Día: 22 de octubre de 2019

Con la presencia del Encargado de la Escuela Departamental de Artesanías de la Intendencia Departamental de Paysandú, Sr. César Gutiérrez, dependiente de la Dirección de Desarrollo Productivo Sustentable, dio comienzo en el anexo de UTU de Quebracho un curso de guasquería.
Además de la mayoría de los dieciocho talleristas, estuvieron presentes, Juan Acuña, maestro artesano de Rivera que será el encargado de llevar adelante el curso, el presidente y secretaria de la Asociación Civil Quebracho (Acique) Alberto Gómez y Alba Alvez, Organización Civil que propició y gestionó la instalación del curso. Este tendrá una duración de 10 semanas por un total de 30 horas, a razón de una clase semanal de tres horas, siendo el primero que se dicta en el interior del país. Es financiado por Inefop, que aporta a la Escuela de Artesanía un total de $ 1.740.000. → Leer más

(Por Horacio R. Brum) Una mala costumbre de los automovilistas chilenos es cruzar con el semáforo en amarillo; invariablemente, cuando la luz que en otros países indica precaución y prepararse para frenar, tres o cuatro autos u otros vehículos se lanzan al cruce, cortejando el desastre. Durante los últimos días, el gobierno y una buena parte de la clase política chilena, incluida la oposición, adoptaron esa mala práctica ante los hechos que presagiaban el estallido social.
Cuando algunos grupos de estudiantes de secundaria comenzaron a saltar los molinetes del ferrocarril subterráneo de Santiago, el Metro, para evadir el pago del boleto, la acción fue desestimada como poco más que una travesura juvenil; al aumentar los lugares donde eso se producía, con daños en varias estaciones y la participación de adultos, el discurso oficial habló de actos de delincuencia e incluso un senador socialista instó a castigar a los culpables con todo el rigor de la ley. Así se ignoró que la protesta por el aumento del pasaje del Metro –el cual llegó a niveles europeos, en un país donde los sueldos están muy lejos de Europa–, era apenas el síntoma de un malestar que se viene incubando en la sociedad chilena casi desde la vuelta a la democracia. Para quien tiene que ir a trabajar o estudiar diariamente, el gasto en transporte público, con el boleto de ómnibus o Metro a un promedio de 1,10 dólares (poco más de 42 pesos uruguayos) llega casi al 10% del sueldo que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, gana la mitad de los trabajadores. Ese salario ronda los 550 dólares, lo mismo que cuesta la cuota mensual de las carreras universitarias más baratas, en las universidades privadas o estatales. Si de enseñanza universitaria se habla, un joven de clase media o baja solamente puede acceder a ella mediante distintos sistemas de créditos implementados por el Estado y los bancos, que significan tener que comenzar a pagar, al recibirse, una deuda de 30.000 dólares o más. Desde 2011, los estudiantes están reclamando la gratuidad de la enseñanza al estilo uruguayo o argentino, sin conseguir de las autoridades otra cosa que comisiones que deliberan interminablemente, o un sistema sucedáneo, mediante el cual el gobierno paga a las universidades la matrícula de los más pobres, quienes deben “demostrar” su pobreza mediante un complejo sistema de evaluación social, en el que a veces tener algunos electrodomésticos en el hogar puede ser causal de que se niegue el acceso al beneficio. Además, un atraso en la carrera significa la pérdida de la gratuidad.
Al otro extremo de la vida, pocos días antes de las protestas se planteó una vez más el debate sobre el sistema de jubilaciones privadas, debido a que una persona enferma terminal reclamó, a través de la justicia, el derecho a utilizar sus ahorros en una administradora de fondos de pensiones (AFP) para pagar los cuidados paliativos. Las AFP manejan unos 200.000 millones de dólares de los trabajadores, quienes obligatoriamente deben entregarles el 12% del sueldo; en teoría, cada aportante es dueño de sus fondos, pero en los hechos tiene prohibido retirarlos y esos miles de dólares son importantes para la financiación de las empresas privadas chilenas, en las que las AFP compran acciones y colocan directores. Estos directores suelen ser exministros y otros altos funcionarios de los gobiernos y personajes políticos, que pasan de la función pública a ese mundo privado por el mecanismo popularmente conocido como “la puerta giratoria”.
Las AFP y sus bajísimas jubilaciones están siendo criticadas permanentemente por la opinión pública; por eso, la negativa a entregar sus fondos a una persona a punto de morir tuvo amplias repercusiones. El presidente Sebastián Piñera, que tiene estrechos vínculos con el mundo de las empresas administradoras, trató de sintonizar con el sentir ciudadano, pero sus palabras en una entrevista radial no fueron las más apropiadas: “…si una persona tiene una enfermedad que no es curable y hace predecir que la muerte está cercana”, es justificable que la AFP le entregue sus ahorros. Vale la pena mencionar que, por defectos en los cálculos de supervivencia que hacen las administradoras, una persona que vive largo tiempo puede quedarse sin pensión. Desde hace varios años, un movimiento popular llamado No más AFP, trata de que el Estado asuma un papel más activo en el cambio o regulación del sistema, pero la respuesta oficial ha sido la misma que en otras situaciones, o sea, crear comisiones y grupos de estudio, sin responder a las inquietudes de la gente.
Otro irritante de la opinión pública, que se produjo en los mismos días de las protestas por el boleto, fue la rebaja a los 16 años de la edad para que la policía detenga en averiguaciones a una persona. Bajo el gobierno de Piñera, las fuerzas policiales volvieron a tener atribuciones para realizar batidas, en las que son detenidas por sospechas miles de personas, principalmente jóvenes de los sectores pobres, sin un efecto significativo en la prevención de la delincuencia, ya que menos de la tercera parte de los detenidos son pasados a la justicia.
La mala calidad de la educación estatal, el empleo precario y la marginalidad de unos sectores juveniles que, para conseguir los productos con cuya publicidad consumista son bombardeados permanentemente, no ven otras salidas que el microtráfico de drogas o el robo, han creado los gérmenes que se infiltraron en las protestas para provocar saqueos y destrucción. No obstante, en la gran masa de la ciudadanía que sale ahora a las calles hay personas de todas las edades, hartas de un modelo económico que parece basarse en la desprotección de las personas, en beneficio de los grandes empresarios. Simbólico de la brecha entre el mundo del ciudadano común y aquel de quienes tienen el poder en Chile es el hecho de que, cuando las protestas comenzaban a arreciar, el Presidente se fue del palacio de gobierno, a festejar durante casi dos horas el cumpleaños de un nieto, en una pizzería del barrio rico de Santiago. Por otra parte, el diario El Mercurio, el medio favorito de las clases altas, después de la primera plana del domingo dedicada a los disturbios y de sus cartas y editoriales, publicó una página dedicada a la próxima entronización del nuevo emperador japonés, y dos a la carrera de modelos chilenas que otrora fueron famosas en el exterior… → Leer más