El Congreso Nacional de de Intendentes solicitó ayer la extensión del plazo entre 120 y 180 días para hacer “un análisis cabal y profundo de los diferentes aspectos que permitirán avanzar en una posibilidad de legislación respetando las competencias constitucionales” sobre el proyecto de ley presentado por el senador del Partido Colorado, Adrián Peña, que limita los ingresos en los gobiernos departamentales durante el año electoral.
La resolución, a la que accedió EL TELEGRAFO señala que “en particular” refiere a los artículos 64, 273 y 275 de la Constitución.
El proyecto, que consta de seis artículos, busca equiparar el régimen de designaciones en las intendencias al de la administración central. Esto obligaría a determinar cualquier ingreso por “concurso público y abierto” y sin posibilidad de contratar nuevos funcionarios durante el año de elecciones.
El texto cuenta, por el momento, con el apoyo de los senadores del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Frente Amplio y los nacionalistas Graciela Bianchi y Jorge Gandini.
UNÁNIME
“La decisión fue una postura unánime y así va a la comisión de Legislación del Senado. En mi caso personal, es decir mi opinión, tengo una visión distinta –sobre todo en la constitucionalidad de la propuesta– que elevé al congreso porque se requirió mi asesoramiento”, dijo el secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha.
“Más allá de la intención de transparentar con la aplicación del principio de igualdad –que nadie discute– por su rango constitucional, el tema es la forma y quién tiene la potestad. Si la tiene el legislador o cada Intendencia junto a su órgano legislativo, que son las juntas departamentales”, dijo a EL TELEGRAFO.
Recordó que “hay algún antecedente que tiene sentencia de la Suprema Corte de Justicia, con una sentencia favorable a Paysandú con la Ley 16.127 –designación, ascensos e incentivos para funcionarios públicos– y hay algunas situaciones favorables para analizar con esta propuesta en concreto. Sobre la propuesta del senador Peña, hay que ver su regulación y que sea compatible con las disposiciones constitucionales. Pero esa es mi opinón técnica como abogado, con el estudio de los antecedentes y la aplicación del artículo 64 de la Constitución”.
El artículo mencionado por el jerarca establece que por dos tercios de los votos de cada cámara, se pueden “establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”.
EN PAYSANDÚ
Farinha aclaró que “Paysandú va con la posición unánime del Congreso que elevó al Parlamento. Sin perjuicio de respaldar los principios constitucionales de igualdad y de transparencia, también deben compatibilizar con las autonomías y disposiciones constitucionales que el gobierno departamental autodetermine con el ejecutivo y el legislativo departamental. Porque estos temas ingresan en las categorías que se manejan con discusiones a nivel departamental para garantizar la competencia de cada órgano, como las negociaciones colectivas, que por ejemplo se discuten a nivel sindical”.
“En el caso del gobierno departamental, Paysandú ya tiene consagrado este tema en sus estatutos. Es decir, no es novedoso. Queremos ver si ese análisis se hace en forma exhaustiva para laudar el tema”, precisó.
RAMOS AVISÓ
El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, había alertado sobre algunas particularidades en los contratos en las intendencias. “Si a los intendentes les planteamos pasar de un 70% de ingresos directos a que no los haya, se puede recurrir al fenómeno que utilizan los ministerios de realizar contratos por afuera. Sucede en todos los gobiernos al contratar a la gente por fideicomisos y por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Cumplen tareas permanentes de un funcionario público y después hay que regularizarlos”.
