. En fin, a tan solo ocho meses de elegidos diputados y senadores para representar al pueblo en el congreso y ni a cinco meses que asumieran, el gobierno “progresista” ensaya un parlamento de bolsillo, muy cómodo y manejable, en claro detrimento de las instituciones democráticas y despreciando el mayoritario mandato popular, expresado en octubre pasado y reafirmado en mayo de este año.

Blancos, colorados, independientes e Identidad Soberana dijeron no; no vamos, para esas cosas está el Parlamento, advirtieron marcando lo obvio. Más allá de algunas declaraciones airadas tratando de ensuciar y hablando de soberbia (¡mirá quienes!), Orsi invitó a hablar a los líderes opositores y entonces ahí comenzaron a entenderse. Estos le dejaron claro sobre qué temas, que sí son urgentes, les preocupa conversar y encarar, pero definitivamente no está incluida la ley jubilatoria aprobada por el Parlamento en el ejercicio pasado y ratificada por el pueblo. Ante este eventual nuevo intento, la oposición dijo que envíen un proyecto de ley al Poder Legislativo y este decidirá, como corresponde.
Puede que algo se logre reencaminar. Quizás fue una buena semana.

A poco de las recientes elecciones que terminaron con la victoria de Donald Trump, los demócratas perdieron a su veterano candidato y allí en medio de los acordes triunfantes que se desvanecieron, debieron improvisar una candidatura, la de la vicepresidenta Kamala Harris, que iluminó algunas esperanzas pero la confusión y cierto caos (donde mucho tuvieron que ver los brutales ataques verbales y tácticos de Trump y sus ejércitos de trols) sacaron de eje y de la lucha electoral.
En las filas partidarias costó bastante digerir ese mal trago, y aún cuesta. Una nueva generación de aspirantes a conducir el Partido Demócrata llega con ideas nuevas, más jugadas, que buscan profundizar el estado de derecho, buscando instalar elementos claros de una suerte de características propias del estado de bienestar, aunque no le llamen así ahora.

Lo cierto es que en medio de esa desazón, estos liderazgos emergentes parecen ser una inyección de vitalidad, aunque el ala conservadora no los vea con igual expectativa, sino más bien como una amenaza.

Está extendida la idea de que la organización partidaria se ha sumergido en una crisis dura, la mayor de los últimos cincuenta años. Ha perdido peso al haber perdido presencia en las ramas ejecutiva, legislativa y también judicial a nivel del gobierno federal. En particular, la recuperación de peso a nivel del poder judicial es particularmente lenta para su rescate dada las normas que le regulan.
Los niveles de popularidad de los demócratas, según el informe Third Way, están en mínimos históricos. Al colectivo que se nuclean en torno a Third Way se les suele ubicar alineados en ideas y planteos de centroizquierda.

Sin embargo, y ya desde informes presentados a partir del año 2022 por la empresa Gallup, cada vez más estadounidenses se identifican como republicanos y no como demócratas, cortándose una tendencia que era firme desde 1991. Figuras destacadas del Partido Demócrata, como el gobernador Gavin Newsom de California, califican la marca demócrata como “tóxica”.
Entre las consultoras de opinión pública, se advierte que el apoyo demócrata se ha desvanecido entre los votantes que carecen de educación universitaria, que representan aproximadamente el 64 por ciento del electorado.
Hay votantes que han emigrado desde estados azules trasladándose a los rojos. Cuando el cielo se te cae sobre tus hombros, más cosas saldrán mal. Por ejemplo, si se proyecta la evolución más probable asumiendo las tendencias demográficas actuales, los estados azules perderán hasta una docena de votos electorales después del censo de 2030.

Todo este escenario actual ya debilitado, hay otras condiciones que permiten a los estrategas demócratas ser algo más optimistas acerca del futuro. Esas otras condiciones que estarían llevando a los estrategas demócratas a ser algo más optimistas. Y hay otras situaciones que impulsan a los estrategas demócratas a ser algo más optimistas. Las últimas noticias son muy alentadoras para los demócratas que tienen una oportunidad. La incompetencia de la administración Trump, y el sufrimiento humano que resulta de ella, se volverá cada vez más evidente. El desencanto con el presidente Trump y su partido ya se está extendiendo pero le falta aún algo de maduración. Pero ¿pueden los demócratas estar en condiciones de aprovechar la oportunidad?

Rahm Emanuel, un experimentado político, un exrepresentante demócrata en el Congreso y desde hace un tiempo alcalde de Chicago, va avanzando en la maduración de estos cruces. Rahm se inició como jefe de gabinete del presidente Barack Obama, y hoy es uno de los que hace aportes para reubicar al Partido. Lo resumió así: “Si estás fuera de la corriente principal de la cultura, el público nunca confiará en ti lo suficiente como para escuchar tus ideas sobre temas económicos de ‘mesa de cocina’”.

Esta nueva generación de dirigentes, reclama su espacio, y se proyectan líneas de pensamiento novedosas, pero no imprudentes.
Hay una verificación bastante sencilla: con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, los demócratas van hacia el centro del espacio político.
Y ahora necesita construir una base que se apoye desde un consenso que tiene potencial y sentido estratégico y económico. Para ello apelan a la metáfora de la prosperidad, alcanzable en una proyección a tres años. Puede convertirse en algo diferente, que no ha sido durante años: la fiesta de la prosperidad.
Desde varios sectores del partido, Trump y sus políticas de empobrecer al vecino, exacerbadas por su política de venganza, fuerzan a abandonar el terreno elevado de la prosperidad y resignar pelear por las nuevas realidades.
El riesgo que puede no afectar a las prioridades del Partido Demócrata, así como del centro y desde su izquierda, pues cuentan con una buena idea de cómo capturarlo.

Se está moviendo…

Aunque el partido aún no está donde quiere y debe estar, especialmente en temas culturales, se está moviendo y proyectando que ese movimiento algo pendular servirá para ubicarse en situación más o menos óptima.
Por ello, casi sin excepciones los demócratas entienden que éste es un momento de desafíos, que con una gama de matices amplia, puede disparar un conjunto de oportunidades.
Y es que hay una idea que gana su lugar: después de Trump habrá un ciclo de frustraciones electorales republicanas. También conquista otra idea: con los aranceles impuestos a occidente, las empresas chinas comienzan a hablar de abrirse a análisis diferentes, y estudiar alternativas, en particular, el tránsito hacia los BRIC.

Es cierto, con planes de estas características, países como Emiratos Árabes Unidos se beneficiarían, ganando la producción local y las transferencias de tecnología de Pekín que Occidente no permite.
La visión de los Brics de un crecimiento inteligente y limpio se ajusta a las brechas del orden global. Pero no está unido: el potencial verde de Rusia está enterrado bajo su política de combustibles fósiles. Arabia Saudita se protege, coquetea con los Brics mientras se aferra a los EE. UU., con acuerdos en la balanza. La mayoría de los estados miembros del grupo están nerviosos de que una China poderosa pueda sobresalir sobre el resto. Sorprendentemente, sin embargo, su líder Xi Jinping, no asistió a esta cumbre.

Conclusión

Las naciones de los Brics se están reenfocando y aún tienen tiempo cierto para cerrar filas. Hoy su movimiento es más técnico e imprescindible; también estratégico, es comenzar a construir una ingeniería financiera propia desde donde desafiar el universo dólar.
Es decir, para que estas alianzas tengan una oportunidad necesitan independizarse de los sistemas occidentales. Les es necesaria su propia ingeniera financiera.
En esto, Estados Unidos y toda su red financiera llevan la delantera. De la crisis interna de EE. UU. de su resolución dependerá como se reconfigure y se compatibilice con la crisis global. El rol al que están llamado los demócratas es crucial. Es una hora difícil para ellos y pata todos. Es mucho lo que hay en juego.

 

 

La filtración de un mail a mediados de la semana desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en donde se decide suspender de forma temporaria las exportaciones de ganado en pie para faena inmediata, generó una fuerte polémica en distintos sectores del agro en nuestro país, pero también sorpresa dentro del mismo Poder Ejecutivo, tras las declaraciones al respecto del ministro de Economía, Gabriel Oddone.

El correo electrónico que llegó a los productores señalaba que las exportaciones de ganado en pie para faena “se encuentran momentáneamente suspendidas. Daremos aviso cuando se retomen los permisos. Agradecemos dar conocimiento a los exportadores de animales en pie”, indicaba el mensaje.

Inmediatamente dirigentes agropecuarios, y también de la oposición se refirieron al tema, aduciendo su malestar por la medida, que no fue consultada previamente, y que puede generar otros inconvenientes.
Quien toma la decisión fue el propio ministro del agro, el doctor Luis Alfredo Fratti, quien explicó que se busca que los operadores del sector presenten sus solicitudes con tiempo, ante el crecimiento del volumen exportado en esa categoría, y argumentando que la medida se enmarca en una situación delicada del sector industrial.

Una de las expresiones que generó controversias, es la frase del ministro: “tenemos 1.030 obreros en seguro de paro, 590 de ellos con vencimiento en junio, y seis frigoríficos cerrados”. Lo que no aclaró el secretario de Estado, es que más de la mitad de ese número de obreros en el seguro, corresponden a plantas frigoríficas como Casa Blanca, Rondatel y Lorsinal, los cuales tienen problemas que nada tiene que ver a la menor cantidad de ganado a faena a causa de la exportación de ganado en pie.
Sin embargo, Fratti argumentó que “si seguimos este ritmo, vamos camino a duplicar la cantidad exportada en 2024. Y si la industria para una semana, hay que pensar en lo que pierde el país”.

En realidad, los 347.000 vacunos exportados en pie durante 2024 corresponden al 15,4% del total de los vacunos faenados en Uruguay ese año. En lo que va de 2025, el número de animales embarcados asciende a 22.000 cabezas de ganado, que representan entre 3 o 4 días de faena, o una semana de faena de la categoría de novillos.
Estos datos hablan por sí solos, y dejan al descubierto que “no mueven la aguja” para llegar a tomar una medida considerada “arbitraria” por las gremiales del agro.

