El Pit Cnt convocó ayer a un paro parcial que en Paysandú se realizó de 10 a 14 horas, con una movilización por el centro de la ciudad y acto con parte oratoria en 18 de Julio y Montevideo. Por su parte, el plenario a nivel nacional anunció un nuevo paro general de 24 horas, en rechazo a la reforma educativa cuya fecha se definirá próximamente.
Mariana Píriz, secretaria de Interior del Pit Cnt, señaló que entre las principales reivindicaciones, “denunciamos a la reforma de la seguridad social, que es una reforma de jubilaciones y pensiones. Advertimos que se pierde a la seguridad social como un derecho humano fundamental, con su base en la solidaridad para que aumente el núcleo de las AFAP. Eso genera que los trabajadores sean perjudicados porque deben trabajar más y al momento de jubilarse, las prestaciones serán menores”. La dirigente agregó que “esta reforma se da en el marco de este modelo de desigualdad, donde no cabe la excusa de la pandemia para tener políticas públicas que atiendan a la realidad de los trabajadores. En un año donde el aumento del PBI en distintos sectores de la actividad, ha quintuplicado sus ganancias pero no se ve reflejado en la actividad cotidiana”.
Los trabajadores “seguimos perdiendo el salario real, condenando a la informalidad sobre todo al Interior, donde hay altos porcentajes de desempleo. En Paysandú, por ejemplo, esa realidad rompe los ojos y no hay políticas públicas que atiendan eso”, dijo a EL TELEGRAFO. Explicó que “hay un aumento en los índices de pobreza, con altos porcentaje de la población con inseguridad alimentaria” y “el núcleo duro se observa desde el río Negro hacia arriba”.
Reforma educativa
Según Píriz, “la educación viene sufriendo un recorte del presupuesto e inversión y eso genera que la oferta educativa disminuya o desaparezca y los grupos estén superpoblados. Eso repercute directamente en la calidad de la educación”.
La dirigente destacó que “ese recorte genera que algunas ofertas educativas desaparezcan de los territorios y, a veces, se trata de la única opción en un lugar. Por lo tanto, un estudiante deberá moverse a otra ciudad para estudiar”.
La Transformación Educativa presentada por el gobierno, “se hizo a espaldas de los docentes, de las ATD y de las negociaciones bipartitas. Hay un gran desconocimiento de lo que el cuerpo docente planteó en esos ámbitos. Y, claramente, los subsistemas se han manifestado en contra así como lo hacemos desde los sindicatos”.
Seguridad social
Agustina Migliónico, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, resumió que “llegamos a esta reforma a través de la Ley de Urgente Consideración que integró la Comisión de Expertos. Los temas principales que nos preocupan es que se trata de una reforma con marcada características del neoliberalismo que viene a cortar derechos conquistados históricamente en la seguridad social”.
Subrayó que “el gobierno pretende que entendamos que hay que aportar más y cobrar menos para abatir el déficit, que no es tal. Porque se busca potenciar a las AFAP y se ha demostrado que el ahorro individual no sirve ni retribuye a los trabajadores porque da una renta promedio de $7.000. Con esta reforma nos obligan a estar dentro de un sistema que beneficia al capital privado”.
Migliónico anunció que el movimiento trabaja para “llevar adelante un plebiscito en 2024 porque consideramos que estamos en un momento histórico, la gente se cansó de las jubilaciones insuficientes, de lo que se llevan las AFAP y de las exoneraciones a los aportes patronales”.
Jubilados
En representación del Movimiento Jubilados de Paysandú, que participa en los plenarios del Pit Cnt, Carlos Penon reivindicó el adelanto otorgado este año y que no se descuente a partir del 1° de enero de 2023.
“Exigimos que sea realmente un aumento del 3% en nuestras jubilaciones y pensiones”, porque “venimos perdiendo poder adquisitivo”, con aumentos “por debajo del Índice de Precios al Consumo”. En su proclama reclamó “elevar el mínimo no imponible de 41.312 a 51.640” para la aplicación del IASS, así como “modificaciones tributarias en las que se tengan en cuenta deducciones por los gastos en tiques, órdenes y estudios o incluso por cargas familiares como funciona el IRPF”.
El movimiento demandó el restablecimiento de “todos los beneficios que existían” con la Operación Milagro y el retorno de las pesquisas a las asociaciones. “No como ahora que solamente lo hacen para el sistema mutual, sino que se deben incorporar a los jubilados de ASSE también”.
La actual administración “cambió para mal el criterio de funcionamiento del Plan Ibirapitá. Hoy es solo para jubilados mayores de 65 años y con ingresos menores a $25.820, cuando el tope anterior era de $41.312.
Ya no se entregan tablets sino celulares inteligentes. Y a quienes se les haya roto el dispositivo, no tiene derecho a ninguno”. En cuanto a la vivienda, “hasta la fecha no se ha comenzado a construir ninguna de las 607 previstas por el plan quinquenal y las que se entregaron se construyeron en períodos anteriores. No queremos volver a los núcleos básicos evolutivos y reivindicamos soluciones habitacionales a jubilados y pensionistas que cobran por debajo de las 12 Unidades Reajustables”.