Mes: agosto 2021

Un elemento claro que surge de la evaluación de casi dos años de pandemia en nuestro país, y cuando el panorama ha mejorado sustancialmente, aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, es que la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que al fin de cuentas no eran tales, y que además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.

Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos colaterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
Es que en este período amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte han quedado expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor de años anteriores.

Precisamente como consecuencia de la caída de actividad y las medidas de contención, sobre todo, ha crecido la informalidad, que es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo, e implica un círculo vicioso de difícil salida.
En sí, conlleva debilidad social por el atraso que amerita en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks, por lo que es un mal recurso pero prácticamente inevitable para atemperar golpes como el que trae aparejada la pandemia en el tramado socioeconómico.

Por otro lado, desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema el que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la medida en que lo hace el resto de la economía, aspecto clave en cuanto a los flancos débiles que implica tener una economía informalizada en una serie de áreas.
Precisamente, queda expuesta en toda su magnitud en coyunturas como la actual, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, de las células del tejido socioeconómico, salen todavía con cobertura muy afectada de esta emergencia.

De ahí que los esfuerzos en épocas normales deben centrarse fundamentalmente en captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad, que sin dudas es un aspecto en el que se ha estado trabajando con énfasis en los últimos años, con resultados que se habían manifestado en su momento como satisfactorios, porque se había logrado bajar un 40 por ciento prácticamente crónico en nuestro país hasta porcentajes del orden del 22 por ciento, con algunos altibajos, de acuerdo a cifras de organismos del Estado y sobre todo del Banco de Previsión Social (BPS).

Sin embargo, el escenario que quedó visible por la crisis a lo a largo de la pandemia desnuda que el informalismo estaba disimulado, que la regularización estaba prendida con alfileres, en el mejor de los casos, porque las necesidades de asistencia por el Estado en estos grupos ha sido mucho mayor e inmediata de lo que se podía suponer. Tanto es así que en marzo de 2020, a mitad de mes del encierro voluntario y cuando se suponía que todos los trabajadores ya habían cobrado sus sueldos normalmente, el país vio florecer las ollas populares como si hiciese meses que esa gente no recibía su salario completo, al tiempo que la central sindical y el Frente Amplio reclamaban de inmediato la asistencia económica para los afectados. Esto ocurría apenas asumido el gobierno actual.

Consecuentemente, en este período en que se está apresurando el retorno a la normalidad, dentro de lo posible, se presenta el doble desafío de hacer crecer la economía pero también hacerlo dentro de la formalidad, para beneficio general, más allá de que evidentemente hay un alto costo para la regularización en todos los sectores, tanto en lo que refiere a cargas sociales como desde el punto de vista impositivo.

Pero también ocurre que el escenario interno recoge el impacto del escenario cambiante en el exterior. Desde el punto de vista de las señales externas, se observa que China ha retomado la senda del crecimiento y ello es particularmente importante para el continente sudamericano y Uruguay en particular, si se tiene en cuenta nuestra condición de abastecedores de materia prima para el gigante asiático.

De todas formas, América Latina se ha convertido en la región más azotada en términos de vidas y costos económicos por la pandemia, con una significativa caída en el Producto Bruto Interno (PBI) en 2020 y 2021. Esto ha ocurrido pese a que el subcontinente tenía una “ventaja” sobre otras partes del mundo, como es el caso de Europa, porque estaba con el diario del lunes sobre la devastación causada por el virus que en principio era una gripecita pero que mostró extrema virulencia para personas vulnerables y una capacidad de transmisión pocas veces vista.
Es que si bien algunos de los países de la región reaccionaron temprano, en base a las desgraciadas experiencias de naciones como Italia, España y Francia, igualmente el avance del coronavirus ha devastado a varios países de la región, que supuestamente habían tenido tiempo para hacer preparativos que minimizaran o hicieran menos grave el impacto, habida cuenta de las delicadas situaciones socioeconómicas y la debilidad de los sistemas sanitarios, por regla general.

Bueno, incluso el punto es que aun habiendo aplicado las mismas medidas de contención que los países desarrollados, los resultados obtenidos han sido diferentes, en general con escenarios muy preocupantes y procesos en marcha, brotes incontenibles en algunas zonas y un deterioro socioeconómico generalizado.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial (BM) sobre este escenario, se señala que las políticas de contención han sido menos eficaces en los países menos ricos debido precisamente a las bajas condiciones sanitarias, el hacinamiento, la falta de políticas sanitarias de base, la mala alimentación y sobre todo, por el alto grado de informalidad.

Este último es también un aspecto clave, por cuanto la falta de contención en el sistema de seguridad social, implica que se trata de personas y microempresas que siguen “haciendo la diaria”, que viven al día, y por lo tanto no pueden ampararse en ningún programa de transferencia de recursos más o menos confiable o estable, por determinado período, que implica paralelamente un serio desgaste de los recursos del Estado, que es el encargado de esta transferencia.