Fratti, durante una conferencia de prensa, aclaró también que el gobierno busca fomentar el aumento de terneros nacidos, y que eso requiere el compromiso de toda la cadena. “Es difícil pedirle a la industria que invierta para más terneros si después se los vendo a otro país”. Expresiones que surgen días después de presentar el Programa “Procría”, en donde se procura aumentar la cantidad de terneros en el país, lo que es un claro mensaje “contradictorio” para los productores, quienes a través de la exportación de ganado en pie han visto fortalecido el valor de la categoría.

Sobre las críticas de algunas gremiales, que señalaron un posible intento de controlar los precios, Fratti fue tajante: “No equivale a nada. Es lo que es. Y los que dicen que es una prohibición, están equivocados. Lo demás es carnaval”. Aseguró además que no se trata de una medida discriminatoria ni fija, y que cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

El delegado de la Federación Rural en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC), licenciado Joaquín Martinicorena, precisó a EL TELEGRAFO que “tienen otro pensamiento de ver la economía”. Y recordó que “vimos en el país vecino (Argentina), lo que fueron los 15–20 años del gobierno, en donde trataron de bajar (el precio de) la carne para la población, ‘logrando’ (con esas medidas) producir 11 millones menos de cabezas de ganado, reduciendo el stock ganadero y que subiera el precio de la carne en el mercado interno”.

Significó que además “son medidas de control, que generan pérdida de credibilidad del sistema y la confianza de tener los mercados abiertos. La señal es lo más complicado, más que la medida, y cambia las reglas de juego”, enfatizó.
Desde que se conoció la noticia el lunes “causó bastante descontento por cómo se dio toda la situación”, precisó Martinicorena, reconociendo los problemas de competitividad que tiene la economía uruguaya.

Pero lo que demostró claramente que el ministro Fratti estaba prácticamente solo en la medida, fueron las declaraciones vertidas por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien manifestó: “yo entiendo que es una decisión que como fue anunciada y la manera que fue anunciada, es inconveniente”, aclarando que es del MGAP “la facultad de otorgar las habilitaciones de exportación”, pero aclaró que el Ministerio de Economía “tiene una opinión de peso” y que la decisión final es del presidente.

Mostrando su conocimiento del tema, Oddone dijo que “la exportación de ganado en pie es una herramienta muy útil, muy importante, a preservar y a cuidar, porque es una herramienta que permite evitar la formación de comportamientos de posiciones dominantes en la cadena y permite regular el sistema de precios”, aspectos en los cuales los diferentes sectores del agro vienen insistiendo desde hace muchos años.

Para el ministro de Economía “fue una decisión que me sorprendió y estamos en proceso de ordenamiento de esto”. Precisamente esa “decisión” fue lo que llevó a representantes de las gremiales que integran Campo Unido, a reunirse por primera vez con el ministro Gabriel Oddone, para abordar temas vinculados a la competitividad, el tipo de cambio, la inserción internacional y el impacto de las recientes decisiones del gobierno sobre la exportación de ganado en pie.
Se destacó la necesidad de que el gobierno emita señales firmes a los actores del sector. Que la herramienta de exportación en pie se mantenga vigente y que más allá que si bien en otros contextos, como en 2016 o 2017, fue válido revisar su impacto, hoy no se justifica intervenir.

Oddone también dejó en claro que la decisión de Fratti fue “inconveniente”, al indicar que no están dadas las condiciones para suspender permisos de exportación en pie, y que solo se consideraría una medida si existiera competencia desleal en el mercado internacional, lo cual no ocurre actualmente. Por eso, afirmó que no prevé que se niegue ninguna solicitud.

También en estos días se escucharon expresiones de quienes no estando pormenorizados del sector agropecuario, se refirieron a la situación. Como las del ministro de Trabajo Juan Castillo, quien opinó sobre la polémica que se generó con la decisión de su par de Ganadería Alfredo Fratti de suspender las exportaciones de ganado en pie. “Si la vaca se va vestida no me genera puestos de trabajo”, dijo Castillo este jueves en rueda de prensa al ser consultado sobre el tema, y la situación que atraviesa la industria frigorífica en general, con “más de 1.400 trabajadores en el seguro de paro”. “Si se trata de defender la industria, obviamente es mejor faenar en el país”, dijo el ministro de Trabajo. Y agregó: “Si tenemos la posibilidad de faenar acá, anda y funciona la industria frigorífica, genera puestos de trabajo que se reproducen”.

Castillo con estas expresiones, olvida que el responsable de que las industrias prosperen y brinden mano de obra son los productores: el primer eslabón de la cadena. Por otra parte, la industria frigórífica que pretende defender está en manos de multinacionales que antes de que existiese la posibilidad de exportar ganado en pie se valían de su posición en el mercado para “matar” a los productores con valores excesivamente bajos para la hacienda. Hoy la exportación en pié es la única herramienta que tiene el productor nacional para evitar ser esquilmado por la todopoderosa industria extranjera. Si el mensaje es primero la industria, y después los productores, estos verán con desconfianza la situación, y puede llevar a cambios en el sistema productivo.

Y la medida de Fratti, lejos de defender la producción nacional puede llevar a que algunos productores o empresas exportadoras rediseñen sus modelos de negocios. Incluso la falta de certezas en el negocio podría lleva a perderlos. La Argentina kirchnerista ya probó ir por esos caminos, y terminó exportando menos que Uruguay en momentos extremos, generando menos riqueza para el país y prácticamente ningún beneficio.

Lo que se debe hacer es reconstruir la confianza del productor agropecuario y ganadero, que tenga la certeza de que va a poder vender en todos los mercados y al mejor precio posible. Reconstruir la certeza de que van a estar abiertas todas las posibilidades, pero fundamentalmente, no buscar cambios que sean “inconvenientes” para el agro.

La inteligencia artificial (IA) se posicionó como un tema importante en la reciente Cumbre del BRICS, realizada en Rio de Janeiro y a la que concurrió el presidente uruguayo Yamandú Orsi.
En este ámbito hubo una sesión dedicada al multilateralismo, los asuntos económicos y sociales y la inteligencia artificial en la cual el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien participó como invitado, pidió respetar el derecho internacional y modernizar el multilateralismo que “está siendo atacado”, al tiempo que reconoció que es necesario estudiar la mejor manera de minimizar los riesgos y maximizar el potencial positivo de la inteligencia artificial. En este sentido, expresó especial preocupación por el uso de la IA como arma en un mundo en el que la paz es más necesaria que nunca.

Afirmó que la inteligencia artificial “requiere una respuesta multilateral basada en la equidad y los derechos humanos” y sostuvo que es necesaria una nueva arquitectura de confianza y cooperación porque “la inteligencia artificial no puede ser patrimonio de unos pocos, sino que debe beneficiar a todos, y en particular a los países en desarrollo, que deben tener una voz real en la gobernanza mundial de esa tecnología”.
Desde su perspectiva, no es posible gobernar esta tecnología de forma eficaz y justa, sin abordar los desequilibrios estructurales más profundos del sistema mundial y por eso en breve presentará un informe en el que se esbozarían opciones innovadoras de financiación voluntaria para apoyar la creación de capacidades de inteligencia artificial en los países en desarrollo. Considera que se trata de algo “crucial para que los países, especialmente los del Sur, superen la brecha digital y aprovechen plenamente el potencial de la inteligencia artificial, convirtiéndola en un poderoso motor de crecimiento integrador y desarrollo sostenible”.

Por su parte, en el mismo foro internacional, el presidente uruguayo destacó que nuestro país desarrolló una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial a partir del convencimiento de que esa tecnología puede potenciar el desarrollo sostenible.
Sostuvo que Uruguay está atento al auge de la inteligencia artificial y que “procura implementar un enfoque de políticas públicas para ayudar a orientar a los responsables de su gestión, asegurando que se aproveche al máximo el potencial innovador de la inteligencia artificial, al tiempo que se protege la propiedad intelectual y otros derechos”.

Consideró que el impulso diferenciador para las naciones será vertiginoso en los próximos años y que provendrá del acceso a la inteligencia artificial avanzada, por lo que señaló como necesario elaborar, entre todos, un plan estratégico para abarcar a todos los países dadas las asimetrías existentes.
¿En qué trabaja entonces el Estado uruguayo en materia de inteligencia artificial? ¿Cómo se han gestionado las tensiones y cuestionamientos a esa tecnología en el marco de la adopción de una política estatal en la materia?

En primer lugar cabe señalar que desde 2019, Uruguay ha avanzado en materia de inteligencia artificial a partir de la colaboración entre el Estado, la academia, la sociedad civil y el sector privado, lo que ha permitido posicionar al país en la región en términos de innovación tecnológica y adopción de IA, con un firme compromiso con los derechos humanos, la privacidad y la ética, alineándose con las Recomendaciones sobre ética de la IA de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En noviembre del año pasado, el Comité Estratégico del Sector Público para la Inteligencia Artificial y Datos (establecido de acuerdo al artículo 74 de la Ley 20.212) aprobó la nueva Estrategia de Inteligencia Artificial de Uruguay con un horizonte en 2030, con el objetivo de avanzar en una política pública de alcance nacional con base en el desarrollo y uso ético de esta tecnología. El proceso contó con la cooperación técnica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Unesco, así como con la participación de más de 300 personas de diferentes disciplinas y ámbitos, referentes de más de 40 instituciones del Estado, 11 organizaciones de la sociedad civil, 45 organizaciones del sector privado, la academia y diversos colectivos de interés.

Uruguay se encuentra bien posicionado para el desarrollo y uso de inteligencia artificial. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia) con el apoyo de múltiples actores del sector público, privado, multilateral y académico, Uruguay presenta importantes fortalezas y también oportunidades de mejora que lo posicionan en el lugar 3 en la región detrás de Brasil y Chile. A su vez, el Índice Global de IA Responsable, elaborado por el Centro Global sobre Gobernanza de la IA (GCG, por su sigla en inglés) nos ubica en el puesto 19 a nivel mundial y en el puesto 2 en América del Sur atendiendo a un conjunto de indicadores que permiten comparar los compromisos gubernamentales y las capacidades de los países en base a dimensiones fundamentales como capacidades, derechos humanos y gobernanza.
Asimismo, en junio del año pasado el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento un informe relacionado al artículo 74 de la Ley 20.212 en el que se incluyen recomendaciones para una regulación de la inteligencia artificial y también creó el Observatorio de Inteligencia Artificial en el Estado, para promover el uso ético y responsable de la IA en el sector público.

