Política

El 1° de enero de 2027 entrará en vigencia la medida que grava con Imesi a los autos eléctricos cuyo valor de importación supere los U$S 19.000, con franjas del 5% al 9% para los que superen U$S 27.000. Los vehículos por debajo de ese valor seguirán exentos.

El exsubsecretario de Industria y actual diputado Walter Verri rechazó la medida por su “difícil transparencia”, ya que el comprador desconoce el costo que paga el importador en aduana: “El gobierno volvió a mentirnos. Dijeron que iban a quitarle la exoneración a los vehículos de alta gama, pero no lo hicieron”.

Verri fue enfático: “Nadie cree en este país que un auto de 19.000 dólares es de alta gama. Le están pegando al que trabaja y, para ahorrar en combustible, resuelve comprar un auto eléctrico o híbrido, pero termina pagando en algunos casos el doble de Imesi”.

Advirtió además que el gobierno “se metió en un lío porque se involucró con la ganancia del vendedor”, y anticipó que, con los combustibles caros, podría darse una mayor compra de híbridos con cilindrada, donde la medida “no registra demasiados cambios”.

El 8 de julio el equipo económico será recibido por la Comisión de Presupuesto de Diputados, donde comenzará la consideración de la Rendición de Cuentas. El 17 de agosto iniciará su discusión en el plenario, dentro de los 45 días de plazo de cada cámara.

El diputado del Frente Amplio Juan Gorosterrazú aseguró que la iniciativa mantiene las prioridades del Ejecutivo: la atención a la infancia, la reducción de la pobreza, la seguridad, las personas en situación de calle y la educación, con recursos para la UdelaR, la UTEC y ANEP.

Explicó que habrá reasignaciones desde el Instituto Nacional de Colonización hacia políticas sociales, sin impedir la meta de comprar 25.000 hectáreas. El proyecto también exonera el IVA a materiales de construcción para cooperativas.

El financiamiento combina reasignaciones —como una reducción del 50% en misiones oficiales— con mayores ingresos por la tributación de vehículos eléctricos. Gorosterrazú resaltó además un artículo que prohíbe la discriminación por edad en los llamados a la función pública: “Se puede acceder por capacidad y experiencia, pero no por edad”.

Con destino a que se curse oficio al intendente departamental y que el tema sea analizado por la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor de la Junta Departamental de Paysandú, fue presentada en el deliberativo departamental una moción por la que se pide se instalen semáforos en una serie de cruces de calles transversales con avenida Soriano, en las cercanías de Bulevar Artigas.

La inquietud fue presentada por la edila nacionalista Prof. Graciela Borjas, la que expresa que “en la intersección de avenida Soriano, Felippone, Juncal, Guayabos y las respectivas paralelas se dan al menos siete puntos de cruces.

Eso implica que sea bastante peligroso circular por allí. Ultimamente se han dado varios siniestros de tránsito en el lugar”.
Aclara la representante del oficialismo departamental que “si bien ya existen elementos de seguridad vial como las cebras, no son suficientes. Entonces se propone la instalación de semáforos para detener el tránsito en algunos de los sentidos y así evitar las colisiones, las cuales por estos días ha sido varias”.

En base a estos elementos, solicita que “este planteo se haga llegar al Sr. intendente departamental, y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor para su tratamiento”.

Federico Álvarez Petraglia presentó una nueva acción de acceso a la información pública ante la Intendencia de Paysandú para conocer detalles de la licitación pública 25/2026, sobre la “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, impulsada a partir de una iniciativa privada de Teyma S.A.

Es la quinta vez en el año que utiliza este mecanismo, tras solicitudes vinculadas al viaje del intendente Olivera a Italia, la renuncia de Vercellino, la suspensión de Caballero y otros cargos.

Entre otros puntos, pide saber cuándo Teyma presentó la iniciativa y reclama copia completa del expediente. También consulta si, por tratarse de “un servicio público municipal esencial”, se pidió anuencia a la Junta Departamental según la Constitución.

La presentación pregunta además si la Intendencia concesionará la recolección en la Zona C —el área céntrica y comercial— y “qué destino tendrán los funcionarios” que hoy cumplen esa tarea, junto a consultas presupuestales.

El edil nacionalista Marcelo Tortorella asumirá en los próximos días la presidencia de la Junta Departamental de Paysandú para el período 2026-2027, en una designación impulsada por el sector Paysandú para Arriba, liderado por Jorge Larrañaga. La primera vicepresidencia corresponderá a la Lista 51 del Partido Nacional y la segunda al Frente Amplio.

Tortorella, integrante del Directorio del Partido Nacional, adelantó que su gestión estará marcada por la coordinación con el intendente Nicolás Olivera, con Larrañaga y con los diputados del departamento, “para trabajar codo a codo y en clave de equipo”.

