“Pensar que la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) tenga una motivación política es un error” del presidente Tabaré Vázquez, evaluó recientemente el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza, Ing. Agr. Roberto Ceriani, al comentar la decisión del mandatario de no recibir a la asociación nacional para plantear sus inquietudes respecto a la situación del sector y los problemas que les sigue acarreando el incumplimiento por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, del pago de la deuda del orden de los 30 millones de dólares por concepto de exportaciones lácteas.
Ocurre que las gremiales lecheras habían pedido en la primera quincena de este mes una reunión con el mandatario para analizar la crisis que atraviesa el sector, que no es nueva, y este es precisamente el punto, porque no se trata de “enterar” al jefe de Estado sobre la problemática, sino que de una vez por todas se logren respuestas valederas para los cientos –cada vez menos– pequeños productores que luchan día a día por sobrevivir, y ven que los costos de producción y los precios que obtienen por su producto les hacen acumular números en rojo.
Así, ante el pedido de audiencia la oficina de Presidencia les envió una nota pidiendo explicaciones respecto a posibles juicios contra Venezuela, en tanto los productores ya habían comunicado al embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, la decisión de llevar adelante una demanda judicial por la referida deuda que el país caribeño mantiene con Conaprole.
Lamentablemente, desde Presidencia se ha acentuado, sobre todo en los últimos tiempos en que se ha estancado la economía, la aprensión respecto a todo reclamo corporativista desde el agro, por entender que se trata de una manifestación de intenciones aviesas desde la oposición, y no producto de un reclamo sustentado en bases firmes.
El dirigente local explicó al respecto que “si se analiza individualmente, cada uno de los integrantes de las gremiales lecheras tiene su corazón político y su forma de actuar que deriva de una filosofía de vida”, y acotó que “pensar que la ANPL tenga una motivación política es un error”.
Expuso a EL TELEGRAFO que “creo que un presidente de la República tiene la obligación de recibir a un colectivo como este, con las dificultades que tiene la lechería, y justamente administrar las desviaciones políticas que pueden existir en una entrevista”.
“En momentos donde se deben buscar acuerdos y diálogos, cerrar una puerta es equivocado, por lo que esperamos que reaccione y se pueda concretar esta entrevista”, observó.
Paralelamente, en el contexto de esta situación, en asamblea abierta de productores lecheros realizada en Florida, se decidió reclamar al presidente Vázquez que “cumpla con la palabra empeñada” y retiraron la “confianza política” al presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale) doctor Ricardo de Izaguirre.
La asamblea fue convocada a efectos de tratar temas vinculados a la situación del sector incluyendo el precio de la leche, la constitución de un fideicomiso y el cobro de la deuda a Venezuela.
Entre otros aspectos, se rechazó “por improcedentes e injustificadas las opiniones que adjudican intencionalidad política a los reclamos de los productores” y piden al mandatario que “cumpla con la palabra empeñada para implementar las medidas urgentes que eviten las pérdidas de productores lecheros”.
Según estimaciones de las gremiales, cada día un productor lechero abandona su producción, lo que ha quedado reflejado en uno de los puntos de la declaración final que expresa “declarar a los productores lecheros en emergencia máxima en función de la crítica situación que vive la familia tambera, que implica la desaparición de un productor por día”, en situación que fue definida como “tragedia nacional”.
Ante esta dura realidad, contrasta la pasividad con la que el gobierno no solo no afronta, sino que simplemente “observa” la situación y considera que estos planteos tienen un trasfondo político, como también lo ha señalado cuando desde el Interior el movimiento Un Solo Uruguay ha reclamado respuestas a la problemática del agro, que es la columna vertebral de la economía del país y a la vez sostén, como todos los uruguayos en su medida, de un Estado que ha multiplicado prácticamente por diez el gasto en estos últimos quince años, incorporándolo en gran parte en forma de gasto rígido y por lo tanto con un costo ya estructural que debe financiar el sector privado. Por otra parte, al mandatario lo tiene sin cuidado que el Pit Cnt en su totalidad no sea representativo del los trabajadores sino que de hecho es el brazo sindical del Frente Amplio, y sin embargo nunca ha tenido manifestaciones en este tono para con la central.
Desde algunos ámbitos se indica con razón que el Frente Amplio “no entiende al campo”, pero a fuer de sinceros, hay que pensar que en realidad sí lo entiende, solo que no le da prioridad por razones ideológicas, sustentada desde sus sectores más radicales, en el sentido de que se trata de una “oligarquía” que forma parte de los empresarios “explotadores”. Lo hace además con una visión eminentemente capitalina y de la izquierda que se apoya en el activismo de las gremiales de funcionarios públicos y burocracia del Estado que precisamente son los que viven del trabajo del campo, por ejemplo de las familias de tamberos que se van del campo porque no pueden subsistir.
No se necesita muchas luces para entenderlo, sino simplemente establecer prioridades a partir del país integral, interdependiente, con el agro como uno de los pilares fundamentales, creador de riqueza y con efecto multiplicador de la actividad desde el Interior, que sostiene con su trabajo el pago de impuestos a un Estado que ha seguido creciendo, con incorporaciones de miles de funcionarios públicos y contratos de trabajo que son parte del amiguismo y de la visión ideológica de la omnipresencia estatal.
El resultado es el esquema de costos desmedido para los sectores reales de la economía, para todo el sector empresarial, acentuado cuanto más valor se agrega a la producción y los servicios, por lo que el Uruguay está encerrado en este esquema perverso de necesidad de actividad para recaudar y financiar al Estado, y la recesión que hace que las empresas y los actores privados no puedan resistir más impuestos.
Y mientras desde el gobierno se responda con eslóganes, con alusión a intencionalidades políticas –siempre que no sean de su palo, obvio–, con financiar el gasto público con más impuestos o con deuda, en lugar de contenerlo y practicar austeridad, para aliviar a los que generan la riqueza y están día a día al pie del cañón, poco y nada de nuevo podemos esperar.
Mientras tanto sigue la baja productividad, falta de inversión, rezago en tecnología, y con el Estado que se lleva la mayor parte de los recursos, a través de impuestos y burocracia, cuando además sus intervenciones por regla general son tardías, torpes y cortoplacistas, en el mejor de los casos.
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