En poco tiempo se han dado pasos interesantes hacia la creación de una política estatal en materia de inteligencia artificial y también se han comenzado a implementar desarrollos y soluciones con esta tecnología vinculados a los procesos de digitalización de legajos funcionales y chat bots para acceso a información en el sector público. Además algunas empresas privadas están trabajando en soluciones con inteligencia artificial generativa, procesamiento por lenguaje natural y análisis predictivo en áreas como la salud, agricultura o el sector energético.
Además del buen posicionamiento en materia de infraestructura tecnológica es muy relevante el compromiso uruguayo con los derechos humanos y la ética en materia de inteligencia artificial, un aspecto clave a atender de cara a cualquier política en la materia así como a la implementación de desarrollos y soluciones.

Es necesario también estar muy atentos a posibles problemas de calidad y sesgos de datos así como a posibles cuellos de botella en cuanto el talento especializado para avanzar en IA. En este sentido, si bien en universidades públicas y privadas existen programas académicos de grado y especializaciones orientadas a formar profesionales para el sector son muy escasas aún las formaciones avanzadas. Por su buen desarrollo tecnológico, la existencia de una hoja de ruta, el interés del sector público y privado así como contar con normativa orientada a los derechos humanos, Uruguay está en condiciones de tener un desarrollo donde la inteligencia artificial juegue a favor. Y deberá hacerse “a la uruguaya”, pero no en el sentido peyorativo que suele tener el término sino en el sentido de su necesidad de adaptación a nuestras realidades y atendiendo al interés y bienestar general de la población con un enfoque centrado en las personas y en el desarrollo sostenible.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la implementación de una estrategia integral tendiente a la reducción de tiempos de espera y mejora del acceso asistencial, una preocupación que la titular de la cartera, Dra. Cristina Lustemberg, había planteado como un objetivo antes de asumir.
De acuerdo a lo difundido por la cartera, se ha definido una serie de prioridades a corto, mediano y largo plazo. Una de las metas eje de la estrategia es “mejorar el acceso y la calidad de la atención en todo el territorio nacional, asegurando que la población reciba servicios de salud oportunos, continuos y con la calidad adecuada a sus necesidades”, como un camino para la reducción de los tiempos de espera y la mejora del acceso asistencial.

Recordemos que desde la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, se estableció una serie de plazos máximos a los que las instituciones prestadoras deben ajustarse. De acuerdo a la normativa los tiempos máximos de espera varían en función del tipo de consulta, o procedimiento. Por ejemplo, en el caso de la Medicina General se dispone de 24 horas para otorgar un turno, lo mismo que en las consultas de Pediatría y Ginecobstetricia. Para los pacientes de Cirugía General el plazo es de 48 horas, mientras que para las Especialidades Médicas y Quirúrgicas deberían atenerse a una espera máxima de 30 días y para los procedimientos quirúrgicos no urgentes el plazo estipulado es de un máximo de 180 días. Estos plazos refieren al tiempo transcurrido desde la solicitud de la consulta o procedimiento hasta su realización efectiva, aclara el portal fonasa.info, donde se publica un artículo que refiere a la realidad de los tiempos de espera en Uruguay. Allí se indica que, a pesar de la existencia de esta normativa, “la realidad muestra diferencias significativas entre los distintos prestadores y especialidades” y se basa en datos del portal A Tu Servicio (atuservicio.msp.gub.uy) del MSP, donde se publican los tiempos promedio de espera por cada prestador, donde se puede además comparar estos plazos, así como otros datos, entre los diferentes prestadores. El cuadro que aparece en la página muestra que los mayores problemas de incumplimiento de estos plazos se ven en ASSE. El cuadro incluye, además de los tiempos de ASSE y los prestadores colectivos (mutualistas) también a los seguros privados de salud.

En el caso de Medicina General, en ASSE el promedio de espera es de 6,3 días, en las mutualistas es de 1 día y en los seguros 0,2. En el caso de Pediatría, la espera en ASSE es de 9,6 días, en las mutualistas de 1,2 y en los seguros de 0,2. Para el caso de Ginecología, la demora en consultar en ASSE es de 20 días, en las mutualistas de 3,4 y en los seguros de 0,5. Para Cirugía General, la demora en ASSE es de 13 días, en las mutualistas 2,7 y en los seguros 0,8, mientras que en la especialidad de Cardiología hay que esperar en promedio 19,6 días en ASSE, 6,3 en las mutualistas y 0,6 en los seguros privados. Y a esto, que es una estadística general, se agrega la aclaración de que en el interior los tiempos son más largos que en Montevideo. También vale mencionar que los tiempos pueden ser mucho mayores si se trata de conseguir una consulta con un médico específico, porque la norma sólo obliga a cumplir con determinado plazo para acceder a un especialista sin posibilidad de elegir a quién.

En el diagnóstico con el que se maneja el MSP se mencionan varios factores que influyen en estos tiempos de espera, entre ellos la Disponibilidad de especialistas. En ese sentido indica que existe una distribución desigual de especialistas en el territorio nacional. “Mientras que Montevideo y Canelones concentran la mayoría de los profesionales, otras regiones, especialmente el norte del país, presentan escasez en varias especialidades”. También apunta en la lista de factores a la creciente demanda existente, que deviene del “envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas”, que incrementan la demanda de servicios de salud, presionando la capacidad del sistema. Asimismo aparece en la lista la Gestión de agendas. “Algunos prestadores presentan deficiencias en la gestión de sus agendas, con altas tasas de ausentismo (pacientes que no asisten a sus citas) y falta de sistemas eficientes para reasignar esos espacios”. Por supuesto que otro factor que se menciona es el del Multiempleo médico, en tanto que “el 61% de los médicos generales y el 74% de los especialistas trabajan en más de un lugar, lo que puede afectar su disponibilidad y la coordinación de horarios”.

La hoja de ruta que ha definido la cartera se estructura en tres pilares que denominan: Mejora normativa; Gestión, coordinación y complementariedad eficiente y Sistema de información para la medición adecuada, el monitoreo y la evaluación.
Algunos de los cambios previstos, que requieren de modificaciones normativas son: agregar plazos máximos para los procedimientos quirúrgicos oncológicos y otras cirugías priorizadas por sintomatología limitante y establecer plazos diferenciados para estudios diagnósticos y terapéuticos, “en función de la situación clínica y social de cada persona”. También se contempla la elaboración de criterios para priorización de la agenda y lista de espera, “atendiendo a la patología, evolución clínica, vulnerabilidad socioasistencial y capacidad funcional de los pacientes”. Es decir, que en función de la situación del paciente podrá hacerse una priorización de turnos. El ministerio pretende crear Unidades de Gestión de Agenda Clínica (UGAC), para que se encarguen “de la priorización, la coordinación, el seguimiento institucional de las demoras, la reasignación de consultas y la gestión de inasistencias y cancelaciones”. Para que todo esto funcione habrá que mejorar sustancialmente los sistemas de información y estandarizarlos entre los diferentes prestadores.

También se anunció la extensión de los plazos de dispensación de medicamentos crónicos, que se extenderá de 3 a 6 meses, con la intención de “reducir consultas innecesarias que hoy congestionan el sistema”. Es decir, los usuarios que consultan para repetir medicamentos que ya se sabe que se les indicarán y aun así deben ver un médico para que se los recete. En vez de hacerlo cuatro veces año, pasará a hacerlo 2 veces.
La ministra confía en que implementando una gestión ordenada se pueden solucionar estos problemas, que son un dolor de cabeza para el sistema, por la incomodidad que genera en los pacientes, que lo traducen en reclamos hacia las instituciones, que a su vez no pueden cumplir con estas metas, retroalimentando el malhumor general. Habrá que ver si alcanza, pero cuando menos es una buena señal que haya una preocupación y se tomen acciones para corregir.

Tras el “tironeo” encabezado por el Pit Cnt y parlamentarios radicales en el sentido de que el gobierno imponga un “1 por ciento de impuestos a los más ricos”, y la decisión del ministro de Economía y Finanzas Ec. Gabriel Oddone, de instrumentar medidas tendientes a mejorar el clima de negocios en Uruguay, han quedado claramente expuestas visiones contrapropuestas dentro del partido de gobierno, tal como ocurriera en períodos anteriores con dicotomía entre “astoristas” y grupos vinculados a la izquierda radical sesentista.

El titular de Economía, de sólida formación académica, considera, como la enorme mayoría de sus colegas, que en la economía los facilismos y los voluntarismos a la corta o a la larga van precisamente contra aquellos sectores a los que se dice querer favorecer, y que lo importante es la sustentabilidad.

Así, con medidas de “mejora del clima de negocios” se ha lanzado la denominada agenda pro crecimiento del Ministerio de Economía, en una decisión que desde el ministerio se estima que bajará en unos 20 millones de dólares los costos al comercio exterior, lo que está en línea con el objetivo de bajar costos productivos y acelerar el ritmo de crecimiento de la economía.

Esto ocurre en el marco de la elaboración del proyecto de la Ley de Presupuesto, que es donde se definen los recursos a asignar para llevar adelante las políticas gubernamentales en diversas áreas, y es el momento decisivo para aterrizar lo que se puede hacer y lo que no, a partir de los fondos limitados de que se puede disponer. El titular del Ministerio de Economía habló de “modificaciones”, sobre lo que indicó que las autoridades gubernamentales consideran “aspectos que involucran la variación del gasto y aspectos que comprenden la variación de los ingresos” a lo largo del período.

“En las proyecciones que hacemos, incluimos la evolución del ingreso y del gasto previsto. Eso incluye aspectos que tienen naturaleza tributaria en el marco de lo que es la legislación vigente con algunas modificaciones”, expresó Oddone, para agregar que “todavía es prematuro avanzar” en esta materia “dada la situación fiscal compleja”, por lo que subrayó que la intención del Poder Ejecutivo es que “la presión fiscal se mantenga estable a lo largo del tiempo”.

