Opinión
Zafar de las consecuencias de la pre y pos pandemia
Ha trascendido que al cumplir próximamente su primer año de gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou, en su mensaje ante la Asamblea General, expondrá los lineamientos de lo que se considera como un plan económico de reactivación pos pandemia, que incluiría varios aspectos adicionales al programa que el mandatario incluyó en su plataforma electoral y que fue avalado con el voto de la ciudadanía.
Bueno, es que la pandemia y sus consecuencias no solo sanitarias, sino fundamentalmente económicas ha dado por tierra con todas las previsiones y expectativas que se habían generado para reactivar la economía del Uruguay, seriamente que ya venía con un déficit fiscal por encima del 5 por ciento, creciente desempleo y deterioro de las empresas, como era por todos conocido.
Con las expectativas puestas en que de la vacuna más tarde o más temprano posibilitará una barrera que permitirá controlar los casos, y consecuentemente liberarse de las medidas restrictivas en la economía mundial y nacional que condicionan la generación y circulación de riqueza, el gobierno de coalición se apresta a exponer elementos del plan, que seguramente no va a resultar ni mágico ni de un éxito seguro, pero eventualmente permitirá cambiar la pisada sobre lo que se venía dando hasta marzo de 2020, justo cuando explotó la pandemia por estos lares.
De acuerdo a lo informado por El País, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lidera el grupo de trabajo que elabora un paquete de medidas con la finalidad de reactivar la actividad industrial y comercial, y así también el empleo.
La estrategia del gobierno incluiría adelantar algunas obras viales proyectadas a lo largo del quinquenio, y también impulsar planes de capacitación y reconversión laboral desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). A su vez, estudia la generación de herramientas legales que permitan la reactivación del mercado laboral para las poblaciones más jóvenes y especialmente para los mayores de 45 años, mientras paralelamente se piensa en políticas que sirvan para regularizar a quienes están en el mercado informal.
En este contexto, hace pocos días la propia ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arebeleche, dio a conocer en conferencia el balance económico 2020. La jerarca presentó los números –que fueron fuertemente cuestionados por dirigentes frenteamplistas– y se adelantó que su cartera prepara una serie de medidas de estímulo.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ya había adelantado en una entrevista publicada por el mismo medio de prensa que “va a haber una estrategia bien importante en lo que tiene que ver con el desarrollo” y que el gobierno la daría a conocer en las próximas semanas. En ese plan están comprendidos los ministerios de Trabajo, Transporte e Industria. “Acá va a haber un trabajo público-privado muy notorio”, acotó.
Hasta ahora no han trascendido mayores detalles del plan, pero lo que es seguro es que si bien se piensa estimular la actividad del sector privado, se prevé volcar una importante masa de dinero desde el Estado para promover obras de infraestructura y reciclar esos recursos en la economía, de forma de generar un circuito virtuoso que permita atemperar la crisis y dar sustentabilidad a la reactivación económica.
Este planteo no es novedoso en una economía ni mucho menos, pero debe señalarse que es pertinente y practicable cuando el país en el que se instrumenta cuenta con espalda financiera generada a partir de políticas contracíclicas, que permiten ahorrar recursos en períodos de bonanza, –como la década que vivió el Uruguay hasta 2014– de forma de inyectar recursos en la economía para períodos como el que estamos atravesando, con muchas zozobras.
Ocurre que los tres gobiernos anteriores, en lugar de llevar adelante estas políticas contracíclicas, gastó todos los ingresos adicionales y encima generó más déficit fiscal por llevar adelante egresos por encima de la recaudación, lo que explica que entregara el gobierno con un déficit fiscal del 5 por ciento y economía en constante declive.
Por lo tanto el gobierno de la coalición multicolor se ha encontrado sin caja para desarrollar políticas de esta índole y encima ligó la pandemia, que ha sido determinante para que se cayera la actividad y consecuentemente la recaudación, mientras paralelamente se debió volcar más de 1.200 millones de dólares para las acciones sanitarias en este primer año.
Es decir, más o menos el déficit de Ancap en épocas de la presidencia de Raúl Sendic, cuando debió capitalizarse con recursos de todos los uruguayos, a lo que se sumaron los gastos de la obra eminentemente capitalina –pero que pagamos todos los uruguayos– del Antel Arena, más los recursos dilapidados en Alas U, la regasificadora, el Fondes, entre otros, que se abordaron como si la bonanza generada por la situación exterior fuera a durar para siempre.
