Opinión

En reciente artículo de EL TELEGRAFO dábamos cuenta de que Paraguay sigue avanzando en la concreción de su propia ruta hacia el Atlántico, más precisamente hacia puertos del Brasil, mediante una interconexión vial que comprende entre otras obras la construcción del puente internacional sobre el río Paraguay, que lleva ya un 83 por ciento de avance.
El tendido se extiende entre las localidades de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, terminal ésta situada en el extremo norte de la hidrovía y desde donde en incontables oportunidades se ha embarcado azúcar crudo en barcazas hasta Paysandú, a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay.

Bueno, ahora Paraguay está dando un paso sustancial buscando contrarrestar las limitaciones logísticas que le significan su meditarreneidad y contar solo con la hidrovía para la salida de ultramar, estableciendo así un bypass a la problemática que significa el control de la Argentina y sus impredecibles medidas de gobierno, como han sido las del tiempo de las administraciones kirchneristas.
Se relaciona menos que del histórico proyecto de Corredor Bioceánico, que hace dos o tres décadas se impulsaba desde Paysandú y el Litoral con la intención de unir por carretera los puertos del Pacífico con el de Santos en Brasil por lo que se le llamaba el Corredor del Paralelo 33. Esta vía de cargas terrestres se pretendía pasar por Uruguay, a la altura de Paysandú (justamente el “paralelo 33º Sur”). Pero en el caso de nuestro país todo quedó en nada, porque el centralismo montevideano buscó apropiarse del proyecto como forma de justificar la construcción del faraónico puente Colonia-Buenos Aires, que finalmente tampoco se concretó por ser un delirio de las dos capitales del Plata. El planteo era que el tránsito pesado ingresase al país por el frustrado puente de Colonia, transitara por ruta 1 hasta Montevideo y continuara por la Interbalnearia hasta Brasil, mezclando así en tránsito de cargas con el turismo. Por suerte eso no prosperó, pero lo malo es que en ese tire y afloje trancaron el proyecto por Paysandú, que conectaba con Brasil a través de las rutas 26 y 5.
Ahora Paraguay, un país con tasas de crecimiento asiáticas en los últimos años y que apuesta fuerte hacia el futuro, retomó la idea pero pasando por su territorio, obviamente, y a diferencia de los burócratas de nuestro país está acompañando la idea con obras concretas, a pasos de gigante.

Es que Paraguay es uno de los mayores exportadores mundiales de soja, carne bovina y granos, pero no tiene litoral marítimo. Tradicionalmente depende de la hidrovía Paraguay-Paraná y de puertos atlánticos en Argentina, Brasil y Uruguay. Por lo tanto con esta mega obra ha tomado un rumbo lógico, aunque en principio más caro, que es el de tener su propio corredor bioceánico y reducir dependencias, con una alternativa real de salida terrestre hacia el Atlántico además de la siempre problemática hidrovía, donde ha quedado en muchas oportunidades a merced de los caprichos de los gobiernos de Argentina, siempre imprevisibles pero nunca positivos.
El puente que construye actualmente Paraguay sobre el río homónimo, tiene unos 1.300 metros de longitud, y resulta en el proyecto la pieza clave para conectar el Pacífico con el Atlántico a través del chaco paraguayo y zonas del noroeste argentino, con un recorrido de 2.400 kilómetros, que se enlaza a su vez con accesos a los puertos chilenos del norte y las redes logísticas del Mercosur.

El emprendimiento cuenta con financiación a través de los ingresos del lado paraguayo del complejo Itaipú binacional, pero el gobierno del presidente Santiago Peña anunció que Paraguay también asumirá el costo de un segundo puente sobre el río Pilcomayo, para unir el tramo con la provincia argentina de Salta, que constituirá el tercer tramo del corredor bioceánico, el que contempla la pavimentación de 224 kilómetros entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo.
La importancia para Paraguay de salidas expeditas hacia el Pacífico y el Atlántico es vital, por cuanto estamos ante un país mediterráneo que presenta un crecimiento sostenido en los últimos años, con producciones primarias de gran volumen que no cuentan con salida natural hacia ultramar, sobre todo los países asiáticos, y las inversiones que se hagan en logística deberían tener retorno en pocos años, a la vez de hacer de respaldo en sustentabilidad para futuras inversiones.

Es que precisamente en este aspecto la nación guaraní ha captado inversores debido a que se encuentran con un país con costos muy por debajo de los de los competidores de la región, sobre todo de Uruguay, tanto en energía como en todo tipo de insumos, impuestos y desde el punto de vista laboral, lo que asegura mejor rentabilidad a los emprendedores, y ello explica en gran medida el crecimiento que ha tenido en los últimos años.
La salida por la hidrovía y el corredor bioceánico constituyen por lo tanto instrumentos fundamentales en este futuro venturoso para Paraguay. Debe tenerse en cuenta que actualmente el 70 por ciento del volumen del comercio exterior tiene lugar a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde se movilizan no menos de 22 millones de toneladas al año, con la característica de tratarse de cargas de gran volumen y bajo valor relativo, que es donde tiene ventajas notorias el transporte fluvial para abatir costos.

En este sentido Uruguay participa en la logística través de puertos de ultramar como el de Nueva Palmira y está en ciernes el inicio del proyecto de una terminal portuaria multipropósito en el departamento de Soriano, sobre el río Uruguay, pocos kilómetros río arriba de Nueva Palmira, en un esquema fundamental, pero para el que igualmente Paraguay entiende que hay que tener una segunda opción ante la imprevisibilidad de factores políticos y geopolíticos en un mundo globalizado y cambiante.
Pero sin dudas, con estos esquemas Paraguay hace un bypass con su propio corredor a los serios obstáculos que desde siempre han constituido los trámites aduaneros ante terceros países, como era el hacer el cruce terrestre a través de nuestro país y la Argentina, dependiendo siempre de segundos y terceros para llegar a destino en tiempo y forma todo el año.

Por añadidura, Paraguay logra con su propio corredor la posibilidad cierta de generar un hub logístico regional, que estimule la radicación de industrias, parques logísticos y emprendimientos para producir y procesar la abundante materia prima de la región, es decir, apuntalar y potenciar con infraestructura un crecimiento y desarrollo que redundará en mejor calidad de vida para el pueblo paraguayo, a la vez de ser parte de una sinergia regional que mucho se necesita.
Mientras tanto, desde Paysandú nos quedamos como reza el dicho popular, “mirando la fiambrera”, por nuestra propia incompetencia y el siempre presente centralismo montevideano.

Hay silencios que dicen más que mil discursos. Y en Paysandú, últimamente, el silencio dentro del Partido Nacional hace un ruido ensordecedor. Porque si algo está quedando claro, es que hoy no aparece una figura capaz de posicionarse con fuerza rumbo a las próximas elecciones departamentales. Y no porque falten cargos, reuniones o fotos cuidadosamente iluminadas. No. Falta algo mucho más importante: presencia real. Contacto. Recorrer. Escuchar. Dar la cara.

En campaña fue un desfile permanente. Caminatas, abrazos, promesas, timbres, mates compartidos, “estamos con la gente”, “vamos a cambiar esto”, “vamos a solucionar aquello”. Parecía que cada barrio iba a tener atención personalizada las 24 horas. Pero terminaron las elecciones… y muchos entraron en “modo desaparición”.

Los vecinos siguen con los mismos problemas. Las calles iguales o peor. Los reclamos acumulándose. Las necesidades creciendo. Pero varios de aquellos dirigentes que antes recorrían hasta el último rincón del departamento hoy parecen dedicados exclusivamente a reportajes cómodos, reuniones cerradas y publicaciones en redes sociales donde todo luce perfecto… excepto la realidad. Porque escuchar a la gente no puede ser una actividad exclusiva de campaña electoral.

Y mientras tanto, ocurre un hecho político delicado como lo sucedido con Rodrigo Vercellino… y el silencio vuelve a ser protagonista. Ni una explicación contundente. Ni una autocrítica. Ni una señal clara hacia la ciudadanía. Apenas murmullos de pasillo y esa costumbre tan uruguaya de esperar que el tiempo tape todo.

Pero el tiempo no tapa el vacío político. Y cuando una fuerza política deja de recorrer, deja de escuchar y deja de responder, empieza lentamente a desconectarse de la gente. Exactamente de la misma gente a la que después volverá a golpearle la puerta dentro de algunos años pidiendo nuevamente confianza.
El problema es que la ciudadanía ya aprendió a distinguir entre el dirigente que aparece por compromiso y el que aparece por convicción. Hoy en Paysandú hay muchos cargos… pero pocos liderazgos. Muchos discursos… pero poca cercanía. Muchos estrategas… pero escasos referentes que realmente generen esperanza. Y así, entre silencios, ausencias y dirigentes que parecen entrar en hibernación después de cada elección, el panorama queda resumido en dos palabras: Destino incierto.

Ing. Agrim. David Doti

En los primeros días de la alerta roja, aproximadamente 3.000 personas se alojaron a diario en los distintos dispositivos establecidos por el Sistema Nacional de Emergencia, en coordinación interministerial. Entre fines de mayo y julio de 2025, se registraron al menos ocho muertes de personas en situación de calle en Uruguay. Desde entonces, una problemática que se ha profundizado en los últimos años pasó al debate público nacional e incluso departamental.

