Los vecinos de la denominada plaza de palos ubicada en el barrio Obrero se movilizaron a un año del “desmantelamiento” del espacio público a raíz de su venta a un privado y reclaman la expropiación del espacio. La comisión anunció que iniciarán un juicio para la anulación de la compra-venta del terreno y se manifestaron “cansados de la espera y falta de respuesta”.
Ariel Cruz relató que “una vez conocida la resolución adoptada por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que vendió el predio que figura como terreno, comenzaron las gestiones con las autoridades departamentales y nacionales con el fin de retornar la plaza al barrio que en setiembre próximo cumplirá 37 años como espacio público”.
Los residentes de la zona han organizado diversas movilizaciones, convocaron a ferias en apoyo a la demanda vecinal y se resisten a la reubicación de dicho espacio, en tanto estiman que de esa plaza disfrutan unos veinte barrios.
Luego de sucesivas reuniones con el intendente Nicolás Olivera, ediles y diputados, fueron recibidos en la Junta Depatamental. La reivindicación de los vecinos pasó a estudio de la comisión de Legislación, donde se comprometieron a estudiar el tema, dijo Cruz.
En opotunidad de la visita del expresidente Luis Lacalle Pou para la inauguración de las obras de remodelación del Estadio Cerrado “8 de Junio”, la comisión entregó unas 2.000 firmas y un informe donde detallaron su solicitud. “Eso ocurrió un sábado. El lunes siguiente me llamó un secretario de Lacalle Pou y me aseguró una investigación. Si era verdad mi relato, textualmente dijo que iban a rodar algunas cabezas y que me iba a mantener al tanto del tema. A partir de ahí fue todo silencio. Mientras tanto, enviamos cartas a la ANV, donde nos dijeron que no sabían que había una plaza en ese lugar, cuando el expresidente de la agencia es de Paysandú”, dijo a EL TELEGRAFO.
En las reuniones de los vecinos, “ha participado el escribano José Illia quien nos asesoró sobre la figura de la expropiación, pero es una decisión en poder del intendente. Nos explicaba que, en caso de que el comprador exija cierto monto, en ese caso se iría a la justicia y allí se determina el monto real”.
Cruz explicó que “el comprador adquirió los dos predios a un valor de U$S 31.000 cuando en realidad tienen un valor de U$S 200.000 y es lo que pide el privado”.
Recordó que “en setiembre del año pasado la Intendencia expropió terrenos para UTE, cuando nosotros veníamos desde julio con ese reclamo. Los vecinos vimos que, a pesar de que nos decían que no había dinero, se terminó expropiando. Cuando le hice el planteo a Olivera, me respondió que este caso es diferente, pero nunca me dijo dónde está la diferencia”. En la última visita de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, “se acercó un vecino a preguntarle sobre este asunto y ella respondió que la decisión corresponde a la intendencia y su ministerio no tiene nada que ver. A su vez, quiero saber por qué no tiene nada que ver cuando la decisión de su venta fue de la ANV”. Agregó que “durante la gestión de Nancy Núñez también hicimos gestiones, pero respondió que no tenía recursos y era imposible tomar una decisión al respecto”.
De acuerdo al vecino, “Illia asegura que en este caso, en realidad, no hubo compra porque no se puede comprar un bien inalienable como es una plaza o espacio público. Lo que se puede realizar es un juicio para la anulación de esa compra-venta que es el proceso que iniciaremos con abogados porque ya nos cansamos de esperar”, concluyó.
