Día: 6 de septiembre de 2020

El pasado lunes ingresó a diputados el proyecto para la Ley de Presupuesto, y se destinan 45 días para que la cámara de representantes estudie el proyecto, por lo que estima que antes de fin de año esté aprobada dicha Ley.
Algo que es muy importante y que se encuentra en el capítulo que habla de recursos, del área vinculada a los impuestos, es que “no hay la creación de ningún impuesto nuevo, ni aumento de impuestos vigentes”, señaló a EL TELEGRAFO el contador Diego Vuille Lafourcade.
Para el profesional sanducero “es muy importante remarcarlo porque muchas veces, en las leyes, se hace referencia de manera muy sutil a algunas subas o cambios de franjas, y por lo que vimos este Proyecto de Ley de Presupuesto no va a incluir ninguna creación de impuestos nuevos, lo que es muy importante y viene en línea con lo que fue la promesa electoral del actual gobierno”.
Otro aspecto importante, “es que en vez de aumentar vienen a minimizar la carga tributaria. Se vino a atender una situación puntual que sucedió en este cierre fiscal de la industria agropecuaria”, explicó el director de VL Consultores.
Quienes pagan impuesto al patrimonio por los inmuebles rurales, “son aquellos que tienen activos, inmuebles rurales, bienes y semovientes que superan los 12 millones de Unidades Indexadas (UI), algo así entre U$S 1.200.000 a U$S 1.300.000 de activos”, precisó. Y aclaró que “si tengo inmuebles y activos por ese valor, voy a pagar impuesto al patrimonio agropecuario”.
Al analizar cómo se evalúa para determinar si el productor está por encima o por debajo de esos 12 millones de UI, explicó que “se debe mirar el valor catastral a 2012 y lo voy a revaluar a noviembre de 2019, por lo que se conoce como inflación agropecuaria, el índice de precios de los bienes agropecuarios”.
Aquí destacó una particularidad muy importante. “Debido al precio del ganado del año pasado, esta inflación agropecuaria fue próximo a un 36%. Por lo que cuando revalúo mi cédula catastral de 2012 a la fecha, me encuentro que mi inflación agropecuaria, hizo que en muchos casos los activos agropecuarios superen los 12 millones de UI y quede alcanzado por el impuesto”.
“Fue algo extraordinario por el precio del ganado”, indicó Diego Vuille. “Pero si lo comparamos a esto con el Impuesto a Primaria, con la Contribución Inmobiliaria no se ajusta por esta inflación agropecuaria, sino que se ajusta por el IPC, por un promedio de 10% que es lo que históricamente ronda el IPC”.
“Ahí tenemos una discordancia muy grande y eso provocó que algunos productores agropecuarios de establecimientos medianos a grandes, hayan quedado incluidos en el Impuesto del Patrimonio agropecuario, cuando antes no estaban”, dijo.
El Proyecto de Ley de Presupuesto “viene a recoger lo que pasó puntualmente este año. Para quienes el año que viene cierran en junio de 2021, se va a poder optar entre tomar el valor anclado a 2012 revaluado por la inflación agropecuaria o bien el valor de la cédula catastral vigente, como se hace con Primaria o contribución”.
Señaló que “son muy pocos establecimientos que quedan comprendidos, pero atiende un reclamo muy importante, que quedó anclado el año pasado y se vio afectado en junio, y deberán pagar en octubre cuando vence el plazo de los cuatro meses. Junto con esto, da una clara señal de estar mirando al Interior del país y atendiendo de a poco las problemáticas más allá de la capital”.

LA CIR

Vuille aclaró que no tiene nada que ver con la Contribución Inmobiliaria Rural (CIR). “Recordó que la CIR en 2017 y 2018, tuvo una exoneración cercana al 18% para lo cual había que hacer un trámite puntual”.
“Esta exoneración no se renovó y este año solo estuvo renovada para los departamentos afectados por la emergencia agropecuaria”.

