(X-Subrayado)
Como se informara ayer, el gobierno decidió cancelar el proyecto Neptuno y construir en su lugar una planta potabilizadora en la cuenca del Río Santa Lucía. Al respecto, el expresidente Luis Lacalle Pou utilizó la red social X para expresarse sobre el punto.
El exmandatario publicó un mensaje en el que expresa que “el proyecto Arazatí se planificó hace muchos años. Yo lo conocí al principio de los años 2000 cuando era diputado”. “Cuando empezamos nuestro gobierno lo anoté en el pizarrón de prioridades. Después de la pandemia aceleramos las gestiones para disparar el procedimiento, y sobre el final del mandato pudimos firmar el contrato”, continuó.
Con referencia a la resolución tomada por el actual Poder Ejecutivo, opinó: “el gobierno toma una decisión netamente política y técnicamente desacertada”, que “no diversifica la fuente de agua que es vital, utilizando la misma cuenca. Demorando así muchos años en obtener esa supuesta reserva”.
Lacalle Pou escribió también: “Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos”, y concluye afirmando que ”la responsabilidad es del presidente Yamandú Orsi y su equipo”.
El viernes, en la conferencia en la que el gobierno oficializó la modificación del proyecto Neptuno, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, subrayó que con la incorporación de 200.000 metros cúbicos más de potabilización y la futura construcción de la represa de Casupá “con represamiento de agua potable, de agua bruta”, se da “garantía” y “robustez” al sistema de abastecimiento.
Por otro lado, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, comparecerá el lunes 4 de agosto ante la comisión especial del área de la Cámara de Diputados para dar explicaciones al Parlamento sobre el proyecto Neptuno y la decisión del gobierno de dejar sin efecto la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí.
“Días atrás, el ministro Edgardo Ortuño, luego de varios idas y vueltas, le confirmó a la Comisión de Ambiente que el lunes 4/8 comparecería a la misma para informar sobre el proyecto Neptuno. Habiendo sido invitado para que viniera en julio, ahora entendemos por qué nos pateó la pelota pa’delante”, afirmó el diputado del Partido Nacional e integrante de la comisión, Juan Martín Rodríguez.
Los diputados de la comisión remitieron la invitación a Ortuño y a las autoridades de OSE para reunirse el 10, 17 o 24 julio tras la comparecencia de integrantes de la intersocial Montevideo Oeste el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en la que manifestaron a los legisladores una “gran preocupación” por el avance del proyecto y que advirtieron con respecto al daño productivo, medioambiental y social.
“Desde el Partido Nacional luego de escuchar las explicaciones del ministro, evaluaremos los pasos a seguir”, adelantó Rodríguez.
INTENDENCIA DE SALTO ACUSA A ADMINISTRACIÓN ANTERIOR POR DEDUDA DE U$S 7,4 MILLONES
(ÁMBITO)
La flamante gestión de la Coalición Republicana (CR) en Salto, a cargo de Carlos Albisu, acusó que la administración del Frente Amplio (FA), por entonces comandada por Andrés Lima, les dejó una deuda por 300 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares), contraída por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).
El secretario general de Salto, Walter Texeira Núñez, advirtió que la Intendencia se encuentra sumida en “una situación de crisis profunda, tanto desde el punto de vista financiero como operativo en varios sectores”, poniendo el foco en el préstamo de 300 millones de pesos del BROU. “Se trata de un préstamo cuya garantía fueron vales entregados por la anterior administración y cuyo vencimiento fue el 30 de junio, es decir, al finalizar el período de gobierno anterior”, cuestionó el director de Hacienda local, Nicolás Irigoyen, quien consideró que “esa garantía vencida deja a la Intendencia expuesta a que el banco ejecute el cobro de la deuda de forma inmediata”.
NUEVA ETAPA EN CASO DE CONEXIÓN GANADERA
(LA DIARIA)
Tras la formalización del proceso contra los socios de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda del socio fundador fallecido Gustavo Basso, se abre una nueva etapa en la causa, en la que se investigan varios delitos que aún no fueron imputados y personas que participaron en la operativa de la maniobra que dejó a 4.300 damnificados, con un pasivo estimado en 250 millones de dólares.
La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, imputó a Carrasco por un delito de estafa y lavado de activos disponiendo 180 días de prisión preventiva, mientras que Iewdiukow y Cabral fueron imputados por un delito continuado de estafa en calidad de autoras, con prisión domiciliaria como medida cautelar.
En la solicitud de formalización, el fiscal Rodríguez señaló la responsabilidad de los tres investigados en la operativa de Conexión Ganadera. “Carrasco junto con su socio Basso eran los líderes y verdaderos alma máter del negocio y de las empresas involucradas; fueron ellos los que entablaron relación hace más de dos décadas y fueron ellos los que idearon, emprendieron y promocionaron la operativa comercial”.
El fiscal señaló que, si bien Iewdiukow y Cabral tuvieron al principio “una participación accionaria mínima”, del 5% y luego del 31 de mayo de 2024 del 25%, “indudablemente tuvieron participación en varios aspectos de la actividad comercial”. En el caso de Cabral, Rodríguez la señaló como responsable del libramiento de cheques y tareas vinculadas a la verificación de pagos, además de la firma de los contratos de Conexión Ganadera en representación de la tomadora de ganado, Don Coraje. En el caso de Iewdiukow, el fiscal dijo que su participación estaba concentrada en la administración de los campos de Hernandarias XIII, antes y luego de ser arrendados, pero “también tenía una participación en la cría y explotación del ganado, dada su condición de ingeniera agrónoma”, y subscribía los contratos en representación de Hernandarias XIII.
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