Año: 2022

Recientemente ha causado repercusión en el ámbito judicial expresiones vertidas por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, con su particular estilo frontal, en el sentido de que el Poder Judicial estaría “infiltrado” por el Frente Amplio ante determinados fallos polémicos, y esta postura dio lugar a rechazos desde la Asociación de Magistrados del Uruguay y la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay.
Sin embargo, en el marco de este debate, los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay tienen una postura distinta y dieron a conocer un comunicado en el que señalan que “las circunstancias que se han expuesto denotan sin dudas falencias en el funcionamiento de lo que es el sistema de justicia”.
El presidente del gremio de los penalistas, el abogado Juan Fagúndez, habló con Montevideo Portal al respecto y dijo que sin intenciones de opinar desde “un punto de vista político”, cosa que según aseguró no compete al gremio, si se expresa desde “un punto de vista científico social” al decir que lo que les interesa es “que las personas no sean sometidas a un proceso desigual, injusto y que tiene que cambiar de una vez por todas”.
Asevera que “sobre todo, y esto es una cuestión personal de quien habla, no se puede otorgar derechos pisando derechos de otras personas. En general lo que viene pasando a nivel de política criminal es que se ha generado una situación donde parecería que en el Poder Judicial se toman resoluciones sin fundamento académico científico, simplemente por una cuestión de política social”.
“Las políticas sociales no tienen que influir en lo que la Constitución indica respecto de los derechos de las personas valorados igual y equitativamente”, agregó, para acotar que este año va a haber “un debate acerca de las diferencias de consideración sobre si quien acude a la Justicia es un hombre o una mujer”.
“Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y si la justicia de este país va a atender algunas cuestiones que antes no se atendían nos parece perfecto, pero de ninguna manera soslayando los derechos de las personas, sean hombres, sean varones, sean lo que sea, para discriminar, desde el punto de vista de la justicia republicana, a un ser humano”, expresó Fagúndez, para añadir que el Poder Judicial tiene que “trabajar en la protección de algunas situaciones que antes eran ignoradas, pero eso no quiere decir que se avasalle el derecho de quien puede estar en una situación de imputado por esa razón”.
Asimismo el abogado manifestó que hoy el “Poder Judicial popular y académicamente está cuestionado por su falta de rigurosidad”, por “tomar decisiones que muchas veces afectan al ser humano hombre sin ningún tipo de intervención judicial”.
“Me refiero a una audiencia con abogado de las partes y con una discusión basada en el derecho y con técnicas de aplicación, ya sea forenses o psicológicas para llegar al fondo de la cuestión. Que sean serias, contundentes y que no tengan ningún rasgo de sesgo de decisión respecto a quien la expide o respecto de que se quiere determinar” dijo.
También evaluó que “hay una crisis absoluta del ejercicio de los derechos tal cual los manda la Constitución y los diferentes códigos respecto a lo que hacen algunos operadores en materia de Familia Especializada, en la materia penal y en el circuito que se da entre Familia Especializada y justicia penal”.
“Esto merece una discusión política profunda que no esté relacionada con votos o con futuras reelecciones, sino que tiene que estar relacionado con la Constitución, la República y la decencia en la aplicación del derecho”, concluyó.
Lo señalado por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas da mucho paño para el análisis, por lo pronto si se parte de la premisa de que de lo que se trata es de hacer cumplir la ley, cuyos vericuetos no siempre permiten llegar a una definición justa en los conflictos o situaciones que se plantean, porque el juez lisa y llanamente debe atenerse al marco legal en sus análisis y fallos.
Por supuesto, no hay que olvidar que siempre está presente el factor humano, y por lo tanto los errores siempre pueden estar presentes a la hora de los fallos, pero lo importante es que funcione la institución como tal, para lo que existen por ejemplo los tribunales de alzada, aunque para estas instancias, más allá de eventuales fallos cuestionables, existen condicionamientos en tiempo, acceso y costos adicionales que no siempre pueden ser afrontados por el ciudadano común.
En el caso al que se refiere el profesional que preside la gremial de abogados criminalistas, es evidente que tiene que ver con la sanción de leyes en que lamentablemente se cedió a la presión de colectivos –en este caso feministas– con visiones extremistas –también ideológicas– y que hizo que en muchos casos se invierta la carga de la prueba, es decir que el acusado tuviera que probar a priori su inocencia, en lugar de ser al revés, de considerarlo inocente hasta que se pruebe lo contrario, así como llegar a la incongruencia de establecer la figura del femicidio, como si una muerte sea peor que otra de acuerdo al sexo de la persona y no tenga que ver con el crimen en sí, en la atrocidad de tronchar una vida por la circunstancia que sea.
De ahí la reflexión que aporta el Dr. Fagúndez en el sentido de que “las políticas sociales no tienen que influir en lo que la Constitución indica respecto de los derechos de las personas valorados igual y equitativamente”, y que este año va a haber “un debate acerca de las diferencias de consideración sobre si quien acude a la Justicia es un hombre o una mujer”, precisamente por la distorsión que implica haber aprobado leyes bajo la presión de colectivos fundamentalistas que se “bandean” en sus planteos y que son aprobados bajo consignas y griteríos de quienes hacen “lobby” para llevar agua hacia su molino.
Era evidente que aquellos polvos iban a traer estos lodos, que es el precio que se paga cuando más allá de la buena intención de quienes lo hacen para atender situaciones que responden a hechos abusivos, en su mirada hemipléjica lo que logran es dejar sembrado el germen de la injusticia contra personas a las que se les aplica el marco legal con una mirada previa de culpabilidad, muy difícil de levantar cuando se les estigmatiza automáticamente y se pisotean sus derechos por razones solo de su sexo, en una cancha “flechada”, como considera la Asociación de Abogados Criminalistas.