La recolección de firmas que impulsa el Pit Cnt y un grupo de figuras políticas del Frente Amplio constituye un espectáculo donde todo parece deslizarse sin prisa, pero sin pausa a un profundo abismo. Ambos están jugando a la ruleta rusa con un revólver que tiene su cargador lleno, por lo que resulta imposible siquiera dudar sobre cuál será el resultado de esa macabra hipoteca multimillonaria que deberá afrontar el país. Para ello habilitar el plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social se necesita recolectar 270.000 firmas, para lo cual tienen tiempo hasta el 27 de abril. A modo de ejemplo, el Partido Socialista y su secretario general, Gonzalo Civila, han sido también grandes defensores de la recolección de firmas. A ellos se suma la precandidata frenteamplista e intendente de Montevideo, Carolina Cosse, quien ha manifestado que firmó la iniciativa, pero llamativamente (y de manera conveniente para su campaña electoral) no se pronunció sobre el contenido de la enmienda constitucional que impulsan los sindicatos. El cinismo político en su máxima expresión.
Por su parte, el senador Mario Bergara, quien discrepa abiertamente con la ley vigente, ha manifestado en varias ocasiones su oposición a la recolección de firmas que lleva adelante el Pit Cnt y sus satélites frenteamplistas –que son lo mismo–, expresando que “tener las cuentas individuales con nombre y apellido de trabajador permitió que en la crisis de 2002 a nadie se le ocurriera decir ‘vamos a echar mano a esa plata porque estamos en la ruina’, porque estaba claro que esa plata no era del Estado uruguayo”, afirmó.
Según recoge La Diaria, consideró que avanzar en los “parámetros planteados en la papeleta” del plebiscito que impulsan el Pit Cnt y otras organizaciones sociales sobre la seguridad social “va en la dirección contraria de la sustentabilidad fiscal. Hoy hay un millón y medio de cuentas individuales con el nombre y apellido de los trabajadores y las trabajadoras. No estamos de acuerdo con que esas cuentas se diluyan en un fondo común, por más que eso se vuelque al pago de jubilaciones, porque sabemos que tenemos un sistema totalmente deficitario. Según Bergara, las AFAP protegen los ahorros de las personas en situaciones de crisis”. El senador sostuvo que otra discrepancia con el contenido de la papeleta es que al consolidar los derechos preexistentes “consolida los privilegios”.
Bergara expresó que no “queda clara” la postura de la intendenta de Montevideo sobre el fondo del asunto. Además, dijo que “no ve la lógica” en la idea de Cosse de que el tema vuelva a discutirse en la Asamblea General, ya que los legisladores que componen este órgano “son los mismos que mayoritariamente aprobaron la reforma jubilatoria que nosotros queremos revertir”.
Mientras tanto el expresidente de la República del MPP, José Mujica, y el precandidato presidencial frenteamplista, Yamandú Orsi, se mostraron contrarios a la idea de un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Mujica señaló que “es un terremoto cambiar la Constitución” pero que al sistema jubilatorio “hay que toquetearlo a cada rato por el cambio en la naturaleza del trabajo”, por lo que no resulta conveniente incluir las cláusulas en el texto de nuestra carta Magna.
El economista y socio de la consultora uruguaya Exante, Pablo Rosselli, elaboró un resumen de los argumentos detrás del rechazo a la iniciativa de la central sindical, la cual calificó como “una pésima iniciativa, regresiva y temeraria”. Sus críticas se suman así a una larga lista de detractores que incluye, incluso, a la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings. En un hilo en X —antes Twitter—, el especialista sostuvo que “es una muy mala idea introducir regulaciones de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debe utilizarse para establecer las grandes reglas del ordenamiento jurídico”. Rosselli aseguró que “la reforma constitucional es profundamente regresiva”. En primer lugar, porque “son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años de edad”, mientras que “las de menores ingresos deberán trabajar más allá de los 60 años, aunque se apruebe esta reforma.
Otro argumento para sostener la idea de regresividad fue que “actúa en perjuicio de las generaciones más jóvenes, que son quienes más padecen la pobreza y el desempleo y que deberán soportar una mayor presión tributaria” para sostener un sistema previsional ampliado por la edad mínima jubilatoria de 60 años –que la reforma de la seguridad social elevó a 65 años, justamente, para garantizar la sostenibilidad de dicho sistema–.
En tercer lugar, Rosselli señaló que, además, “la indexación de las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo, como pasaba hasta 2005”.
“La reforma es temeraria porque plantea un fuerte aumento instantáneo del gasto público (suba de pasividades mínimas) y una enorme inseguridad jurídica, no sólo por la confiscación de los ahorros administrados por las AFAP sino porque también pone en duda la reforma de 1996”, consideró el socio de Exante, que también advirtió: “Si este proyecto de reforma constitucional terminara siendo aprobado, el próximo gobierno deberá gestionar una herencia compleja para las finanzas públicas y deberá dedicar mucho esfuerzo político a encontrar una solución legislativa que cumpla con la Constitución”.
Por su parte el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), economista Ignacio Munyo, ha sido igualmente claro con la propuesta: “El Pit Cnt propone retroceder 30 años para deshacer dos reformas previsionales que han recibido reconocimiento global (1996 y 2023) y condenar al próximo gobierno a lidiar con las enormes consecuencias negativas que ello implica. La iniciativa es muy fácil de vender: ofrece aumentar el pago mínimo por pasividades y asegura que ninguna jubilación ni pensión sea inferior al valor del salario mínimo nacional; todo sin reducir los montos jubilatorios de la casi totalidad de las personas. La propuesta es tan populista como retrógrada al reducir la edad jubilatoria a 60 años, exigiendo 30 años de servicios; condiciones similares a vigentes en 1904, cuando la esperanza de vida era 27 años menor que la actual”, comenzó el economista. Y añadió: “A su vez, con una ceguera ideológica que nubla la realidad, se propone eliminar el ahorro individual jubilatorio y la confiscación de los fondos de cada trabajador que gestionan las AFAP, para que pasen a la bolsa del BPS, borrando la identificación de la propiedad individual”.
Al igual que el barco más famoso de su tiempo, el lujoso Titanic, los promotores de esta irresponsabilidad institucional no están haciendo caso a las señales que se presentan en una trayectoria que todos sabemos cómo termina. En caso de que resulte aprobada la reforma propuesta esos promotores tampoco se harán responsables de sus trágicas consecuencias para los uruguayos, así como tampoco del descrédito que sufrirá nuestro país y de los juicios multimillonarios que enfrentará y perderá ante los accionistas de las AFAP, siguiendo el mismo camino que Argentina, la cual acaba de perder un juicio internacional por la nacionalización de las AFJP –similar a las AFAP—durante el gobierno de Cristina Kirchner. Nada de eso importa, sólo ponen su atención en los réditos electoralistas y de corto plazo. Así, los radicales que manejan a su antojo al Pit Cnt y la cúpula del Frente Amplio –que insistimos, son la misma cosa—vuelven a torcerle el brazo a toda la coalición de izquierdas. Siguen al mando de “su” Titanic mientras el país permanece cautivo de un final tan trágico como previsible.