El punto central es que una declaración de alerta, con asistencia compulsiva en caso de negativa, no solucionará el problema de fondo: las personas que viven en la calle. En primer lugar, porque el dispositivo funciona únicamente durante los meses de frío. En segundo término, porque no existe una política de Estado sostenida a lo largo de las distintas administraciones que enfrente un dilema evidente y que hoy parece perseguir un único objetivo: comparar gestiones.

En julio de 2011 se registró la muerte de seis personas sin hogar y la entonces ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, fue removida de su cargo. Ese mismo mes, y de forma urgente, se aprobó la ley de internación compulsiva cuando estuviera la vida en riesgo. La iniciativa fue considerada entonces una salida rápida a un problema que ya desbordaba a las autoridades. Aquel gobierno del Frente Amplio debió lidiar internamente con un tema ríspido, porque se instaló el debate acerca de la libertad individual. Sin embargo, el siguiente titular de la cartera, Daniel Olesker, utilizó esa norma para ordenar el ministerio.
En los años siguientes hubo otras renuncias por desacuerdos sobre la aplicación de esa ley, hasta que el debate volvió a instalarse con la aprobación de una nueva normativa en agosto de 2024. Es decir, las sucesivas leyes no eliminaron el problema de las personas en la calle, sino que intentaron evitar muertes a la intemperie o impedir que personas descompensadas se dañaran a sí mismas o a terceros.

Desde hace más de una década, la discusión permanece anquilosada y centrada en evitar muertes, porque estas personas adquieren mayor visibilidad durante los períodos de bajas temperaturas. El resto del año, el problema sigue allí: en plazas, veredas y porches de casas abandonadas —o no—, con personas que deambulan por los mismos lugares desde hace años.

Tal como ocurre en Paysandú, donde a plena luz del día, en invierno o en verano, puede verse el incremento de personas en situación de calle. Porque la compulsividad de una norma no saca a un individuo de la intemperie de manera definitiva: lo resguarda esta noche, y probablemente también la siguiente.
Entonces, cuando termina el invierno y concluye la aplicación de los programas o estrategias definidos por cada gobierno, muchas de esas personas vuelven a la calle hasta el año siguiente, cuando las temperaturas descienden nuevamente y el debate reaparece.

Lo cierto es que este problema, que parece tan uruguayo y se discute con tanta vehemencia, es mundial. Prácticamente ningún país ha logrado resolver el sinhogarismo, como suele denominarse en los organismos internacionales.

Europa, por ejemplo, ni siquiera sabe con precisión cómo contabilizar a las personas sin hogar. No existen registros ni criterios comunes, aunque algunas estimaciones indican que, solo en 2024, la Unión Europea registró un aumento cercano al 45% de personas sin hogar, alcanzando aproximadamente 1,2 millones. Si bien allí intervienen otros factores vinculados a la inmigración, también pesa el aumento del costo de la vivienda, un temor que atraviesa a siete de cada diez residentes europeos.

A diferencia de Uruguay, donde la situación de calle suele asociarse al consumo problemático de sustancias, al incremento de la violencia y la intolerancia en la convivencia, así como a antecedentes de reclusión, en el viejo continente se habla de exclusión residencial.

El fenómeno del sinhogarismo está en auge porque crece la población con dificultades para pagar un alquiler, se reduce la vivienda pública y las políticas habitacionales difieren de un país a otro. En España, una de cada diez personas declaró haber atravesado una situación de sinhogarismo al menos una vez en su vida.

En Irlanda, el sinhogarismo se cuadruplicó en menos de una década y, en otros países, el aumento ha sido aún mayor, como en Bélgica y Alemania. Incluso Finlandia, considerado un referente global en políticas exitosas contra el sinhogarismo, registró su primer aumento en diez años.

La última encuesta del Eurobarómetro señala que el 61% de los encuestados teme no poder afrontar un alquiler y terminar viviendo en la calle.

Si bien en Europa la discusión parte de otras raíces, el problema de la vulnerabilidad socioeconómica crece en todas partes. En Uruguay, mientras tanto, el debate actual se concentra en la necesidad de ampliar cupos y crear nuevos alojamientos para evitar que alguien quede a la intemperie.
Y así podría continuar indefinidamente. Porque las personas en situación de calle no aumentaron solamente en los últimos cinco años: la tendencia ya mostraba una suba gradual impulsada por múltiples variables. Uruguay tiene casi 17.000 personas privadas de libertad —de un total de 27.000 en conflicto con la ley bajo distintas medidas— y se estima que más de 5.000 están vinculadas al consumo o tráfico de drogas.

Cada año aumenta el número de liberados con vínculos familiares rotos y con la dificultad adicional de cargar antecedentes penales que terminan empujándolos nuevamente a la calle. No es un problema de una u otra administración. Es el resultado de un deterioro progresivo que todos vieron, pero frente al cual muchos eligieron mirar hacia otro lado.

A todos les compete impulsar una política pública que trascienda las administraciones. Eso es lo que suele llamarse una política de Estado, aunque hoy parezca cada vez más difícil de alcanzar.
Por el contrario, muchos han optado por saldar cuentas políticas arrojándose mutuamente la responsabilidad sobre las personas en situación de calle.

El proyecto S.4214 fue presentado al Senado el 25 de marzo de 2026 por el senador Bernie Sanders y puesta a consideración del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. La iniciativa parlamentaria busca definir umbrales técnicos y establece una moratoria sobre la construcción o mejora de centros de datos de IA hasta que el Congreso promulgue salvaguardas. Adicionalmente obliga informes trimestrales al Departamento de Energía y contempla controles de exportación de hardware.

La fuente informativa es una síntesis de fragmentos de la propia iniciativa del legislador Sanders, cuyo propósito apunta a generar un espacio para el crecimiento con garantías democráticas y jurídicas.

Alcance

La ley S.4214 plantea una pausa normativa dirigida a la infraestructura física que sustenta el entrenamiento y la operación de modelos de inteligencia artificial a gran escala. El propósito declarado es impedir que decisiones de inversión y permisos consoliden una capacidad de cómputo masiva sin que exista previamente un marco legislativo sólido, con salvaguardas en materia de seguridad, transparencia, impacto laboral y ambiental. El proyecto fue introducido en el Senado y remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

Instrumentos normativos

La iniciativa articula tres herramientas principales: i. suspensión administrativa de nuevos proyectos y de “mejoras sustanciales” en instalaciones existentes; ii. obligación de informes trimestrales al Departamento de Energía para recabar datos sobre consumo eléctrico, capacidad instalada y otros indicadores técnicos; y iii. facultades para coordinar controles de exportación sobre componentes y sistemas críticos hacia jurisdicciones sin marcos regulatorios comparables. Estas medidas buscan combinar gobernanza doméstica con consideraciones de seguridad y política comercial.

Lógica técnica y política

La pausa opera como mecanismo de precaución: crea una ventana temporal para definir umbrales técnicos (qué constituye una “mejora sustancial”, límites energéticos, obligaciones de transparencia) y para dotar a las agencias y al legislador de datos empíricos que reduzcan asimetrías de información entre empresas, reguladores y comunidades afectadas. Políticamente, la moratoria funciona como palanca negociadora: obliga a actores públicos y privados a acordar exenciones, plazos y mecanismos de supervisión antes de reanudar la expansión.

Asuntos de gobernanza

Si se definen criterios técnicos precisos y se establecen mecanismos de verificación independientes, la medida puede orientar inversiones hacia prácticas más sostenibles y responsables; sin esos criterios, la moratoria corre el riesgo de generar incertidumbre regulatoria y litigios que retrasen inversiones sin resolver los problemas de fondo. La coordinación interagencias, es decir Comercio, Energía y Seguridad Nacional, y también la capacidad del Departamento de Energía para auditar y publicar datos serán determinantes.

Exige profunda democracia

La moratoria como tiempo constituyente. No se trata de detener máquinas: se trata de ganar tiempo político para que la sociedad decida reglas sobre energía, agua, empleo y concentración de poder. Una moratoria sin plazos, sin procedimientos vinculantes y sin instrumentos de redistribución es un gesto vacío.

Técnica con sesgo político

Los umbrales energéticos son decisiones políticas disfrazadas de técnica: definen quién queda regulado y quién no. Exigir que “las ganancias beneficien a los trabajadores” exige instrumentos: un Fondo de Transición Tecnológica financiado por gravámenes a la infraestructura, cláusulas de participación en beneficios y requisitos de contratación sindicalizada. Sin eso, la afirmación queda en buenas intenciones.
Transparencia que empodere

Los informes trimestrales son útiles solo si se publican en formatos abiertos, con auditorías independientes y canales ciudadanos para solicitar inspecciones; la transparencia debe ser verificable y accionable.

Riesgos y trade offs

Riesgo económico inmediato: desaceleración de inversiones y presión sobre cadenas de suministro.
Riesgo democrático si no se actúa: captura regulatoria por parte de la industria; la moratoria se convierte en coartada.

Mitigación: plazos legislativos obligatorios, financiación para fiscalización y diplomacia regulatoria para controles de exportación.

De acción inmediata

Incorporar cláusula anti fragmentación y definición operativa de “control común”.
Establecer veto comunitario vinculante con procedimientos y quórum.
Crear el Fondo de Transición Tecnológica con gobernanza tripartita.
Obligar datos abiertos y auditorías independientes financiadas por una tasa sobre permisos.

