Sin los migrantes que viven en Uruguay, “tendríamos que estar anunciando una caída de población”, indicó el director. Actualmente, residen en el país unas 61.800 personas con cédula de identidad extranjera. En 2011 representaban 2% del total, en la última medición, 3%”. La frase es de Diego Aboal, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 27 de noviembre, cuando se dieron a conocer una serie de datos preliminares del Censo 2023, que como principal dato mostró un crecimiento marginal de la población uruguaya entre 2011 y 2023, de sólo 1%. Esto, anticipó el experto, hace pensar en que se anticipen las proyecciones de reducción poblacional, que en el 2013 se habían trazado para el 2047. En este contexto tiene mucho sentido la iniciativa dada a conocer en este tramo final del año –el 21 de diciembre– por el canciller Omar Paganini, de establecer el primer Plan Nacional para personas migrantes, conformado por un conjunto de herramientas “que permiten generar una estrategia integral, transversal e intersectorial en materia de integración e inclusión de las personas migrantes”, cuyo objetivo es “mejorar la articulación de las políticas públicas nacionales sobre movilidad humana ya existentes”. El plan está dirigido a “personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas”, y constituye un hito para el país al tratarse del primer plan de este tipo.
Se espera que a partir de este plan, basado “en buenas prácticas del país en materia de integración e inclusión de las personas migrantes, se pueda mejorar en la articulación de las políticas públicas nacionales sobre movilidad humana ya existentes, ejecutando una estrategia integral, transversal e intersectorial, con objetivos comunes y acciones concretas definidas como prioritarias, en todo el territorio y a varios niveles de gobierno”, destaca la web de Cancillería. En la elaboración del plan intervinieron la Junta Nacional de Migración –órgano encargado de asesorar y coordinar las políticas migratorias del Poder Ejecutivo–, la Comisión de Refugiados, la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, y la República de Costa Rica.
Algunos de los datos que se incluyen en el planteo de situación incluido en el plan (lógicamente no recoge todavía datos surgidos del censo recién concluido) muestra que la cantidad de solicitud de residencia iniciadas prácticamente se duplicó entre 2014 y 2022, al pasar de las 10.446 a 20.542. Refiere además a los países de nacionalidad de los solicitantes de residencia en el periodo en este período considerado 2014 – 2022, observándose que los principales son Argentina (35,6%), Venezuela (17,8%), Cuba (11,3%) y Brasil (10,7%), seguidos por Colombia (4,5%) y Perú (3,8%), “que en conjunto representan casi el 84% de los orígenes”. Menciona especialmente que en los últimos años “se ha registrado un crecimiento notable de los flujos de venezolanos, tendencia coincidente con otros países de la región”. De hecho en el 2017 ocuparon “por primera vez el principal lugar como solicitantes de residencias totales y Argentina –históricamente la de mayor cantidad de solicitudes– quedó relegada al segundo lugar, situación que se mantuvo hasta el año 2019 inclusive. Luego apareció la pandemia como factor distorsionante. En el año 2021 “muchas personas venezolanas ingresaron como solicitantes de refugio y representaron para ese año, como año excepcional, el 71% del total de solicitudes. En el 2022 para este origen nacional se observó un descenso notable de dichas solicitudes y un aumento del inicio del trámite de residencias permanentes en el que representó el 19% del total”. Argentina, en número absolutos, “tuvo un incremento notable entre los años 2020 y 2022. En el 2020 respecto al año anterior fue del 68,5% y del 2021 con relación al 2020, del 85%. Si se considera el período 2014–2022, el 60,5% por ciento del total de residencias iniciadas por este país de nacionalidad fueron solicitadas en los últimos tres años (2020–2022)”. En cuanto a Brasil, en este período “mantuvo una cantidad estable de solicitudes, con excepción de los años 2020 y 2021, en los que descendió, para volver a valores importantes en el último año”.
Esto, indudablemente, ameritará en el devenir de los años un estudio pormenorizado sobre el impacto que ha tenido en la elección por Uruguay el manejo que se hizo de la situación de emergencia durante la pandemia con la política de “libertad responsable” que marcó un contraste fuerte respecto a cómo se la manejó en otros países, por ejemplo en la Argentina, donde las medidas de distanciamiento social fueron más rigurosas. Pero volviendo al plan, el concepto general lo puso durante la presentación el canciller Paganini, al afirmar que “Uruguay es un país de migrantes”, en el sentido de que “todos tenemos raíces afuera de nuestro país y no tantas generaciones atrás”. En la misma línea, Uruguay también ha sido en varios períodos un país que “exporta” habitantes, y quien más, quien menos, muchos tenemos familiares o amigos que se han radicado en el exterior. “La movilidad humana ha sido una parte central de nuestra historia, y se refleja en cómo está conformada nuestra población, en los aspectos económicos, sociales, culturales, y también por qué no, políticos, porque nuestra democracia tiene mucho de los aportes que vinieron de otras tierras”, agregó, antes de plantear esta situación como “una puerta a nuevas oportunidades de desarrollo”. Esto traerá cambios, por supuesto, cambios culturales que iremos viendo, como hemos visto incrementarse la oferta gastronómica y coexistir en las ferias a las clásicas tortas fritas, churros y pasteles, con arepas, tequeños y otras novedades. Pero también otros cambios más preocupantes que iniciativas como esta presentada por el Gobierno tienen que ayudar a evitar o prevenir. → Leer más