El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viene de protagonizar esta semana un intercambio mediático con uno de los ex precandidatos que tuvo el Frente Amplio en el reciente proceso electoral, el economista Mario Bergara.
El también expresidente del Banco Central del Uruguay recriminó a través de Twitter que el país era de los que menos recursos había destinado, comparativamente, para hacer frente a la pandemia.
“Según lo publicado por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), el Estado ha volcado recursos para combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales, incluyendo todos los instrumentos, por 250 millones de dólares en cuatro meses. Menos de medio punto del PBI, el esfuerzo más bajo de toda América Latina”, había comentado Bergara a través de su cuenta en la red Twitter.
El dirigente frenteamplista estimó que el Estado “estaría reduciendo el gasto en órdenes cercanos a los 400 millones de dólares” y reprochó que “se retiran becas y recursos a la ciencia y la tecnología, al Inefop, a programas como Uruguay Trabaja, al apoyo a cooperativas de viviendas, etcétera. Se retira al Estado cuando más se necesita”.
Estos comentarios motivaron una respuesta del presidente en la que aseguró que la cifra real que el estado lleva invertida asciende a más de 600 millones de dólares, por todo concepto, tras lo cual Bergara insistió en que sus números tenían como fuente al Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta discusión, como tantas otras que se producen en las redes sociales, ocultan otros puntos de vista respecto al mismo problema, como por ejemplo cuánto evitó gastar el Estado al optar por una estrategia que no congelara la economía, sino que mantuviera los motores encendidos todo lo posible. Eso tiene un impacto mayor que el porcentaje de dinero desembolsado.
Ese impacto también se puede apreciar en las fuentes de trabajo que se conservan gracias a que no se fue hacia una detención total, como sugirieron no pocos actores políticos, sindicales e incluso profesionales.
Hay que reconocerle un gran mérito al gobierno en la elección de este rumbo, aún sin que esto implique salir a cantar victoria o a dar la batalla por ganada, porque todavía queda mucha historia por escribir sobre este coronavirus.
Lamentablemente seguimos teniendo como contraste lo que está ocurriendo fuera de fronteras, y no muy lejos, aquí cruzando el río, donde las consecuencias económicas se están sintiendo muy duramente y el panorama aparece muy oscuro si no varía la situación.
En Gualeguaychú, por ejemplo, no quieren ni soñar con un carnaval con las fronteras cerradas, ni las nacionales, ni las provinciales, pero lamentablemente es un escenario que parece cada vez más próximo. Los eventos que se llevan adelante en el marco de esta celebración convocan miles de turistas, tanto desde Buenos Aires como desde diferentes puntos de Argentina y también de nuestro país.
El secretario del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, Federico Laderach, afirmó que un eventual enero sin visitantes haría peligrar a todo el circuito económico y comercial de la ciudad, “más allá de la lógica caída en las ventas que tendría el rubro de los negocios sin la visita de uruguayos, bonaerenses y de personas de cualquier rincón del país y el mundo”.
Graficó la situación diciendo que podrían llegar a cerrar hasta el 90% de los comercios durante los primeros meses del año próximo.
A fines de julio, el ministro de Turismo de nuestro país, Germán Cardozo, señaló que el gobierno no preveía una apertura de las fronteras con Argentina antes de setiembre. La situación en el vecino país no ha mejorado desde entonces, todo lo contrario, por lo que seguramente ya ni siquiera sea ese el plazo de referencia actual.
Ahora bien, ¿quiere decir esto que en Uruguay las cosas estén bien? De ninguna manera. De hecho la actividad tuvo un resentimiento y los números de envíos a seguro de desempleo alcanzaron techos históricos, que esperemos nunca volver a ver. Además, tan perjudicial como para Gualeguaychú y otros destinos del litoral argentino, es para los puntos de referencia turística de nuestro país el que el cierre de frontera se mantenga, y el riesgo de una temporada sin visitantes argentinos también es una posibilidad cercana. De hecho hace muy pocos días estuvo en Paysandú una delegación de la Junta Departamental de Maldonado que salió a recorrer el país en una acción promocional, buscando convocar al turista uruguayo. Que Maldonado –de donde es oriundo el ministro Cardoso– salga a hacer campaña para convocar turistas uruguayos es algo que pocas veces ocurre, ya que se trata de un destino que funciona al impulso de los turistas que cruzan el charco. Una señal de estos tiempos.
Sin embargo desde su asunción el Ministerio de Turismo ha dado muestras de confianza en que el sector sabrá sortear estas adversidades y que a la salida de este túnel se retomará con fuerza la senda del crecimiento, de hecho se han anunciado llamados a expresiones de interés por importantes inversiones en emprendimientos hoteleros dirigidos a públicos de buen poder adquisitivo, primero en la costa del departamento de Canelones y luego en Rocha, en la zona costera cercana a la frontera con Brasil, que se concretarse ayudarían a mejorar el ánimo general.
Pero no todas las señales que se están dando el ministerio son igual de alentadoras. En los últimos días cesaron los contratos de los técnicos que estaban contratados en el marco del tercer convenio entre el MinTur y el BID, que se desempeñaron en la generación y el acompañamiento del Corredor de los Pájaros Pintados.
Este ambicioso proyecto hoy por hoy está en manos de las organizaciones de los actores privados de las localidades que forman parte, así como de las autoridades departamentales que permanecen en sus cargos –por obra y gracia de la pandemia– con horizonte seguro hasta comienzos de diciembre.
Hay decretos aprobados por las juntas de todos los departamentos que deberían garantizar su continuidad, pero si nos atenemos a las señales, tenemos que referirnos a la crónica de una muerte anunciada.
