Desde marzo del año pasado casi 180 millones de estudiantes de diferentes niveles educativos de en la región tuvieron que seguir su educación desde sus propios hogares, con situaciones muy desiguales para la continuidad de clases virtuales en los países en que esto fue posible.
En América Latina el cierre de las escuelas complejizó enormemente la situación por dos razones: es la región que cuenta con el triste récord de más días de escuelas cerradas (en promedio 158 días, lo que supera ampliamente la media global de 95 días de cierre, según datos de Unicef) y, por otra parte, es también la región más desigual del mundo.
Las inequidades sociales respecto a las oportunidades educativas, el acceso a la conectividad y las condiciones socioeconómicas de las familias son anteriores a la pandemia pero se vieron fuertemente impactadas por ella, debido a los confinamientos y medidas que debieron imponer los gobiernos por la emergencia sanitaria, la consecuente desaceleración de la economía y la pérdida de fuentes de empleo y oportunidades de ocupación.
En relación a la situación educativa, un informe titulado “Efectos en la Educación iberoamericana: un año después de la COVID-19”, realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) sostiene que serán necesarios 11 años para recuperar el aprendizaje perdido debido al impacto de la pandemia en Iberoamérica.
A partir de la evidencia recopilada en el último año, el documento concluye que la estimación global del impacto económico de la pandemia –tomando en consideración la pérdida de aprendizaje de estudiantes de todos los niveles educativos– varía entre una caída del 12% al 18% del nivel de renta nacional, dependiendo de los niveles de participación de la fuerza laboral en cada país.
En cuanto a la pérdida de aprendizaje, los autores del informe concuerdan que, si bien ha habido algunos estudios sobre el impacto del COVID-19 en Iberoamérica, en líneas generales, no resulta fácil conseguir datos debido bien a que no existen, o a que no se han puesto a disposición de los investigadores por distintas causas, entre ellas la ausencia de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas en los sistemas educativos, lo que dificulta la definición de estrategias de acción claras y precisas en la región.
Respecto a las clases, la OEI recomienda que, por varias razones, lo antes posible se retome una presencialidad segura. En primer lugar porque aunque en América Latina el 90% de las respuestas educativas para la continuidad de la educación en pandemia fue la utilización de plataformas en línea para clases virtuales, solo 4 de cada 10 hogares latinoamericanos tiene conexión a internet y cuenta con las herramientas necesarias para sostener la educción a distancia.
Por otra parte, existen otras barreras para el despliegue de una educación a distancia exitosa, tales como la alimentación insuficiente, una falta de preparación, tiempo y recursos de los padres, madres y cuidadores para brindar apoyo a la educación en casa; condiciones materiales, ambientales y de espacio inadecuadas; hacinamiento y la existencia brecha digital entre docentes, señala el organismo internacional en su informe.
En lo que respecta a la vuelta a clases en los países de la región, en “Retorno escolar postpandemia en Iberoamérica: avances, reflexiones y recomendaciones”, también publicado por la OEI, se indica que a marzo de 2021, del total de países consultados, 14 de ellos (un 67%) habían optado por retornar a clases presenciales, frente a un 33% no presencial. Asimismo, 8 lo habían hecho de manera obligatoria (Andorra, Argentina, Colombia, Cuba, España, Nicaragua, Portugal y Uruguay), y 5 optaron por la voluntariedad (Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay. Solo Brasil declaró tener una modalidad mixta (obligatoria y voluntaria), ya que en su caso la decisión depende de cada estado federal.
En el caso de Uruguay, a marzo de 2021 un 87% del total de la matrícula de estudiantes en educación inicial y educación primaria había retornado a las clases presenciales pero al recrudecer la pandemia por el ingreso de la variante P1 del COVID-19 volvieron a cerrarse, reanudándose desde junio a la presente semana.
Como es sabido, el pasado lunes se completó el retorno a la presencialidad de toda la educación formal con carácter obligatorio en nuestro país al retomar clases presenciales unos 169.000 alumnos, de segundo y tercer año de educación media básica y de segundo de media superior, de Secundaria y Técnico Profesional, en centros públicos y privados, habilitados y autorizados por la ANEP.
En estos días autoridades de la ANEP han inaugurado infraestructura educativa en diferentes departamentos –entre ellos un Instituto de Alta Especialización de la Educación Técnico Profesional en Paysandú, que trabajará articuladamente con los sectores productivos–, modernos edificios construidos en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, con el propósito de mejorar e innovar en cuanto a la oferta de formación y capacitación de la ANEP. Se trata de incorporaciones importantes más allá de los ladrillos y moderno mobiliario o equipamiento, los cuales son necesarios pero no el único requisito para una educación de calidad acorde a los vaivenes de los tiempos que debemos enfrentar.
El panorama es complejo y también en nuestro país es necesario alertar sobre la profundización de las brechas educativas preexistentes que se agudizan por la pandemia, así como acerca de otras consecuencias que ha tenido el cierre de instituciones educativas en aspectos de rezago y deserción escolar, los cuales es necesario estudiar y atender en profundidad y de manera rápida.
Tal como lo plantean los informes de la OEI, el contexto actual obliga a reconocer que es difícil prever un panorama auspicioso para el futuro de esta generación de estudiantes, cuyos efectos aún no se conocen del todo.
Los desafíos pedagógicos acarreados e incrementados por la pandemia son enormes. Por eso, el compromiso de todos los actores educativos y el esfuerzo necesario hacia una educación de calidad debe ser priorizado en forma urgente tanto a nivel de las políticas públicas como las prácticas cotidianas de cada docente y centro educativo. Es necesario reflexionar y actuar, identificar buenas prácticas e innovaciones útiles, prepararse para la extensión de la hibridez –dado que la pandemia no ha finalizado– y adaptarnos a los nuevos tiempos y necesidades para dar respuesta a la diversidad de contextos y de estudiantes, sin generar más desigualdad o exclusión.