A la vez el ministro fue consultado acerca de la propuesta del Pit-Cnt de gravar al 1% más rico de la población, luego que una delegación de la central sindical se reuniera con el presidente Yamandú Orsi y, entre otros temas, planteó esta iniciativa como aspecto central. “Solamente con un 1% al 1% más rico se podría recaudar un monto equivalente al 1% del PBI. ¡Vaya si se podrán hacer cosas en ese sentido!”, indicó Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, en rueda de prensa tras el encuentro.

Pero poco después Oddone relativizó esta posibilidad, haciendo hincapié en que “la forma en que uno resuelve problemas en materia de distribución del ingreso y de desigualdad tiene que ver esencialmente con política de gasto, y no es la política tributaria la que lo resuelve”, para explicar en este sentido que la política tributaria “tiene que ser lo más neutra posible a los efectos de maximizar la recaudación”, lo cual “no quiere decir que tenga que tener elementos de progresividad”.

“Soy de los que creen que hay que recaudar lo más posible para poder, desde el gasto, realizar distribuciones de ingreso”, sintetizó Oddone, en una postura atendible, pero controvertible desde el punto de vista de que el Estado no debería ser distribuidor del ingreso, sino creador de condiciones para promover la inversión, con la consecuente generación de oportunidades de trabajo y hacer sustentable la mejora de los sectores más vulnerables a través de su propio esfuerzo.

En cuanto al uno por ciento del “impuesto a los más ricos”, –que nunca fue aplicado por los anteriores gobiernos del Frente Amplio, debido a su jamás demostrada utilidad y conveniencia– señaló que desconoce la “evidencia contundente” citada por la central sindical en la materia, y consideró que estos estudios tendrían que ser “muy contundentes” para que su opinión cambiara respecto a la que “siempre” ha tenido.

En cambio, el ministro Oddone anunció la semana anterior medidas que apuntan a simplificar los trámites de los negocios de comercio exterior y bajar sus costos, en el marco de una vía estructural para mejorar la competitividad, atraer inversiones y lograr mayor crecimiento económico.
En estas medidas el objetivo central es facilitar procesos de comercio exterior e inversiones, con la reducción en un 75% de los documentos exigidos actualmente, buscando eliminar o disminuir regulaciones o requisitos considerados redundantes e innecesarios y que le significará un ahorro cercano a los 20 millones de dólares al sector privado.

Las empresas alcanzadas involucran a unos 50.000 empleos, informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas. “Creemos que es el rumbo que este gobierno pretende poner sobre la mesa, claramente marcado a la mejora de la regulación de la administración pública”, dijo, y evaluó que si bien existe un problema de competitividad, producto de un conjunto de factores, la forma de resolverlo no es con la política macroeconómica. “Una devaluación de la moneda no va a resolverlo”, insistió.

Entre otros puntos, las medidas incluyen revisar gravámenes, sustituir certificados por declaraciones, eliminar licencias administrativas, digitalizar, optimizar determinados instrumentos, mejorar procesos de registro de productos regulados, cambiar intervenciones preceptivas por optativas, como parte de un conjunto de medidas que serán sucesivamente anunciadas durante el período y se originaron luego de más de 40 reuniones de trabajo en las que se detectaron unos 500 procesos para mejorar, según fuentes gubernamentales.

Lo que sin dudas no es la gran solución para una economía estancada ya desde hace varios años, pero sí un pequeño paso adelante que atiende una demanda del sector empresarial, del actor privado cuyo esfuerzo y búsqueda de la eficiencia mueve la economía del país a pesar de la burocracia estatal, y de los recurrentes intentos de grupos nostálgicos que siguen reivindicando que la gran solución es de vez en cuando “prender una velita al socialismo”, que no es otra cosa que espesar el dulce de leche en el que reman los actores reales de la economía.

A comienzos de este mes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó el informe “Las ENT en un vistazo 2025”, que muestra el impacto de las enfermedades no transmisibles, con datos correspondientes al año 2021. En ese ranking regional, Uruguay encabeza la lista de mortalidad por cáncer. Anualmente se diagnostican 17.000 casos —según el Fondo Nacional de Recursos— y fallecen aproximadamente 8.000 personas. Esto significa que, al menos, uno de cada cuatro uruguayos muere por esta causa.

El informe indica un incremento en la tasa de defunciones y alerta sobre un aumento de casos en personas jóvenes. Si bien las tasas de mortalidad se estandarizan por edad, Uruguay se ubica en un “máximo” regional, con una tasa de 158,8 muertes por cáncer por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer no estandariza los datos por edad y considera que el reporte de la OPS se basa en estimaciones. En Uruguay, la sistematización de datos indica una mortalidad algo menor: 128,46 por cada 100.000 habitantes. En cualquier caso, el país presenta una de las tasas de incidencia más altas de América Latina, mientras persisten factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo.

En este contexto, preocupa el aumento de casos en personas cada vez más jóvenes, especialmente en el grupo de entre 25 y 50 años, donde se registran casos de cáncer de mama y de colon. A su vez, se incrementan las formas más agresivas de la enfermedad en mayores de 70 años, donde el envejecimiento es una de las principales causas.
El perfil poblacional impulsa al alza ciertos tipos de cáncer, como el de mama, influido por factores como el retraso en la maternidad o el aumento de la obesidad en jóvenes, que es significativamente mayor que en generaciones anteriores.
Estos aspectos se agravan por diagnósticos tardíos, muchas veces debido a demoras evitables. Es fundamental mejorar la red asistencial, reforzar las estrategias de screening (detección temprana) e insistir en campañas de promoción de conductas saludables que contrarresten hábitos nocivos.

Incluso el diagnóstico tardío ha sido reconocido por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
No obstante, la tendencia global también muestra un aumento en los casos de cáncer en adultos jóvenes sin antecedentes familiares, es decir, sin predisposición genética evidente que facilite una alerta temprana.
Investigadores a nivel mundial están buscando las causas de estas estadísticas, que se repiten en países con similares niveles de desarrollo humano. Hasta ahora, se ha identificado como factores comunes el consumo elevado de carne roja, sal y alcohol, junto con una baja ingesta de frutas y verduras.
Además, se analizan fenómenos sociales que impactan en la salud, como los trastornos del sueño, el estrés laboral y el consumo de alimentos ultraprocesados.

Este escenario obliga a repensar el modelo de atención en salud pública en el país. Los cambios culturales necesarios deben impulsarse desde arriba, con equipos técnicos comprometidos con la transformación. De lo contrario, los resultados seguirán siendo insuficientes.
Un ejemplo de esta necesidad de cambio lo dio la propia ministra Lustemberg. En una reciente conferencia de prensa, cuestionó el hecho de que, actualmente, los protectores solares deben ser recetados por un dermatólogo para que estén cubiertos por el sistema de salud. “El usuario queda en el medio”, afirmó.

Mientras tanto, muchas personas deben esperar una consulta con un especialista. El sistema no resulta accesible para ellas, y probablemente no insistan, salvo que tengan un diagnóstico confirmado. El componente preventivo, en esos casos, fracasa. Como dato adicional, cada año se diagnostican en Uruguay 3.100 casos de cáncer de piel, de los cuales 135 terminan en fallecimiento.
El Registro Nacional del Cáncer es una herramienta clave para conocer la realidad en cada territorio y departamento, y debería guiar las políticas públicas en materia de presupuesto, seguimiento y tratamiento.

Los equipos médicos coinciden en que el tabaquismo es un factor de riesgo en al menos 20 tipos de cáncer. Sin embargo, la política antitabaco impulsada durante el gobierno de Tabaré Vázquez no logró reducir significativamente su incidencia.
En el país existe la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV), el método de prevención con mayor efectividad a nivel global. Sin embargo, la cobertura en Uruguay aún es baja. Por eso, el abordaje del cáncer es un verdadero desafío para la salud pública y refleja, en gran medida, el estilo de vida contemporáneo. Es una enfermedad que está cambiando su perfil, en medio de una etapa de transición demográfica y epidemiológica.

La gestión de recursos, que se concentran en las ciudades y el área metropolitana, así como las decisiones políticas en torno a este tema, han contribuido a una fragmentación del sistema de atención. En Uruguay, esta fragmentación se hace evidente en la desigualdad entre áreas urbanas y rurales, en la vulnerabilidad socioeconómica de ciertos grupos, y en la brecha entre incidencia y mortalidad, así como en el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos.

Cuando una mujer embarazada llega a un centro de salud pensando en abortar, se encuentra temerosa y sola. Se siente vulnerable, angustiada y perdida. Tiende a pensar que el aborto es la salida a su “problema”, sin saber que en realidad, este, va a ser el inicio de problemas mayores.
Para llegar a esa instancia ha tenido que realizar un proceso inconsciente de “deshumanización”, de “cosificación” de su propio hijo y de desprendimiento de sus emociones. Entendiendo como “deshumanización” a lo contrario de la empatía, siendo ésta una característica innata de la mujer. Cosifica a su hijo como un mecanismo de defensa engañoso, mediante el cual niega la vida del mismo en el vientre, negando de esta forma también, los daños que pueda tener su “interrupción”.

La verdad es que el embarazo es un estado en el que ocurren múltiples cambios en la mujer, siendo estos de carácter físicos, hormonales y emocionales. Estos comienzan en el primer día del embarazo, desde la concepción, y se dan de forma conjunta, sincronizada y estimulándose o potenciándose entre sí en los primeros meses de su desarrollo. Sucede de forma silenciosa, independientemente de sus deseos y sin poder hacer nada para dirigirlos o modificarlos. Ocurren de forma natural, preparando a la mujer a dar vida y proteger de esa vida de forma instintiva.
Uno de los mayores cambios se da en el cerebro. El cerebro de la mujer embarazada cambia estructural y funcionalmente, estando involucrados varios sistemas neuronales coordinados por señales hormonales dadas principalmente por las hormonas prolactina y la oxitocina (publicado en revista Nature Neuroscience, 19 de Abril del 2016). La prolactina actúa a nivel del cerebro como un regulador de la conducta maternal ayudando a la supervivencia del feto y la oxitocina predispone a la madre al cuidado de su hijo, aumentado el vínculo madre-hijo.