Alertas explícitas

En su introducción, el texto del proyecto recoge preocupaciones de los más destacados expertos técnicos e inversores, cuyas opiniones son relevantes por su peso en la industria. Muchos de ellos “han advertido sobre las consecuencias catastróficas derivadas del desarrollo y despliegue de inteligencia artificial sin control”.

Algunos de esos planteos:

“Elon Musk, la persona más rica del mundo y con un valor de 826.600.000.000 de dólares en la fecha de introducción de esta ley, quien declaró que la IA y los robots reemplazarán todos los empleos. Trabajar será opcional. Y que la inteligencia artificial es similar a invocar al demonio”.

Dario Amodei, CEO de Anthropic (Claude), que “predijo que la IA podría desplazar a la mitad de todos los empleos de oficina de nivel inicial en los próximos 1 a 5 años, y que la humanidad está a punto de recibir un poder casi inimaginable, y es profundamente incierto si nuestros sistemas sociales, políticos y tecnológicos poseen la madurez para ejercerlo”.

Demis Hassabis, jefe de Deepmind de Google, que afirmó que la revolución de la IA será diez veces mayor que la revolución industrial y diez veces más rápida.

Jeff Bezos, la cuarta persona más rica del mundo y con un valor de 233.000.000.000 de dólares en la fecha de la introducción de esta ley, que supuestamente ha impulsado a su equipo durante años a pensar en grande e imaginar lo que haría falta para que Amazon automatizara completamente sus operaciones, con planes de reemplazar al menos a 600.000 trabajadores de almacenes por robots.

Mark Zuckerberg, la quinta persona más rica del mundo y con un valor de 214.000.000.000 de dólares en la fecha de introducción de esta ley, está construyendo un centro de datos en el Estado de Luisiana del tamaño de Manhattan y que consumirá tres veces la cantidad de electricidad que consume toda la ciudad de Nueva Orleans cada año.

En las audiencias, se rescató una afirmación de Elon Musk, del año 2018: “La IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares. Entonces, ¿por qué no tenemos supervisión regulatoria? Esto es una locura”.
La audacia política de Bernie Sanders ha abierto las puertas al debate, que no es poca… aunque ésta es la primera parte de un debate que no puede demorarse pero tampoco precipitarse.

Y éste es apenas un primer acercamiento al mayor desafío de estos tiempos. Aquí se concentra la madre de todos los poderes.

También hay mucho de binario, la contradicción democracia vs autoritarismo.

Si las encuestas no ayudan, los gobiernos hablan de “problema de comunicación”. Y ahí surgen los “operadores”. Calculan que la gente es boba y no se da cuenta.

Y parece tan fácil: no hay mejor propaganda que la verdad. Los operadores solo engañan a sus propios contratantes. Sucede en todos lados. Aquí también: problemas de comunicación y de asesoramiento. Por ejemplo: a Orsi no le gustaba la idea de ir a España a reunirse con Sánchez, Petro, Lula. Sin embargo lo convencieron, ¿quién? ¡Qué necesidad! Pero fue, ¡qué lástima!, y para balancear no hubo otra que subir al “portaaviones”. Quedó mal por donde se le mire.

¿Quién, presidente, quién?

Veamos un ejemplo: la SIP acaba de difundir el informe semestral sobre la libertad de prensa en el continente y sobre Uruguay dice que “no se registran hechos graves o de relevancia que afectaran la libertad de prensa” y agrega que tanto “medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin mayores obstáculos”. Se consigna que ello se da así en el primer año del gobierno de izquierda de Yamandú Orsi.

En el informe de la SIP se resalta la visita de una misión de alto nivel, con motivo de la firma de la “Declaración de Chapultepec” por parte de Orsi. El presidente de dicha misión “valoró el gesto como una muestra del clima democrático y de convivencia del país” y además se resaltó en el informe que el hecho reafirma el compromiso del mandatario uruguayo “con la defensa de las libertades de expresión y de prensa”.

Este informe de la SIP es preparado en consulta entre miembros locales de la SIP, y periodistas en ejercicio efectivo de la profesión, todos con nombres y apellidos, el que luego se discute en asamblea abierta sin limitaciones. Se consignan allí algunos hechos no positivos en particular, el del periodista que fue citado a comisarías por una “denuncia” de difamación y la reacción conocida en ese momento de algunas autoridades, así como las protestas de organizaciones como Cainfo y de la propia SIP. El tema le fue planteado directamente a Orsi, quien, según el informe, “manifestó su sorpresa e indicó que entendía que la situación ya estaba resuelta”. A raíz de ello la SIP siguió investigando y hete aquí que efectivamente el Ministerio del Interior rápidamente actuó y corrigió esa situación, sin divulgarlo públicamente. Pero ahora pasó a ser parte del informe sobre Uruguay. En este se consigna una orden de servicio que instruye a “todo personal policial, sin distinción de jerarquía, que reciba una denuncia por hechos con apariencia delictiva vinculadas a los delitos de difamación e injuria” deberá derivarla de inmediato a la Fiscalía y se añade que “la autoridad administrativa se abstendrá de tomar declaración voluntaria a la parte denunciada” en sedes policiales. La SIP concluye que todo ello ayuda a “esclarecer la situación y a resguardar la imagen del país en materia de libertad de expresión”. Esto no se divulgó de inmediato; se hubieran evitado daños de imagen. ¿Fue para proteger a un policía? Corregir errores –a todos les sucede– lejos de afectar una institución y sus miembros, los fortalece: a todos. No hay mejor propaganda que la verdad. Y contribuye al entendimiento y la convivencia. Policías, jueces, fiscales y periodistas están de un lado –el de la defensa de los derechos humanos– y “los malos”, que tratan de matarlos, en la orilla de enfrente.

El reconocido escritor español Arturo Pérez Reverte ha manifestado, en más de una ocasión, su profunda preocupación por el presente de Europa y por su futuro. El escritor, originario de Murcia, ha afirmado que “Europa se está yendo al carajo y yo no lo lamento: nos lo merecemos”. Para Pérez Reverte, “el viejo continente ha sido una de las grandes potencias históricas del planeta: Discutía a Dios, inventaba la imprenta, trazaba mapas del mundo (…) Fue capaz de engendrar a Miguel Ángel, Vitruvio, Newton, Lutero, Velázquez, Napoleón y Beethoven”. Actualmente, esta posición ha cambiado radicalmente. Para este intelectual español “la cultura occidental está condenada a muerte. Aristóteles, Homero, Dante, Virgilio, Shakespeare, Borges, Cervantes, Rembrandt, Bioy, todo eso se va al carajo. Porque ha pasado su época, porque ahora viene otra época distinta. Tardará a lo mejor un siglo, dos siglos o tres, pero eso pasará y vendrá otra cosa, otra cultura diferente, mezclada, mestiza, no lo sé, no me importa, no voy a estar aquí para verlo. Pero es evidente que hay un sistema de valores, que son la Ilustración, la Revolución Francesa, las ideas, los derechos del hombre, que están en cuestión”.

Por su parte, el periodista español Esteban Hernández lo ha expresado de manera tan clara que duele: “Fuera del continente, Europa ha desaparecido del foco. Nos consideran la región perdedora de esta época, la que carece de contacto con la realidad, una potencia agotada que se da aires de grandeza, como esos nobles que pueden lucir apellidos y viven en bonitos barrios, pero cuyas casas se agrietan”. Pérez Reverte va más allá cuando expresa: “todo el sistema educativo, argentino, español, occidental actual está encaminado a destruir la inteligencia, no a potenciarla. Antes, la élite se consideraba necesaria para tirar del carro. Élites culturales, científicas, políticas, de todo tipo. Antes, la educación era una vía adecuada para localizar y destacar aquellos brillantes que podían ser útiles a la sociedad en distintos aspectos. Ahora es al revés: la mediocridad. En un colegio un niño de siete años brillante será machacado por el sistema para no dejar atrás al torpe de la clase. Esa inversión de valores, esa falta de respeto por la ciencia y la élite como mecanismo motor de la sociedad, es propia de los finales de época: cuando todos los mediocres creen ser iguales que los que no lo son. ¿Qué es Twitter? Todos los mediocres intentando hacerse oír para callar la voz de los que realmente sí son brillantes. No hay salvación. No hay solución, es un problema de cultura. La cultura que crea occidente, la que nos nutrió, está desapareciendo”.

Luego de haber sido la cuna del Siglo de las Luces, el continente europeo atravesó las traumáticas experiencias de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron países enteros, los cuales solo pudieron mantenerse en pie gracias a la ayuda económica y militar de los Estados Unidos, el cual diseñaba y ejecutaba la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como un escudo defensor ante la amenaza de la Unión Soviética y sus repúblicas satélites. En esa reconstrucción (iniciada con el famoso “Plan Marshall” pero que abarcó muchos otros casos, Europa se transformó en la vidriera que mostrara al bloque socialista que en Occidente se vivía mejor y con libertad.