Queda entonces de relieve que la trama es muy compleja, por los serios problemas estructurales y su debilidad intrínseca para enfrentar shocks globales, vengan del lado que vengan.
Hay poco margen de maniobra en el corto plazo para cambiar este escenario, y nada indica que será fácil apartarse de este camino con alguna jugada genial: el sentido común indica que hay que seguir en una apertura gradual, con protocolos y responsabilidad de la población. Esto por lo menos asegura generar actividad y riqueza, a la vez de seguir atendiendo en la medida de lo posible con transferencias a los sectores que realmente lo necesitan para poder subsistir, mientras se trata de captar inversión de riesgo y volcar recursos financieros con créditos especiales para rehacer la economía y tratar de evitar que la pandemia del COVID-19 también se prolongue en una pandemia de penuria económica.
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Si la convivencia y la tolerancia son difíciles dentro de un hogar, no es posible imaginar lo que ocurre entre cinco socios que conformaron una coalición para gobernar. La estabilidad es importante entre partidos, algunos chicos, pero todos con identidades y opiniones propias que pesan al momento de gobernar y de aportar a la gobernabilidad necesaria.
De cualquier modo, la salida de cuatro ministros ha sido una prueba fundamentada de que no es fácil. En los últimos días, la renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo aporta luz sobre la situación que viven las internas en los partidos. Porque lo ocurrido con el secretario de Estado no es el resultado de una campaña de la oposición o una corrida mediática que lo llevara a la dimisión. El exministro volvió a la Cámara de Diputados, con el reclamo de una investigación a fondo sobre las denuncias presentadas en su contra por supuestas irregularidades en compras directas. Pero fue por más, al reclamar una investigadora sobre las últimas gestiones del Frente Amplio en la cartera.
En forma paralela, el desarrollo de la discusión de la Rendición de Cuentas y el estilo de la polémica instalada en el Parlamento, refrendan la intensidad del ambiente. Las voces levantadas, las alusiones personales y un estilo impropio de personalidades con fueros que alientan y caldean el ambiente marcan el derrotero de los últimos meses. O la interpelación efectuada al ministro Luis Alberto Heber, quien compareció en la Cámara de Senadores por su actuación anterior al frente de la cartera de Transporte y Obras Públicas, a raíz de la extensión de un contrato a la empresa belga Katoen Natie hasta el 2081, a cambio de no activar un juicio por U$S 1.500 millones y hacer inversiones superiores a U$S 459 millones. Cabe recordar que dicho juicio fue anunciado a mediados de febrero de 2020 por la empresa, al considerar que el Estado uruguayo toleraba la existencia de una terminal por fuera del régimen (Montecon S.A), como principal operador de los muelles en el puerto capitalino.
Tanto Tabaré Vázquez como el entonces presidente electo Luis Lacalle Pou recibieron las notificaciones respectivas, donde la firma belga aclaraba que aplicarían las clausulas previstas en el tratado de inversiones entre Uruguay y la Unión Europea para la solución de controversias.
Una situación basada en decisiones adoptadas por el gobierno anterior le valió a Heber una interpelación de 20 horas en la cámara alta y, también, momentos de crispación donde se confundían las labores parlamentarias con discusiones bolicheras que bajaban el nivel de importancia del tema.
En las últimas interpelaciones, los socios de la coalición brindaron su apoyo a los miembros del Poder Ejecutivo que fueron interpelados, tal como ocurrió con Azucena Arbeleche, de Economía, y Daniel Salinas, de Salud Pública, en junio pasado.
Sin embargo, aclararon en el caso del entuerto portuario que los acuerdos se alcanzaron sin conocimiento de los demás partidos. De cualquier modo, la empresa belga accedió a incorporar una cláusula –propuesta por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos– a través de la cual el Estado uruguayo tiene “la última palabra, o sea la posibilidad, la potestad de autorizar o no autorizar una eventual enajenación de las acciones en el futuro”.
Una cuestión no menor era la desconfianza que le despertaba a los cabildantes una cláusula. El contrato planteaba que en caso de cambios de accionistas de la compañía, el acuerdo se mantenía en todos sus términos. El senador Guillermo Domenech desnudó en una pregunta una realidad no prevista: “Realmente esta cláusula nos preocupa, porque ¿a manos de quién puede ir a parar el Puerto de Montevideo?”, preguntó.
Es un ejemplo de coalición que sostiene al gobierno, pero no escatima esfuerzos para proponer cambios ante un escenario incierto y manifestar sus diferencias. Tal como sucedió con Cardoso, a quien el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo hasta que pudo. Hasta que, finalmente, las reiteradas apariciones en los medios de comunicación y las supuestas denuncias presentadas por el exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, le obligaron a dar un paso al costado. Incluso con el aporte de Julio María Sanguinetti como máxima autoridad del Partido Colorado.
En medio de este escenario de alta intensidad política, el presidente actúa algunas veces como bombero en internas que no imagina que ocurran. Como por ejemplo, en el Inisa entre la presidenta del directorio que pertenece a Cabildo Abierto y una de sus integrantes nacionalistas.
Lo cierto que, en medio de estos cuestionamientos y pausas para las interpelaciones, el país debe poner el pie en el acelerador y aprovechar el retroceso de la pandemia. Hay una agenda que cumplir con responsabilidad porque la carta que la ciudadanía entregó a la actual coalición no es un cheque en blanco que durará para siempre. Fue la posibilidad de un cambio de gobierno, luego de tres períodos consecutivos del Frente Amplio, donde no les fue fácil acceder al sillón presidencial. Y hay figuras relevantes que hoy reconocen los escollos transitados.
Tampoco es difícil suponer que, ante un cambio en la contingencia sanitaria con apertura de fronteras, menor cantidad de casos graves y la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria, el panorama se volverá más confrontativo.
Al gobierno solo le quedan tres años para capitalizar la imagen positiva que la ciudadanía mantiene sobre la gestión de la pandemia, que no implica un apoyo a su política. Por lo tanto, deberá esforzarse porque la oposición ya encontró sus puntos débiles. Uno de ellos lo descubrió con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y lo puso en debate hasta juntar firmas y llegar a un referéndum. Nada más ni nada menos que una interpelación a su gestión. Será, además, una oportunidad para la oposición de medir la temperatura ciudadana y saber lo que le depararán las próximas elecciones. → Leer más