Mes: marzo 2023

Ergo, fueron quedando decenas de miles de personas con serias dificultades de inserción laboral, desde que sus capacidades y formación no estaba en sintonía con las necesidades de empresas que pretendían sintonizarse con la realidad global.
Un claro ejemplo –y exacerbado– de ello lo tenemos en Paysandú, donde fueron desapareciendo las grandes industrias establecidas a partir de condiciones expresamente dirigidas a crear empleos y vender valor agregado al exterior, pero en el marco de un enfoque proteccionista y en buena medida con subsidios que permitieron disimular durante varios años el desfasaje en tecnología, inversión, logística, hasta que la realidad pudo más que los intentos locales de mantener estos grandes emprendimientos, en tanto el golpe de gracia para numerosos emprendimientos de todo tamaño se dio a través de la creación del Mercosur, en la década de 1990.

En medio de este panorama fue creado el Instituto Nacional de Empleo (Inefop), destinado fundamentalmente a la reconversión de personas desempleadas, en coordinación con empresas demandantes de puestos de trabajo en determinadas áreas. El instituto contó con demanda sostenida, y acentuada sobre todo en períodos de mayor desempleo, como ocurrió durante la pandemia, pero en 2022, con la gradual vuelta a la normalidad, las cifras de capacitaciones financiadas por el instituto siguieron siendo altas.
Sin embargo, de acuerdo a datos proporcionados por el semanario “Búsqueda”, el número de empresas que participaron en los programas de subsidio del instituto estuvo lejos de la expectativa y la meta que se había trazado. Más allá de estos números, el tema genera amplio debate puertas adentro del Inefop sobre cómo mejorar los instrumentos de apoyo y procesos de postulación para que más firmas acudan a efectos de fortalecer su gestión, según reflexionó el director general del instituto, Pablo Darscht.

El citado instituto en realidad administra el Fondo de Reconversión Laboral, al que aportan empleadores y empleados del sector privado y también se nutre de los recursos que a partir de este período de gobierno volvió a volcar el Poder Ejecutivo y que están vinculados al cumplimiento de metas de gestión.
Volviendo a las cifras, surge que en 2022, casi 50.000 personas iniciaron cursos contratados por el Inefop a diversas entidades de capacitación, y en este sentido el jerarca expuso que “estamos muy satisfechos, aumentó mucho la cantidad de personas atendidas. En 2021 fueron 33.000 las personas registradas, en momentos en el que regían restricciones sanitarias por la pandemia y en el que el instituto recibió menos demanda de formación”.

Sin embargo, en 2022, de las 50.000 personas participantes, 22.800 fueron capacitaciones iniciadas por desocupados, un récord al que precisamente alude Darchst, lo que da una pauta del impacto que tuvo en el ámbito laboral la restricción de actividades por la pandemia. Pero dejando de lado períodos específicos de depresión, el tener necesidad de reconversión con estos cursos con participación de las empresas interesadas da la pauta de que hay notorio déficit en la actualización de conocimiento y capacitación con vistas a la inserción en el medio laboral.
Muchas de estas personas evidentemente tienen deficiencias de formación que no les permiten adaptarse a los requerimientos del mundo laboral, por fallas que provienen del sistema educativo. El Inefop, con participación de empresas y el Estado, es apenas un paliativo en este esquema, y por supuesto, nunca ha apuntado a ser una solución ni una respuesta de impacto en este esquema.

Es fundamental sí tenerlo aggiornado, y buscarle mejoras para que sea una herramienta de apoyo a personas que atraviesan una seria problemática de reconversión o han quedado sin su fuente laboral, pero evidentemente el desafío que se plantea –y que se ha tratado de asumir a través de modificaciones en el sistema educativo que se instrumentan a partir de este año– es el de transformar radicalmente el perfil y el contenido de la educación.
Sobre todo, el desbrozarla de determinadas materias y librarla de impartir conocimientos en el caso de orientaciones específicas hacia especialidades y profesiones donde están de más, y que contribuyen a la deserción, a retardar y a veces truncar el estudio para jóvenes que no encuentran respuestas para poder insertarse en el mundo del trabajo, a partir de una edad en la que, con el actual sistema, salen sin la capacitación necesaria para poder hacerlo.

En este sentido, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre necesidades de modernización de centrales hidroeléctricas en América Latina y el Caribe, elaborado por los especialistas María Ubierna, Juan Alberti y Arturo D. Alarcón, señala que “casi el 60% de la capacidad de las centrales estudiadas tiene una necesidad media de modernización. Eso implica que en los próximos 5 a 10 años será necesario que se realicen las inversiones requeridas, lo que también justifica atender su planificación con cierta premura (…) El análisis identificó preliminarmente que la inversión que debería realizarse de forma relativamente inmediata implica aproximadamente 1.000 millones de dólares para atender 15 GW con alta necesidad de modernización. A mediano plazo, según el trabajo desarrollado, sería deseable destinar aproximadamente 26.000 millones más para modernizar 47 GW. Este es un problema dinámico, ya que se estima que entre 2 a 3 GW de capacidad hidroeléctrica cumple su vida útil anualmente en la región”.