En los últimos años los problemas europeos se han multiplicado, alcanzando niveles preocupantes. Pensemos por un momento en la migración, la cual recarga los servicios públicos de salud, aumenta la población, genera choques culturales fundamentales (es bueno recordar que los musulmanes apoyan la mutilación genital femenina o ablación así como el casamiento obligatorio para niñas de 8 o 9 años) y crea profundas divisiones porque esos musulmanes, lejos de integrarse al país que los ha recibido, se mantienen segregados por decisión propia, violentando los derechos humanos de sus propios integrantes. A esto podemos sumarle que Europa ha perdido el tren de la tecnología, la cual alcanza gracias a países como Israel, Taiwán, Estados Unidos, o la República Popular China. Tampoco resulta alentador el panorama de los sistemas jubilatorios europeos, los cuales han tenido que aumentar la edad de jubilación (en varios casos hasta los 67 años) creando una gran incertidumbre sobre quiénes y cuánto cobrarán cuando llegue el momento de jubilarse. Asimismo, la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022 agregó una nueva amenaza con Valdímir Putin obsesionado por recrear el sueño de “la gran Madre Rusia”, un delirio fundamentado en el pensamiento zarista y en la impronta imperialista de un país que no sabe vivir en paz con sus vecinos. Las necesidades de convocar a jóvenes para cumplir con el servicio militar obligatorio es la muestra de que algo está mal. Muy mal. Europa ya no es el referente moral que supo ser décadas atrás, incluso en temas tan sensibles como los derechos humanos. Si a eso le sumamos una tasa de natalidad bajísima (frente a los árabes que tienen una alta tasa de nacimientos), la tormenta perfecta está lista y puede empezar en cualquier momento.

Paralizada por la ideología de género, la corrección política y la filosofía “woke”, en Europa todos caminan de pies puntillas para no molestar a nadie, actitud que es siempre el primer paso para realizar las cosas de manera ciertamente equivocada. Nos referimos a una Europa con bajísimos niveles de productividad, con países en los cuales cada vez se trabaja menos días y menos horas y con una industria militar desmantelada, obsoleta e ineficiente. Ese es el “milagro europeo” del cual nadie quiere asumir la paternidad: un continente dependiente del gas ruso para que no se congelen sus habitantes, sin energía –porque “contamina” y eso irritaría a Greta Thunberg– con una industria que pierde miles de puestos de trabajo día tras día frente al avance chino, con tecnología que ya no se genera en suelo europeo y con alimentos producidos fuera del espacio que durante décadas constituyó un modelo de sociedad identificado con el Estado de Bienestar, la justicia social y la equidad. Nada de eso forma parte del futuro europeo ya que el mapa del futuro hace mucho tiempo que dejó de pasar por Europa.

Pérez Reverte lo ha resumido con dureza, pero también con claridad: “Europa es un parque temático para turistas. Europa hubo un tiempo, y duró 1000 o 2000 años, en que fue una luz. Europa fue el referente moral, todo el mundo quería imitar Europa. Todo el mundo miraba Europa como referente. Pero eso se acabó. Europa ha perdido su influencia moral en el mundo, porque no lo merece. Se ha prostituido, se ha desvirtuado, se ha abandonado, se ha embrutecido, se ha vulgarizado, se ha mercantilizado, se ha hecho miserable. Europa es una porquería en este momento, una piltrafa. Ha quedado un decorado bellísimo, una historia cultural rica y hace que los turistas vayan allí a hacerse fotos, selfies con el acueducto de Segovia, con el Vaticano y demás, pero Europa no es nada”.

Así las cosas, poco importa si el matón de turno se llama Vladímir Putin, Donald Trump, Xi Jinping, Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian o alguno de los líderes de los grupos terroristas Hamás, Hezbollah, Al-Qaeda o Estado Islámico: todos le han perdido el respeto a Europa y así la tratan, mostrando un continente que hoy vive de las migajas de sus enemigos.

Cuando Rodrigo Romano era el relator oficial del fútbol uruguayo y hacía dupla con el comentarista Juan Carlos Scelza, entre varios dichos que aportaron al habla popular está el de la amarilla con pecas. Cuando el árbitro de turno sacaba una amarilla, Romano anunciaba “¡Limón!”, y cuando la indisciplina se penaba con la expulsión, el relator cantaba “¡Frutilla!” Pero cuando el analista evaluaba que la sanción se había quedado corta, indicaba que era una amarilla “con pecas”.
Basta ver las páginas de la sección Policiales de EL TELEGRAFO para comprobar que este Mayo Amarillo 2026, en Paysandú, está salpicado de pecas. La más grande de ellas el siniestro en el que falleció un niño que circulaba sin el sistema de retención infantil obligatorio en un vehículo que conducía su progenitor bajo los efectos del consumo de alcohol.
El Movimiento Mayo Amarillo nació en 2014, en Brasil, como una iniciativa para “llamar la atención de la sociedad sobre la alta tasa de muertes y lesiones en el tránsito en todo el mundo”, pero en especial en ese vecino país, el de mayor población de la región, donde la accidentalidad es un problema acorde a esta proporcionalidad. “En Uruguay, una persona pierde la vida en el tránsito a cada día; en Brasil, una persona pierde la vida en el tránsito cada 15 minutos”; además de ser un comparativo, ese comentario ilustra la dramática situación que motivó en Brasil el surgimiento de esta iniciativa global “que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de un tránsito seguro, promoviendo comportamientos responsables y la prevención de accidentes viales”, como indicó Paulo Guimarães Jr., el director ejecutivo del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil, quien estuvo en Montevideo en el lanzamiento internacional del Mayo Amarillo 2026.

La elección del mes de mayo se debe a que la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando decretó la Primera Década de Acción para la Seguridad Vial, se formuló el 11 de mayo, en el año 2011. El amarillo, a su vez, “simboliza atención y también la señalización y advertencia en el tránsito”. El lazo, amarillo en este caso, es símbolo del Movimiento, es un signo reconocido mundialmente como un llamado a comprometerse, representando numerosos movimientos, lo que los diferencia es el color, pero siempre sirve para alertar a la sociedad y llamarla a comprometerse con un tema que requiere toda la atención.

La idea está muy bien, y en los primeros años dio muy buenos resultados, tanto en Brasil, con cifras de mucho impacto, como en Uruguay. De hecho, si se aprecian las gráficas empleadas en las presentaciones tanto de Guimarães Jr. como de Marcelo Metediera, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, las curvas son prácticamente idénticas, con un descenso de inmediato al inicio de la Primera Década de Acción para la seguridad vial, con un piso en 2019 –en Uruguay fue en 2020; aunque en ese año también estuvo la pandemia, que redujo el movimiento vehicular– y desde entonces un repunte tanto en la cantidad de siniestros como en la de lesionados.

En Uruguay, el Movimiento Mayo Amarillo “cobra vida a través de cientos de actividades y propuestas de concientización que las Unidades Locales de Seguridad Vial, centros educativos, organizaciones, organizaciones sociales, empresas y entidades gubernamentales”, que en su conjunto llevarán adelante más de 140 actividades.

Ahora bien, ¿es lo mismo el Movimiento Mayo Amarillo en Uruguay que en Brasil? En principio parece bastante evidente que las metodologías son diferentes. En Brasil está definido por actividades que se basan en tres ejes de actuación; Investigación, Desarrollo e Innovación.

La lógica es desarrollar conocimiento técnico sobre el problema de la siniestralidad, a partir de la investigación científica, “generando datos y evidencias para la fundamentación de políticas de seguridad vial”. Luego viene una instancia de generar impacto social, en la que a partir del conocimiento generado en la etapa de Investigación, Desarrollo e Innovación “se promueve el compromiso y la concienciación de la sociedad mediante campañas, publicaciones, capacitaciones y eventos de movilización”. Y luego viene una fase de llamado a la acción, que supone la utilización “del conocimiento y del compromiso social para influir en decisiones públicas en favor de la promoción de la seguridad vial”.

Por más que las cifras sean abrumadoras en ambos países en estos momentos, las de Brasil mucho más por una razón de escala, ni que hablar, con un incremento, por ejemplo, del 91% en la cantidad de automóviles y casi una paridad en la relación autos motos –en Uruguay son más del doble de autos que motos–. Nos cuesta dimensionar el tamaño de Brasil, enorme en territorio y en cantidad de población. En los últimos 14 años la cantidad de motos creció en 135 millones. No estaban preparados. Para el observatorio brasileño que dirige Guimarães Jr. hay un dato significativo que muchas veces se pasa por alto y es el de la relación entre los fallecimientos en el tránsito y la cantidad de vehículos del parque automotor. Si tomamos este dato como referencia, la caída en la cantidad de fallecidos en relación con el crecimiento del parque automotor, la reducción fue del 50%. Pero claro, nunca lo medimos de esa manera sino en función de la cantidad total de siniestros, lesionados y fallecidos. Ahora bien, siempre terminamos en lo mismo, para la familia que pierde uno de sus miembros, padre, madre, hijo, hermano, estos porcentajes son relativos, por no decir despreciables, porque para ellos esa pérdida será del 100%.
Tal vez las acciones con los niños en las escuelas, que se hacen desde hace más de 30 años, hayan dado resultado en prevenir un mal mayor, aunque es incomprobable. Hemos tenido además mano dura y mano blanda en diferentes períodos y no da la impresión de que la aguja se haya movido demasiado. Para colmo de males, de un tiempo a esta parte parece haberse instalado una lógica político partidaria en cuanto a la actitud frente al problema del tránsito, y aunque celebramos que el tema esté en la agenda de los partidos, no parece que fuese esa la mejor forma de buscar soluciones. El asunto requiere de un gran acuerdo multipartidario y tomar las acciones que se requieran en forma sostenida y sin hacernos trampas al solitario.

