Hace ya unos años que Israel transita un clima de tensiones políticas y sociales que han ido, casi imperceptiblemente, modificando la idiosincrasia que la identificó desde su independencia.
Aquella nueva sociedad que se fue nutriendo de los judíos que habían sobrevivido a la barbarie nazi, a la violencia nazifacista, incluso a las persecuciones que promovía Amin al-Husayni, gran muftí de Jerusalem, que encabezó numerosos pogromos contra los judíos en los tiempos del Mandato Británico, además de convertirse en el principal aliado islámico del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
Volviendo al tema que nos preocupa y ocupa.
En los últimos tiempos, las tensiones y acusaciones recíprocas ingresaron en una nueva espiral, mientras un proceso de atomización de las organizaciones políticas fue fragmentando cada vez más un estado parlamentario que había funcionado. Israel era y es la única democracia de la región.
En 2019 la crisis política israelí se agudizó, y desde entonces se fueron dando elecciones anticipadas y frustrados intentos de formar coalición para gobernar. Hacia finales del año pasado, emerge una coalición de derechas, que incluye sectores de extrema, en un zurcido que le permitió a Benjamín Netanyahu asumir el 29 de diciembre de 2022.
Unos pocos días después, se encienden las alarmas: Yariv Levin, nuevo ministro de Justicia, anunció planes para reformar el poder judicial, con el propósito de limitar el poder de la Corte Suprema y de los asesores legales del gobierno, y la imposición para la coalición de gobierno de una mayoría especial en el comité que nombra a los jueces. Este anuncio fue del día 4 de enero. Enseguida, diversas organizaciones y referentes políticos, incluyendo el ministro de Delitos y Omdim Beyachad, convocaron a movilizaciones de protestas en Tel Aviv para el 7 de enero. Este llamado urgente logró reunir a unas 20 mil personas. A la semana siguiente, 14 de enero asistieron 80 mil manifestantes. Y la tercera, el 21 de enero, según la policía israelí, logró reunir más de 100 mil manifestantes solamente en Tel Aviv, pero también hubo concentraciones en Haifa, Jerusalén y Be’ersheba.
Desde entonces, las manifestaciones de protesta crecían en intensidad y amplitud del espectro convocante. Uno de los puntos altos de esta sucesión de protestas tuvo lugar el 9 de julio, cuando el historiador, escritor y profesor de la Universidad de Jerusalén, Yuval Noah Harari, en Tel Aviv, en la calle Kaplan, habló y puso las cosas en perspectiva: “El sueño israelí, como todos los grandes sueños, no es una realidad, sino un destino. Durante décadas hemos tratado de acercarnos paso a paso a esa meta y seguimos soñando que un día llegaremos. Pero durante los últimos meses, el gobierno de Netanyahu lo ha puesto en riesgo atacando el sueño israelí. Netanyahu, Ben Gvir, Pingus, ustedes tomaron los valores con los cuales se erigió el Estado de Israel, los valores que el pueblo judío ha cultivado generación tras generación, y los están destruyendo con alevosía”.
Harari fue firme y cuidadoso en su discurso: no se confronta odio con odio; “debemos tomar todo lo que sentimos y llevarlo a otro lugar, hacia el enojo. Enojarse está permitido, también con las personas que amamos. Hay momentos en los que enojarse es lo correcto. Enojarse es importante porque el enojo lleva a la acción. Está permitido y es necesario enojarse con lo que el gobierno de Netanyahu le está haciendo a nuestro país y al sueño israelí”.
Ley Estándar de Razonabilidad
No todos los países tienen constitución. Aunque a los uruguayos nos llama un poco la atención, países como Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda e Israel no tienen una constitución. Son 194 los países que sí tienen.
El propósito de la coalición gobernante ha sido promover cambios para limitar los poderes de la Corte Suprema para fallar en contra de las ramas legislativa y ejecutiva, dando a la Knesset, parlamento, el poder de anular las decisiones de la Corte Suprema con una mayoría simple de 61 votos de los 120 escaños de la Knesset. En los últimos 30 años, el poder de la Corte Suprema ha crecido y ha cancelado 22 leyes creadas por la Knesset.
En el mismo sentido, otra reforma eliminaría la autoridad de la Corte Suprema para revisar la legalidad de las Leyes Básicas de Israel, que esencialmente funcionan en lugar de una constitución. Y una tercera reforma daría a la coalición gobernante poderes considerablemente más decisivos en el nombramiento de jueces.
En ese paquete, lo que está en juego es el equilibrio de los poderes, de las garantías de las minorías y de ceder a la tentación autoritaria de una mayoría simple que cambia la naturaleza de los principios democráticos. Cambios que afectan la naturaleza misma de la identidad milenaria y reciente. Incluso del sentido de las Leyes Básicas. Teo Deutch, principal del American Jewish Committee, ve con optimismo “la propuesta del presidente Herzog que reconoce el estatus especial de las Leyes Básicas de Israel y la necesidad de evitar que una mayoría simple de la Knesset realice cambios que pongan en peligro los derechos de las minorías y las libertades civiles”.
¿Por qué? Porque en el sistema parlamentario israelí los poderes legislativo y ejecutivo están institucionalmente alineados, lo que significa que el único control real sobre la extralimitación legislativa radica en el tribunal.
Es cierto que Israel tiene un poder judicial empoderado, que ha sido garante de su democracia y orgullo nacional. El Tribunal Superior tiene una jurisdicción amplia y dentro de sus posibilidades de “razonabilidad” puede evaluar la legislación y eliminarla si así lo considera en casos extremos.
Lo que este gobierno israelí propone es, por mayoría simple, circunstancial, cambiar el equilibrio de poderes, aumentando el peso de la rama legislativa y el debilitamiento de los tribunales. Descuidándose así la obligación de preservar los derechos de las minorías.
El equilibrio es la esencia misma
Estas son horas difíciles para Israel y para la calidad institucional de su democracia. Este primer paso de la coalición gobernante no es una buena señal. Pero hay una sociedad movilizada, atenta, principista y esperanzada en que es posible reencauzar y resguardar los valores que hacen de Israel una democracia. También las grandes organizaciones, como el movimiento Masortí-Olami, que ha expresado en su última declaración que inspirados en los centenares de miles de israelíes que han salido a las calles a protestar reafirma que “cambios tan significativos al poder judicial y al equilibrio de poderes de Israel se deben hacer sólo a través de consensos amplios”.
El discurso de Yuval Noah Harari, uno de los mayores intelectuales israelíes, en medio de una multitud en las calles de Tel Aviv, es una constatación de que las reservas principistas de la sociedad están intactas.
Y es alentador también el discurso del presidente Isaac Herzog (21 julio, en el Congreso de EE. UU.), cuando afirma que “nuestra democracia también se refleja en los manifestantes que salen a las calles en todo el país, para alzar enfáticamente sus voces y demostrar fervientemente su punto de vista (…) Aunque estamos trabajando en temas amargos, al igual que ustedes, sé que nuestra democracia es fuerte y resistente. Israel tiene la democracia en su ADN”.
Se trata de un debate profundo, que hace a la esencia democrática de la nación, y que está presionada por una tentación autoritaria, extremista, pero aún en un marco institucional democrático. Debate en las instituciones y en las calles, con un pueblo movilizado pacíficamente. La resolución de esta crisis sólo se puede encontrar del lado de las libertades y la democracia más plena.