¿Qué es lo que ocurre con este tema en Uruguay? En principio es necesario señalar que en la última década nuestro país se ha puesto a la vanguardia en la utilización de energías renovables, tanto en la región como en el mundo. Actualmente es el segundo país del mundo con mayor participación de energías renovables variables según el informe REN21 (2021) y líder mundial junto con Dinamarca, Irlanda y Portugal en producción de energía eólica.

En lo que se denomina “primera transición energética”, la biomasa, la energía eólica y la solar comenzaron a tener un papel más relevante en el escenario energético nacional. En 2021 alcanzaron participaciones en el total ofertado de 40%, 8% y 1% respectivamente, cuando en 2005 ninguna de ellas aportaba a la producción. En tanto, la energía hidráulica, disminuyó su peso en la oferta, representando 11% del total entre 2016-2021 (8% en 2021), frente al 23% de 2000-2005.

La menor importancia de esta energía en la matriz se explica por el hecho de que la generación eléctrica se mantiene en aumento, mientras que el potencial hidráulico utilizado no ha crecido.
En este sentido, un informe sobre energías renovables publicado por Uruguay XXI el año pasado indica Uruguay tiene una potencia instalada de unos 4.900 megavatios para la generación de energía eléctrica. Los parques eólicos, en su conjunto, suponen algo más de 1.500 MW, equivalentes a 31% de la potencia total. A su vez, esos 1.500 MW se reparten entre 1.000 MW de generadores privados y 500 MW de parques eólicos que son propiedad o son administrados por UTE.

La capacidad de generación hidroeléctrica asciende a otros 1.500 MW, la biomasa tiene unos 400 MW (8%), la solar tiene unos 270 MW (5%) y las plantas de generación térmica con base en combustibles fósiles totalizan unos 1.200 MW (aproximadamente 25% del total).
Según el mismo informe, los recursos hídricos más relevantes del país están utilizados casi al máximo y el futuro aumento de oferta podrá darse solo a través de pequeñas centrales hidroeléctricas.

¿Qué pasa con el estado de nuestras represas? En el caso de la represa hidroeléctrica binacional de Salto Grande, de 1.890 MW, el informe del BID se destaca que comenzó un programa de modernización con el objetivo de mejorar la producción de electricidad, mejorar la eficiencia y la seguridad en las próximas décadas. El mismo tendrá una duración de 30 años e incluirá la renovación de los equipos eléctricos y electromecánicos, así como la infraestructura civil. Para la etapa inicial, el BID aprobó un financiamiento de U$S 80 millones.

“En tanto las represas de Baygorria y Constitución (Palmar) han tenido algunas renovaciones del equipo electromecánico durante el mantenimiento regular, pero no se reportó ninguna modernización importante. Los datos de rendimiento muestran la disponibilidad y las interrupciones forzadas dentro de los límites aceptables. Sin embargo, la generación fue menor de lo esperado durante varios años; la razón podría ser una menor disponibilidad hidrológica respecto a la media. Por otra parte, Uruguay está aumentando la capacidad de fuentes de energía renovable no convencional (especialmente la energía eólica) y eso podría afectar el régimen operativo de las centrales hidroeléctricas”, especifica el informe del BID.
En el caso de la represa de Baygorria, con 59 años, fue categorizada como de “alto potencial de modernización” y la planta de Constitución se clasificó en la categoría media debido a su edad (37 años).

Con esta información se puede deducir que Uruguay se encuentra mejor que otros países latinoamericanos en cuanto al estado y necesidades de modernización e inversión en sus principales centrales hidroeléctricas, pero también hay deberes por hacer aún en un contexto de menor impacto de la generación hidroeléctrica en la matriz energética nacional.
Como señala el informe antes mencionado, las represas hidroeléctricas siguen siendo fundamentales para el desarrollo sostenible de la matriz eléctrica de la región, no solo por el suministro energético renovable que proveen, sino también por la capacidad tecnológica de proporcionar otros servicios tales como la flexibilidad y generación en punta, regulación de frecuencia, almacenamiento de energía, entre otros, que actualmente permiten la incorporación masiva de fuentes de generación intermitente (solar y eólica).

Estas inversiones son aún más justificadas en un contexto de transformación de una generación más sostenible, y en particular en Uruguay, con perspectivas de una segunda etapa de transición energética, que incluye -entre otros- objetivos tendientes a la descarbonización del transporte y la industria, el desarrollo de hidrógeno verde y la continuación de fuentes renovables en la matriz energética.