Es una buena noticia que el Directorio de OSE haya incluido entre las obras previstas para el quinquenio la ejecución de proyectos de saneamiento para las ciudades de Quebracho y Guichón, atendiendo un largo anhelo de los residentes en esas zonas del departamento, los que han padecido frustraciones cuando durante las sucesivas administraciones de gobierno se sucedieron anuncios que finalmente no se concretaron en realidades.

Ahora también estamos en este momento en los anuncios, pero el hecho de que las obras hayan sido incluidas en el denominado plan de universalización del saneamiento, que proviene del gobierno anterior, con las correspondientes asignaciones presupuestales, abre una cuota de optimismo en el sentido de que finalmente los proyectos podrán materializarse a partir de 2027, de acuerdo a las autoridades del organismo.

Pero como suele ocurrir en nuestro país, siempre hay peros, reparos y consideraciones que tienen su base en la realidad pero también en miradas subjetivas de acuerdo al color del cristal con que se mire, por cuanto es frecuente en los cambios de gobierno el pase de facturas y además el síndrome refundacional que caracteriza a los partidos políticos que asumen el gobierno, en el sentido de que todo lo que se hace por las nuevas autoridades es bueno y lo anterior es descartado ya por venir de donde viene.

Las reflexiones vienen a cuento a partir de la presentación este miércoles por los directores de OSE ante la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados de las reformas incorporadas en el plan de saneamiento para el interior del país luego de que detectaran –según expresaron– una diferencia de U$S 260 millones entre lo previsto para la iniciativa y el financiamiento disponible. Según informó el organismo, el objetivo es “asegurar su ejecución efectiva y ampliar la llegada del servicio en distintas localidades”.

Señalaron que en el proyecto existen “limitaciones en la priorización de intervenciones, deficiencias técnicas y de diseño, dificultades contractuales y una diferencia significativa entre los compromisos asumidos y el financiamiento disponible”.

En ese sentido, OSE indicó que el esquema vigente contemplaba compromisos por “aproximadamente U$S 583 millones”, mientras que el financiamiento que había alcanzado la empresa estatal fue de U$S 323 millones, lo que generaba una diferencia de U$S 260 millones, por lo que fue “inviable” la ejecución del plan.

A partir de este escenario, el organismo resolvió “reordenar el plan con un enfoque centrado en la cobertura efectiva”, priorizando las intervenciones que permitan “maximizar el acceso real al saneamiento en cada localidad y asegurar que las obras lleguen a los hogares”.

Pablo Ferreri, presidente de OSE, aseguró que los cambios en el plan se dan en un contexto donde la empresa sobrelleva una “situación financiera muy comprometida”, la cual –según detalló– se debe a que en la administración pasada se concretó la “firma de contratos claramente inconvenientes para OSE”.
El jerarca cuestionó los criterios utilizados en el diseño original del proyecto. Según señaló, se analizaron documentos de la gerencia de saneamiento en los que “se dejaba constancia de que OSE no había intervenido en la elección de las localidades” en las que el proyecto iba a ejecutarse. Además, afirmó que existían proyectos “no bien realizados”, en los que “no se tomaban en cuenta las exigencias ambientales” ni “el volumen y la densidad de la población”.

A su vez, desde la oposición, el diputado nacionalista Juan Pablo Delgado criticó severamente la reformulación del plan de saneamiento para el interior del país impulsado por la nueva administración de OSE, asegurando que el proyecto original del gobierno de Luis Lacalle Pou fue “reducido a la mitad”.
Delgado señaló que el plan pasó de cubrir 61 localidades a aproximadamente 28 o 29, calificando el cambio como una disminución sustancial de las metas originales. La convocatoria de Delgado a las autoridades de OSE al Parlamento se basó en la falta de avances en los contratos de obras que venían de la administración anterior.

“Nos enteramos que el plan de saneamiento se reduce a menos de la mitad de las localidades y se sacan localidades más chicas, porque tienen baja población. Eso es discriminatorio, es injusticia territorial, no es justicia social”, estimó el legislador y dijo que OSE “castiga” a las localidades más pequeñas.

Y hablando del cristal con que se mire, tenemos como contracara que el diputado sanducero Juan Gorosterrazú destacó el plan de saneamiento para Quebracho y Guichón, calificándolo como “una obra largamente reclamada que durante el período anterior había quedado únicamente en anuncios y cartelería”.

También solicitó adelantar las obras dada la crítica situación laboral del departamento.
Por su lado los también legisladores sanduceros Fermín Farinha y Walter Verri valoraron el anuncio de OSE sobre las obras de saneamiento para Quebracho y Guichón, aunque advirtieron que Nuevo Paysandú sigue sin solución.

Farinha recordó que la confirmación llegó “luego de mucho tiempo de trabajo” de alcaldes, fuerzas vivas, el intendente y los diputados, y solicitó adelantar el inicio de las obras para impactar en el empleo local. Señaló además que “queda pendiente el saneamiento de Nuevo Paysandú, comprometido desde el año 2022”, recordando que el vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, “lo había anunciado hace ocho años en Quebracho y nunca se concretó”.

Es decir, más allá de algunas consideraciones no exentas de razón vertidas por cada representante político hay una verdad que seguramente está más o menos a mitad de camino de lo expresado, porque en estos temas nadie está en condiciones objetivas de lanzar la primera piedra. Es que hay un reguero de anuncios y proyectos que han ido quedando por el camino a lo largo de los años, por falta de concreciones. Por ejemplo, recién después de 20 años de anuncios, marchas y contramarchas, se ha construido durante el anterior gobierno la planta de tratamiento de efluentes cloacales y extensión de la red de saneamiento de la ciudad de Paysandú, por una inversión de 20 millones de dólares. Lo que deberían hacer los integrantes del sistema político, en lugar de intercambiarse culpas y buscar el mejor golpe de efecto para quedar bien ante la tribuna, es elevar las miras de cara al futuro, anteponiendo el bienestar general, y aunar esfuerzos para empujar todos juntos en aras de concretar en tiempo y forma lo que se ha anunciado.

La Cámara de las Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) publicó en sus canales digitales una celebración por la concreción del primer embarque de pescado uruguayo —28 toneladas de merluza procesada— tras la entrada en vigencia, en forma transitoria, del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tuvo como efecto inmediato el llevar a cero los aranceles a esos productos, que previamente debían afrontar una barrera del 15%.
Esa publicación fue ilustrada con una imagen portuaria de varios trabajadores y algunos empresarios junto a un contenedor a punto de embarcarse en el buque “Montevideo Express”, con una lona azul con una leyenda alusiva al logro: “CIPU CIUPSA Pescado del Uruguay Primera exportación de pescado bajo acuerdo UE-Mercosur Destino Lituania Arancel Cero”.
Claro que para ojos más entrenados o habituados al skyline montevideano, donde debiera aparecer en la imagen la clásica estampa del Cerro de Montevideo hay toda una ciudad de elevadas torres. Y quien leyera la nota al respecto tomaría nota de que el embarque a Europa no se realizó en el “Montevideo Express” sino en el buque “Xiamen Express”, de la naviera Hapag-Lloyd. Y los más detallistas notarían que en la esquina inferior derecha hay una marca de agua propia de una plataforma de inteligencia artificial generadora. Sí, la imagen elegida para ilustrar la publicación fue generada artificialmente.

Hasta allí nada raro, pero poco después la misma Cámara hace alusión al uso de esta imagen, a raíz de “algunas consultas recibidas”. Allí, en un comentario de la publicación original aclara que la imagen “fue elaborada con Inteligencia Artificial. Nos pareció que era muy evidente, ya que notoriamente no es una imagen real, ni por el perfil de ciudad que se ve al fondo, ni por las condiciones del muelle, de la logística de carga, etc. Pero para un lector desprevenido, a primer golpe de vista, puede parecer real”. Y no solamente justifica su uso sino que a continuación realiza una apología al respecto. “Bienvenidos al mundo de la IA, que permite ilustrar temas como este en cuestión de segundos, pero también puede generar confusiones mientras nos habituamos a ella”. Además se afirma que “para el sector pesquero, el uso de la IA, debe ser un aliado en muchos aspectos, como lo fue el año pasado con @meetpia_ai en la evaluación de los postulantes de UruguayPesca”, en alusión al proceso de selección de trabajadores para reemplazar a las tripulaciones que llevaban adelante un conflicto sindical que tenía detenida la operativa. Y concluye que “en el futuro, seguramente podrá ser una herramienta importante para hacer más eficiente y competitiva a toda la cadena productiva y facilitar al país el desarrollo de un sector históricamente castigado por el boicot, la inacción, las chacras burocráticas y la falta de visión de largo plazo”.

