(Medios Públicos- Subrayado- Presidencia)
El Fiscal de Corte, Juan Gómez, fue este viernes a Rivera, donde una de las fiscalías allí existentes se va a transformar en “semiespecializada” en delitos de crimen organizado. Esta se encargará de trabajar con casos presuntamente vinculados a narcotráfico, incluyendo homicidios, secuestros, extorsiones, armas y delitos relacionados.
En los últimos meses, la ciudad fronteriza con Brasil se vio sacudida por una serie de homicidios vinculados a bandas de narcotráfico que operan allí. En conferencia de prensa, Gómez señaló que “la transformación de esta fiscalía se inscribe en una política pensada para el próximo año de ir especializando las distintas fiscalías”. Además, dijo que la decisión se origina en “la necesidad” de dar respuesta al aumento de esta problemática en Rivera.
Según explicó, “concentrar la información relevante sobre delincuencia organizada” permitirá “una eficiencia mayor” que redundará “en beneficio de la comunidad”.
Además de los casos de homicidios, también se supo que la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, recibió dos amenazas de muerte, tras haber pedido la extradición de un capo narco en el marco de las investigaciones que lidera por la lucha de facciones en la frontera.
En diálogo con algunos medios, la fiscal indicó que no quería realizar apreciaciones sobre la situación, ya que hay una familia detrás. Desde la órbita del Ministerio del Interior confirmaron la amenaza y señalaron que la fiscal tiene custodia policial especial desde el miércoles.
Domínguez había solicitado tiempo atrás la extradición del narcotraficante brasileño, Rodrigo “Loli” Fontana, quien se encuentra recluido en su país y es parte del grupo criminal de Sebastián Marset.
Esa banda es señalada ahora como la principal sospechosa de la amenaza. Su líder está actualmente prófugo y desde marzo de 2022 está en la lista roja de Interpol como responsable del envío de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Este martes, el diario El Tiempo de Colombia informó que el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, declaró ante la justicia que el crimen fue un encargo para la red liderada por Marset.
También en lo que tiene que ver con la seguridad, el gobierno informó que la Guardia Republicana reforzará la seguridad en Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo a partir de la instalación de una nueva sede que funcionará en la intersección de las rutas 5 y 26. La obra finalizará en 2023, con una inversión de 27 millones de pesos. Además, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció la inauguración de una unidad penitenciaria para el mes de setiembre.
Acerca de la nueva base de la Guardia Republicana, el jerarca resaltó la ubicación geográfica del futuro cuartel, que permitirá llegar de forma rápida y eficiente a los departamentos limítrofes para atender requerimientos y riesgos de la zona fronteriza y, en consecuencia, fortalecer la seguridad. Añadió que esta unidad se enmarca en el plan de despliegue en territorio del cuerpo, que comenzó con la instalación de una base en San Carlos, otra en Salto y seguirá con una en el departamento de Treinta y Tres.
FAMILIARES DE FUNCIONARIA DE MGAP DEMANDADOS
(MONTEVIDEO PORTAL)
El hijo y el esposo de Mercedes Antía, adscripta de confianza del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), fueron demandados por el impago de deudas. Tal como figura en el oficio de la Fiscalía de Florida se dispuso el embargo y la prohibición de venta de ganado para los demandados. Según el documento, se anula la posibilidad de comercializar los animales “en todas las ferias del país”.
Además, se especifica que queda terminantemente prohibido el sellado de guías con cambio de propiedad. En el documento consta que el pasado 16 de junio quedaron dispuestas las medidas. La persona que demandó realizó negocios con los dos hombres y asegura que no le pagaron un monto correspondiente a la compra de ganado.
Antía confirmó que la demanda existe, pero aseguró que ni su marido ni su hijo “fueron notificados de eso”. “Hace un minuto me enteré de la situación”, aseguró la funcionaria.
Evaluó como “fuera de lugar” que se la mencione a ella cuando “la situación” entre demandante y demandados es ajena a sus funciones públicas. “Me parece totalmente fuera de lugar que se haga público un tema de situaciones que le pasan a… no sé, la verdad no sé qué decirte”, agregó Antía, y sentenció: “No sé qué tiene que ver una cosa con otra”.
Según una resolución del MGAP firmada por el ministro Fernando Mattos, con fecha de setiembre de 2021, Antía fue contratada con la “finalidad de colaborar como técnica de la Unidad Ejecutora 007 de la dirección general de Desarrollo Rural”.
NO ACTUARÁN DE OFICIO POR SARTORI
(RADIO UNIVERSAL)
Un informe de la División Estudios Legislativos del Parlamento concluyó que la “Cámara de Senadores no debe actuar de oficio” ante el incumplimiento del senador nacionalista Juan Sartori al presentar la declaración jurada de ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), “sino que se debe esperar la comunicación y resolución adoptadas por la Jutep”. El documento en respuesta al director general de la Cámara de Senadores, Juan Pedro Lista, aclara que “el artículo 115 de la Constitución prevé que cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones”.
En ese sentido, agrega que “la declaración jurada que deben presentar los legisladores, al igual que otros funcionarios del Estado, es un requisito formal impuesto por ley debido al cargo que ocupan”. Por tal motivo, esa División Legislativa entiende que “la omisión de presentarla o la presentación incompleta de la misma no supone un desorden de conducta en el desempeño de sus funciones, razón por la cual entendemos no es de aplicación el artículo 115 de la Constitución”.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, respaldó al senador y aseguró que son “contundentes” los informes que presentó el legislador para fundamentar su postura de que es “inconstitucional” que se le obligue a presentar la declaración jurada de su esposa Yekaterina Rybolóvleva. → Leer más
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, recorre los dispositivos de atención a los usuarios con consumo problemático de sustancias y se reúne con técnicos a fin de evaluar la marcha de los programas. En Paysandú funciona el dispositivo Ciudadela, donde aclaró que “no están tan mal los números de atención. No me refiero en términos de consumo porque no tengo datos y no lo puedo saber. Pero después de Montevideo, están Salto y Paysandú”, aclaró.
En la media hora previa de la Junta Departamental de la sesión del jueves 11, ediles de todos los partidos formularon planteos de distinto tenor, algunos de los cuales fueron objeto de debate al término de la consideración del orden del día, por cuanto así lo solicitaron varios ediles al amparo del artículo 24 del reglamento interno.
Como se había informado previamente, parte de los fondos correspondientes al Plan Operativo Anual (POA) del Municipio de Quebracho, de unos treinta millones de pesos en total, se están utilizando en la urbanización de los planes Mevir III y IV, que comprenden 5.900 metros lineales de cordón cuneta, 20 badenes y 17.500 metros cuadrados de tratamiento bituminoso doble. Los fondos destinados al Municipio de Quebracho por el POA se componen de 22.500.000 pesos provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y 4.650.000 pesos provenientes del gobierno departamental.