Ergo, nuestro país no cuenta con recursos propios para inyectar en la economía a efectos de desarrollar el plan pospandemia, como tampoco los tenía antes de la pandemia.
Por cierto, la única diferencia es que hay una mayor demanda de recursos, pero es además la única posibilidad de salir de la crisis, y si hay un escenario favorable de comercio exterior, caso de los commodities, mucho mejor.
En más de una oportunidad hemos señalado desde esta página editorial que se requieren fondos frescos para la reactivación global, sobre todo para naciones como Uruguay, y que deben provenir de las naciones desarrolladas y de organismos internacionales. Y no por un acto de descarnada beneficencia, sino porque precisamente es la forma de poder seguir ordeñando la vaca, de generar riqueza para distribuirla, para darle valor agregado, tecnología, mantener y reactivar el intercambio comercial que mejora la calidad de vida de los pueblos.
Lo mencionó también hace pocos días en Búsqueda el exministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, Ignacio De Posadas (1992-1995), quien opinó que hay que “hacer algo para salir del pozo”. En su propuesta advirtió que no se debe ir por el aumento del gasto, ni hacia una renta básica –como sugirió el Frente Amplio en una voltereta voluntarista tragicómica– y mucho menos seguir la receta del argentino Mauricio Macri de esperar la llegada de inversores. Pero sí plantearse una serie de inversiones de obra pública.
Legisladores de izquierda dijeron que preparan un paquete de propuestas concretas para atender la situación sanitaria, la promoción de las micro y pequeñas empresas, el empleo y las ciudades de frontera, lo que sin embargo no hicieron en 15 años con mayorías parlamentarias regimentadas.
Es el juego de la política por encima del interés general, pero lo que necesita el país es altura de miras, dejar de lado el lamentable “cuanto peor mejor” para quedar mejor perfilado de cara a la próxima elección, e intentar, por lo menos una vez, cinchar todos para el mismo lado, para aportar en una cruzada en la que todos estamos involucrados.
Y un plan de impacto, como el que se necesita, es un buen comienzo para estar entre los países que intenten algo serio para enderezar la economía, sin maquillajes y a través de medidas que den sustentabilidad en lugar de las políticas procíclicas de gasto desmedido con medidas que son pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno, es que la pandemia y sus consecuencias no solo sanitarias, sino fundamentalmente económicas ha dado por tierra con todas las previsiones y expectativas que se habían generado para reactivar la economía del Uruguay, seriamente que ya venía con un déficit fiscal por encima del 5 por ciento, creciente desempleo y deterioro de las empresas, como era por todos conocido.
Con las expectativas puestas en que de la vacuna más tarde o más temprano posibilitará una barrera que permitirá controlar los casos, y consecuentemente liberarse de las medidas restrictivas en la economía mundial y nacional que condicionan la generación y circulación de riqueza, el gobierno de coalición se apresta a exponer elementos del plan, que seguramente no va a resultar ni mágico ni de un éxito seguro, pero eventualmente permitirá cambiar la pisada sobre lo que se venía dando hasta marzo de 2020, justo cuando explotó la pandemia por estos lares.
De acuerdo a lo informado por El País, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lidera el grupo de trabajo que elabora un paquete de medidas con la finalidad de reactivar la actividad industrial y comercial, y así también el empleo.
La estrategia del gobierno incluiría adelantar algunas obras viales proyectadas a lo largo del quinquenio, y también impulsar planes de capacitación y reconversión laboral desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). A su vez, estudia la generación de herramientas legales que permitan la reactivación del mercado laboral para las poblaciones más jóvenes y especialmente para los mayores de 45 años, mientras paralelamente se piensa en políticas que sirvan para regularizar a quienes están en el mercado informal.
En este contexto, hace pocos días la propia ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arebeleche, dio a conocer en conferencia el balance económico 2020. La jerarca presentó los números –que fueron fuertemente cuestionados por dirigentes frenteamplistas– y se adelantó que su cartera prepara una serie de medidas de estímulo.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ya había adelantado en una entrevista publicada por el mismo medio de prensa que “va a haber una estrategia bien importante en lo que tiene que ver con el desarrollo” y que el gobierno la daría a conocer en las próximas semanas. En ese plan están comprendidos los ministerios de Trabajo, Transporte e Industria. “Acá va a haber un trabajo público-privado muy notorio”, acotó.