IMPUESTO CIEGO

El Impuesto al Patrimonio es un impuesto “ciego, muy discutido muchas veces, justamente en sectores como el agro está esa eterna discusión si deben existir más de estos impuestos, que únicamente recaen sobre el suelo, o si debe irse a escenarios de impuestos que midan más la capacidad contributiva y recaigan sobre la producción”.
Recordó que los establecimientos agropecuarios y las empresas rurales, “tienen básicamente tres cargas ciegas sobre la tierra. El Impuesto de Primaria rural, tienen Contribución Inmobiliaria rural y además tienen Impuesto al Patrimonio”.
Retomando la discusión de este tema, dijo que “el actual Impuesto al Patrimonio Agropecuario era el viejo ICIR, que fue declarado inconstitucional, y se cambió mediante lo que se conoció el restablecimiento del Impuesto al Patrimonio”.
Sostuvo que “había quedado en suspenso, para llamarlo de alguna manera, y mediante una ley en el gobierno del expresidente José Mujica, lo que se hizo fue un restablecimiento del Impuesto al Patrimonio, porque el ICIR que había sido creado, fue declarado inconstitucional”.

LEY DE AJUSTE FISCAL

En el 2017 hubo una Ley de ajuste fiscal que incorporó dos novedades importantes, “el no aumentar impuestos teóricamente, pero sí que determinaban un mayor pago de impuestos en la práctica, que fue la creación de un tope para lo que se conoce como pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y para la creación de dividendos fictos. Estos siguen como están, pero hay una novedad importante respecto a lo de las pérdidas fiscales”, acotó Vuille.
Previo a 2017, “quien tenía una empresa de cualquier rubro y venía dando pérdidas, en el ejercicio que comenzaba a dar ganancias y podía descontar automáticamente todas las pérdidas sin ningún tope”.
Como ejemplo, ilustró que “doy 1.000 pesos de ganancias en el año 2020, y venía con 3.000 pesos de pérdidas previo al año 2020. Este año no voy a pagar nada, porque voy a descontar todas las pérdidas que tengo acumuladas”.
En el 2017 con la Ley de ajuste fiscal, “lo que se estableció es que se dejan descontar las pérdidas, pero se le va a obligar a pagar por lo menos el 50% de los impuestos sobre la utilidad”.
“Esa empresa que da 1.000 de ganancia, únicamente podrá reportar 500 de pérdida de años anteriores, y tendrá que pagar por los 500 restantes. Ésto cuando hablamos de Planificación Tributaria es un cambio muy importante, porque fue un cambio de reglas de juego en aquel entonces”, señaló.
El Proyecto de Ley de Presupuesto establece que se elimina ese tope del 50% “y vuelvo a la fijación previo a 2017, en donde voy a poder utilizar el 100 por ciento sin tener que aplicar el tope”.
En un año 2020 de pandemia y en donde hay muchas empresas en situaciones complicadas, “esta normativa viene a atender una inquietud muy importante, porque hay que esperar que muchas empresas tal vez den pérdida. Para el año que viene podrán utilizar toda la pérdida, y no estar topeado a ese 50%. En términos prácticos, para muchas empresas va significar una menor carga tributaria”.

CONTRATISTAS RURALES

Diego Vuille Lafourcade indicó que “para los contratistas rurales se está manejando una baja de los aportes patronales rurales cercano al 12%, aunque habrá que ver luego el número fino de cuánto queda en realidad”.
Señaló que “de prosperar ese artículo, sería un alivio para los contratistas rurales, y verán el cambio aplicado seguramente en el pago del próximo cuatrimestre rural del BPS”.
Para concluir señaló que “si bien algunos actores consideran que son medidas que no afectan a la totalidad de las empresas, son cambios que afectan positivamente en el estado de ánimo de los empresarios, y un empresario con buen ánimo es una buena señal para las inversiones y el Uruguay todo”. → Leer más

