Los primeros datos recogidos por la Comisión de Expertos que se encargará de proponer los alcances de una propuesta de reforma de la seguridad social confirman que la tendencia poblacional de Uruguay es muy similar a la de los países desarrollados con una estructura del tercer mundo, e incluso más grave que lo que se percibía por los organismos que analizan la problemática: Uruguay en las próximas décadas reducirá su población y además crecerán las franjas de las personas de mayor edad, lo que interpela la sustentabilidad del sistema.
Es así que después del retraso para incorporar a los representantes del Frente Amplio, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) empezó su trabajo de cara a una futura reforma del sistema y algunos de los primeros insumos recibidos causaron impacto entre los integrantes: hacia finales de este siglo la población de Uruguay se reduciría a unos 2,7 millones de habitantes, contra poco más de tres millones que tenemos actualmente.
Se trata de una proyección demográfica que expusieron expertos del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Una población de 2,7 millones hacia el final de este siglo considera la baja de la natalidad observada en los últimos años, que se ubicó en 1,5 hijos por mujer, pero para la estimación se ajustó al 1,7 considerando que podría haber una postergación de la maternidad. Sin ese ajuste, la cifra sería de 2,5 millones al final del período de proyección.
Naturalmente, este descenso no puede sorprender a nadie que haga más o menos un seguimiento de la realidad del país en las últimas décadas, a la vez que en gran medida se acompaña una tendencia mundial. En Uruguay la ecuación demográfica se presenta muy similar a la de los países desarrollados, pero con infraestructura limitada por falta de recursos y sustentabilidad propias de América Latina.
Pero pese a que este escenario era conocido, varios integrantes de la comisión quedaron impactados con que, incluso ajustando al alza la tasa de fecundidad observada, la población se dirige hacia una reducción considerable para cuando termine el siglo XXI, y con una proporción creciente de edades más avanzadas. Actualmente, Uruguay tiene cerca de 3,5 millones de habitantes.
Wanda Cabella, del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dijo a Búsqueda que la tendencia a reducción de la población será un fenómeno de toda América Latina, no solo de Uruguay. Pero el caso uruguayo es particular por su “comportamiento demográfico todavía más envejecido” y un crecimiento poblacional “más lento que el resto” de la región.
“Con la dinámica demográfica del país hoy, lo único plausible es que la población decrezca. El valor al que se terminó llegando en función de los parámetros iniciales que se utilizaron para estimar la proyección a largo plazo va en línea con un número así. No podemos predecir que va a ser más alto”, añadió Cabella, una de las especialistas que presentó el informe al CESS. Si bien la cifra no sorprende, tiene una “sensibilidad especial” porque Uruguay es un “país chico”, opinó.
El CESS es presidido por el Dr. Rodolfo Saldain, expresidente del Banco de Previsión Social, quien dijo que uno de los próximos pasos es mantener un esquema de trabajo y contactos que incluye unas 40 audiencias con distintas organizaciones vinculadas a la problemática, las que formularán propuestas, aportes e información como insumos para la reforma.
Y precisamente otros insumos que recibió el grupo indican que el número de aportantes al Banco de Previsión Social tendería a aumentar hasta el 2050, pero luego comenzaría a disminuir como consecuencia de la dinámica demográfica.
“La población de Uruguay ha venido envejeciendo a un ritmo similar al de los países más desarrollados debido a una tendencia decreciente de la fecundidad y mortalidad a lo largo del tiempo”, señala la División de Protección Social y Trabajo para América Latina del Banco Mundial en uno de los documentos. La implicancia de ese fenómeno es una “presión sobre la sustentabilidad del gasto” destinado a pagar las pasividades, al tiempo que se reducen los ingresos por contribuciones debido a una menor cantidad de la población activa respecto al total.
Estamos por lo tanto ante una realidad demográfica y socioeconómica que es la que impone las condiciones, y si modificar esta realidad en sus aspectos negativos es harto difícil para los países desarrollados, mucho más lo es para Uruguay, que es tomador de condiciones y altamente vulnerable a los avatares internacionales, que repercuten en su economía.
Por lo tanto los insumos de la comisión encargada de elaborar la propuesta de reforma, que deberá ser sometida a la consideración del sistema político y de todos los actores involucrados cuanto termine su análisis, llaman a reflexión respecto a la envergadura del desafío del que se parte por el grupo de trabajo, que no es precisamente un apéndice del actual gobierno sino un ámbito multipartidario e intersectorial, con la esencia de aportes técnicos pero sujetos al condicionamiento político de aplicabilidad de lo que surja de esta mesa de análisis.
Por lo tanto, la propuesta de reforma deberá ser evaluada en este concepto, en una definición que trascienda partidos e ideologías, sobre proyecciones válidas, con los pies sobre la tierra y sin delirios ni voluntarismos para obtener rédito en el corto plazo, desde que están en juego aspectos críticos para la viabilidad del sistema previsional y la calidad de vida de generaciones de los involucrados en la problemática.