Año: 2023

Los analistas técnicos del mercado de trabajo han advertido en las sucesivas administraciones que la problemática del empleo en Uruguay radica en las diferencias por la calificación educativa, entre otras cuestiones. Es una tendencia que atraviesa a distintas generaciones y no mejora las estadísticas, sobre todo, en determinadas poblaciones. No obstante, los protagonistas políticos reiteran que las variables del desempleo responden a las buenas –o malas– políticas de un gobierno. Las variables únicas no existen o, visto de otro modo, no se puede establecer un vínculo directo entre la pobreza y el desempleo y los magros resultados en el sistema educativo.
Y, como nunca antes, las oportunidades de mejorar las trayectorias educativas han llegado a las diversas regiones del país, con aumento sostenido en las matrículas y en las ofertas de formación orientadas a distintas franjas etarias.
Sin embargo, la capacitación en determinadas áreas no prende en las clases sociales más bajas, que son quienes más necesitan continuar en el sistema educativo y por alguna razón se desvinculan para acceder a trabajos con menores pagos, de baja calificación o en la informalidad.
Podría asegurarse que el índice de empleo-desempleo en Uruguay oscilará en las cifras actuales a nivel general, con un piso en los guarismos actuales y un techo que cambiará según la coyuntura. Por ejemplo, en el año 2002, el desempleo se elevó de 10% a 17%, enmarcado en un impacto que venía de años previos, sumado a la crisis de la región.
Con la llegada de la pandemia, el impacto económico, social y político tomó otras dimensiones sobre los guarimos siempre sensibles de Uruguay y tan expuesto a las perturbaciones externas, como es el mercado de trabajo. En cualquier caso, también hubo que cambiar la modalidad de mediciones de estos impactos, para evitar caer –nuevamente– en lecturas lineales. La crisis sanitaria de alcance mundial detuvo el desarrollo de la región, sumergió a las economías primarizadas y esa realidad hoy, aún subyace.
A nivel territorial, las oportunidades de trabajo en nuestro país se encuentran en la zona sur y área metropolitana. Ese panorama –que es histórico–, no ha cambiado sustancialmente y remarca las diferentes realidades de los departamentos, agudizado en el norte del país.
Pero en la región litoral noroeste la frontera con Argentina y la diferencia cambiaria –que por cierto, lleva varios años–, crean un microclima adverso al desarrollo que no se va a resolver en el corto o mediano plazo. El vecino país cerró el año con una inflación del 95% o un 8% mensual, que es aproximadamente lo que Uruguay registró en el año, en promedio. Y de plano, no es posible generar medidas que compatibilicen con esos números, viviendo al lado. Como resultado, las ciudades litoraleñas con conexión terrestre con Argentina están sufriendo una sangría de divisas imparable debido al contrabando y “bagayo”, provocando una situación crítica para las economías locales.
Por otro lado, el nivel educativo de la media de la población no está a la altura de las exigencias de los nuevos mercados de trabajo, a pesar de las oportunidades académicas o de capacitación que se acercan a los territorios. Porque la matrícula de estudiantes que se incrementa año tras año por sí misma no dice nada. Si un estudiante no se sostiene en el sistema educativo, es decir no egresa, la trayectoria no se completa y por lo tanto se dificulta su inserción laboral en lo que estudió. Por eso, es posible ver a estudiantes con algunos años de tecnicaturas o de facultad en empleos de salarios medios o bajos.
Hay grandes diferencias entre la oferta –personas que buscan empleo– y la demanda de habilidades. Un claro ejemplo de eso es la creciente demanda en el mercado de profesionales que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas. Y, si ante la solicitud de personal para un puesto de empleo se presentan centenares de personas, esa respuesta solo demuestra la necesidad de trabajo existente en el departamento y no necesariamente que todos los postulantes tengan la capacitación que requiere una empresa.
El otro tema es la “desigualdad de oportunidades para el género” que seguirá dándose, conforme a que los sectores industriales que presentan las grandes demandas y oportunidades laborales, se muevan en las distintas zonas del país.
Eso también requiere que se movilicen los trabajadores especializados y en los últimos años –así como en los próximos– continuará incrementándose la inversión industrial con la radicación de sus capacidades en diversas zonas del interior del país.
Por lo tanto, el problema del país no es el empleo sino la visión que hay sobre el empleo y sus complejidades. Por ejemplo, la exigencia de determinadas habilidades, la instalación de las industrias según su actividad y las zonas donde se ubiquen esas inversiones, son variables a tener en cuenta para medir el desempleo en Uruguay.
El Monitor Laboral de Advice –consultora de recursos humanos—publicó el año pasado que hubo un descenso del 10% en la demanda de trabajo en el país. Sin embargo, se incrementó 73% la demanda del trabajo más calificado o de talento.
Hoy el talento se encuentra en las TIC o Tecnologías de la Información y Comunicación, Marketing con orientación digital e Ingeniería, con grandes demandas laborales. Es así que la escasez de talentos impacta en los salarios y es la razón de la búsqueda de perfiles en el exterior.
Hay que hacer un cambio en la percepción y en el relacionamiento de la oferta de empleo actual con los talentos que se capacitan y requieren, para comenzar a modificar las variables incómodas del desempleo en una región noroeste que si no se reconvierte, languidecerá con los ojos abiertos.

