Desde el sábado ha quedado abierta a visitas –previa inscripción de interesados– la casa donde el por entonces movimiento terrorista tupamaro había instalado sobre fines de la década de 1960 –cuando había un régimen democrático en el país– la que denominaba como la “Cárcel del Pueblo”, donde retenía a las personas que habían secuestrado y pedían rescate para destinar ese dinero a financiar el movimiento sedicioso.
Tiempos aciagos e infames en nuestro país, donde un grupo radicalizado liderado por intelectuales de izquierda, inspirados en la revolución cubana que había llevado al poder a Fidel Castro en 1959 pretendía derrocar por las armas al gobierno constitucional elegido por el voto de los uruguayos y “cortar camino”, porque no contaba con apoyo popular en las urnas para acceder legítimamente al poder.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, y por cierto que aprovechando la distancia que se ha ido generando en el tiempo, ha aparecido el “relato” de quienes pretenden erigir a los tupamaros como un movimiento popular que se organizó para luchar contra la dictadura, cuando fue todo lo contrario: era totalmente impopular y se alzaron en armas en democracia, generando así el caldo de cultivo requerido para que los militares tuvieran la mejor excusa posible para derrocar al gobierno constitucional, con apoyo de civiles y el visto bueno de hasta el propio Partido Comunista inicialmente.
Es decir que no solo no pudieron implantar un gobierno ilegítimo por la violencia, sino que lograron lo opuesto a lo que supuestamente buscaban, al dejar al país en manos de un gobierno autoritario cívico militar de derecha.
Fueron por lo tanto creadores de la “tormenta perfecta” de entonces, pero han tratado de vender con un relato sobre la historia reciente en que se pretende situar a aquellos terroristas poco menos que como salvadores que lucharon para recuperar la democracia.
Y la Cárcel del Pueblo fue un símbolo de la forma en que actuó el movimiento sedicioso, abiertamente ajeno al sentir popular. En esta cárcel precisamente se violaban los derechos humanos de los secuestrados con argumentos político-ideológicos que respondían a los eslóganes de entonces que lamentablemente todavía muchos repiten como si fueran la panacea.
La apertura de la Cárcel del Pueblo al público, el cuarto sábado de cada mes, obviamente no ha caído bien en la izquierda y en los grupos vinculados al movimiento tupamaro, como el MPP, por cuanto en su relato de la historia reciente tratan de hacer aparecer a los militares como los únicos violadores de los derechos humanos, cuando los sediciosos fueron protagonistas de terribles acciones como asesinar a sangre fría, secuestrar, colocar bombas en lugares públicos y apostar al cuanto peor mejor, para pescar en río revuelto. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó en una entrevista en Telenoche los motivos de la apertura del sitio, donde, tal como relevan las fotos del lugar, se recuerda con fotografías a quienes fueron secuestrados por el MLN-T. “Esto es parte integrante de la historia reciente y la historia para ser comprendida en su totalidad, no puede tener recortes (…) Este año justamente se cumplen 50 años de que las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, capturó y liberó a quienes estaban secuestrados allí”, recordó el ministro, quien explicó por qué no habrá guía ni folletos con un relato de los hechos.
“No le corresponde a un ministro sacar las conclusiones; le corresponde al ciudadano”, y agregó que “las violaciones a los derechos humanos, la tortura, muerte o desaparición, son repudiables siempre, las cometa quien las cometa”.
Un ejemplo de la reacción desde la extrema izquierda a esta decisión ministerial lo encontramos en conceptos vertidos por la senadora del Frente Amplio (FA) Silvia Nane, quien acusó a la coalición de gobierno de estar llevando a cabo una “restauración histórica” y al Ministerio de Defensa de “poner en pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil” ante la decisión de abrir al público la Cárcel del Pueblo.
“Yo soy pacifista, militante de la no violencia, pero no se puede equiparar (el terrorismo de Estado) con la violencia civil”, señaló la senadora. “No se puede dar esas señales de validación política a cosas que son muy graves, porque en cierta forma las decisiones de Estado muchas veces son pedagógicas para la población”.
El ministro de Defensa, Javier García, también respondió en su cuenta de Twitter, que “su acusación en La Diaria es agraviante y aún más grave, que justifique las violaciones de derechos humanos. Si son ‘violencia civil’ (..) Torturar, matar, secuestrar, hacer desaparecer es repudiable siempre. La ‘cárcel del pueblo’ es una expresión del brutal terrorismo que asoló la democracia”.
El ministro concluyó su declaración invitando a la senadora y a la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género, que Nane preside, “a concurrir a la ‘cárcel del pueblo’ donde también se violaron brutalmente los derechos humanos”.
Por supuesto, estas expresiones de la senadora se enmarcan en la histórica postura de la izquierda, al rechazar la que ha denominado como la “teoría de los dos demonios”, es decir tratar de desmentir los hechos irrefutables de que en el país estuvieron los militares actuando por su lado para reprimir a los sediciosos, y por otro lado al movimiento terrorista con sus homicidios, secuestros y atentados, ambos embarcados en derrotar a la otra parte por las armas, lo que potenció la inestabilidad institucional en el medio del caos, que terminó en 1972 con la derrota militar de la guerrilla, huérfana de todo apoyo popular, antes de que se instalara la dictadura en junio de 1973.
Los hechos hablan por sí solos y desmienten el relato instaurado por la izquierda que solo ha pretendido colocarse como víctima y soslayando la parte de que el movimiento guerrillero tupamaro y quienes los apoyaron fueron actores fundamentales para –intencionalmente– desestabilizar el país y dar entrada a la intromisión militar –efecto indeseado–.
Precisamente rechazan la “teoría de los dos demonios” porque tienen la responsabilidad fundamental de ser protagonistas del movimiento por aquel entonces terrorista que sacó a los militares de sus cuarteles, en tanto la Policía infiltrada y por su formación había resultado desbordada por la organización sediciosa, mientras los guerrilleros se escapaban de los juzgados cuando se les traía trabajosamente ante la justicia para que dieran cuenta de las acciones delictivas comunes de las que eran autores.
La “inocencia” no les cuadra ni en broma, porque también han sido violadores de los derechos humanos, han sido corresponsables del drama generado para los uruguayos en ese período infame, y nos dejaron a los ciudadanos que no éramos parte de ninguno de los dos “demonios” que participaron en esa lucha por el poder, en medio del caos, y encima con la dictadura que detentó el gobierno en el Uruguay durante doce largos y oscuros años. Casi nada lo del ojo.