La reunión del 1 de setiembre del Gabinete Nacional de Bioseguridad autorizó el inicio de seis ensayos en campo y una solicitud de producción de semillas para la exportación, bajo condiciones controladas y cumpliendo los protocolos establecidos.
Por otra parte, se trabajará en el alcance del actual sistema de bioseguridad uruguayo, su funcionamiento y las solicitudes de autorización pendientes de resolución.
El Gabinete Nacional de Bioseguridad, autoridad máxima del Sistema Nacional de Bioseguridad, está integrado por los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca; Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Salud Pública, y Ambiente. Entre otros cometidos, define los procedimientos que regulan la introducción y uso de vegetales derivados de la biotecnología.
Entre las solicitudes aprobadas el 1 setiembre de 2020, se encuentra la referida al maíz, que establece tolerancia a herbicida glifosato, resistencia a insectos lepidópteros y a insectos coleóptera, tolerancia a los herbicidas dicamba y glufosinato de amonio; el trigo, con tolerancia a sequía y salinidad, y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio; la soja, con tolerancia a sequía y otros tipos de estrés ambiental, a los herbicidas glufosinato de amonio y glifosato, entre otros.
Los ensayos de investigación se realizan con el objetivo de establecer las medidas de bioseguridad que aseguren la contención del organismo vegetal genéticamente modificado dentro de la zona designada para el ensayo a campo, bajo la responsabilidad de la empresa autorizada. Para el caso de la semilla de soja, además, se incluye su traslado. A su vez, la semilla producida deberá ser de calidad certificada de acuerdo a los requisitos y protocolo establecidos por Instituto Nacional de Semillas (Inase).
Por definición del Gobierno, el Sistema Nacional de Bioseguridad seguirá operando durante todo el periodo y analizará las etapas para el desarrollo de políticas públicas que regulen la bioseguridad y promuevan la biotecnología. Se acordó el avance en la materia de forma coordinada, basados en ciencia y evaluación del riesgo, de forma de cuidar la bioseguridad, con garantías ambientales y de salud humana y animal.
Por otra parte, el grupo continúa trabajando en conjunto para la toma de decisiones respecto a las solicitudes de autorización para uso comercial, que quedaron pendientes del 2013 a la fecha.

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“Y así es muy fácil hacer un remate”, comentó un criador anoche en la Agropecuaria de Salto, cuando se realizó la gran subasta de caballos Criollos por Indarte y Cia. con Gastón Araujo.
Es que desde el miércoles de la semana pasada y a causa de las más de 115 preofertas realizadas por los 31 potras y potros ofertados, ya estaban vendidos todos los ejemplares de “Criollos para ganar”.
Respetando los protocolos sanitarios, un muy buen número de criadores criollistas llegaron al local de remates, en donde a medida que salían a pista, sucedían piques de diferentes puntos del local, al igual que los teléfonos que no paraban de sonar para los interesados que miraban desde su casa.
La colocación fue total y fluida por los potros de las cabañas “La Porfía” de Luis Astore, “El Rumbo” de Gustavo Souza, “San Telmo” de Horacio y Diego De Brum, “Tres Cerros” de Stolovas y “La Lucila” de Suc. de Horacio Castells. Se vendieron los 31 ejemplares a un promedio de $ 2.713, con un valor máximo de, $ 5.760 por una yegua de “El Rumbo” que compró Daniel Mora. El mínimo fue de $ 1.440.

