(TELENOCHE – SUBRAYADO)
Cinco personas –dos efectivos policiales y tres civiles– fueron imputadas este martes por cohecho calificado, tráfico de influencias y asociación para delinquir en el marco del caso del exsenador Gustavo Penadés. Los imputados acordaron con la Fiscalía un proceso abreviado que se cumplirá mediante prisión domiciliaria más libertad a prueba.
La fiscal Alicia Ghione los investiga como implicados en una investigación paralela e ilegal que buscaba “salvar al hombre” y llegar a las víctimas antes que la Fiscalía. La Fiscalía planteó acuerdos abreviados con los imputados y la defensa de las víctimas pidió acción reparatoria. La idea de los imputados era intimidar, amedrentar, amenazar o pagarles algún dinero a las víctimas para que no declararan, indicó la fiscal en la audiencia.
Para Fiscalía no hay dudas que se trató de realizar una investigación ilegal, liderada por Carlos Tarocco para “salvar al hombre”.
“Para todo el equipo fiscal es un gran logro que cinco imputados en el día de hoy hayan salido con la condena”, dijo la fiscal del caso Alicia Ghione. Además, los imputados deberán pagar una reparación económica a tres víctimas y a una denunciante.
“Entendimos que se trataba de actos de corrupción que afectan los derechos humanos”, dijo la abogada de las víctimas, Soledad Suárez, sobre la solicitud de un resarcimiento económico. De acuerdo a la investigación, Gustavo Penadés se encargó de todos los costos económicos. En mensajes que intercambiaban los ahora condenados, se pudo establecer que hubo varias
reuniones para planificar estrategias, y para pedir “oxígeno” (dinero).
A los involucrados se les imputan delitos de cohecho calificado, tráfico de influencias y asociación para delinquir. El 10 de octubre, la Justicia formalizó a Penadés por 22 delitos, entre ellos, la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad y cuatro de abuso sexual especialmente agravado y dispuso su prisión preventiva por 180 días. También fue imputado por tres delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, de desacato, corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor todo en régimen de reiteración real y en calidad de autor.
MAMÓGRAFOS PARA HOSPITALES
(PRESIDENCIA)
La vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia, Beatriz Argimón, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado recibieron a una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encabezada por su director, Rafael Grossi. El Gobierno y la organización acordaron la entrega de cinco mamógrafos y un acelerador lineal a distintos hospitales públicos, en el marco de la iniciativa “Rays of Hope”. El encuentro se realizó en la Torre Ejecutiva, con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, y de Salud Pública, Karina Rando. Además, asistieron el embajador de Uruguay en Austria, Juan Carlos Ojeda; el director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, Gabriel González, y las representantes de la Dirección de Asuntos Multilaterales, Gabriela Maurer-Neuman e Ivana Osores. Tres de los mamógrafos que enviará la OEIA a Uruguay serán destinados al Centro Hospitalario Pereira Rossell, y los dos restantes a los centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en Artigas y Cerro Largo. Asimismo, la organización entregará un acelerador lineal –dispositivo para tratamientos de radioterapia– al Hospital de Clínicas. Este equipamiento permitirá avanzar en la atención del cáncer en Uruguay.
En diálogo con Comunicación Presidencial, Rando valoró el fortalecimiento de los lazos con la OIEA y destacó que el acelerador lineal de última generación permitirá, además de atender a los usuarios de ASSE, formar a los oncólogos radioterapeutas de todo el país. La iniciativa surgió del planteo por parte de Uruguay de la necesidad de disponer de este tipo de equipamiento, durante una reunión que las autoridades nacionales mantuvieron con representantes del organismo en una misión en la ciudad de Viena, Austria, en noviembre.
CRITERIOS PARA DISPONER PRISIÓN DOMICILIARIA
(SUBRAYADO)
El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que establece los criterios para disponer de la prisión domiciliaria. El acuerdo arribado en la coalición de gobierno que en ningún caso es preceptivo, es que el juez, a pedido de parte, previo a informes sanitarios de la persona y la vista fiscal puede o no disponer, explicó la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, autora del proyecto.
La legisladora indicó que el proyecto identifica siete situaciones de especial vulnerabilidad para que el juez tienda a otorgarla, pero queda a su criterio. Estas son: enfermedad, discapacidad, embarazo sin límite, situación de lactancia y hasta los 2 años, madres con hijos a cargo menores de 5 años o mayores si no hay otra persona que se haga cargo, situaciones del entorno que lo justifiquen como el cuidado de enfermos, y los mayores de 65 años cuya “condición biopsicosocial haga que la permanencia en el establecimiento carcelario vulnere su dignidad humana”, sostuvo.
Asiaín aseguró que “todo es mucho más exigido, con determinados delitos más exigencias aún, para que el juez pueda otorgarlas”. La senadora se refirió al aditivo de Cabildo Abierto que la prisión domiciliaria se dispusiera de oficio. “Cabildo volvió con su idea original” que no fue acompañada por la coalición. “Nos parecía que era un traje a medida para favorecer a determinadas personas”, indicó.
Reiteró que es el juez en cada caso que analizará la situación, “no hay que mirar tanto el delito sino la situación de vulnerabilidad”, expresó. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El Frente Amplio votó en contra del proyecto de prisión domiciliaria por considerar que no excluyó los delitos vinculados al terrorismo de Estado. “En la descripción de los delitos no aparece ni la tortura, ni el secuestro, ni la privación de libertad”, afirmó la senadora Liliam Kechichian.
POR LOS ALIMENTOS SIN GLUTEN
(TELEMUNDO)
El Parlamento aprobó por una unanimidad una minuta presentada por el senador del Partido Nacional Juan Sartori y dirigida al Poder Ejecutivo con el objetivo de que “exista una baja de impuestos en los alimentos sin gluten”.
“Los alimentos para los celíacos pueden ser hasta cuatro veces más caros que los alimentos comunes. Esto hace que una dieta para las personas que padecen esa condición sea muchas veces insostenible”, expresó el legislador blanco en su cuenta de Twitter. “Es necesario dar una respuesta”, subrayó.
No es la primera vez que se solicita una medida de este tipo, teniendo en cuenta que los productos sin gluten que hay actualmente en el mercado son más caros en comparación a los productos habituales, y no tienen mayor variedad. El mes pasado, con este mismo fin, un grupo de diputados del Frente Amplio envió una solicitud al Poder Ejecutivo para que se establezca un régimen de devolución del IVA. El grupo de representantes solicitó al gobierno –el único que puede impulsar una rebaja de impuestos– que esto se aplique “en las compras de productos alimenticios libres de gluten que cuenten con certificación expedida por la autoridad competente”. → Leer más