Mes: mayo 2023

La prevención en seguridad y salud laboral es fundamental para garantizar esos aspectos de la vida cotidiana de las personas y evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Prácticamente no hay trabajo en que las personas que allí se desempeñan no estén expuestas a la posibilidad de algún riesgo, lo cual va a depender del tipo de actividad que se realice, abarcando una amplia gama desde los riesgos biológicos, químicos y físicos hasta riesgos psicosociales y ergonómicos.

El organismo de Naciones Unidas que trabaja en este tema, la Organización Internacional del Trabajo, ha adoptado más de 40 normas internacionales del trabajo que abordan específicamente la salud y seguridad en el trabajo, así como más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas que en el mundo tienen diverso grado de cumplimiento.

Hace ya casi un año, en junio de 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo declaró que “un entorno de trabajo seguro y saludable” es un principio y un derecho fundamental en el trabajo. También reconoció como convenios fundamentales el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm.155) y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y los estados miembros de la OIT, independientemente de su situación relativa a la ratificación de estos convenios fundamentales, tienen la obligación, derivada de su propia pertenencia a la Organización, de respetar, promover y realizar, de buena fe y de conformidad con la Constitución de la OIT, los principios relativos al derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable.

No obstante, según datos de dicha institución internacional, millones de trabajadores pierden la vida cada año a causa de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y muchos más sufren lesiones debilitantes y enfermedades crónicas relacionadas con el trabajo.

En este sentido, son numerosos los países en los que faltan medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Hechos recientes, como la pandemia de COVID-19 han generado cambios importantes en las dinámicas laborales y en otras, cuestiones como el cambio climático y fenómenos extremos meteorológicos, así como la salud mental están teniendo también fuertes consecuencias en el ámbito laboral y la seguridad y salud de los trabajadores, según recientes informes de la OIT.
Uruguay tiene una destacada tradición en la ratificación de convenios internacionales –sin ir más lejos en 2020 el primer país del mundo en ratificar el Convenio 190, que protege a los trabajadores de todas las formas de violencia y acoso con una definición amplia, lo que permite la adaptación a la realidad del mundo del trabajo actual–, lo cual no significa que la realidad laboral del país esté libre de problemas en materia de salud y seguridad en el trabajo.

La demanda de mayor seguridad laboral en las empresas es recurrente, especialmente luego de ocurrir algún siniestro de gravedad, y el año pasado el Sunca denunció la existencia de menos controles y el hecho de que la difícil coyuntura laboral hace que muchos trabajadores no reclamen seguridad. También reclamó la existencia de una fiscalía especializada en siniestros laborales.
En paralelo a estos reclamos, ha ido aumentando la normativa sobre salud y prevención laboral. En este sentido, cabe señalar que de acuerdo a lo informado por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a partir del presente mes se implementará el decreto de salud laboral firmado en 2022, que establece que las empresas de entre 5 y 50 empleados deben disponer de un plan de prevención de riesgos laborales elaborado por un técnico con título habilitante. Se trata de una medida que comprenderá a alrededor de 30.000 empresas y 300.000 empleados. La medida brinda una solución definitiva para que las empresas con entre cinco y 50 trabajadores cumplan con la obligatoriedad de implementar servicios de prevención y salud, establecida en el decreto n.° 127, del 13 de mayo de 2014 aunque hasta el momento no se había encontrado un mecanismo adecuado para ponerlo en práctica, por lo que se habían establecido sucesivas extensiones en los plazos.

De acuerdo a lo informado oportunamente por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, las empresas que cuentan con el citado número de trabajadores deberán elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con un técnico o profesional en prevención y salud ocupacional. El documento deberá incluir la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, medidas correctivas y un cronograma de cumplimiento. Esta valoración deberá efectuarse cada seis meses o cada vez que cambien las condiciones de trabajo, como incorporación de tecnología, modificaciones en los procesos productivos u otra circunstancia que requiera un ajuste. Según los resultados, el técnico podrá recomendar que la empresa disponga de un servicio de carácter permanente.
El decreto, que también establece que solo podrán realizar tareas aquellos trabajadores que cuenten con el control de salud vigente, fue acordado entre los actores que integran el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat), órgano tripartito integrado por el Pit Cnt, cámaras empresariales y organismos del Estado vinculados a la temática, como el MTSS, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.