Pero lejos de ser una excepción, el crecimiento del uso en redes sociales de las herramientas de inteligencia artificial está pasando a ser la norma, o por lo menos a hacer por demás frecuente y, por más que para ojos más entrenados pueda resultar evidente, ya no es la misma cosa aquella burda que era hace nada más que algunos meses atrás. En el caso de la imagen de la CIPU el nivel de detalle es llamativo, y se trata de una imagen que no fue concebida para “engañar” a los navegantes de las redes sino, como lo indican, para meramente ilustrar. Si este tipo de detalles que señalan como evidencia de que la imagen no es real se hubiese querido cuidar, hubiese sido difícil distinguirlo de una foto real sin utilizar herramientas tecnológicas, es decir, otra inteligencia artificial. Este partido ya nos está quedando demasiado alto en muchos aspectos. Pero no solo a nosotros y no solamente con si podemos distinguir una foto generada artificialmente de una obtenida por un ser humano con una cámara —que en las cámaras de muchos teléfonos inteligentes también tienen cierto grado de intervención con inteligencia artificial—, sino en asuntos mucho más complejos.
No en vano el gobierno de los Estados Unidos está evaluando someter a revisión los modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento, de acuerdo con una publicación del diario The New York Times este martes.

“De acuerdo con fuentes oficiales y personas conocedoras de las deliberaciones citadas el lunes por el rotativo, el Gobierno de EE. UU. estudia una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo sobre IA. Este organismo reuniría a ejecutivos del sector tecnológico y funcionarios gubernamentales para examinar posibles procedimientos de supervisión, incluido un proceso formal de revisión estatal para los nuevos modelos”, publicó el sitio argentino Infobae en base al artículo original, que agrega que esto ya habría sido planteado a directivos de empresas como Google, OpenAI y Anthropic la semana pasada.
Esto marca un cambio en la postura del gobierno que había sostenido hasta ahora una política de no intervención en el desarrollo de estas tecnologías, en el contexto de una disputa con China en este terreno. Qué cambió. Aparentemente “el reciente anuncio de la empresa Anthropic sobre su modelo de ciberseguridad Mythos, un programa que la propia compañía decidió no lanzarlo al público —aunque sí a un grupo de empresas— debido a su extrema capacidad para identificar vulnerabilidades críticas en software, lo que podría desencadenar una crisis de ciberseguridad, eventualmente.

El escenario amerita tener un ojo puesto allí. Porque si hay tal cosa como una herramienta capaz de vulnerar sistemas de seguridad sofisticados —ideados por seres humanos— entonces se estará a punto de cruzar un umbral que nadie quiere, aquel en el que todo el mundo virtual que nos rodea deje de darnos las certezas que se requiere para que depositemos allí la confianza para sostener, por ejemplo, todas nuestras finanzas, nuestra comunicación y nuestra historia. Los efectos de un colapso digital, una caída de la internet, aunque sea parcial, serían quizás tan masivos como los de una hecatombe nuclear.

Sí, de acuerdo, no es una polémica nueva la de los pronosticados meteorológicos y sus márgenes de acierto o desacierto. También es cierto que, por más que se ha avanzado muchísimo en lo que llevamos de este siglo XXI, la Meteorología sigue sin ser una ciencia exacta, por el contrario, ligeras variaciones pueden modificar algún fenómeno que se veía venir en las aplicaciones o en las páginas web de servicios satelitales con días de antelación, aunque claro, esos servicios tienen la posibilidad de ir “acomodando el cuerpo” a medida que se acerca el evento, a diferencia de un servicio como Inumet, que se maneja con lapsos más cortos.

Decía, no es una polémica que empezó ahora, es más, podríamos referir al 23 de agosto de 2005 como una fecha que cambió las referencias para la meteorología nacional, ese día, esa noche, ocurrió uno de los eventos más dañinos que se recuerde —tal vez con el tornado de Dolores y, para nosotros, la turbonada que afectó buena parte de Paysandú el 11 de julio de 2022— y nos encontramos con pronósticos que diferían en cuanto a la dimensión y la duración del temporal.

Esa noche hubo meteorólogos ganadores y perdedores, y desde esa noche esa parece ser la lógica. Pero hay algo indiscutible. Las advertencias y las alertas meteorológicas, de las que depende la activación de determinados protocolos de actuación, las emite en Uruguay el Instituto Uruguayo de Meteorología. No hay discusión en eso. Y sin embargo ocurrió recientemente, en vísperas del 1º de mayo, que el Cecoed departamental de Salto publicó en sus canales digitales un aviso por tormentas fuertes. Solos ellos, sin que alguna otra fuente los acompañase, ni Inumet ni algún otro servicio.

“Inumet informa que durante la mañana y tarde de este viernes 1º de mayo se prevé la ocurrencia de tormentas fuertes con rachas de viento fuerte asociadas a tormentas en el norte del país. Solicitamos extremar precauciones”, decía el aviso. Mientras tanto el pronóstico oficial anunciaba la posibilidad de lluvias, pero nada sobre eventos extremos.

Más allá de esta situación puntual, que pudo originarse tal vez en un malentendido o en un error de procedimiento, y que ocasionó preocupación en la población del vecino departamento, la polémica entre los pronosticadores viene de lejos.

Tuvo un pico de visibilidad cuando el por entonces prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, en el año 2016, realizó comentarios sobre el rol de los meteorólogos privados que cayeron mal. “El pronóstico, que es opinable, cualquiera de nosotros lo puede hacer y difundir. Incluso hay una cooperación importante entre el sector privado y el público que ayuda mucho, aunque el órgano oficial sea el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)”, explicaba Roballo en una entrevista colectiva en Torre Ejecutiva. “Otra cosa diferente son las alertas (amarilla, naranja y roja) que refieren a la posibilidad de que acontezcan determinados fenómenos que pueden hacer peligrar la integridad física de las personas y sus bienes. Ese es el elemento central al que nos referimos en las últimas horas”, puntualizó. “Como las alertas se basan en pronósticos, puede haber algún error, pero no se puede relativizar una alerta que da el organismo oficial, porque las personas toman sus decisiones en función de ella”, agregó. La expresión que empleó Roballo en ese momento, y que fue tomada a mal por los meteorólogos “no oficiales” fue de “cortar” con las relativizaciones sobre las alertas oficiales. Ahora bien. Han pasado ya diez años desde aquellos comentarios de Roballo, y de un tiempo a esta parte han aparecido numerosas cuentas en redes sociales que tienen a la meteorología, al clima y al pronóstico del tiempo como objeto en torno al cual generar su contenido. Hay muy buenos servicios. Hay muy buenos aportes de aficionados, han aparecido “caza tormentas” que aportan frecuentemente material gráfico y audiovisual sobre determinados fenómenos. Y ha aparecido más de un “asusta-abuelas” —a quienes no les daremos el gusto de difundirles—, para quienes la estrategia se basa en andar lanzando avisos trágicos y premonitorizando calamidades que la mayoría de las veces terminan no cumpliéndose.

Su propósito no es dar un aviso oportuno para que las personas puedan poner a resguardo su vida, su salud, así como la de mascotas y de bienes personales, sino, por el contrario, el de captar “tráfico” hacia sus cuentas con estas clarividencias apocalípticas carentes de respaldo. Porque claro, es entendible, si un pronóstico habla de lluvias y tormentas aisladas, llamará menos la atención de quien vaya por un aviso de posibles vientos fuertes y granizo destructivo, aunque el margen para que ello ocurra sea ínfimo, es decir, tomar la posibilidad más tremendista y no la que más posibilidad tenga de ocurrir con el propósito de llamar la atención y hacer crecer las visualizaciones. Y frente a eso debe trabajar un servicio meteorológico que no se puede permitir equivocarse. Tanto no se lo puede permitir, que se ha tomado por uso que Inumet tras un evento meteorológico, haga una especie de balance sobre el anuncio que realizó con antelación. Un proceder que no tiene demasiado sentido, en la medida que se convoca para informar sobre un evento que ya ocurrió. En todo caso sería mucho más productivo que se convocase a los medios previo a un pronóstico de un evento fuera de lo normal, que los hemos tenido también recientemente. Otra cosa es la política “a prueba de fallas” de Inumet, por la que las advertencias se actualizan prácticamente “en tiempo real”. No tiene demasiado sentido que se actualicen de una hora para otra de Amarilla a Naranja, cuando los protocolos que se activan requieren de una coordinación muy grande entre los sistemas de respuesta a la emergencia —no entramos, exprofeso, en consideraciones respecto al tema de las faltas en escuelas y liceos—. Desde este punto de vista sería mejor que las advertencias se realizasen con una mayor antelación, por más que se emite siempre un aviso con determinado margen de anticipación.

También es claro que no se puede dejar conforme a todo el mundo, pero de poco sirve saber que estamos en alerta naranja si entre cuando se declara y cuando el fenómeno del que se alerta efectivamente se produce, no hay tiempo necesario para tomar los recaudos del caso.

Las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que se han venido dando a nivel global se han intensificado de manera sostenida en las últimas décadas, y constituyen un fenómeno con implicancias tanto positivas como negativas. Un aspecto positivo es que ha contribuido a una relativa homogeneización en el acceso a la información y al conocimiento escala global.

En este contexto, incluso países con limitaciones estructurales, como Uruguay, participan de manera cada vez más directa en dinámicas internacionales que inciden en sus mercados laborales.
En particular, el mundo del trabajo atraviesa un proceso de reconfiguración caracterizado por la disminución de empleos en sectores industriales y productivos tradicionales. Entre los factores explicativos se destacan los elevados costos de la mano de obra en economías relativamente pequeñas y abiertas, así como la insuficiente adaptación a los cambios tecnológicos.

