La Justicia imputó al excandidato a Intendente por el Partido Nacional y exalcalde de Quebracho, Mario Bandera (57), al comprobarse su responsabilidad en un hecho de violencia doméstica en perjuicio de su por entonces pareja, la contadora Andrea Bottesch (29), actual subdirectora del Departamento de Administración de la Intendencia sanducera.
Tal como informara EL TELEGRAFO en su versión digital, Bandera fue detenido en la mañana del jueves luego de protagonizar un incidente con su pareja, hecho ocurrido en la noche anterior en la casa de familia, en la zona céntrica de Paysandú. Luego de una discusión, el político causó daños menores en la casa e incluso arrancó una cortina. Luego, tomó sus pertenencias para retirarse hacia su finca de Quebracho, ocasión en que su pareja –según sus dichos ante Fiscalía– sintió el ruido característico del tambor de un revólver, arma que estaba registrada a nombre de su padre, sin haber realizado trámites personales para su porte aún.
Ante esto, Bottesch temió que la situación pasara a mayores, por lo que se mantuvo en otra habitación junto al hijo de ambos. Posteriormente, Bandera se retiró de la casa y se dirigió hacia Quebracho.
Sin embargo, horas después retornó con intenciones de dialogar, momento en que supo que su pareja se encontraba en la Unidad de Violencia Doméstica efectuando la denuncia. La víctima dijo a las autoridades que venía sufriendo agresiones verbales y amenazas desde hacía cierto tiempo, como así también reacciones violentas por parte de Bandera. El hombre se dirigió hacia la citada unidad para ver a su hijo, pero la Policía le notificó la orden de la jueza de Familia de “prohibición de acercamiento”. En ese momento se mostró alterado y se requirió colaboración de personal del Grupo de Respuesta Policial, que lo detuvo.
La Justicia dispuso que Bandera permaneciera detenido y fuera conducido en la tarde del jueves. Una vez llevada a cabo la audiencia correspondiente, la Sede Letrada en lo Penal de Octavo turno, con intervención de Fiscalía de Tercer Turno, dispuso la formalización de la investigación y juicio abreviado de Mario Isidro Bandera Perg, quien resultó imputado y condenado por sentencia ejecutoriada por consentimiento por “un delito de violencia doméstica agravado en concurrencia en régimen de reiteración real, con un delito de tenencia no autorizada de armas de fuego”, imponiéndole como pena 9 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Para ello deberá cumplir con las siguientes condiciones: residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida; sujeción a la orientación y vigilancia de la referida oficina, durante el plazo de la pena; obligación de presentación una vez a la semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio, sin permanencia; prestación de servicios comunitarios por 2 horas diarias y 1 vez por semana, por el término de 3 meses; obligación de someterse a tratamiento psicológico, enfocado en la rehabilitación ante situaciones de conflictividad familiar; ingreso al sistema de monitoreo electrónico conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 19.831, con “prohibición de acercamiento y/o comunicación a la víctima por el radio de 500 metros, por el plazo de la pena”.
RENUNCIA AL PARTIDO NACIONAL
El alcance del hecho, que tuvo incluso repercusión a nivel nacional, fue determinante para que la Departamental del Partido Nacional pasara a sesión permanente y el Directorio del Partido Nacional mantuviera una reunión virtual. Al mediodía de ayer, en tanto, Bandera renunció a sus cargos de convencional departamental y nacional del Partido Nacional. La resolución fue comunicada por el presidente de la Convención Departamental Nacionalista en la Casa del Partido, en Leandro Gómez y Treinta y Tres Orientales.
El exalcalde dio un paso más tras renunciar a los cargos que ocupaba en el Partido Nacional, a nivel interno, y –como ha podido establecer EL TELEGRAFO– renunciará también como afiliado al Partido Nacional, que era el paso que a nivel partidario le quedaba por dar.
Hasta ahora continúa en su puesto político como asesor en CARU, desde que este fue un cargo que obtuvo en diciembre de 2020 para revisar el Estatuto del Funcionario, por doce meses con posibilidad de renovación de contrato, con una retribución mensual de 5.000 dólares. No se descarta que también renuncie a CARU en las próximas horas.
Por su parte, la Departamental Nacionalista emitió un comunicado donde además expresa “el rechazo de manera enfática a cualquier situación de violencia de género en todas sus manifestaciones, ratificando su compromiso con la legislación que establece medidas para la violación de cualquier forma de vulneración de los derechos de las mujeres y todo aquello que atente contra su seguridad personal. Como Partido defensor de las leyes se ratifica el compromiso con los derechos fundamentales del ser humano condenando este tipo de conductas de sus miembros, en especial los que protegen a las víctimas de estos episodios cuyos alcances aún hoy se analizan y estudian”; así como el “absoluto rechazo a la difusión irresponsable mediante las redes sociales de afirmaciones que vulneran el honor de personas con el único objetivo de afectarlas públicamente”.