Destacó la importancia de la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, “por ser el motor para transformar las necesidades de la gente en soluciones concretas”, con una “gestión de puertas abiertas”.

El edil ya ocupó la presidencia en 2022-2023, cuando impulsó la modernización tecnológica y la recuperación edilicia. Prometió una conducción “plural y comprometida con los intereses de los sanduceros”, y valoró el rol de los funcionarios como “un eslabón fundamental”.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) rechazó en Paysandú la aplicación del timbre profesional que la Caja de Profesionales pretende instrumentar desde el 1º de agosto, advirtiendo que trasladará nuevos costos a los usuarios, especialmente a los de menores ingresos y jubilados.

El secretario general, Marcos Franco, explicó que el cobro se aplicaría a todas las prestaciones con indicaciones médicas y podría multiplicarse en un mismo proceso: “El usuario no solo va a pagar la orden en puerta de emergencia, sino que lo ve el médico, 170 pesos; llama al cardiólogo, otros 170; le indican exámenes, otros 170, y así sucesivamente”.

Franco sostuvo que la medida tiene “un objetivo recaudatorio” —estimó entre 100 y 120 millones de dólares— y que “quienes lo van a pagar van a ser los sectores más vulnerables”. La FUS solicitó una reunión con el presidente para que “quede sin efecto”.

El dirigente enmarcó el planteo en una “FUS de cercanía”, con recorridas por el interior, y destacó que las instituciones de salud son “la fábrica sin chimeneas” del interior, mencionando que Comepa reúne unos 1.300 funcionarios.

El diputado Juan Gorosterrazú destacó el retorno de las reuniones de la coordinadora portuaria, un encuentro de la ANP con la Cipup, organizaciones, trabajadores y empresas para intercambiar sobre la realidad del puerto de Paysandú y los proyectos en la hidrovía del río Uruguay, tras un quinquenio sin instancias de este tipo.

El legislador resaltó dos artículos enviados al Parlamento en la Rendición de Cuentas. Uno habilita el traspaso de los silos del MGAP al MTOP para que la ANP los administre, “para que empresas locales como Azucarlito y AmBev puedan hacer uso”, como ocurre en Fray Bentos o Nueva Palmira.

El otro habilita el puerto como puerto deportivo, que sumado al de cargas permitiría distintos proyectos, “desde un astillero para embarcaciones importantes”, aprovechando una grúa que soporta 45 toneladas, generando “otra movilidad portuaria y puestos de trabajo”.

La edil Ana Curti afirmó en la Junta Departamental que, a 53 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Uruguay debe sostener la memoria histórica y rechazar el negacionismo sobre la dictadura. “No señores, la dictadura cívico-militar existió, mató, torturó y persiguió. Dentro y fuera del territorio nacional”, expresó.

Curti remarcó la responsabilidad de Juan María Bordaberry, sectores militares, “grandes terratenientes y empresarios”, y rechazó que se responsabilice a la izquierda: “Cuando se da el golpe, los tupamaros, el MRO y la FAU estaban muertos, presos o exiliados”.

La edil recordó las luchas estudiantiles y a Líber Arce: “Por la espalda lo mataron, no tuvieron el valor de mirar a ese joven mientras le disparaban”. Puso especial énfasis en los desaparecidos, mencionando los restos del maestro Julio Castro y el caso de Amelia Sanjurjo.

Finalmente, advirtió sobre “una tendencia historiográfica mundial, que es el negacionismo”, que también se intenta aplicar en Uruguay: “Se quiere establecer que ellos salvaron al país. ¿De qué lo salvaron?”

Los trabajadores de Ancap, nucleados en Fancap y las extractivas del Sunca, esperan desde hace un mes una respuesta del gobierno sobre el plan que unificaría la producción cementera en Minas, transformando la planta de Paysandú en una terminal de molienda y distribución.

El dirigente de Fancap, Eduardo Zabala, señaló que el plan del directorio “carecía de fundamentos” y “dejaba a Paysandú sin una industria, con 120 puestos menos de trabajo”. “Este silencio es muy preocupante y nos mantiene en estado de alerta”, afirmó.

En paralelo, persiste el diferendo por la compra de portland entre la ministra Fernanda Cardona y el Congreso de Intendentes. La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, ofreció un descuento del 63%, pero los intendentes advirtieron que consiguen mejores precios en barracas locales.

Zabala también cuestionó el proyecto de los diputados colorados para derogar la fabricación de portland: “La ciudadanía laudó en 1992 y 2003 lo relacionado a las empresas públicas. Que esto surja sorteando las consultas populares va a contrapelo de los procesos democráticos”.