En el embarazo se da el vínculo de apego más fuerte que se genera en un ser vivo hacia otro. El mensaje de comunicación interactivo por el que el cuerpo de la madre empieza a responder a consignas del hijo que gesta, antes de que este llegue incluso a anidar en el útero, se graba en el cerebro, más allá de la voluntad de la madre. Pudiendo este proceso ser explicado también por el fenómeno de Microquimerismo, en donde se da un intercambio de células y material genético entre la madre y el hijo y viceversa, pudiendo estas últimas permanecer en el cuerpo de la mujer toda la vida (publicado en Iscience “Microquimerismo feto-materno: recuerdos del embarazo, Diciembre de 2021). Las emociones se somatizan. Todo lo que ocurre en el cuerpo, con una carga emocional fuerte, es recogido en su cerebro, de acuerdo a las hormonas y factores liberados en este. Naturalmente el embarazo, en cuanto a proceso biológico es evaluado positivamente, mientras que su terminación, espontánea o violenta, antes de que su hijo llegue a término, es evaluada como negativo y guardada en el cerebro como tal. Los transtornos mentales y desequilibrios psíquicos son consecuencia de las marcas que nos han dejado las experiencias negativas, como las del aborto.
Si la mujer embarazada, temerosa y sola no es acompañada y acogida con la verdad, y opta por abortar; interrumpe bruscamente el vínculo de apego con su hijo y el proceso de transformación a nivel fisiológico y neuronal que ya estaba en marcha. Esta ruptura genera una contradicción en su cuerpo y en su mente dejando secuelas emocionales y neurológicas, que pueden permanecer durante toda la vida, como secuelas posabortos. (publicado en artículo científico en el año 2012 por la Asociación Española de Bioética y Ética Médica: “¿Como cambia el cerebro un aborto inducido?”).
Las secuelas posaborto fueron demostradas por la ciencia. La neurociencia las comprueba y son de índoles muy complejas: ansiedad, depresión, problemas de conducta como abuso de sustancias, reactivación de transtornos psiquiátricos existentes previamente, intento de suicidio o suicidio consumado y la aparición de nuevos trastornos psiquiátricos (publicado en la revista Canadian Journal of Psychiatry 55, 210 “Associations between abortion, mental disorders, and suicidal behavior in a nationally representative sample”, Mayo 2019). La ciencia no miente. Estas dolencias son difíciles de aceptar pero no se pueden negar. Son el fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, en donde los problemas de salud mental, casos de violencia familiar y tasas de suicidio están en constante crecimiento; dejando un país en decadencia social y con una tasa de natalidad en constante descenso.

Uruguay históricamente ha sido reconocido por su nivel cultural y compromiso ciudadano. No permitamos que la indiferencia o desinformación nos aparten de la verdad. ¡Es momento de defender y proteger la vida con responsabilidad!

“El aborto se ha convertido en un anestésico social de elección, eliminando de manera individual, rápida y secreta todas las huellas del problema del embarazo. Y sin embargo, siempre quedan rastros.” (Vincent Rue, piscoterapeuta y científico estadounidense) “Abortion in Relationship Context”, International Review of Natural Family Planning, 1985.

Grupo Provida y Familia de Salto

A medida que el extravagante presidente Donald Trump impone el anunciado incremento de aranceles según el país de origen, los sectores productivos comienzan a sentir el impacto de esos costos en la economía general. El daño ya empieza a hacerse tangible, medible y cuantificable.
Pero este es solo el comienzo. Varios de los analistas más influyentes han advertido a los consumidores estadounidenses que los aranceles de Trump pueden parecer poco costosos a primera vista, pero no lo son. El impacto de los costos impuestos a través de esta modalidad avanza como una mancha de humedad: lentamente… pero una vez expandida, quitarla resulta complejo y costoso. Se requiere tiempo para que estos efectos se propaguen en la economía, impregnándola de inestabilidad y desconfianza, desmoronando así el discurso ultraliberal que aboga por reducir el tamaño del Estado. Si existe un elemento corrosivo para esa posición, es precisamente este camino que ha decidido recorrer Trump.
Las reacciones han sido lentas, y el anuncio, caótico. La implementación precipitada de decisiones que, tan pronto como se anuncian, se revierten —muchas veces manchadas por errores técnicos y conceptuales— ha confundido incluso a los observadores más atentos respecto a la verdadera intención del mandatario. La novedad de esta semana es que, conocidos los resultados macroeconómicos del viernes, se advierte que las empresas estadounidenses han comenzado a pagar el precio de la improvisación.

Como medida de contención —y para calmar algunas tensiones y enojos— se intentó recuperar cierta serenidad al proponer postergar la fecha límite del 9 de julio. Se ofreció a los países más tiempo para negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos.
De fracasar, enfrentarán amenazas concretas de aranceles elevados sobre sus exportaciones. A esta hora, incluso se habla de definiciones más serias. Ahora se ha extendido el plazo hasta el 1 de agosto para sentarse a la mesa de negociación.

Por lo pronto, el anuncio de Trump no alivió el arancel general, ni tampoco el gravamen del 10% ya impuesto, ni los aranceles específicos sobre productos como el acero. Estas parecen ser decisiones de largo plazo, dirigidas a responder reclamos de sectores clave. El jueves, el presidente sugirió a Kristen Welker, de NBC, que podría elevar la tasa arancelaria general al 15 o incluso al 20%, pese a haber desestimado las advertencias del CEO de Hasbro, quien anticipó que los efectos retardados de estos aranceles podrían provocar un alza significativa en los precios del sector hacia fin de año.

Un presidente como espectador

Una de las dudas persistentes sobre las dos administraciones Trump tiene que ver con el grado de involucramiento real del presidente en los asuntos más controversiales de su gestión.
Algunos de estos temas son percibidos como extremadamente sensibles por la ciudadanía, mientras que otros sorprenden por su naturaleza desconcertante. Es un hecho que los estadounidenses han ido perdiendo, con cierta rapidez, su capacidad de asombro.
Un día sí y otro también, la prensa calificada y los analistas especializados señalan que el presidente Trump no ha mostrado rigor, estudio ni siquiera una aproximación responsable a los temas que integran su agenda de gobierno. En muchas ocasiones, él mismo pronuncia un discurso diseñado para colocarse fuera del asunto en cuestión, con la intención de desligarse de las consecuencias. Menos frecuente, pero también registrado, es su rol como promotor de decisiones en las que ni siquiera habría participado o de las cuales no estaba enterado. El historial de deshonestidad del presidente contribuye a este cuadro. De manera casi incomprensible, él mismo ha contribuido a devaluar su figura.

Un ejemplo de estas actitudes combinadas es su postura frente al manejo de la pandemia de COVID-19. En una columna publicada el 11 de mayo pasado, titulada “Trump, un presidente prescindente”, señalábamos cómo, en los primeros días de la pandemia, el New York Times ya lo caracterizaba como “el presidente espectador”.

Cuando se trata de temas especialmente sensibles, esta distancia le permite —en el corto plazo— evitar costos políticos.
Pero resulta paradójico que el mismo Trump, siendo candidato, haya criticado al entonces presidente Biden por mostrarse “desconectado”, cuando hoy él mismo incurre en esa práctica como mandatario. En aquellos ya lejanos días de campaña, Trump enfatizaba con tono severo que el país no podía permitirse delegar por omisión, cada vez que el presidente rehuía del mando.

Aquello afectó seriamente la candidatura de Biden, que pasó en pocos días de liderar las encuestas a perder terreno, incluso dentro de su propio comité de campaña.

La estrategia de erosión logró su cometido con tal eficacia, que dio paso a una carrera de generación de expectativas e incertidumbre que allanó, consistentemente, el camino a la victoria de Trump.
Se trató de una campaña que merece ser estudiada para comprender el alcance global de acciones desarrolladas en múltiples escenarios, en paralelo, con el respaldo de “guardias pretorianas” digitales alineadas con los ejércitos informáticos rusos. Un campo de acción oscuro, sin reglas, códigos ni miramientos, desplegado en el más nauseabundo de los campos de batalla: el de la manipulación digital.
El 18 de enero de este año, también The New York Times recordaba una definición estratégica del entonces candidato Trump, pronunciada en marzo de 2016, que resume con crudeza su visión del poder:
“El poder real —y ni siquiera querría usar la palabra— es el miedo”.

Antecedentes que inquietan

La confianza en la figura presidencial siempre es importante, pero se vuelve clave en tiempos de crisis. Y lo cierto es que estos son los puntos más débiles del actual mandatario.
Desde el análisis técnico, crecen las advertencias: la combinación de una dura represión migratoria con políticas comerciales proteccionistas representa un riesgo estructural para el crecimiento. Este cóctel impacta negativamente en el mercado, la productividad y la innovación, agravando el peso de los aranceles.

Por ello, se teme que durante la segunda mitad del año los mercados no estén adecuadamente preparados para la volatilidad. Mientras tanto, Trump continúa agitando las aguas, empujado por su urgente necesidad de liquidez. En lugar de buscar acuerdos que estabilicen las relaciones comerciales, redobla las amenazas. Sus errores estratégicos se acumulan, tanto como la cantidad de frentes abiertos… y los que aún promete abrir.

El marketing político no es la realidad. Y mucho menos cuando se apoya en discursos agresivos y decisiones imprudentes, sustentadas en la mentira, el insulto, y la reapertura de conflictos que benefician únicamente a las industrias armamentista y tecnológica.