Los servicios de prevención y salud ocupacional son equipos profesionales multidisciplinarios que brindan asesoramiento a empleadores y trabajadores acerca de los requisitos para establecer y conservar un ambiente laboral seguro y sano. Tienen bastante que aportar a los entornos laborales dado que es un hecho reconocido cada vez más que la prevención en seguridad y salud laboral es clave para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales que pueden tener consecuencias graves tanto para los trabajadores como para la empresa. Un accidente laboral puede provocar la pérdida de capacidad laboral del trabajador, bajas prolongadas, y en casos extremos, incluso la muerte, en tanto que una enfermedad ocupacional puede afectar la calidad de vida del trabajador, además de suponer un costo elevado para la empresa. En definitiva, avanzar en la adopción de planes y ejecutarlos más allá de los necesarios contralores que las autoridades competentes deban realizar, a corto o largo plazo redundará en beneficio de todos.
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Las noticias que vienen desde Argentina pueden ser calificadas de muchas formas, pero jamás podrán ser tildadas de intrascendentes, aburridas o reiteradas, porque cada novedad es peor que la anterior y hasta hacen dudar de si no se trata de “fake news”. Lo cierto es que, a esta altura, la capacidad de asombro ha sido superada ampliamente por un país cuya vocación autodestructiva parece no tener límite. Gobernados por un presidente (Alberto Fernández) que pierde apoyos políticos, sociales y sindicales día tras día, el vecino país ha sido incapaz de combatir la inflación que azota todos los sectores económicos del país y arrastra a la pobreza a grandes sectores de la población. Todo ello en el medio de un escenario de crecimiento económico, fenómeno que llevó al diario español “El País” destacara que, si bien el Producto Bruto Interno (PBI) mejoró un 5,2% en 2022 y el país genera empleo, “cada vez más ciudadanos no se pueden alimentar correctamente ni tener una vivienda digna debido sobre todo a una inflación desbocada”.

De acuerdo con el diario madrileño, “No es un trabajo fácil domar la economía argentina. Siempre al borde del precipicio, basta un paso en falso para que todo estalle por los aires. La padeció Mauricio Macri y ahora la sufre Alberto Fernández. El primero perdió las elecciones en 2019 por culpa de la inflación. Fernández va por el mismo camino. En ambos casos, armaron planes de emergencia para llegar con vida a las urnas. Macri, con recetas ortodoxas, entregó el país con un 53,8% de subida del IPC, el peor dato desde 1991. Fernández, con fórmulas heterodoxas, lo ha llevado al 104%, según el último dato oficial difundido el viernes. La sensación de crisis terminal vuelve a amargar el ánimo de los argentinos. Faltan seis meses para las elecciones y el peronismo ve cómo el triunfo electoral se le escurre de las manos. La historia de la lucha contra la inflación no está del lado de la Casa Rosada. El 1º de marzo de 2018, Macri proclamó ante el Congreso que la crisis que había heredado del kirchnerismo estaba superada. “Lo peor ya pasó”, dijo. Dos meses después, el peso perdía el 9% de su valor en una sola jornada, la inflación se disparaba y Argentina pedía el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Macri esbozó entonces una explicación que aún hoy es objeto de chanza. ‘Pasaron cosas’, dijo. El presidente pensaba en la apreciación del dólar, la subida de los tipos de interés en EE. UU. y el precio del petróleo”.

