Opinión

La Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, publicó esta semana un informe en el que alerta sobre el impacto que el conflicto en el estrecho de Ormuz podría ocasionar en el precio mundial de los alimentos, con severas consecuencias para la seguridad alimentaria para millones de personas alrededor del mundo, pero además con importantes desafíos para las economías alrededor del planeta.
Más que una interrupción temporal del transporte marítimo, la FAO califica el conflicto como “el inicio de un choque agroalimentario sistémico que podría desencadenar una grave crisis mundial de precios de alimentos en los próximos seis a doce meses”, por lo que sostiene que es necesario adoptar medidas de emergencia, entre las que menciona “establecer rutas comerciales alternativas, limitar las restricciones a las exportaciones, proteger los flujos humanitarios y crear reservas para absorber el aumento de los costos de transporte”.
Máximo Torero, economista jefe de la FAO, dijo en el mensaje que acompaña el informe publicado el pasado miércoles, que es momento de empezar a pensar en cómo minimizar los impactos potenciales. Ello implica “estudiar las intervenciones de los gobiernos, las organizaciones financieras internacionales, el sector privado, así como las agencias de la ONU y otros centros de investigación, para ayudar a los países a enfrentar mejor la situación actual”.

Para evitar esta crisis la agencia considera que es necesario tomar decisiones, tanto agricultores como gobiernos, acerca del uso de fertilizantes, las importaciones, la financiación y la elección de cultivos.
El índice de precios de los alimentos de la FAO, que mide la evolución mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, aumentó por tercer mes consecutivo en abril. Los precios son impulsados por los altos costos de la energía y las perturbaciones del comercio relacionadas con el conflicto en Oriente Medio. “El impacto se propaga en etapas sucesivas: primero la energía, luego los fertilizantes y las semillas, después los rendimientos agrícolas, seguido de un aumento en los precios de las materias primas y, finalmente, una aceleración de la inflación alimentaria”, sintetiza el informe. Pero a esta situación ya hacer un mes que el Banco Mundial le había puesto números. En un artículo titulado “La guerra en Oriente Medio provocará el mayor aumento de los precios de la energía en cuatro años”, el organismo crediticio multilateral anticipó que este año los precios de los productos básicos aumentarán un 16%, lo que impulsará la inflación y desacelerará el crecimiento global.

Los datos forman parte de la última edición del informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Grupo Banco Mundial. Allí se anticipa que este año los precios de la energía aumentarán un 24%, con lo que alcanzarán su nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. La guerra en Oriente Medio está provocando una grave conmoción en los mercados mundiales de productos básicos, impulsados por “el vertiginoso incremento de los precios de la energía y los fertilizantes, y por los máximos históricos que han alcanzado los precios de varios metales clave”.
Pero el análisis va más allá, e indica que la crisis tendrá “graves consecuencias para la creación de empleo y el desarrollo”.

Por el estrecho de Ormuz transita cerca del 35% del comercio mundial de petróleo crudo transportado por mar, con lo que el conflicto ha desencadenado “la mayor crisis de suministro de petróleo registrada hasta la fecha, con una reducción inicial en el suministro mundial de alrededor de 10 millones de barriles por día”. Los precios del petróleo Brent se han sostenido en más de un 50% por encima de los niveles registrados a principios de año, dice el informe que se publicó en abril.
Los pronósticos de los expertos hablan de que en 2026 el petróleo Brent alcanzará un promedio de U$S 86 el barril, lo que supondría aumento significativo respecto a los 69 dólares por barril promediados en 2025. Pero claro, estos pronósticos suponían que “las perturbaciones más agudas terminarán en mayo y que a fines de 2026 el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz volverá gradualmente a los niveles anteriores a la guerra”. A menos de diez días para terminar mayo, no parece cercano el cierre del conflicto, y los valores permanecen por encima de los 100 dólares por barril. Así las cosas, estas estimaciones promediales podrían quedarse cortas. Lo veremos, en último caso.

De lo que no hay dudas es que la guerra ya ha ocasionado una distorsión en la economía mundial. El Banco Mundial lo explica en una serie de “oleadas acumulativas: primero con el aumento de los precios de la energía, luego con el aumento de los precios de los alimentos y, por último, con el aumento de la inflación, que elevará las tasas de interés y encarecerá aún más la deuda”, indicó Indermit Gill, economista jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial.
Se prevé que en 2026 los precios de los fertilizantes aumentarán un 31%, impulsados por un alza del 60% en los precios de la urea. Esto podría empujar a hasta 45 millones de personas más a una situación de inseguridad alimentaria aguda este año.

