En los primeros días de este mes se espera que se haga entrega de un primer borrador por la comisión de expertos que elaborará un diagnóstico en aras de alcanzar consenso para proponer una reforma jubilatoria que permita despejar incertidumbres sobre el futuro de la seguridad social en el Uruguay, que es una problemática que no solo es de primer orden en nuestro país, sino que atraviesa a prácticamente todo el globo.
Por supuesto, hay visiones contrapuestas, tanto de carácter técnico como político-ideológico, y es harto difícil conciliar puntos de vista y hasta objetivos, por lo que difícilmente pueda llegarse a una propuesta unánime en el tema y menos aún a un proyecto concreto donde no haya disidencias, a veces muy profundas, sobre todo en los servicios que se brindan y su financiación, que es el nudo gordiano de la problemática.
Por lo pronto la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) debe presentar este mes el diagnóstico del sistema jubilatorio, sus virtudes, deficiencias y perspectivas, pero ya se evalúa prorrogar el plazo para esta presentación, en respuesta a planteos en este sentido, como es por ejemplo el caso de la solicitud de la central sindical Pit Cnt.
Igualmente, ya circula desde hace un tiempo entre los integrantes del grupo un documento que contiene elementos del diagnóstico, el que contiene capítulos como “contexto demográfico, contexto laboral, el sistema previsional (estructura, cobertura, suficiencia, sostenibilidad financiera, equidad, parámetros, gobernanza), régimen general, regímenes especiales, régimen de ahorro individual obligatorio, (etapa de acumulación y desacumulación) y regímenes voluntarios”.
Este documento considera que existe heterogeneidad de derechos y obligaciones entre los diferentes regímenes, incluso al interior del Banco de Previsión Social (BPS), lo que a su vez deriva en que “cada peso aportado al sistema genera beneficios de diferentes cuantías, según el sector de afiliación de las personas”, y “similar desigualdad existe en relación con la posibilidad de continuar con la actividad laboral luego de la jubilación. En los hechos este trato desigual perjudica a quienes se jubilan como trabajadores del sector industria y comercio; todos los demás, luego de jubilados o retirados, pueden desarrollar la actividad en el sector privado”.
Esta parte del diagnóstico contiene elementos que ilustran parcialmente sobre las iniquidades en un sistema que igualmente requiere enormes esfuerzos para financiarse, que demanda recursos adicionales desde el Estado y que desde siempre mantiene desequilibrios e injusticias. Ello se explica parcialmente por el hecho de que el sistema previsional uruguayo se generó en forma aluvional durante más de un siglo y se fueron generando incorporaciones, parches y agregados que mantuvieron un esquema que nadie se atrevió a desarmar para equiparar, y por lo tanto hay un cúmulo de desajustes que se traducen en que cada peso de aporte y consecuentes beneficios no sea lo mismo, y que varía de acuerdo al sector de actividad y régimen de que se trate.
Corregir estos desajustes implican a su vez “pisar callos” a quienes han adquirido derechos a lo largo de los años, y es así que no están en un misma situación quienes son aportantes de una caja estatal, profesional, policial, militar, de industria y comercio, en cuanto a obligaciones y beneficios al cabo de su vida útil.
Es decir que estamos ante un punto de partida desigual y en el marco de la idea de mejorar el sistema, conciliar la corrección de desigualdades con ir a más y mejores servicios y a la vez generar recursos para sustentarlo.
Otro elemento aportado refiere a que “de la población de 65 y más años, el 98 por ciento percibe un beneficio del sistema previsional”, y asegura que cualquier alternativa de reforma debe proponerse el objetivo de mantener ese logro, “en tanto la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que se cobra como jubilación) es en promedio del 60 por ciento, mientras que en los países de la OCDE es de entre 45 u 60 por ciento”.
Sin embargo hay aspectos a favor del actual sistema uruguayo en cuanto a contemplar a los sectores menos favorecidos: según este estudio, “la población del quintil más pobre obtiene, en promedio, una tasa de reemplazo del 116 por ciento, y la del más rico 33 por ciento”. Sin embargo advierte que “esta suficiencia podría verse afectada a la baja por el aumento de los desafíos de financiamiento, los cambios probables en el mercado de trabajo, tasas globales de las inversiones persistentemente bajas y el aumento de la longevidad” por lo que es preciso encarar acciones para mantenerlas o atenuar su baja.
Sobre todo, porque “el gasto previsional de Uruguay es de los más altos del mundo, teniendo en cuenta el grado de envejecimiento del país y su nivel de desarrollo”, por lo que el documento considera que “es necesario corregir la trayectoria que presentan las erogaciones destinadas a jubilaciones, retiros y pensiones, de manera de alcanzar niveles de gasto compatibles con el desarrollo de otras políticas públicas igualmente relevantes y asegurar los fundamentos de la prosperidad económica y social.
A su vez agrega que la edad de retiro en Uruguay es baja si se la compara con países de similar situación demográfica y condición de desarrollo, en tanto acota que hay sectores de actividad como el militar, el policial o la docencia, entre otros, que por la propias reglas del sistema o por la existencia de fuertes bonificaciones, algunas personas pueden acceder a un retiro permanente con edades del orden de los 50 años.
La sobrevida promedial a esta edad de retiro, de entre 20 y 30 años, implica fuerte tensión al sistema, desde el punto de vista financiero, sobre todo, haciendo “sumamente difícil establecer un vínculo equilibrado entre aportes y beneficios de los individuos a lo largo de todo el ciclo de vida”.
EL CESS considera que según un trabajo del Cinve, al menos el 80 por ciento de los hombres y el 92 por ciento de las mujeres que aportan al BPS reciben jubilaciones que superan lo aportado (debidamente capitalizado) y que los regímenes militar y policial tienden a ser aún más generosos debido a que se puede acceder a la jubilación a una edad más temprana, mientras que “en la Caja Profesional el valor presente de los beneficios para quienes se jubilan a los 60 años supera a los aportes en aproximadamente tres veces”, lo que aplica demás a las cajas Policial, Notarial y Bancaria.
Esta incompleta reseña de un primer diagnóstico –aunque cuestionado desde el Frente Amplio– da la pauta de grandes desequilibrios del sistema en cuanto a las prestaciones.
Pero también que hay cajas que deben financiarse sustancialmente con aportes de Rentas Generales, es decir de toda la sociedad, y que entre las respuestas a incorporarse a la propuesta de reforma se debe tener en cuenta iniquidades, correctivos en la base de aportes y consecuentes beneficios para sectores privilegiados, a la vez conciliar necesidades con las exigencias de recursos que se acentuarán a medida que pasen los años.
Es decir, mucho por considerar, diagnosticar y proponer, en un contexto de incertidumbre y dificultades crecientes, pero siempre teniendo en cuenta que estamos ante una problemática ineludible y en la que dejar pasar el tiempo solo implicará que las respuestas resulten más traumáticas.
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