Día: 20 de marzo de 2023

El gobierno anunció que la atención a la salud mental será una prioridad en lo que resta del período. Sin embargo, deberá resolver el enfoque que darán a los pacientes con trastornos mentales y aquellos que fueron derivados por consumo problemático de sustancias. Dadas las características del país, los técnicos miran la posibilidad de establecer una red que encare un abordaje único.
Sin embargo, el deterioro social, la pobreza y exclusión de esta población agravan el escenario ligado a la atención sanitaria. De hecho, son considerados grupos de riesgos pero no están cuantificados con número reales.

La actualidad hasta ahora define que a nivel nacional no son atendidos a tiempo ni tampoco existen acompañamientos que aporten bienestar, porque la complementariedad entre prestadores públicos y privados es excepcional y dispar en esta especialidad.
Por ejemplo, las estadísticas señalan que en Uruguay hay 260.000 personas con consumo problemático de sustancias o que la esquizofrenia tiene prevalencia en el 1% de la población. Y así se puede enumerar una cantidad incierta de población bajo esta problemática.

El país ha dado pasos en este sentido, como por ejemplo la Ley 19.529 o Ley de Salud Mental, entre otras prestaciones bajo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero existen carencias presupuestales, de recursos humanos y voluntad política, en lo que –claramente– no queda como única responsable la actual administración. Aún antes de la pandemia, Uruguay sostenía un debate sobre la necesidad de mejorar la atención a la salud mental. Es una condicionante de discapacidad, afecta a la productividad de la población y es una situación a atender en forma transversal. Pero particularmente condiciona a la adolescencia y juventud.

Las intervenciones aisladas no ayudan a disminuir los factores de riesgo, así como tampoco habilitan a un seguimiento que concluya con un abordaje más prolongado. Los procesos de atención pueden mejorarse si están bajo un sistema de evaluación continua. Pero alcanza ver el tiempo de demora que en todo el territorio se presenta en los prestadores, para comprender que ha sido dificultoso poner un foco en la salud mental como prioritaria.

De hecho, la mencionada ley establece que no deberán existir los lugares de asilo para 2025. Sin embargo, la realidad revela otros aspectos bastante más contundentes que el deseo de cerrar los manicomios. Y es que sus pacientes no pueden irse a vivir solos porque algunos internos se encuentran alojados allí desde hace muchos años. Y al salir, no todos encuentran lazos familiares firmes y capacitados para apoyar a un paciente cuya salud mental es muy vulnerable. De hecho, en otras situaciones ni siquiera hay referentes cercanos y se encontrarían a la deriva si salieran de allí.

El compromiso, manifestado en reiteradas ocasiones por el presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, es que la población asilada sea un 30% menos. Entre las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi hay unos 600 pacientes. Si el objetivo es bajar a 400, aún queda por instalar las denominadas casas de medio camino, orientadas a la rehabilitación de pacientes con patologías y entornos muy diversos. En el Interior, por ejemplo, hay que preguntar ¿dónde va un paciente con una patología mental agravada por el consumo de sustancias?, ¿cuáles y cuántos son los equipos multidisciplinarios que pueden ayudar a sostener un tratamiento?

Y el después, que también importa, deberá definir el seguimiento e inserción en una comunidad que aún desconoce cómo encarar la salud mental. Porque la desinformación puede generar temor, pero también la vinculación del consumo de sustancias al delito y a la violencia de todo tipo, pone una mirada de desconfianza sobre los resultados.
Es que en estos casos, no existe el corte abrupto con el problema, sino un proceso de recuperación que será largo. Y no es posible, a estas alturas, pedirle paciencia a una sociedad que responde con discriminación y segregación a determinados colectivos que padecen situaciones que tardaron mucho en afrontarse. Pasaron varios años de naturalización y victimización de una población que necesita todo tipo de atención, pero no lástima.

Hay experiencias de casas de medio camino, pero no están habilitadas para todos los casos. En cuanto a la ley, al menos en salud pública se cumple con la prohibición de no derivar nuevos casos a las colonias, sino que son internados en los hospitales departamentales o en el Vilardebó. Si bien no se cumplirá con el cierre de los asilos, la esperanza está puesta en el tiempo de vida que les quede a los internos sin familia y que residen allí desde siempre. Es decir que, probablemente, sea ese el plazo de cierre de las colonias.
Por otro lado, la posibilidad de transformar el Viladerbó en un centro de derivación específica de pacientes judiciales tiene detractores y defensores. Allí se internan unos 100 pacientes judicializados por mes y conviven con internos que no fueron derivados por un juez.

Quienes defienden la iniciativa plantean la creación de nuevos módulos en el Pasteur y en el Saint Bois que mejorará la calidad de vida y atención a sus residentes. En la vereda opuesta se encuentran aquellos que consideran el plan como un franco retroceso y la adopción de un rumbo represivo que está lejos de la rehabilitación y reinserción social.
En los últimos días surgió una nueva polémica entre ASSE, que denunció guardias que quedaron sin cubrir en el hospital psiquiátrico, y el Sindicato Médico que reclama por la gestión de la dirección del Vilardebó y de las autoridades del organismo.

La situación llegó tan al límite que de la guardia que va desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 de la mañana del domingo pasado se encargaron el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el director de Salud Mental, Eduardo Katz, y la directora del hospital, Paula Sarkissián.
El argumento esgrimido por ASSE es que hay un grupo de profesionales que no quiere trabajar los fines de semana y reclaman cuatro profesionales durante el día porque no están dispuestos a atender dos médicos durante el turno nocturno. Estas situaciones han derivado en el traslado de pacientes a otras localidades y más allá de quién o quiénes tengan la razón, la realidad es que no hubo guardias psiquiátricas en un hospital que atiende a la salud mental. Por lo tanto, el abordaje será prioritario ahora o ya no será.

Desde los confines de la historia de la humanidad, la atención psiquiátrica está envuelta en un halo muy particular y aquellos que cayeron en estas situaciones de alta vulnerabilidad han atravesado por sufrimientos y vejaciones inimaginables. La medicina moderna visibilizó y ayudó a dar varios pasos hacia adelante. Desmitificó aspectos que se encontraban enquistados en el imaginario colectivo, pero aún queda mucho por hacer.
En el mundo entero, no solo en Uruguay. Porque a nivel global hay más de 1.000 millones de personas que padecen algún trastorno mental y la pandemia solo desnudó la fragilidad en la que se encuentra la mente humana. → Leer más