El economista jefe planteó que las mayores dificultades las afrontarán las personas más pobres “que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos y combustibles”, y que lo mismo va a ocurrir con las economías en desarrollo “que ya se ven agobiadas por una pesada carga de deuda”. En síntesis, Gill puso el mejor cierre que podría tener esta página: “la guerra es el desarrollo a la inversa”.

La sostenida disminución de la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi en la opinión pública uruguaya, según reflejan diversas mediciones estadísticas, constituye un fenómeno que no resulta inédito en el escenario político nacional. Este proceso suele manifestarse tras el agotamiento de la denominada “luna de miel” con el electorado, etapa caracterizada por la persistencia de expectativas favorables derivadas del respaldo electoral que posibilitó el acceso al poder de la fuerza política gobernante.

Precisamente, este período inicial suele considerarse el más propicio para la implementación de medidas estructurales orientadas a consolidar la futura gestión gubernamental. Ello implica dotarse de instrumentos políticos, económicos y administrativos que permitan materializar el programa de gobierno y, al mismo tiempo, aplicar ajustes que, aunque inicialmente puedan resultar impopulares, son concebidos como necesarios para generar condiciones de estabilidad que hagan viable el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

No obstante, uno de los rasgos más señalados del primer año de la administración Orsi ha sido la ausencia de iniciativas de este tipo. En lugar de ello, el gobierno ha transitado un proceso gradual y cauteloso, orientado principalmente a definir mecanismos de implementación de los lineamientos anunciados en campaña, muchos de los cuales fueron formulados en términos generales o mediante consignas asociadas a postulados tradicionales de la izquierda. Hasta el momento, las acciones desarrolladas no parecen haber satisfecho plenamente ni siquiera a sectores de su propio electorado, más allá de las críticas provenientes de quienes optaron por otras alternativas políticas. Las encuestas de opinión pública coinciden en reflejar este escenario de creciente insatisfacción.

En consecuencia, tras este primer año de gestión, el gobierno parece haber asumido el desafío que implica dicha caída en los niveles de aprobación y procura impulsar una suerte de relanzamiento mediante nuevas iniciativas y programas. Si bien las contingencias internacionales han incidido negativamente sobre la coyuntura nacional, resulta pertinente señalar que ninguno de estos factores alcanza la magnitud del impacto ocasionado por la pandemia de Covid-19 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, acontecimiento que alteró profundamente todas las áreas de la economía y la vida social.
En el contexto actual, los factores externos se vinculan principalmente a fenómenos económicos internacionales, entre ellos el incremento del precio de los combustibles, situación que repercute directamente sobre el poder adquisitivo de la población. A ello se suma el agravamiento de los problemas de inseguridad pública, un área históricamente compleja para los gobiernos de izquierda, que en ocasiones han interpretado el fenómeno delictivo solo como consecuencia de factores asociados a la desigualdad y la exclusión social. Asimismo, se ha registrado un fuerte incremento de las personas en situación de calle en el último año.

De acuerdo con datos difundidos por la consultora Factum, la disminución de la aprobación resulta particularmente perceptible entre quienes votaron por Orsi. Aunque la evaluación general continúa siendo relativamente positiva dentro de ese segmento, se observa un deterioro significativo respecto de mediciones anteriores.

En términos concretos, la desaprobación de la gestión presidencial entre votantes del Frente Amplio habría aumentado quince puntos en apenas dos meses. Con un nivel de desaprobación cercano al 46%, el rechazo se concentra especialmente entre jóvenes de entre 18 y 33 años y en residentes del interior del país. Paralelamente, un 29% mantiene una valoración positiva, mientras que un 24% expresa posiciones neutras. La consultora sostuvo además que el clima de opinión pública atraviesa “un proceso de caída de la aprobación y aumento sistemático de la desaprobación”, indicando asimismo que la aprobación presidencial descendió ocho puntos porcentuales entre el primer y el segundo bimestre de 2026.
Según el mismo informe, la reducción del respaldo se explica tanto por la pérdida de apoyo entre votantes de los partidos integrantes de la Coalición Republicana como, más recientemente, entre sectores que respaldaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024.

