Cuando el mundo enfrenta desde hace casi dos años, con altas y bajas, la pandemia de COVID-19, al altísimo costo en vidas se suma el arrastre de las consecuencias socioeconómicas, con sectores muy perjudicados –sobre todo los vinculados a la movilidad de personas– pero también con la cadena y efecto dominó de pérdidas de empleos y poder adquisitivo, como regla general.
Este efecto es aun más visible en la región de América Latina, y por supuesto, no escapa a esta regla Uruguay, con fuerte impacto en las fuentes de empleo y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (PYME), que son las mayores proveedoras de empleo en nuestro medio.
De acuerdo a sucesivos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) precisamente las pequeñas y medianas empresas de la región han acusado el fuerte impacto de la pandemia, o mejor dicho de las medidas restrictivas y caída de la actividad económica inherente a la situación, lo que agrava el escenario crónico de fragilidad y vulnerabilidad de estos emprendimientos.
Así, un informe del organismo da cuenta de que “la presión experimentada por la institucionalidad pública para enfrentar la pandemia” de COVID-19 reveló con claridad “las fragilidades del sistema de fomento” de las pequeñas y medianas empresas pero al mismo tiempo estimuló la activación de “respuestas que de ser capitalizadas pueden resultar útiles para resolver viejas deudas” y “dar vida a nuevos programas o modalidades de operación más eficientes”.
Refiere la Cepal que hasta fines del año pasado se habían adoptado medidas de apoyo de diferente alcance, –orientadas principalmente al financiamiento– en Colombia, en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador y México, como los países de mayor atención hacia el sector en la región.
En lo que tiene que ver con nuestro país, el organismo recoge la participación en el tema de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que está jugando un rol fundamental como la agencia de las mipymes, con enfoque de articulación de programas concretos dirigidos a atender las debilidades empresariales en el país.
De acuerdo a lo expresado por los técnicos del ANDE, a los autores del último informe, con relación a las acciones de aporte hacia la construcción de estrategias de reactivación económica, la financiación de esta institución presenta desafíos presupuestales notorios.
La entidad considera que logró cumplir con el decreto que ordenó disminuir el 15 por ciento del gasto dispuesto para toda la administración central y en ese marco destacó que los programas se han mantenido pero se ha realizado una reasignación de fondos hacia los que se consideraron más relevantes.
En lo que hace a los recursos disponibles en el sistema financiero, evaluó que si bien se han relajado los criterios de acceso al crédito, aún es importante aumentar el nivel de formalización de las empresas, en tanto los créditos “fueron ajustados desde programas ya existentes y se ha ido evolucionando hasta la focalización de recursos en sectores que aún no han podido reactivar sus actividades, incluso en la gran empresa, pero a la vez se requiere fortalecer el trabajo en territorio para ampliar la implementación de estrategias locales”.
Por supuesto, en medio de la crisis generada por la pandemia y cuando recién se está reduciendo el número de casos y se mantiene el efecto de arrastre negativo sobre la economía, es difícil adoptar medidas que no solo permitan recomponer el dinamismo perdido en todo este período, sino dejar mejor perfilado el sector para liderar la reactivación económica, tras el desgaste de estos largos meses.
En este contexto, en cuanto a los cambios recientes en torno a la institucionalidad vinculada con el apoyo a las empresas de menor porte, la Cepal considera que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Productividad Transforma Uruguay, creado en 2017, estableció un plan nacional como un marco de proyectos de carácter transversal, enfocado en áreas de interés para el desarrollo productivo. Evaluó además que en el escenario actual de pandemia, la intervención de la ANDE y del Sistema Nacional de Garantías (SIGA), que administra esta agenda, fue clave para abordar las problemáticas que se derivan de la crisis sanitaria y afectan la actividad económica y productiva especialmente de las mipymes.
