Mes: agosto 2025

Entre mucho ruido, resuenan fuerte los reclamos de que se incluya en el presupuesto el impuesto “al uno por ciento más rico” del país, según sus promotores, para contar con recursos para supuestamente financiar medidas para erradicar la pobreza infantil.
Sin embargo eso es solo una maniobra distractiva para hacer las delicias de la tribuna adicta, en una reafirmación nostálgica de la lucha de clases, con lo que no está de acuerdo el ministro Gabriel Oddone, por considerarlo de difícil aplicación, tanto como de rendimiento en eventuales recursos, además de que sería un pésimo mensaje para los inversores.

En cambio, el ministro se allanó aparentemente a los reclamos de comerciantes con relación a los perjuicios del “efecto TEMU”, mediante la aplicación del IVA a los bienes que se importen directamente desde el exterior, mediante el uso de las compras por Internet, debido a que entienden los empresarios que es una competencia desleal que afecta su situación por la merma de la demanda interna.

Y aquí queda expuesto, que en realidad de lo que se trata es de aplicar a este ingreso de paquetes un nivel impositivo más o menos similar –aunque tal vez algo menor–, a lo que se aplica en Uruguay desde hace décadas a lo que viene desde el exterior, que provoca que lo que en otros países se pague 60, en Uruguay se pague 100, y así tengamos bienes importados con costos exacerbados en dólares, uno de cuyos ejemplos más claros es el de los vehículos, entre la generalidad de bienes afectados.

Y todo ello para recaudar mediante impuestos que permitan sostener al Estado, que demanda más y más recursos cada vez, por sus costos fijos pero también porque cada gobierno ha gastado por encima de las posibilidades del país, y el déficit fiscal sostenido es una clara prueba de ello.
El actual ministro de Economía y Finanzas no cuenta con mayor margen de maniobra para encaminar un presupuesto austero sin afectar la aplicación de las promesas formuladas en la campaña de gobierno, por cierto, y mucho menos con el presente griego que le arrojó de entrada su fuerza política.
Viene al caso, en esta instancia presupuestal, traer al ruedo reflexiones al respecto formuladas por el exdirector del Banco Central del Uruguay Ec. Julio de Brun, al semanario La Mañana, en el sentido de que “creo que un país no debería gravar rentas que estén fuera de la instancia, del principio de territorialidad, porque hay también una cuestión de justicia que tiene que ver que más allá de que una persona tenga una capacidad contributiva, está en otro país y por lo tanto recibe los beneficios de otro Estado. Es ese otro Estado el que debería gravar esas rentas, y no así Uruguay, que a quienes generen rentas en el exterior no les aporta absolutamente nada”.

Es decir, lo que se diga que se puede hacer en este sentido como medida para recaudar es tan intrascendente como contraproducente. En cuanto a la realidad, al déficit fiscal y al desequilibrio entre ingresos y egresos, el Ec. De Brun es bien claro: “si miramos los números con atención, podemos ver que tenemos una situación fiscal que va camino a preocupante, y por otro lado, en materia de gastos, ya antes de empezar a discutir el presupuesto parecería que hay una batalla que el Ministerio de Economía ha dado por perdida, que es justamente de tener alguna especie de contención en materia de gasto público.

Entonces, por un lado uno ve que el gasto va a seguir creciendo más rápido o menos rápido, pero de todas maneras va a seguir creciendo y probablemente, más de lo que crece el producto (PBI). Si no se aumentan mecanismos de recaudación, ya sea por fiscalización o por creación de nuevos impuestos, o por aumento de impuestos existentes, Uruguay va camino a una situación fiscal comprometida, que dependerá de cómo sea la situación económica en los próximos años”.

Pero hay un punto que todavía está a oscuras, y es el rumbo de la economía que pretende el Frente Amplio, y ello se da porque además de los problemas intrínsecos del país, hay un tironeo interno entre sectores del partido de gobierno, como es vox populi. Lo resume el Ec. De Brun: “hay sectores del gobierno que quieren una cosa y hay sectores que quieren otra. Yo creo que el ministro de economía tiene un apoyo político fundamentalmente en lo que hoy sería el MPP, por lo menos culturalmente.