 

 

 

Tal como fuera informado por nuestro diario hace algunos días, “un avión monomotor no identificado fue encontrado incendiado  en las cercanías de la colonia de Colonización Aníbal Sampayo, en el kilómetro 78 de la Ruta 26, en la zona de Gallinal. La aeronave parece haber aterrizado en una larga recta del camino, ubicado entre montes de una zona forestal, y por lo que se apreció en las imágenes divulgadas habría logrado detenerse completamente sin daños estructurales visibles. Según pudo saber EL TELEGRAFO, el avión fue hallado sobre las 14 horas por un productor de la zona, que se sorprendió al encontrar la aeronave consumida por el fuego.  En tanto, Bomberos arribó al lugar sobre las 17 horas para inspeccionar el siniestro. En las inmediaciones no había personas que pudieran vincularse con el avión. Consultado por EL TELEGRAFO, un experto en aeronáutica indicó que por la forma del empenaje y características visibles la aeronave sería una Cessna 210, ampliamente utilizada por el narcotráfico en la región. El valor en el mercado de estos aviones oscila entre los 150.000 y 450.000 dólares –de acuerdo al equipamiento y estado–, y suelen ser robadas para realizar actividades ilícitas. Vecinos del área señalaron que, desde hace un tiempo, es común ver avionetas volando a baja altura, sin que se pueda confirmar si pertenecen a alguna de las empresas forestales que operan en la región”.

De acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO, la investigación permanece abierta y las autoridades manejan diversas hipótesis y continúan las diligencias para determinar el origen del vuelo, identificar a los responsables y confirmar si el hecho está relacionado con actividades delictivas.
Este tipo de sucesos no es nuevo ni se produce únicamente en el departamento de Paysandú, ya que Uruguay es un verdadero “colador” en materia de seguridad área y especialmente en lo relacionado con el combate al narcotráfico, cuyas aeronaves entran y salen del país sin ningún tipo de controles, aterrizando y despegando en forma constante. Es que no basta con comparar equipamiento en esta área porque ya sabemos cómo funciona Uruguay: si compra aviones no habrá nafta para que vuelen ni repuestos para reparaciones y si se compran radares dejarán de funcionar (o nunca llegarán a hacerlo) por falta de mantenimiento. Es la triste y repetida historia de nuestro país, donde sobran los ejemplos de este tipo en el ámbito público, donde campea la desidia y el desgano sin importar el partido político que nos gobierne.

El hecho de que el narcotráfico pueda desarrollar sus actividades en Paysandú tranquilamente y sin ser molestado, no es un fenómeno nuevo, pero ha crecido exponencialmente en los últimos años. Basta con ver los autos de alta gama que transitan en nuestras calles y cuyos conductores o propietarios no pueden (ni quieren) explicar de dónde ha salido el dinero para adquirirlos, cuando es notorio y conocido que los medios de vida de esas personas no permitirían tales erogaciones. Lo mismo sucede con una cantidad de firmas comerciales, las cuales, de un día para otro, adquieren y explotan grandes locales ubicados sobre importantes avenidas, pagando altos precios por ello, sin que tampoco exista una explicación para ese llamativo, repentino e inesperado enriquecimiento. Tal como lo explica la Academia de Crimen Financiero en su página web, “existen métodos de lavado de dinero basados en el comercio que los delincuentes utilizan. Los lavadores de dinero encuentran diferentes vías y métodos para lavar dinero y esconderse de la atención de las autoridades policiales. Las transacciones o actividades comerciales basadas en el comercio son una de las vías importantes que exploran los delincuentes, donde establecen negocios y comienzan a comerciar con diferentes bienes, incluidos muebles, piedras preciosas, materias primas, vehículos, automóviles, materiales de construcción, etcétera. Estas empresas utilizan medios o métodos ilegales para transformar, transferir o recibir dinero de otros delincuentes o grupos de apoyo”. ¿En una ciudad pequeña como Paysandú, la policía no sabe quiénes son los narcotraficantes y dónde están las bocas de venta de droga? ¿Tan difícil es combatir este flagelo? ¿La policía sanducera no puede o no quiere combatir el narcotráfico?

Es que Paysandú no ha permanecido ni permanece ajeno a la violencia relacionada con el narcotráfico y el sicariato. Ejemplo de ello han sido los diversos asesinatos que se han producido en nuestra ciudad (por ejemplo el caso del “Pichulo” o el “Oveja” Arguet, o al hombre de 47 años que prendieron fuego vivo en 2018 y que quedó impune, por nombrar solo tres entre decenas de asesinatos o “desapariciones”), así como la señal socialmente aceptada es que la droga es un buen negocio y tienta a los jóvenes para contar con dinero propio rápidamente. A eso se suman las fiestas clandestinas con drogas pesadas, en las que participan jóvenes de distintos entornos, las muertes sin aclarar por sobredosis o los heridos de bala que no quieren presentar denuncia.
Hay que tener en cuenta que el narcotráfico puede llegar y llega a diferentes ámbitos, incluyendo a todos los partidos políticos sin excepciones (ninguno de ellos está libre de recibir dinero de la droga) así como los clubes de fútbol o de básquetbol. En Uruguay, el periodista uruguayo Antonio Ladra ha mencionado varias de estas situaciones, muchas de ellas cercanas a nuestro departamento y difundidas en la prensa: “La rama de las FARC, de la guerrilla colombiana, que compró una estancia en Salto por dos millones de dólares, al contado, cuando todavía no existía la ley antilavado y podías comprar sin que nadie investigara nada. Quizás ese fue uno de los primeros casos. También estuvo la Operación Campanita, el primer caso en que se detectó que había lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Ese es el punto, el narcotráfico, porque lavado de dinero debe haber habido siempre. (…) En el caso del Lilo Martínez, un carmelitano, el tipo ponía plata en Wanderers de Carmelo y no solamente eso, sino que pagó los gastos de los arreglos de la comisaría de Carmelo. Les pagaba el agua y la luz a los policías. Si tenés policías que ganan tres pesos… El Bocha Risotto, al que limpiaron en Ejido y Gonzalo Ramírez. ¿Quién financiaba a los jugadores cuando Atenas estaba allá arriba? Él. Él financió el parquet de la cancha de Atenas. Lo regaló. ¿Quién financiaba la comparsa del barrio? Él. ¿Me hablás de corrupción?”.

A pesar de todas estas señales, Paysandú ha optado por vivir de espaldas al cáncer del narcotráfico que sin pausa va aniquilando desde adentro los valores que en otros momentos de su historia fueron legítimo motivo de orgullo. Los chiquilines no quieren saber nada con “arrancar para las ocho horas” sabiendo que con el microtráfico de “lágrimas” de pasta base o dosis de cocaína pueden lograr grandes ganancias en poco tiempo, con poco esfuerzo y con la posibilidad de lograr un estatus social que ningún trabajador honesto podría alcanzar.

Ante este panorama, la Junta Departamental debería modificar el texto que actualmente luce el escudo sanducero –“Paz, Trabajo y Progreso”–, agregando la palabra “Narcotráfico”, actividad cuyos valores han suplantado claramente los que el escribano Adolfo Mac Ilriach describiera hace décadas como parte del ya olvidado “Espíritu de Paysandú”.

Más de cien personas fallecieron en el estado de Texas, en Estados Unidos, a causa de las repentinas inundaciones ocurridas en el condado de Kerr. La cifra no es definitiva, ya que aún hay un número elevado de personas reportadas como desaparecidas.
El viernes 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, los restos de una tormenta tropical procedente del Golfo de México se adentraron en el continente cargados de humedad y chocaron con un sistema húmedo que se desplazaba hacia el norte desde el océano Pacífico. La lluvia resultante alcanzó los 500 milímetros. Antes del amanecer, el río Guadalupe —que desciende desde las montañas— experimentó una crecida de más de 8 metros en menos de una hora, con el resultado ya conocido. Este volumen de agua, equivalente a cuatro meses de lluvia, “dio lugar a un muro de agua que avanzaba por el río en la oscuridad de la noche, limitando el número de personas que podían recibir las advertencias y trasladarse a terrenos más altos”, describió CNN.

Como suele ocurrir tras este tipo de catástrofes —lo vemos con frecuencia en nuestro país, pero también lo vimos en España tras los episodios en Valencia, e incluso en Brasil con los enormes y persistentes desbordes en Porto Alegre— comenzaron los señalamientos en busca de responsables, con los servicios meteorológicos como principales acusados.

El usuario de Instagram @alberteltiempo analizó el desempeño de los sistemas de alerta frente a la amenaza bajo el título “¿Falló el sistema de alertas en Texas?”, señalando que la situación no fue una sorpresa para los meteorólogos. Repasó además la secuencia de alertas emitidas.
Ya desde el martes, el Servicio Meteorológico Nacional advertía sobre el riesgo de inundaciones. El jueves, a la 1:18 p.m., se emitió una vigilancia de inundación, anticipando hasta 7 pulgadas de lluvia (unos 180 milímetros). A las 6:10 p.m., un mensaje especial alertaba sobre la probabilidad de una inundación repentina, con lluvias que podrían superar las 3 pulgadas por hora, elevando así la alerta. A la 1:14 a.m. del viernes, se emitió la primera advertencia oficial de inundación con la etiqueta “considerable”, diseñada para activar notificaciones en los teléfonos móviles de la población en zonas expuestas. Solo una hora después, ya se habían registrado 5 pulgadas de lluvia (aproximadamente 130 mm), y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que la inundación ya estaba en curso. A las 4:03 a.m. se declaró una emergencia por inundación repentina, el nivel más alto de alerta. A las 4:35 a.m., el río Guadalupe alcanzó los 29,45 pies (8,9 metros), habiendo subido más de 7 pies (2 metros) en apenas 15 minutos. Casi nadie tuvo tiempo de reaccionar.

Sin embargo, persisten dudas sobre a cuántas personas llegaron las alertas, si las vacantes críticas en las oficinas meteorológicas afectaron su difusión, y si la llamada “fatiga de alertas” había aumentado entre los residentes de una región considerada una de las más peligrosas del país en cuanto a inundaciones repentinas.

