Día: 11 de marzo de 2022

Las redes sociales en las que se vuelca el resentimiento y la intolerancia, en combinación con movimientos radicales fundamentalistas para los que solo existen sus derechos, constituyen una verdadera hoguera en la que se cuece la inquisición del tercer milenio, y hace que lamentablemente la verdad y la justicia sean meros protagonistas de reparto, porque en general se pretende imponer la visión parcial de algunos grupos.
Es decir, las “noticias” que circulan en estas redes, luego viralizadas, los comentarios y los rumores potenciados recogidos irresponsablemente por quienes los reproducen como si fueran absoluta verdad, son la génesis de un mundo irreal, de mentiras o medias verdades, de campañas destructivas con o sin asidero.
Grupos radicales, precisamente, llevan la voz cantante ante la opinión pública, porque se han agrupado supuestamente para defender sus derechos, aunque día tras día son protagonistas de campañas intolerantes hacia quienes piensan diferente, y a través del escrache público o en redes sociales a menudo atacan a los ciudadanos que no se afilian a su visión unidireccional de las cosas.
Además, ante esta organización y las presiones ejercidas sobre actores políticos, sobre todo de la coalición de izquierdas, han logrado todos estos años la aprobación de leyes que sirven a sus intereses, las más de las veces bien intencionadas, pero que se han “bandeado” en sus alcances o vulnerado derechos de los demás ciudadanos porque su victimización ha permeado a legisladores.
Entre las concepciones ideológicas plasmadas en ley que pretenden defender a los sectores más vulnerables, figura la que distingue entre clasificaciones de homicidios, que incluye el femicidio como factor agravante, como si no fuera igualmente condenable maltratar y/o asesinar a un anciano, a un niño, un minusválido, por imperio de una mayor fuerza física y un instinto criminal que sale a luz en estas circunstancias, cualquiera sea el sexo de la víctima en inferioridad de condiciones.
Lamentablemente, en este como en otros temas los legisladores han cobrado “al grito” y desvirtuado para mal un marco legal que además jamás será la solución en la problemática, sino que existe una raíz cultural y –como tal– necesita un abordaje multifacético, lejos del ruido interesado que ejerce presión sobre los propios medios y la justicia, por los grupos que pretenden llevar agua hacia su molino.
Vienen a cuento a propósito de este tema reflexiones del periodista Ignacio Alvarez, quien precisamente es uno de los objetivos de la “hoguera” a que nos referíamos, luego de difundir en radio los audios de una presunta violación grupal que conmovió al país y de una irracional –ilegal, además– orden de allanamiento en su contra, para incautar grabaciones a efectos de conocer las fuentes de su información.
“Me están llegando muchos casos de hombres que dicen ser víctimas de falsas denuncias de mujeres, y vamos a hacer un informe al respecto más adelante”, indicó el periodista, al comentar que “cuando recibí los videos quedé impactado como le pasó a la mayoría de la gente porque relativizan la versión que todos habíamos comprado. De la deleznable y reprochable violación grupal pasamos a que quizás no fue tal cosa. Y no solo por los audios sino por el informe forense que establece que no hubo daño genital, contrario a las versiones periodísticas que decían que se había constatado una violación por pericias médicas. También desmentimos que los jóvenes se hayan negado a hacerse un ADN. De todas formas yo dije que podía haber habido una violación, pero son elementos que hacen el caso más complejo”.
Pero hay mucho más elementos en juego que este caso, demostrativo de cómo se cruza la delgada línea de que “somos todos iguales ante la ley”, porque en el caso de determinadas denuncias de violencia de género este principio se deja de lado para hacer que el hombre sea culpable hasta que se demuestre lo contrario, y así se da pie a que se utilice el instrumento legal para amenazas, venganzas y/u obtener ventajas al amparo de una normativa que no guarda el menor equilibrio.
El periodista reflexionó que “nunca me imaginé que el informe iba a generar lo que generó en mi contra: una investigación penal ordenada por la Fiscalía de Corte, legisladores del Frente Amplio denunciando para meterme preso y una orden de allanamiento a una radio y a la casa de un periodista para incautarle su celular y conocer la fuente que le pasó los videos de la supuesta violación. Nunca se me pasó eso por la cabeza. Todos los días me iba sorprendiendo más”.
Acerca del discurso feminista, evaluó que “entiendo que en varias ocasiones se ha pasado de rosca. El péndulo estaba en una punta y ahora se fue a la otra. Hay como una corriente de opinión que grita muy fuerte, que no es mayoritaria en la opinión pública, pero presiona, condena, agrede y es muy violenta. Es obvio que las mujeres son unas de las principales víctimas de la sociedad, junto a otros. Pero una cosa es eso, y otra decir que la mujer siempre tiene la razón, que no se la pueda cuestionar, y que el que lo hace se convierta en un misógino. ¿De qué estamos hablando?, ¿cuántos hombres sufren por no poder ver a sus hijos porque la mujer inventó que él abusaba de ellos o que le pegó? Eso pasa. La mayoría de las denuncias seguramente sean ciertas, pero la mujer es un ser humano y hay que aceptar que, como todos, puede decir la verdad o mentir, y puede actuar con grandeza o con pequeñez”.
Consideró que “hay cabezas muy enfermas y que hay una batalla cultural que hay que dar. Y yo estoy dispuesto a darla y la estoy dando”, a la vez que “ la corriente también se está llevando puestos a muchos periodistas en cómo abordar determinados temas o en cómo pararse o informar sobre determinadas situaciones”.
Ese es el punto: cuando los que gritan, los que escrachan, los que hacen marchas erigiéndose en representantes de la verdad indiscutible pretenden hacer creer que todos los que piensan distinto son cómplices o idiotas y se ingresa en una dictadura de pensamiento único, en que las primeras víctimas son la verdad y la libertad.
Por lo tanto, ser de un género o de otro no hace a nadie dueño de la verdad, ni más bueno ni más malo, ni más honesto ni más inteligente, con más o menos derechos. Son los actos de cada uno los que lo determinan, y en la balanza de la justicia no puede haber malos y buenos a priori. Sin embargo, en el Uruguay hemos llegado a este extremo, y hay hasta quienes se autocensuran en sus opiniones con tal de no provocar reacciones intempestivas de los grupos intolerantes.
Pero el periodismo, el ejercicio de la libertad de prensa, pasa por despegarse de la vocinglería de las causas de uno y otro lado, no estar siempre en la postura de ser políticamente correctos para no ir contra la corriente. Sí buscar el equilibrio, el cuestionar supuestas “verdades” impuestas por los grupos de presión, en aras del respeto al ciudadano, de informar con independencia de criterios para que cada uno se haga su propia composición sin “comprar” discursos y eslóganes que atentan contra su inteligencia.

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