Hasta ahora no han trascendido mayores detalles del plan, pero lo que es seguro es que si bien se piensa estimular la actividad del sector privado, se prevé volcar una importante masa de dinero desde el Estado para promover obras de infraestructura y reciclar esos recursos en la economía, de forma de generar un circuito virtuoso que permita atemperar la crisis y dar sustentabilidad a la reactivación económica.
Este planteo no es novedoso en una economía ni mucho menos, pero debe señalarse que es pertinente y practicable cuando el país en el que se instrumenta cuenta con espalda financiera generada a partir de políticas contracíclicas, que permiten ahorrar recursos en períodos de bonanza, –como la década que vivió el Uruguay hasta 2014– de forma de inyectar recursos en la economía para períodos como el que estamos atravesando, con muchas zozobras.
Ocurre que los tres gobiernos anteriores, en lugar de llevar adelante estas políticas contracíclicas, gastó todos los ingresos adicionales y encima generó más déficit fiscal por llevar adelante egresos por encima de la recaudación, lo que explica que entregara el gobierno con un déficit fiscal del 5 por ciento y economía en constante declive.
Por lo tanto el gobierno de la coalición multicolor se ha encontrado sin caja para desarrollar políticas de esta índole y encima ligó la pandemia, que ha sido determinante para que se cayera la actividad y consecuentemente la recaudación, mientras paralelamente se debió volcar más de 1.200 millones de dólares para las acciones sanitarias en este primer año.
Es decir, más o menos el déficit de Ancap en épocas de la presidencia de Raúl Sendic, cuando debió capitalizarse con recursos de todos los uruguayos, a lo que se sumaron los gastos de la obra eminentemente capitalina –pero que pagamos todos los uruguayos– del Antel Arena, más los recursos dilapidados en Alas U, la regasificadora, el Fondes, entre otros, que se abordaron como si la bonanza generada por la situación exterior fuera a durar para siempre.
Ergo, nuestro país no cuenta con recursos propios para inyectar en la economía a efectos de desarrollar el plan pospandemia, como tampoco los tenía antes de la pandemia.
Por cierto, la única diferencia es que hay una mayor demanda de recursos, pero es además la única posibilidad de salir de la crisis, y si hay un escenario favorable de comercio exterior, caso de los commodities, mucho mejor.
En más de una oportunidad hemos señalado desde esta página editorial que se requieren fondos frescos para la reactivación global, sobre todo para naciones como Uruguay, y que deben provenir de las naciones desarrolladas y de organismos internacionales. Y no por un acto de descarnada beneficencia, sino porque precisamente es la forma de poder seguir ordeñando la vaca, de generar riqueza para distribuirla, para darle valor agregado, tecnología, mantener y reactivar el intercambio comercial que mejora la calidad de vida de los pueblos.
Lo mencionó también hace pocos días en Búsqueda el exministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, Ignacio De Posadas (1992-1995), quien opinó que hay que “hacer algo para salir del pozo”. En su propuesta advirtió que no se debe ir por el aumento del gasto, ni hacia una renta básica –como sugirió el Frente Amplio en una voltereta voluntarista tragicómica– y mucho menos seguir la receta del argentino Mauricio Macri de esperar la llegada de inversores. Pero sí plantearse una serie de inversiones de obra pública.
Legisladores de izquierda dijeron que preparan un paquete de propuestas concretas para atender la situación sanitaria, la promoción de las micro y pequeñas empresas, el empleo y las ciudades de frontera, lo que sin embargo no hicieron en 15 años con mayorías parlamentarias regimentadas.
Es el juego de la política por encima del interés general, pero lo que necesita el país es altura de miras, dejar de lado el lamentable “cuanto peor mejor” para quedar mejor perfilado de cara a la próxima elección, e intentar, por lo menos una vez, cinchar todos para el mismo lado, para aportar en una cruzada en la que todos estamos involucrados.
Y un plan de impacto, como el que se necesita, es un buen comienzo para estar entre los países que intenten algo serio para enderezar la economía, sin maquillajes y a través de medidas que den sustentabilidad en lugar de las políticas procíclicas de gasto desmedido con medidas que son pan para hoy y hambre para mañana.
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