Ancap propuso a los intendentes negociar un mejor descuento para la compra de portland al ente estatal, luego de que algunos jefes comunales expusieran que pagan el producto más barato en las barracas locales que comprándolo directamente al organismo.

El intendente Nicolás Olivera recordó que el Congreso de Intendentes propició un convenio que abarca combustibles, lubricantes, asfaltos y cemento, aunque ante el precio inconveniente “se dejaba en libertad para que cada uno lo adquiera o no”. Sobre la nota de la ministra Fernanda Cardona, señaló que “quizás el tono no fue del todo feliz”.

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, se comprometió a “revisar su política de precios en función de que cada Intendencia exprese su firme voluntad de comprar determinados volúmenes”. Olivera insistió en que “los intendentes tenemos una consigna: cuidar el dinero de la gente”, y advirtió: “Malo sería que también nos toque salvar a Ancap. Pero si produce a precios convenientes, somos compradores”.

También valoró la celeridad de la Junta para habilitar la planta de GNC y pidió la misma rapidez al gobierno nacional.

La Junta Departamental votó por unanimidad —29 en 29— la iniciativa del ejecutivo que autoriza el uso industrial del suelo al norte de la planta de ALUR de Nuevo Paysandú, para allanar la instalación de una estación de Gas Natural Comprimido (GNC). La votación unánime, sin embargo, estuvo precedida de un áspero debate.

El eje de la discusión fue la urgencia con que se introdujo el tema: un documento de un centenar de páginas sobre el emprendimiento del grupo FrayLog —una inversión de unos 50 millones de dólares— que la oposición tuvo apenas 24 horas para analizar.

El colorado David Helguera votó a favor por la necesidad de empleo, aunque reconoció que el tiempo fue escaso. Por el FA, Verónica Villarreal criticó que se pretendiera que la Junta fuera “una escribanía” que refrendara lo que viene del intendente a la corporación, reclamando cinco días más. El nacionalista Andrés Silva aclaró que no implicaba recategorizar suelos, sino “levantar una prohibición”.

Tras cuartos intermedios y desacuerdos internos, el Frente Amplio finalmente votó en bloque, manteniendo sus reparos pero desmintiendo el “doble discurso” que le atribuían los nacionalistas.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración pública en la que respaldó al director de Ancap Germán Coutinho, reivindicó la gestión de Alejandro Stipanicic al frente del ente, cuestionó la actual política de precios de los combustibles, rechazó la eliminación de la rebaja del Imesi en la frontera y expresó preocupación por la falta de definición sobre el futuro del negocio del pórtland.

La declaración se conoce en momentos en que el diputado colorado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto de ley para quitarle a Ancap la competencia de producir cemento pórtland, una actividad que arrastra pérdidas millonarias desde hace años. En ese contexto, el Comité Ejecutivo Nacional incluyó un reconocimiento expreso a la gestión desarrollada por el ingeniero Alejandro Stipanicic, quien presidió Ancap entre marzo de 2020 y diciembre de 2024.

Tres ingenieros chinos con cargos gerenciales en CMEC (China Machinery Engineering Corporation) fueron imputados por reiterados delitos de violación a la Ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial, en la construcción del Anillo de Transmisión Eléctrica de 500 kV entre Tacuarembó y Salto –con una parte sobre Paysandú–, tras una denuncia del Sunca de enero de 2025.

La obra ocupó a más de 700 trabajadores, unos 500 extranjeros. La investigación del fiscal Carlos Motta descartó la trata de personas y la explotación laboral, pero responsabilizó a los gerentes por 46 incumplimientos, imputándolos con ocho meses de libertad a prueba y trabajo comunitario, mediante acuerdo abreviado.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, destacó a EL TELEGRAFO que CMEC “sistemáticamente incumplió la normativa de seguridad e higiene” y llegó a tener “más de 60 expedientes en la Inspección General de Trabajo”. Reiteró el reclamo histórico de una Fiscalía especializada en accidentes laborales que actúe de oficio.

En enero de 2024, CMEC había rechazado “enfáticamente” las denuncias, afirmando cumplir con la normativa vigente en Uruguay.

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realiza hoy un paro de 24 horas a nivel nacional, al que adhiere en Paysandú la Afempay. La medida busca “quebrar el cero” en la Rendición de Cuentas, ante el planteo del gobierno de no destinar nuevos fondos sino avanzar en reasignaciones.

La dirigente Sully Guichón señaló que reclaman recursos para infraestructura, cargos de apoyo, horas docentes y psicólogos. “Necesitamos arreglos edilicios y mayor cantidad de funcionarios”, afirmó, ejemplificando que el Liceo Nº1 necesita mantenimiento estructural y el Liceo Nº9 sigue trabajando en contenedores.