CNN, citando como fuente a un funcionario no identificado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), informó que “varias oficinas del NWS en todo el país están en peores condiciones que las de San Angelo o Austin-San Antonio, trabajando con tan poco personal que ya no operan las 24 horas del día, los siete días de la semana” y que han dejado de lanzar dos veces al día los globos meteorológicos, “que proporcionan datos críticos que pueden alertar a los meteorólogos sobre la posibilidad de inundaciones y otros fenómenos peligrosos”. No obstante, defendió los pronósticos del NWS y explicó que el desastre fue, en última instancia, resultado de “demasiada lluvia en muy poco tiempo, en uno de los lugares más vulnerables del país a las inundaciones repentinas, y en las horas de la noche, el peor momento del día para enviar advertencias a las personas en peligro”, además de coincidir con el 4 de julio. “Esta población en particular está saturada de alertas y advertencias meteorológicas a todas horas del día y de la noche. En Texas Hill Country, donde las inundaciones repentinas son provocadas frecuentemente por tormentas eléctricas estivales, puede instalarse la fatiga de advertencias”. O como decimos aquí: “ya no se le da pelota”, como ocurre cuando escuchamos sonar una alarma de auto.
En definitiva, esta tragedia pone en evidencia las limitaciones de la tecnología actual de pronóstico. “Simplemente aún no es posible predecir que un conjunto de tormentas eléctricas que acumulan meses de lluvia se estancará en un punto específico”. Y añade CNN que, para el caso particular de Estados Unidos, los recortes previstos en el presupuesto 2026 por parte de la administración Trump podrían perjudicar la investigación orientada a superar estas falencias, “justo cuando el país necesita ampliar los límites de la capacidad de sus modelos meteorológicos”.

Y si esto ocurre en un país que dispone de la tecnología más avanzada y que destina grandes recursos a la investigación, ¿qué queda para el nuestro y para nuestra región? Tal vez no tengamos ríos de montaña, pero sí enfrentamos problemas de inundaciones. Sin ir más lejos, en el último episodio —a pesar de contar con sensores y puntos de referencia— vimos cómo los expertos de la CTM esperaban que la creciente no superara los 6 metros, y terminó superando esa marca por más de medio metro. Ni hablemos ya de predecir con suficiente antelación, como se pretende, fenómenos destructivos como el del 11 de julio de 2022 en nuestra ciudad, del que ayer se cumplieron tres años.

La anunciada reconfiguración del proyecto de la planta de e-Combustibles de HIF Global en Paysandú, incluso con reducción del 35 por ciento de su superficie respecto al diseño original, así como la reubicación de sus chimeneas hacia el noreste, es un paso que corresponde calificar como positivo si tenemos en cuenta que de esta forma se atienden cuestionamientos, reparos e interrogantes surgidos desde diferentes ámbitos, a la vez que paralelamente se mantiene en todos sus términos el proyecto respecto tanto en la parte productiva como en el monto de la inversión y la consecuente provisión de empleos, de acuerdo a lo que se indicara por la empresa.

Es decir, por un lado se contemplan planteos surgidos desde la vecina orilla en cuanto a la afectación de la visual para el turismo de sol y playa, al reducirse su visibilidad desde las afueras de la planta, atendiendo la demanda de empresas turísticas de Colón, a la vez que esta nueva configuración disminuye en un 70% la intervención sobre el monte nativo y aumenta el área de reserva de biodiversidad a 260 hectáreas. De acuerdo a fuentes consultadas por EL TELEGRAFO, el nuevo diseño es posible gracias a un esfuerzo de reingeniería y a la incorporación de tecnologías que permiten una mayor eficiencia en el uso del espacio y los recursos.

Así, uno de los cambios técnicos establece el reemplazo del sistema de circuito cerrado por un sistema de torres de enfriamiento, que permite reducir la superficie construida manteniendo niveles sostenibles de consumo de agua, en tanto también en relación con el proyecto, el Ministerio de Ambiente aprobó la Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de Actuación Integrada Complementario (PAIC-HIF), lo que es un espaldarazo en cuanto a garantías adicionales de inocuidad para el emprendimiento.
Estas modificaciones contemplan algunos de los reparos surgidos sobre todo desde grupos ambientalistas –algunos sensatos, otros no, por su índole fundamentalista– y da la pauta de que es posible incluso mejorar la ecuación costo – beneficio de la incorporación de la planta, que es la mayor inversión de la historia en el Uruguay, y ni qué decir para Paysandú y la región.

Tampoco debe llamar a sorpresa, desde que nunca se trató de un proyecto definitivo, y por ende siempre ha sido perfectible. Es a la vez un dato auspicioso acerca de la buena disposición y responsabilidad empresarial para seguir adelante con el emprendimiento pese a los cuestionamientos que siempre surgen a partir de este tipo de proyectos, algunos por parte de grupos intolerantes que en su visión fanatizada no admiten siquiera que se cambie una piedra de lugar, y otros que sí se hacen con un sentido racional y atendible en cuanto al origen de la controversia. Incluso mediante una campaña de recolección de firmas, los grupos han procurado frenar la instalación de las denominadas plantas de hidrógeno verde en la región de Paysandú, y según los organizadores estas plantas, promovidas como una solución sostenible, podrían traer consigo más perjuicios que beneficios para la región, incluyendo la posible contaminación de recursos naturales y el impacto en las comunidades locales.

Los cuestionamientos se enmarcan en la denuncia de que se está ante un saqueo de los recursos naturales, mientras que los inversores sostienen que se trata de proyectos que incorporar medidas extremas de prevención para no afectar el ecosistema, a la vez que aprovechan en forma inocua los recursos naturales y se generan fuentes de empleo directos y en infraestructura de apoyo.

Más allá de este proyecto puntual de producción de hidrógeno verde, existe una dicotomía que desde hace mucho tiempo se ha instalado en el país, y que hasta ahora, con gobiernos de todos los partidos, no ha sido felizmente obstáculo para que igualmente se instalaran en el Uruguay inversiones que, como el caso paradigmático de la madera, han significado un antes y un después en zonas del interior profundo, porque a la vez no se han cumplido las catástrofes pronosticadas por los agoreros de siempre en base a sus eslóganes fundamentalistas.

Entre otras iniciativas, se cuestionó severamente en su momento por estas organizaciones la aprobación en la década de 1980 de la Ley de Desarrollo Forestal y de los consecuentes emprendimientos que traería aparejado la implantación de bosques con destino a su industrialización, sobre todo la instalación de las plantas de celulosa que se encuentran hoy en funcionamiento en nuestro país, lo que a su vez fue acompañado y potenciado por colectivos ambientalistas entrerrianos.
Pero el ciudadano común que no forma parte de estos grupos activistas, y sobre todo los gobernantes, tienen ante sí el derecho y el deber de informarse y analizar ponderadamente y con sentido común los pro y los contra de este tipo de emprendimientos, dejando de lado el ruido y la confusión que pretenden los argumentos tremendistas sobre los “saqueos” de nuestros recursos naturales, en este caso también la presunta contaminación del agua y el ecosistema, para situar las cosas en sus reales términos.
Porque no hay actividad humana que no implique cierto grado de contaminación, hasta “visual”, como en este caso, y de lo que se trata es de preservar el ecosistema en el marco de una ecuación costo-beneficio que debería tener el segundo factor como ampliamente favorable, desde varios puntos de vista.

En el tema que nos ocupa, el factor revulsivo y determinante es que el proyecto HIF Global contempla una inversión global del orden de los cuatro mil millones de dólares, correspondientes a 1985 millones para la producción de la planta propiamente dicha, con vista a la captura de CO2, la producción de metanol y la terminación del combustible sintético.

A esta inversión hay que agregarle una inversión adicional de 2.000 millones de dólares para la instalación de parques eólicos, granjas voltaicas y líneas de transmisión eléctricas en un radio de hasta 180 kilómetros de la ciudad de Paysandú, con las consecuentes perspectivas de fuentes de trabajo durante y después de la construcción de la planta, así como el reciclaje de recursos naturales y generación de energía categorizadas como ecológicas en el ámbito internacional, en todos los casos con cadena de apoyos en infraestructura que también implica recursos y plazas de trabajo.

No hay mucho margen para la cuando de lo que se trata al fin de cuentas es de discernir entre planteos bien fundados y atendibles y extremismos al grado de pretender que siempre se deje todo como está, argumentando que la naturaleza es sabia y por algo las cosas son así desde siempre.
Y como decíamos en anterior editorial sobre esta misma problemática, siempre corresponde dejar margen para rectificar detalles a tiempo –un ejemplo son estas modificaciones a la propuesta original– porque este es el sentido de contemplar el interés general por encima de los conflictos de intereses y los grupos de presión.