En los últimos años, se ha incorporado un factor revulsivo desde el punto de vista de la tecnología aplicada al mundo del trabajo, que es nada menos que la denominada Inteligencia Artificial (IA), la que emerge como un elemento central e ineludible. Su implementación responde, en gran medida, a la búsqueda de eficiencia y optimización en el mundo empresarial, pero a su vez tiene implicancias directas en la mano de obra, y se transforma en un impacto ambivalente: si bien constituye una herramienta de alto potencial para la generación de valor, también plantea desafíos significativos en términos de desplazamiento laboral y transformación de competencias. Asimismo, su uso inapropiado puede derivar en prácticas que debilitan los procesos de formación y adquisición de conocimientos.

Hay quienes sostienen que la irrupción de la IA está redefiniendo el concepto de empleo a nivel global, y señalan que la velocidad con la que esta tecnología puede sustituir tareas humanas podría superar, al menos en el corto plazo, la capacidad de generación de nuevas oportunidades laborales asociadas.
Por lo tanto se estaría generando un desfasaje que genera presiones económicas y sociales, afectando tanto a trabajadores en actividad como a aquellos que buscan reinsertarse en el mercado, así como a los nuevos que ingresan al sistema laboral.

Si bien este tipo de distorsiones no resulta inédito en la historia –caso de la Revolución Industrial o la posterior automatización de la producción– la extensión y velocidad del cambio conllevan un nivel de incertidumbre, pese a que a largo plazo, los avances tecnológicos tienden a generar nuevas formas de empleo.

El mayor problema, desde el punto de vista objetivo, es la magnitud del impacto inmediato y las dificultades de adaptación que enfrentan determinados sectores, sobre todo los directamente amenazados por el uso de la IA, que son por lo general los denominados empleos de cuello blanco, y que además son los mejor remunerados en una escala global. Así, en economías desarrolladas, como Estados Unidos, se observa un incremento significativo en los recortes de empleo, en parte vinculados a la adopción de tecnologías avanzadas. El punto central es que las proyecciones indican que una proporción considerable de tareas actualmente desempeñadas por trabajadores podría ser automatizada en las próximas décadas. Este proceso afecta de manera particular a los empleos de nivel inicial, cuyas funciones –frecuentemente intensivas en tareas rutinarias o de procesamiento de información– son más susceptibles de ser replicadas por sistemas de IA. En consecuencia, tanto los trabajadores desplazados como los jóvenes graduados constituyen grupos especialmente vulnerables en esta transición, aunque diversos análisis económicos sostienen que el impacto negativo sobre el empleo podría ser, en parte, transitorio.

Así, una proporción significativa de las ocupaciones actuales no existía en períodos anteriores, lo que evidencia la capacidad de los sistemas productivos para generar nuevas oportunidades a partir de la innovación.

Aún así, la magnitud y velocidad del cambio actual plantean interrogantes respecto a la capacidad de absorción del mercado laboral en el corto y mediano plazo.

Además, la historia demuestra que los economistas e investigadores no siempre han acertado a la hora de predecir los efectos de las nuevas tecnologías en el trabajo, e incluso los investigadores que realizan estudios sobre la IA en el ámbito laboral advierten que sus estimaciones son útiles, pero falibles.

Un análisis de la Universidad de Stanford concluyó que es probable que la IA esté provocando la pérdida de empleos entre los jóvenes en ocupaciones como el desarrollo de software y el servicio al cliente, donde la adopción de la IA ha sido más rápida. Pero numerosos análisis, a veces contradictorios, evidencian la enorme brecha en lo poco que se sabe sobre cómo la IA está transformando el trabajo y la comprensible ansia de certeza en este análisis de cara al futuro.

No puede soslayarse, empero, que estimaciones bien fundadas indican que las habilidades utilizadas en programación informática, marketing, análisis financiero y atención al cliente refieren en gran medida a las capacidades de la IA, por lo que, en teoría, los trabajadores podrían ser reemplazados más fácilmente por máquinas.

Los investigadores han considerado asimismo que las secretarias figuraban entre los millones de trabajadores, en su mayoría administrativos y de oficina, considerados altamente expuestos a la IA y con la menor capacidad de adaptación estimada.

Asimismo, las mujeres representan aproximadamente el 86 por ciento de los trabajadores más vulnerables, lo que sugiere que los efectos negativos de la automatización no se repartirán por igual en toda la sociedad.

Queda asimismo por definir la influencia en sectores como los trabajos de habilidad y esfuerzo manual, y es notorio, según los investigadores, que si bien los empleos manuales no están totalmente a salvo de la Inteligencia Artificial, muchos oficios manuales especializados presentan una alta resistencia a la automatización en comparación con los trabajos de oficina, según indican las tendencias en 2026, y aunque la IA generativa afecta más al trabajo de escritorio, la robótica avanzada y la IA están comenzando a impactar en tareas físicas rutinarias en grandes empresas.

Pero sin dudas los trabajos que requieren adaptabilidad en entornos no estructurados y destreza física fina son los más difíciles de reemplazar por la IA, y pueden mencionarse en esta categoría oficios calificados como sanitarios, electricistas, mecánicos –sobre todo de maquinaria compleja– y carpinteros, entre muchos otros. También enfermeros, fisioterapeutas y cuidadores, artesanos de todo tipo, peluqueros, chefs, en tanto sí las tareas manuales rutinarias, repetitivas y en entornos estructurados son las más vulnerables.

En resumen, en el marco de un panorama de incertidumbre sobre los efectos de la IA en el mundo del trabajo, todo indica que en los próximos años habrá transformaciones, que serán más notorias inicialmente en el mundo desarrollado, donde la tecnología de este tipo tiene más campo para desarrollarse en lo inmediato, pero que tendrán consecuencia desiguales según el país y el sector de que se trate. La evidencia actual, siempre relativa, sugiere un escenario de transición complejo, por lo que la adaptación oportuna y estratégica se presenta como una condición necesaria para mitigar los efectos adversos y capitalizar las oportunidades emergentes en el futuro del trabajo, dentro de las posibilidades de cada país y sector, como reflexión ineludible.

Como pocos países de la región, Uruguay ha orientado en los últimos años su discurso político hacia la infancia que nace en hogares pobres. El gobierno asegura que el año pasado se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en sus discursos del pasado 1.º de mayo, el plenario departamental del Pit Cnt sostuvo que esas oportunidades laborales no se reflejaron en Paysandú.

Mientras a nivel nacional descienden las cifras de desempleo —aunque aumentan en el litoral y el noreste del país—, empeora la calidad del empleo. A nivel global, en tanto, surgen nuevas dinámicas en las relaciones laborales y se incrementa la digitalización de los procesos. En Uruguay, en cambio, las formas de negociación han quedado anquilosadas.

Las resoluciones que extienden beneficios a trabajadores de distintas ramas —tradicionales, de producción y zafrales— requieren múltiples idas y vueltas entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
Los adultos a cargo de hogares con niños enfrentan barreras para insertarse en el mercado laboral, perciben salarios bajos y encuentran dificultades para conciliar el trabajo con los cuidados o con oportunidades de estudio. Quienes no acceden a mejores condiciones de vivienda, alimentación o educación reconocen que padecen esta problemática desde hace décadas, pese a los cambios de gobierno.

Sin embargo, cerca de dos de cada tres uruguayos creen posible reducir drásticamente la pobreza en cinco años. Aunque algunos indicadores han mejorado de forma sustancial, persiste un núcleo duro que permanece inamovible desde hace décadas. Hoy, uno de cada cuatro niños y adolescentes es pobre, y ese estancamiento lleva más de diez años.

Al menos en Uruguay, no parece faltar voluntad política para abordar el problema. En el presupuesto aprobado a fines del año pasado, el gobierno hizo hincapié en esta prioridad. Sin embargo, el escaso espacio fiscal es un argumento recurrente de las distintas administraciones. A su vez, la inestabilidad política global presiona sobre la economía y limita la posibilidad de incrementar la recaudación en el corto plazo.

Mientras tanto, se eterniza el pase de facturas entre gobiernos, lo que agobia a la ciudadanía, que ya percibe que los problemas trascienden las ideologías. Así lo indican los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística: uno de cada seis uruguayos no logra cubrir el costo de una canasta básica, y la mayoría de las personas pobres son niños menores de seis años.

El panorama permanece incambiado en parte porque esta población carece de poder de presión. Esto también evidencia el fracaso de la teoría del derrame. Se trata de víctimas funcionales a discursos que priorizan temas urgentes y de impacto inmediato, en lugar de abordar una problemática estructural que compromete el futuro del país.

Junto a esta realidad, avanzan otras que se miden en porcentajes: el aumento de las personas en situación de calle, las altas tasas de prisionización y la persistencia de la pobreza infantil.

El problema es que los sucesivos gobiernos miden y diagnostican estas situaciones a través de conversatorios, presentaciones o lanzamientos de estrategias que no logran resolverlas.

Allí donde la cohesión social parece frágil, la pobreza se arrastra por décadas y atraviesa generaciones de niños, sin importar quién gobierne.

Mientras en el país faltan recursos, las sucesivas administraciones expanden el Estado, algo que se repite en cada aprobación presupuestal. Se superponen programas y organismos con estructuras administrativas similares. Y cuando deben dar respuestas, terminan destinando recursos a consultorías que poco aportan a lo ya conocido.