Y el MPP parece más inclinado a las fórmulas que propone el ministro que a las que están proponiendo, por ejemplo, el Partido Comunista o los socialistas. Por eso es más probable que en el Presupuesto aparezcan las modificaciones tributarias que propone el ministro de Economía y no la del llamado impuesto a los ricos”. Resume además que “después habrá que ver qué fortuna tiene la actuación del ministro de Economía en los próximos años, y ahí dependerá un poco de lo que es su situación o su sostenibilidad a largo plazo. Pero yo creo que hoy por hoy no está cuestionado”.
Lo que sí es seguro y está comprobado, es que afortunadamente durante sus gobiernos las políticas económicas de la izquierda en el poder siguieron los lineamientos y conducción de ministros como Danilo Astori y/o sus directos colaboradores, y ahora de Gabriel Oddone, lejos de los Olesker, los Castillo o los Civila, afectos al gasto estatal desenfrenado para hacer desaparecer como por arte de magia –un delirio total– los problemas que nos tienen atenazados desde hace mucho, demasiado tiempo.

Pero aún tan o más importante que eso es la suerte que nos toque: ojalá que se dé un escenario como en los primeros gobiernos de la izquierda, que duró hasta el 2014, de la ola favorable de los años en que los precios internacionales de nuestros commodities estaban por las nubes, y no se nos venga algo equivalente a una pandemia como la que tocó pasar al anterior gobierno, por citar extremos.
Y ello simplemente porque nuestros mayores problemas son de orden estructural, y por ende imposibles de revertir en un solo período de gobierno, por mejor ministro que tengamos.

Porque como señalara De Brun, –y como hemos sostenido repetidamente desde esta página editorial– se gasta por el Estado más de lo que se recauda, y mal, una realidad contra la que de nada sirven los discursos para salir del paso, sino los hechos, que son lo que marcan la cancha, y que han estado ausentes hasta ahora.

A instancias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se llevó a cabo una charla informativa titulada “Herramientas para una regulación inclusiva del trabajo mediante plataformas digitales”, un evento en el que participaron el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, y la asesora de la Inspección General del Trabajo, Rossana Mendina, y en la que se abordaron los alcances del reciente decreto 145/25, que reglamenta la ley 20.396.

Este decreto introduce cambios significativos en las reglas bajo las que pueden funcionar estas plataformas, en especial la que regula el vínculo entre las empresas y los trabajadores que ejecutan las tareas demandadas por los clientes. Define, por ejemplo (Artículo 2), que “la prestación de trabajo en empresas que utilicen plataformas digitales podrá realizarse mediante relaciones contractuales de carácter dependiente o autónomo”. A efectos de determinar esto, aclara que “se tendrán en cuenta los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes”.

Además establece una serie de obligaciones para las empresas “titulares de plataformas digitales que faciliten servicios de entrega o reparto de mercancías”. A partir de este decreto “deberán contar con locales adecuados para cumplir con las obligaciones de bienestar según lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley que se reglamenta”. Indica además características que deberán tener estos locales: “tendrán previstas áreas destinadas a servicios higiénicos, resguardo personal y alimentación para uso de quienes presten tareas de reparto o transporte de manera dependiente o autónoma, sin perjuicio de los acuerdos arribados entre las partes que configuren alternativas más beneficiosas para el trabajador, todo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 406/988, de 3 de junio de 1988”. Del mismo modo estipula que estos locales “tendrán asimismo espacios adecuados para el estacionamiento de los vehículos empleados para el trabajo, cuando correspondiere”.