Durante la última semana del 2022 asistimos a uno de esos tantos debates puramente montevideanos que quienes vivimos en el interior terminamos viendo casi como una curiosidad porque en general termina no afectándonos en lo más mínimo, pero que se cuelan entre las principales noticias de los medios capitalinos. Hablamos, claro, de la prohibición de circular en bicicleta en la vereda de la rambla de Montevideo. Sintéticamente lo que pasó fue que entró en vigencia esta prohibición, que ya existía, y se colocaron los letreros correspondientes. Esto, en los hechos, dejó sin espacio por donde transitar montado en bicicleta –y los letreros lo ilustraban con una persona de pie, con una bicicleta al costado, a modo de recomendación– ya que no es una opción compartir la calzada en una vía en la que los automóviles están autorizados a circular a velocidades más altas que en una calle cualquiera, con tramos de 60 y hasta de 75 kilómetros por hora (más rápido que en ruta e a la altura de la escuela de Guaviyú, por ejemplo). Grupos de usuarios de la bicicleta como medio de transporte diario han reclamado por esta situación y, de paso, insistieron en la necesidad de mejorar la conexión entre los tramos de ciclovía que existen desperdigados por la trama urbana, desvinculados entre sí.
Fruto de este nuevo debate han vuelto al tapete algunas viejas y perpetuas discusiones, como el espacio que ocupa el tránsito vehicular y la cantidad de personas que desplaza y el por qué el transporte urbano no es una alternativa sólida que ayude a descomprimir unas calles que, al menos en determinados horarios, se vuelven un caos, como habrá comprobado quien haya tenido que viajar a Montevideo en vehículo propio.
Es de esas discusiones que parecen no avanzar pese a los años y, sin que cambie mucho la situación de los usuarios, los gobernantes celebran cada pequeña mejora y los opositores reprochan cada revés, en una ciudad que poco y nada se ha hecho de obras y ordenamiento para solucionar un problema que viene de hace décadas.
Pero qué ocurre en Paysandú con estos temas. Aquí, como en Montevideo, la bicicleta se asocia como un medio para el disfrute, para el paseo, y no como una herramienta para desplazarse por la ciudad para ir a trabajar o a estudiar, como lo hacen a diario cientos de sanduceros. Para comprobar esto solo hace falta ver dónde están ubicadas las ciclovías que se han construido hasta ahora: en la costanera y a la vera de la Ruta 90.
La circulación en bicicleta está prohibida por el centro de la ciudad, en las calles 18 de Julio –paradójicamente llamada “semipeatonal”– y Leandro Gómez. Sería interesante que se estudiara qué medidas podrían o deberían tomarse para fomentar la circulación segura de bicicletas en Paysandú y posiblemente la de las ciclovías no sea la primera en la lista de prioridades del público y se ubique detrás de los espacios de estacionamiento seguros, para tener una mínima tranquilidad de que el vehículo va a estar ahí para regresar a casa.
Más interesante aún sería explorar la manera de dar un impulso al muy buen servicio de transporte urbano que ofrece Copay, con unidades modernas, cuidadas, puntuales y a un precio bastante accesible. Sería necesario realizar este estudio para determinar cuál es el factor clave para que más sanduceros opten por este medio para moverse en la ciudad, y ahí hay muchas alternativas para estudiar. Acaso tener un boleto que permita hacer más de un viaje, como el de 2 horas que tienen en Montevideo, ideal para ir al centro a hacer un trámite y regresar al lugar de origen por el mismo precio. También hay un problema de información. Y no es que la empresa no presente información en su página, que sí lo hace, pero no en un formato amigable para el usuario. Hoy, con la tecnología disponible con una inversión relativamente baja se podrían colocar en las paradas letreros digitales que indiquen cuánto demora en pasar el próximo ómnibus, como en el Metro o el Subte. No digamos que sea una inversión que deba asumir la empresa, podría hacerlo la Intendencia mediante una postulación a algún fondo de innovación o planteárselo como destino de algún proyecto de desarrollo con los recursos previstos en las partidas presupuestales que llegan desde el Gobierno Nacional, o incluso hacerlo mediante fondos internacionales considerando que se trata de un proyecto que ayudaría a la sostenibilidad. Otra opción muy interesante sería que el desarrollo de este sistema se planteara como un concurso de ideas entre estudiantes de informática y de tecnología aplicada de los centros de estudio que ofrecen carreras de este tipo en Paysandú. Sería un aliciente muy importante y una buena forma de promover un emprendimiento local para desarrollar un sistema que podría luego ofrecerse a otras ciudades.
Tal vez surja la pregunta de si la Intendencia debe involucrarse y destinar recursos a este fin. Ese cuestionamiento puede aparecer entre quienes entiendan que de esta forma se está beneficiando a una empresa privada con el uso de recursos públicos. Claro, estamos hablando de una empresa auténticamente local, que aporta mano de obra a los trabajadores sanduceros y que presta un servicio público en Paysandú. Pero si no bastara con ello, de lo que estamos hablando es de un servicio público de transporte, imprescindible para el funcionamiento de una ciudad organizada y cuya mejora redundaría en beneficios para todos, porque disminuiría la concentración de vehículos en el tránsito y las emisiones contaminantes. No solo está justificado, es una obligación de la Intendencia ver la forma de mejorar los desplazamientos en la ciudad.