Ante esta situación, la prensa española destaca que “el desafío de la Casa Rosada es evitar una devaluación brusca que derive en una hiperinflación”. Ya no se trata de mejorar las expectativas para ganar las elecciones, sino de sobrevivir hasta diciembre, cuando termina el mandato de Fernández. Massa estuvo la semana pasada en Washington y trajo un poco de aire fresco. El Fondo se abrió a “recalibrar” el acuerdo de refinanciación firmado en enero de 2022 para adaptarlo a las nuevas necesidades argentinas. La sequía, la peor en 60 años, supondrá este año una reducción de 20.000 millones de dólares en los ingresos por exportaciones. Tras acordar el mes pasado una bajada de las metas de acumulación de reservas, ahora se verá si es necesario también aflojar el nudo de la reducción de rojo fiscal, pactado en el 1,9% del PBI para 2023, y la emisión monetaria. La crisis, en cualquier caso, se derrama sobre la política y abre un escenario nuevo en Argentina. La crisis de 2001 parió al kirchnerismo, una corriente de la izquierda peronista que pronto se subió a la estela progresista sudamericana. El efecto de esta crisis de 2023 va en sentido contrario: los argentinos están hartos de la política y son cada vez más los que miran hacia la extrema derecha. Allí está Javier Milei, un economista que se declara anarcocapitalista y promete dinamitar todo para terminar con “la casta política”. Para bajar la inflación, propone dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. (…) Milei pesca en río revuelto. Los sondeos ubican a los indecisos cerca del 30%, evidencia del desapego que esta nueva crisis económica, la enésima, causa entre el electorado. El fenómeno coincide además con un proceso de sucesión de liderazgos políticos que, al final del día, complican cualquier solución posible. Macri anunció en marzo que no será candidato a la presidencia en octubre. La silla vacía aceleró la disputa de poder entre el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich. En la vereda de enfrente, Cristina Kirchner se bajó de la carrera en diciembre, tras ser condenada e inhabilitada de por vida en una causa por corrupción. El peronismo no tiene candidato, mientras que Fernández demora todo lo posible la definición sobre una eventual reelección. La demora presidencial desespera al kirchnerismo, que quiere a Fernández lo más lejos posible de cualquier candidatura”. Esa extrema debilidad político institucional del presidente Fernández (actualmente enfrentado a su mentora y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) no hace más que empeorar una situación que de por sí era extremadamente delicada y propicia una huida de cuadros políticos, caciques territoriales y punteros barriales en una suerte de “sálvese quien pueda” que genera nuevas incertidumbres en un año electoral.

Como si esto fuera poco, según un pronóstico reciente del Banco Mundial, la economía argentina no crecerá este año y consideró que el país necesita “estabilidad macroeconómica” para aumentar el flujo de inversiones. “La proyección de crecimiento del organismo financiero para la Argentina se redujo al 0% desde el 2% para 2023 y vaticinó un incremento de la economía del 2% para 2024. Todo ello en el marco de una situación social altamente comprometida, ya que según la pobreza subió en 2022 y cerró en 39,2%: ya afecta a 18,1 millones de argentinos. En los primeros seis meses del año pasado, la pobreza entre los más chicos (de 0 a 14 años) había sido de 50,9%. Ese dato se disparó ahora a 54,2%, lo que implica que actualmente la cantidad de niños pobres son unos 6 millones. La mayor cantidad de pobres se registró en Concordia (55%). Le siguieron Gran Resistencia (54%), Santiago del Estero – La Banda (46,5%) y Gran San Luis y Corrientes (45,2%). Los partidos del Gran Buenos Aires (GBA) reflejaron un 45%. A niveles absolutos, esa región suma la mayor cantidad de pobres medida en los 31 aglomerados que releva el Indec: casi 12,7 millones”.

Así las cosas, Argentina se encuentra en el medio de una tormenta perfecta en la cual no existe posibilidad de salir ileso. El clima electoral de cara a las próximas elecciones tampoco hará posible los grandes acuerdos nacionales a través de los cuales se podría intentar la toma de medidas consensuadas y con fuerte respaldo político. Durante muchos años, Argentina parecía ser una bomba de relojería a punto de estallar. En verdad lo era, sólo que ahora se acabó el tiempo y estamos ante la hora cero de un país que se acerca irremediablemente al precipicio político, económico y social. → Leer más