Si bien la ANDE ha concretado aportes no reembolsables e incorporado asimismo aportes de contrapartes, desde su inicio se considera que las medidas han resultado insuficientes para la dinámica que se procura generar en nuestro país en el ámbito de las PYME, y si ello ha sido insuficiente en épocas normales, mucho más lo es cuando la pandemia ha sido devastadora para la actividad en general de estos emprendimientos y las empresas en general, por encima de cuál sea su envergadura, y las consecuencias en el escenario socioeconómico de las medidas restrictivas por la pandemia.
En el caso de Uruguay, nos encontramos con que las PYME son las proveedoras de no menos del 80 por ciento de los empleos, y su precariedad acentuada en tiempos de pandemia son un factor clave para que se haya resentido la capacidad de captar y por lo menos mantener la fuerza laboral en el sector privado. Ya con serios problemas de formalidad para su desenvolvimiento, lo que repercute por lo tanto en la cobertura social y aportes a la seguridad social, como así también la inserción en el sistema, no es difícil inferir que las medidas restrictivas por la pandemia han resultado un impacto adicional en el sector y en la economía general, más allá de la sensible repercusión en el plano social.
Estas empresas deberían por lo tanto contar con poyo excepcional para insertarse dentro de las posibilidades en una economía deprimida, con caída del consumo y un consecuente empobrecimiento general que tendrá un impacto mayor en las pymes, prácticamente sin espalda financiera y sin colchón para hacer frente a la época de escasez, de depresión en las ventas y serias dificultades para mantener las fuentes de trabajo.
Con este escenario habrá que desenvolverse en la coyuntura, sin perder de vista que los problemas estructurales influyen negativamente, pero deberán postergarse por ahora en su abordaje, desde que la prioridad es apuntalar la incipiente recuperación que se espera se dé en los próximos meses cuando se consolide la alentadora cobertura a través de la vacunación, que permita recuperar cierta normalidad y apuntalar una reactivación, pese al arrastre negativo que se ha reflejado en una caída del PBI en el primer semestre del año.
En relación a los recurrentes ataques de perros al ganado, en particular en Paysandú, la referente departamental de la Fundación Cero Callejero, Dra. Patricia Vásquez Varela, resaltó a EL TELEGRAFO “la evidente necesidad de la instalación de un centro para el alojamiento transitorio de los animales sueltos, en el marco del Sistema Nacional de Albergues. Tal como viene trabajando la fundación, es menester la participación de las intendencias y las fuerzas vivas para acompañar el programa establecido legalmente, en el marco de la reciente creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA)”, explicó.
Hay malestar en el Municipio de Porvenir porque la Intendencia inició obras viales y de iluminación pública en La Tentación (jurisdicción de ese municipio) sin haberle comunicado al Concejo “como debe ser”, sostuvo la concejal Darinka Reimúndez (Frente Amplio). La intención del alcalde Ramiro Ayende “es ir y hacer parar las obras porque se pasó por arriba al Concejo. Estoy de acuerdo que es así, pero de ninguna manera comparto el método de protesta de Ayende”, agregó Reimúndez. “Eso ha llevado a que tengamos enfrentamientos muy duros –pero con respeto, conviene aclararlo–, en las dos sesiones extraordinarias convocadas, aunque en la primera solamente concurrí yo, por lo que no se hizo. Pero fue muy fuerte el intercambio de ese día. Lo mismo ocurrió el pasado viernes, cuando concurrió además Daniel Gonros (PN)”.
“El intendente Nicolás Olivera puede, con solo decidirlo, darle trabajo durante tres meses a mil sanduceros que estén desempleados. Lo puede hacer rápidamente; realmente es preocupante ver su pasividad ante algo tan importante”, dijo Marco García, edil departamental y coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental.
Uruguay se encuentra en una etapa de contención de la pandemia de COVID-19, con un descenso en nuevos casos, víctimas fatales y ocupación de camas de CTI. Uno de los elementos clave que lo indica es que solamente se registraron víctimas fatales en 7 departamentos y que en Flores no hubo ningún caso nuevo.