Como si se tratara de una moneda de dos caras igualmente complejas y desventajosas, el embarazo adolescente es tanto causa como consecuencia de situaciones de desigualdad, y perpetúa el ciclo de pobreza al limitar las posibilidades socioeconómicas de las jóvenes y sus familias.
Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés), publicado este año y que abarcó a 15 países latinoamericanos, revela el devastador costo del embarazo adolescente en términos de oportunidades perdidas y de profundización de la desigualdad, afectando las posibilidades de educación, participación laboral e ingresos. Se trata de historias no contadas de niñas y adolescentes cuyas vidas se desvían de su curso, y que suelen quedar atrapadas en un ciclo de inequidades, como señala Susana Sottoli, directora regional de dicha institución para América Latina y el Caribe.
El rostro del embarazo adolescente en la región está claramente delineado: la maternidad temprana afecta de manera desproporcionada a adolescentes rurales, indígenas, afrodescendientes, pobres y con bajo nivel educativo.
El estudio, titulado “El precio de la desigualdad: consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe”, detalla el impacto económico de estas situaciones, tanto a nivel individual como estatal, en 15 países de la región. La investigación desarrolló una metodología para estimar los impactos laborales, educativos, en la nómina y asistenciales del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana (Milena), que concluyó que el costo de oportunidad total anual asciende a 15.300 millones de dólares. Esta cifra representa, en promedio, el 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) combinado de los países analizados (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam).
El mayor impacto recae sobre las adolescentes y su entorno, representando el 88,2 % del costo total estimado. Esto se debe a que alcanzan menores niveles educativos y acceden al mercado laboral con menos herramientas para obtener empleos de calidad, perpetuando el círculo de la pobreza y evidenciando las brechas de género existentes.
A nivel individual, los números reflejan una dura realidad: una madre adolescente tiene menos oportunidades de desarrollo y de ofrecer mejores condiciones de vida a sus hijos e hijas, lo que contribuye al ciclo intergeneracional de la pobreza. Asimismo, se estima que la mortalidad materna, asociada a los mayores riesgos del embarazo y parto en la adolescencia, representa una pérdida anual de 28.607 años de vida potencial en la región. También existen costos significativos para los Estados en términos de gastos en salud y pérdidas fiscales, entre otros.
El estudio subraya que los recursos económicos destinados a la prevención del embarazo adolescente, mediante estrategias sostenibles y de largo plazo, no deben considerarse un gasto, sino una inversión: “Invertir en la prevención del embarazo en adolescentes es una buena política económica, ya que se estima que se pueden obtener entre 15 y 40 dólares en beneficios por cada dólar invertido, dependiendo del país”, señala. Estos beneficios no solo se traducen en ahorros económicos, sino también en una mejora en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo para las adolescentes y sus hijos.
Aunque el problema sigue siendo significativo, como muestran los datos mencionados, es necesario destacar que entre 2010 y 2024 América Latina y el Caribe han experimentado una disminución en la tasa de fecundidad adolescente, tanto en el grupo de 15 a 19 años como en el de 10 a 14 años. Esta disminución se atribuye, en parte, al efecto de la pandemia. El primer grupo pasó de 73,1 a 50,6 por mil, y el segundo, de 3,6 a 2,3 por mil.
Aún así, América Latina continúa siendo la región con el segundo índice más alto de embarazos adolescentes no intencionales a nivel mundial, una situación que es urgente revertir. En este sentido, algunos países, como Uruguay, han desarrollado estrategias exitosas.
Nuestro país ha sido uno de los que más ha logrado disminuir el embarazo adolescente en los últimos años, alcanzando actualmente una tasa de 20 por mil adolescentes de entre 15 y 19 años. Si bien se trata de un avance significativo en comparación con la situación de ocho años atrás, cuando la cifra era de 60 por mil, todavía estamos lejos de los niveles observados en países desarrollados.
Este progreso se atribuye, en gran medida, al desarrollo de una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente, implementada de forma coordinada por varios organismos. También influyeron la inclusión de la educación sexual en los trayectos educativos, el acceso a métodos anticonceptivos y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, la significativa disminución registrada y el hecho de que las cifras de Uruguay estén por debajo de la media regional no deben hacernos perder de vista que, detrás de los números, persiste una realidad compleja. El embarazo precoz sigue impactando especialmente entre las adolescentes más vulnerables y, en los casos más graves, forma parte de ciclos de abuso, pobreza y exclusión. En Uruguay, el embarazo adolescente tiene una clara geografía: se concentra en la periferia de Montevideo y, en el Interior, en zonas de frontera marcadas por altos niveles de pobreza y vulnerabilidad.
Según el informe de gestión 2024 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), 190 niñas de entre 11 y 14 años cursaron embarazos entre 2021 y 2024. Estos datos surgen de la estrategia “Notificación y análisis de casos de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo”, implementada por ASSE desde 2021.
Si bien el embarazo adolescente siempre representa un tema de alta complejidad, el embarazo en niñas menores de 15 años ocurre en una etapa previa a la maduración física, psíquica, sexual y social, comprometiendo no solo su desarrollo integral, sino también sus etapas futuras de vida.
Además, debería encender todas las alarmas el hecho de que el 39% de esos embarazos fueron consecuencia de abusos o violencia sexual, y que en otro 22% no se puede descartar esta posibilidad, lo que suma un alarmante 61% de casos potencialmente vinculados a abuso.
Asumir esta realidad implica dejar de ver el embarazo adolescente como un problema individual y comenzar a entenderlo como síntoma de fallas colectivas: niñas que no hemos sabido proteger, sistemas de salud y educación que no detectan lo que deberían, y comunidades que callan. Debemos seguir trabajando, no solo para reducir las cifras, sino, fundamentalmente, para garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Es necesario prevenir, pero también acompañar y transformar.
Para que ninguna uruguaya vea su infancia o adolescencia arrebatada. Para que todas puedan acceder a las oportunidades que cualquier buena persona desearía para sus hijas.

La página del Banco Mundial, en su sección blogs, publica un artículo que su economista jefe, el indoestadounidense Indermit Gill, firmó originalmente en la web Project Syndicate, una organización internacional sin fines de lucro considerada como la mayor fuente de artículos de opinión del mundo, en la que se recogen comentarios y análisis realizados por expertos, activistas, premios Nobel, estadistas, economistas, pensadores políticos, líderes empresariales y académicos, instándose a la creación de redes entre ellos.
Este artículo se titula “El inminente desastre de la deuda mundial”. En él, Gill plantea una visión bastante pesimista sobre el futuro de la economía mundial basándose en el elevado endeudamiento, pero sobre todo en que la receta para este momento parece ser seguir tomando deuda, a la vez que se cierran los mercados.
“A pesar de una serie de conmociones que han tenido lugar desde 2020, la economía mundial ha resistido sorprendentemente bien, hasta ahora. Pero el margen de error es cada vez menor. La deuda mundial total es hoy casi un 25% más alta de lo que era en vísperas de la pandemia de COVID-19, cuando ya estaba en un máximo histórico. Este sobreendeudamiento podría socavar la capacidad de todas las economías para protegerse contra la última crisis: el aumento de los aranceles comerciales”, plantea como escenario.
Aunque se entiende que la deuda “es crucial para impulsar el crecimiento económico”, Gill sugiere que se la debe asumir “como una forma de impuestos diferidos. Al endeudarse en lugar de aplicar gravámenes, los Gobiernos pueden hacer inversiones a largo plazo que beneficiarán a los futuros contribuyentes sin imponer una carga a la generación actual; o pueden apuntalar el crecimiento nacional y los ingresos durante una emergencia económica, cuando un alza de los impuestos no haría más que profundizar la recesión”. No obstante, al final del día hay que afrontar las consecuencias, “y, si el ingreso nacional no crece más rápido que el costo de los préstamos, se deberán subir los impuestos para pagar la deuda. Un endeudamiento persistentemente elevado se convierte así en un obstáculo para el progreso económico”. Esa barrera, afirma Gill en su artículo, rara vez ha sido tan alta. “En los últimos 15 años, los países en desarrollo se acostumbraron a contraer deuda, que acumularon a un ritmo récord de 6 puntos porcentuales del PBI anual, en promedio. Estas acumulaciones aceleradas de deuda suelen acabar en lágrimas. De hecho, las probabilidades de que desencadenen una crisis financiera son aproximadamente del 50%”.
Pero a su vez en este momento se ven acompañadas por el aumento más rápido de las tasas de interés en las últimas cuatro décadas. “Los costos de endeudamiento se duplicaron en la mitad de las economías en desarrollo, y el costo neto de los intereses, como porcentaje de los ingresos públicos, aumentó de menos del 9% en 2007 a alrededor del 20% en 2024. Esto por sí solo constituye una crisis”, afirmó.
En este escenario “demasiadas economías en desarrollo se encuentran hoy en un círculo vicioso” y para hacer frente a sus obligaciones se están “recortando las inversiones en educación, atención de la salud e infraestructura que se necesitan para garantizar el crecimiento futuro”. Esto aplica, afirma, para el caso de los 78 países pobres que pueden recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, países en los que habita la cuarta parte de la humanidad y que representa una gran parte de los 1.200 millones de jóvenes que ingresarán a la fuerza laboral en los próximos 10 a 15 años. “Sin embargo, los responsables de formular políticas en todo el mundo han optado por tentar a la suerte. En otro caso en que prevalece la esperanza sobre la experiencia, apuestan a que el crecimiento mundial se acelerará —y a que las tasas de interés bajarán— lo suficiente como para desactivar la bomba de la deuda”.
Esta actitud, que califica como pasiva, la considera “comprensible”, en la medida que en lo que va de este siglo –del que hemos consumido prácticamente la cuarta parte–, “ha sido extremadamente difícil concebir un sistema capaz de garantizar la sostenibilidad de la deuda mundial y la rápida reestructuración de la deuda de los países que lo necesitan” y en los casos en los que se produjeron avances, han sido demasiado lentos”.
Gill considera que, como el crecimiento mundial no se va a acelerar en el breve plazo si se mantienen las políticas actuales, “probablemente aumenten los coeficientes de deuda soberana-PBI en lo que queda de esta década”. Además señaló que estas guerras comerciales han empeorado las perspectivas de la economía mundial, al punto de que a principios de 2025, se proyectaba un crecimiento mundial del 2,6% para este año, mientras que ahora ese dato se sitúa en el 2,2%, “casi un tercio menos que el promedio que prevaleció en los años 2010”. Agrega que tampoco bajarán los tipos de interés, que se ubican en “más de cinco veces el promedio anual registrado entre 2010 y 2019”, lo que implica más dificultades para que las economías en desarrollo hagan frente a sus compromisos.
Señala Gill que, en una época de recursos públicos escasos, “será necesaria una movilización total de capital privado para impulsar el crecimiento y el desarrollo en los próximos cinco años”, pero apunta que ve poco probable que el capital privado extranjero fluya hacia economías muy endeudadas con escasas perspectivas de crecimiento. “Los inversionistas privados asumirán correctamente que cualquier ganancia derivada del crecimiento económico será gravada para pagar la deuda”.
Reconoce el experto que es necesaria una visión clara del problema y que es urgente “modernizar el sistema mundial para evaluar la sostenibilidad de la deuda de un país”, y deja una afirmación clave: “El sistema actual se apresura a decidir que los países solo necesitan préstamos para salir adelante, cuando la mayoría de los países de ingreso bajo, de hecho, son insolventes y necesitarán condonaciones de deuda”. Del mismo modo expresa que los Gobiernos deberán también “dejar de endeudarse con acreedores nacionales; el aumento de la deuda interna está sofocando la iniciativa del sector privado nacional”.
Así las cosas, en el mundo es necesario que la prudencia marque el rumbo en las decisiones que se tomen en nuestro país. Si bien es comprensible que algunos sectores encuentren en este momento, en que se discute el presupuesto que pautará el andar del resto de la década, la oportunidad de plantear sus reivindicaciones a un gobierno en el que reconocen afinidades, es preciso que quienes toman las decisiones no se dejen llevar y que finalmente el criterio sea la austeridad uruguaya, tantas veces invocada, pero no siempre practicada.