Cambia totalmente el escenario y el modelo de negocio de estas plataformas, acercándolo o encuadrándolo en esquemas más tradicionales, a formatos que han sido exitosos justamente por hacer las cosas diferentes aprovechando las ventajas de la tecnología. En la misma charla se mencionó reiteradamente en términos de “los desafíos que plantean las nuevas formas de empleo en el marco de la transformación tecnológica”. La solución que encontramos en Uruguay es transformarlos en formatos tradicionales que ya entendemos. Son cosas que no están pensadas para funcionar así como pretendemos. Aunque es cierto que se necesitaba algún tipo de regulación, sobre todo porque había responsabilidades que no terminaban de quedar claras en el vínculo, la solución que se adoptó fue llevarlo a una cancha que ya conocemos. Así que ahora una empresa que originalmente debía prestar el soporte informático, el software, para que una persona que quisiera comprar una pizza encontrar quién se la lleve desde la pizzería hasta el domicilio, ahora también tendrá que tener locales con baño y estacionamiento.

El objetivo de la charla fue “difundir los contenidos del decreto 145/25” y darlo a conocer a “los trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas en las plataformas digitales” y fue organizada a través de la Unidad de Migración y la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS). Barretto señaló que “nos toca reglamentar una ley cuyo contenido básico nos resulta absolutamente insuficiente”, recordando que no recogió las observaciones técnicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. A pesar de ello, afirmó que el decreto busca “facilitar la aplicación de la mejor manera posible bajo el presupuesto de que no entendemos que las actividades de reparto y de transporte constituyan actividades absolutamente novedosas, sino más bien servicios tradicionales con necesidad de adaptación normativa”. Pero es que el problema no está en que sean actividades más viejas que el comercio mismo, quizás, sino en una forma novedosa de adjudicación del trabajo y por lo tanto del vínculo laboral. Algo contra lo que el decreto apunta haciendo desaparecer el sentido original de estas plataformas que reemplazó la lógica de que cada comercio tiene una persona contratada para repartir. Antes el cliente debía esperar que esa persona hiciera su recorrido y volviese al local a hacer otro reparto. El sistema de la plataforma hizo que cada comercio tuviese disponibles tantos repartidores como la oferta/demanda dispusiese, mediante el cobro de una comisión. “La gran discusión es si estamos ante trabajo autónomo o trabajo dependiente. No encontramos ninguna razón válida para generar una tercera categoría”, dijo Barreto, que valoró que el decreto incorpora los criterios de la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), brindando herramientas a jueces, BPS e IGTSS para evaluar la naturaleza de la relación laboral. Pero es que la misma OIT en estos momentos está realizando un relevamiento a escala mundial sobre las políticas de regulación que se han seguido para estas plataformas para ver qué es lo que ha funcionado y cómo.

Mendina, por su parte, valoró que la norma establezca “niveles mínimos de protección para los trabajadores, asegurando condiciones justas, decentes y seguras”. Además dijo que “estas tecnologías vinieron para quedarse, y no son en sí mismas ni buenas ni malas. Es el uso que hacemos de ellas lo que va a determinar la manera de conducirnos, sin dejar de contemplar los derechos que como personas tenemos”.

En Uruguay nos hemos vuelto especialistas en hacer este tipo de cosas, en hackear la forma en que funcionan estos negocios para hacerlos encajar en la lógica que tenemos y conocemos. Así se logró que Uber —que opera en Montevideo—, que en todo el mundo abarató y mejoró las condiciones del transporte para beneficio de los usuarios, tenga un número acotado de personas que puedan trabajar, requieren de una habilitación y se liberan pocos cupos. Eso provoca que en determinados horarios la demanda sea mayor que la oferta y los precios sean altos, es decir, hackeamos el sistema para que se convirtiesen en meros taxis —sin mampara, eso sí—, y algo parecido queremos hacer con AirBnb para que se vuelva una inmobiliaria de las de siempre.

Que se entienda, no está mal el propósito de buscar más garantías para los trabajadores y, llegado el caso, también para los clientes —que en el caso de los delivery están en ambas puntas de la cadena—, pero esta idea de hacerlos encajar en modelos que conocemos puede hacer poner en dudas la afirmación de que llegaron para quedarse.