Es el mismo Estado que declara falta de recursos, pero sostiene empresas deficitarias, eventos oficiales y una burocracia creciente que recae sobre quienes buscan respuestas en las ventanillas públicas.
Se trata de una población cuya situación no cambia, tanto en períodos de crecimiento como de estancamiento económico. Por lo tanto, la pobreza infantil no se explica exclusivamente por los ciclos económicos, sino también por la ineficiencia de políticas públicas en un país habituado a gestionar crisis y defender diagnósticos.

A lo largo de los años se han implementado nuevas estrategias y planes integrales sin evaluaciones posteriores. A pesar de la sensibilidad expresada en torno a la infancia vulnerable, incluso en contextos de violencia, parece no haber responsables claros.

Se priorizan gastos en programas y cargos que pasan al costado del problema, mientras la salud mental, el acompañamiento familiar y la nutrición adecuada siguen relegados.

En tiempos de énfasis en los derechos humanos, aceptar el desempleo y la pobreza como problemas estructurales y crónicos implica, al menos, una contradicción con ese concepto.
El impacto es inmediato, pero también de largo plazo: la pobreza se perpetúa de generación en generación, como ya ocurrió en el pasado.

Lo cierto es que, tanto por ingresos como por condiciones de vida, hay 600.000 personas que no logran mejorar su entorno. Es un dato de la realidad, difícil de relativizar o comparar. En algún momento, será necesario ordenar un Estado que desvía recursos mientras superpone esfuerzos para explicar lo que, en los hechos, invisibiliza.

El pasado jueves leímos una nota publicada en Montevideo Portal al intendente Nicolás Olivera. En la misma, ante la pregunta formulada por el periodista sobre la denuncia ante la Jutep por su viaje a Italia pagado por Teyma, el intendente afirma que “dicen que una empresa pagó los pasajes. La empresa que ellos dicen que pagó los pasajes no pagó los pasajes. Eso es mentira. Entonces, de ahí se cae todo lo otro. Y muchas otras cosas que no se dicen, porque por lo que me han comentado que es una denuncia muy escueta, pero que en eso de escueta ya tiene cosas que no son ciertas”.

Pues bien, en el acceso a la información pública que se llevó a cabo oportunamente y preguntada la Intendencia: “2- Si dicho viaje fue sufragado por la empresa Teyma” sobre el punto, se nos contesta: “La empresa Teyma fue quien se hizo cargo de proporcionar los pasajes”.
Ahora bien, acá alguien miente, o es el intendente o es la propia Intendencia, pero es claramente escandaloso que un órgano público diga una cosa y la principal autoridad del departamento salga en un medio nacional a desmentir esa información. Por supuesto que se deberá estar a lo que informe el intendente a la Jutep, pero mucho nos tememos que tendrá que retroceder sobre sus pasos, pues esa información no solo sale de la Intendencia, sino que también varios medios la brindaron en su momento, aclarando que junto al intendente sanducero también viajaba el intendente de Salto –sería bueno saber quién le pagó el pasaje a Carlos Albisu–.

Lo dicho, las cuentas deben estar claras, sobre todo cuando, a su vuelta, Nicolás Olivera adjudica en forma directa un negocio millonario como es la gestión del Vertedero, a Teyma, todo lo cual parece poco transparente, por decir lo menos. Tan poco transparente, como el actual diputado, Fermín Farinha, que no ha explicado hasta hoy y luego de más de un año que se conociera, cuál fue la razón para que percibiera dos sueldos de fondos del Estado, y de dos entes del Estado, como lo son la Intendencia y el Congreso de Intendentes, situación que obviamente no olvidamos y por la cual seguimos esperando las explicaciones correspondientes.
Bueno sería que Olivera concurra a la Junta Departamental a iniciativa propia y aclare estos extremos, como también sería positivo que fuera a informar qué pasó con Sandeco y su catastrófica gestión, por qué no hay garantía de fiel cumplimiento y quién se hará cargo de los juicios millonarios contra la Intendencia a consecuencia de esa gestión.

A este episodio donde Olivera pretende sacarse el lazo y no asumir lo que hace, se suma el de Rodrigo Vercellino, diputado suplente del Partido Nacional y responsable hasta hace unos días atrás de Ferias de la Intendencia. En este caso, al menos tenemos arriba de la mesa una renuncia, pero seguimos como todos los sanduceros sin saber por qué se produjo la misma.
La ciudadanía merece conocer por qué se dio esta renuncia y si es verdad o no que existieron irregularidades en su gestión, por aquello de la transparencia y de la recta administración de la cosa pública. Pero bueno, tal vez sea pedir mucho a esta administración, que sea trasparente, pero si se le puede pedir que sea valiente y afronte los temas sin ir a quejarse a directorios en Montevideo por las investigaciones que se realizan en Paysandú. Lo dicho, la falta de coherencia tarde o temprano en política y en la vida se termina pagando.

Dr. Federico Álvarez Petraglia

Escribo esta solicitada para referirme a un tema que se lee mucho en la sección de Cortocircuitos Ciudadanos. Es en lo referente a que se está reclamando la presencia de la Guardia Republicana en nuestra ciudad.
Yo quiero decir que Paysandú tiene una muy buena Policía. Aunque no estaría mal contar con el apoyo de la Republicana.
Pero aquí ya contamos con el grupo GRT, con efectivos con la mejor preparación para combatir los distintos delitos. Este grupo de policías está muy capacitado e instruido para los distintos procedimientos.
Entonces ¿por qué pedimos a la Guardia Republicana? ¿No confiamos en nuestra Policía?
Contamos también con una muy buena flota de móviles, dispuestos por la Jefatura, patrullando distintos lugares de la ciudad.

Tenemos al frente de nuestra Jefatura a un excelente jefe de Policía, el Sr. Sánchez. O sea que hay un comando de muy buena jerarquía y trayectoria.
Sé cómo funciona la Policía de Paysandú. No soy ni fui policía, pero tuve el placer y el honor de ser cocinero en una seccional, por eso sé las reglas y el funcionamiento.
El trabajo de un policía, sea hombre o mujer, es el más peligroso. Cuando van a hacer el turno y se despiden de su esposa o esposo e hijos, no saben si retornarán a sus hogares.
El Grupo de Respuesta Táctica (GRT) es como si fuera la Guardia Republicana. Están para reprimir rigurosamente y apoyar los allanamientos. Acá lo que hay que pedir es más apoyo de la Justicia, algo que ciertamente no se ve. Tenemos conocimiento de que se hizo un llamado para el ingreso a la Escuela Nacional de Policía. Quiere decir que va a haber más efectivos policiales. Así que también quiere decir que no es necesario que reclamemos a la Republicana. Ojo, no estoy en contra de que vengan, pero tenemos nuestra Policía, a quien brindamos nuestro apoyo y confianza.

O.R.M.A.

Hay lugares que hablan. No necesitan discursos, no requieren explicaciones sofisticadas. Hablan solos. Y lo que hoy muestran varias cuadras de nuestra ciudad es, simplemente, abandono.
La zona delimitada por Uruguay, Silván Fernández, 18 de Julio y Entre Ríos –un punto neurálgico donde funcionan los liceos 1 y 5– debería ser un ejemplo de cuidado, de presencia institucional, de respeto por el espacio público. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.

A plena vista, edificios deteriorados, fachadas descascaradas, estructuras que evidencian años sin mantenimiento. Pero el problema no es solo estético: es mucho más profundo. Es social, es institucional y, sobre todo, es humano. En el gimnasio que depende del liceo 1, en la esquina de Florida y Carlos Albo, hay una realidad que se repite todas las noches: al menos cinco personas duermen bajo un alero. No es un caso aislado ni circunstancial. Es una situación permanente. Y con ella llegan los conflictos, las peleas, el desorden. A pocos metros de un centro educativo.
Como si fuera poco, sobre Carlos Albo –desde Florida hacia el sur– una de las puertas del mismo gimnasio se ha transformado en un baño a cielo abierto. Sí, en pleno centro urbano. Sí, frente a instituciones educativas. Sí, con total naturalidad y sin que nadie intervenga. Y hay más. Sobre Florida, antes de Entre Ríos, funcionaba una hermosa capilla dedicada a San José. Un espacio con valor simbólico, histórico y espiritual. Hoy, ese lugar fue vandalizado, destruido, arrasado. Y lo más grave no es solo el daño material, sino el silencio posterior. Nadie actuó. Nadie respondió.
En esa misma cuadra, además, funciona una pensión sobre la cual surgen dudas elementales: ¿está habilitada por la Intendencia? ¿Cumple con las condiciones mínimas? ¿Alguien controla?
La suma de todos estos hechos no es casual. Es consecuencia directa de la ausencia. Ausencia de controles, ausencia de decisión, ausencia de autoridad.

Aquí no se trata de estigmatizar a quienes hoy duermen en la calle. Se trata de entender que el abandono del espacio público perjudica a todos: a quienes viven esa situación extrema y a los vecinos que conviven diariamente con el deterioro, la inseguridad y la falta de respuestas.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están las autoridades?
Porque esto no es invisible. No ocurre en un rincón apartado. Ocurre en una zona céntrica, transitada, educativa. Ocurre frente a todos.
Es momento de que la Intendencia, la Policía y la Fiscalía dejen de mirar hacia otro lado y actúen. Que controlen, que ordenen, que intervengan. Que recuperen lo que hoy parece perdido.
Porque cuando el abandono se naturaliza, lo que sigue no es la resignación: es el deterioro total. Y eso, todavía, estamos a tiempo de evitarlo.

Vecinos