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Fueron presentados los resultados del procesamiento de las operaciones de arrendamiento de tierras para uso agropecuario, realizadas entre los meses de enero a junio del año 2020. En el primer semestre se realizaron 968 contratos de arrendamientos, un 5% más de los celebrados al mismo período del año anterior.
Por su parte, la superficie arrendada superó las 380.000 hectáreas, presentando un aumento de 31% respecto al período antes mencionado.
La información proporcionada por la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco de un acuerdo interinstitucional vigente con DIEA, comprende el registro de todas las operaciones concretadas de 10 o más hectáreas.
El monto total de las operaciones concentradas en el semestre ascendió a casi 37 millones de dólares, con un precio promedio de U$S 97 por hectárea, por año, lo que muestra una caída del 6% con respecto al precio medio de los contratos inscriptos en el primer semestre del año 2019.
El segundo trimestre (abril-junio) fue el que concentró el mayor número de operaciones, superficie arrendada, y monto total operado; con un precio promedio trimestral de U$S 101 /ha/año.

POR DESTINO

Los contratos con destino ganadería, agrícola-ganadero y agricultura de secano, sumaron algo más de 353.000 hectáreas, lo que equivale al 93% del área arrendada en la primera mitad del año; los valores medios de dichas rentas fueron de U$S 69, U$S 117 y U$S 200 /ha/año respectivamente. Estos rubros acumularon U$S 33 millones, representando al 90% del monto total transado en el semestre.
Más allá de que el precio promedio general de las rentas disminuyó en 6 puntos porcentuales, la realidad por rubro es otra. Encontramos un aumento para todos los destinos que oscila entre un 2 y un 17%; con excepción del destino lechero-ganadero que pasó de 166 a 128 dólares, por hectárea por año, y el destino agrícola-ganadero que pasó de 138 a 117dólares, con un 8% menos de operaciones en comparación con igual período del año anterior.

POR DEPARTAMENTO

Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Salto, Artigas y Paysandú con una presencia importante de operaciones enfocadas a la ganadería que ocupan el 85% del área.
Los contratos de estos departamentos acumulan 135.000 hectáreas –un 36% del área arrendada total– por un monto que superó los 10 millones de dólares.
Soriano, Canelones y San José, departamentos con importante presencia de producción agrícola, registran los precios medios de renta más altos: U$S 178, U$S 168 y U$S 160 /ha/año respectivamente. En el otro extremo, los contratos que se acordaron a menores valores corresponden al departamento de Maldonado, promediando U$S 55 /ha/año, seguido por el departamento de Rivera que alcanzó los U$S 63 /ha/año.
Para facilitar la visualización de las operaciones en el territorio se confeccionó un “mapa de calor”, asociado a los centroides de los padrones vinculados a las diferentes transacciones del semestre, donde se desprende que la mayor densidad de padrones arrendados se ubican en los departamentos de San José, Cerro Largo, Colonia y Soriano. Mientras que los puntos calientes ponderados por superficie arrendada se encontraron en el sureste de Paysandú, noreste de Treinta y Tres y dos zonas en el departamento de Salto.

POR PRECIO UNITARIO

Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación. El mayor número de operaciones y superficie arrendada se registra en el tramo entre U$S 50 y U$S 100 /ha/año (asociado en un 90% al destino ganadero) acumulando casi 228.000 hectáreas, lo que equivale al 60% de la superficie arrendada.
En el extremo superior de la escala –operaciones por más de U$S 300–, se registró el menor número de contratos y superficie operada, alcanzando una media de U$S 347 /ha/año.

POR PLAZOS

El mayor número de operaciones (257) corresponden a los contratos registrados a dos años, situación que se viene repitiendo desde el año 2016. Si tenemos en cuenta la superficie arrendada podemos concluir que el mayor número de hectáreas se acordaron entre cuatro y cinco años de contrato (25%). Por su parte en el primer semestre del 2020, los contratos de más de cinco años registraron la menor superficie arrendada con un precio promedio de U$S 106 /ha/año. Los rubros con influencia en estas operaciones, al igual que lo ocurrido en el anterior semestre, son el forestal y el ganadero en un 31% y 26% respectivamente de la superficie involucrada; encontrando un aumento importante del área para el destino agrícola-ganadero que alcanzó el 36%.

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