El estudio también evidencia diferencias territoriales significativas entre Montevideo y el interior del país. En la capital, la aprobación hacia Orsi es superior en ocho puntos porcentuales, mientras que en el interior la desaprobación supera en diez puntos a la registrada en Montevideo. Este fenómeno no resulta particularmente novedoso si se considera que históricamente la capital ha constituido el principal bastión electoral de la izquierda uruguaya.

Lo que sí aparece como un elemento atípico es la velocidad con la que se ha deteriorado la aprobación gubernamental. Este fenómeno difícilmente pueda atribuirse a una única causa, sino que parece vincularse directamente con las expectativas generadas entre amplios sectores ciudadanos durante el proceso electoral. Muchos votantes esperaban transformaciones perceptibles desde los primeros meses de gestión y confiaban en que la alternancia política produciría mejoras sustanciales en salarios, pasividades, empleo y políticas sociales vinculadas a vivienda, salud y educación.

Sin embargo, el “baño de realidad” en primer año de administración, agravado por factores externos, pero también por indefiniciones internas, errores de gestión y tensiones dentro de la propia coalición gobernante –especialmente debido a presiones de sectores que demandan políticas más radicalizadas hacia la izquierda– habría contribuido al desencanto de parte del electorado que esperaba respuestas más inmediatas y de carácter expansivo.

Desde una perspectiva económica, diversos analistas sostienen que el desarrollo sostenible requiere la generación de condiciones favorables para la inversión, la mejora de la rentabilidad empresarial y la consolidación de un clima de negocios que incentive la creación de empleo. En este sentido, advierten sobre los efectos negativos que podrían derivarse de la persistencia de conflictos sindicales, cierres empresariales y pérdida de competitividad frente a otros países de la región que priorizan la generación de riqueza como condición previa para su posterior distribución.

En este marco, la apuesta gubernamental al denominado “diálogo social” ha generado cuestionamientos, sobre todo porque los grupos participantes –mayoritariamente vinculados al Pit Cnt y a sectores de izquierda– impulsan propuestas que contradicen el resultado del plebiscito de 2023 relativo a la reforma de la seguridad social. Entre dichas propuestas se menciona la reducción de la edad jubilatoria sin una fuente clara de financiamiento, lo que implicaría un aumento significativo del gasto público.

Asimismo, el Presupuesto Quinquenal fue elaborado sobre proyecciones de crecimiento económico que no se han concretado en la magnitud esperada, limitando así la disponibilidad de recursos para atender las prioridades definidas. No obstante, desde ciertos ámbitos del diálogo social continúan planteándose demandas de ampliación del gasto orientadas a responder a necesidades sociales legítimas, pero sin respaldo financiero suficiente, lo que podría traducirse en un incremento del déficit fiscal y en compromisos difíciles de sostener en el mediano plazo.

En definitiva, desde esta perspectiva crítica, la profundización de políticas de corte populista no constituye una solución sostenible para los problemas estructurales del país. Por el contrario, podría derivar en mayores niveles de desequilibrio económico y deterioro social, agravando dificultades ya existentes y comprometiendo la estabilidad futura.

Cada mañana al chequear el teléfono, hacer las compras de supermercado con pago electrónico, utilizar una aplicación móvil para hacer transferencias bancarias o reservar hora para el médico, asumimos que detrás de ese elemento intangible que llamamos “nube” existe una eternidad garantizada. Nuestra vida moderna corre sobre la premisa de que la conectividad es algo inmutable, como la fuerza de gravedad o el oxígeno. Sin embargo, la realidad es mucho más frágil y potencialmente peligrosa.
Un reciente e inquietante informe global respaldado por Naciones Unidas y elaborado en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, ha puesto sobre la mesa una advertencia que deberíamos atender antes que las pantallas queden desconectadas: el riesgo de un apagón digital masivo ya no es una fantasía de una película de ciencia ficción sino algo probable aunque sin fecha exacta.

Históricamente los comités de crisis y los expertos en seguridad han enfocado sus esfuerzos en la figura del hacker o en sofisticados ataques cibernéticos. Sin embargo, el próximo gran colapso tecnológico podría ser provocado por una tormenta solar de escala geomagnética, una ola de calor extremo que frite los sistemas de enfriamiento de los centros de datos, una erupción volcánica o un simple y azaroso corte de un cable submarino de fibra óptica en las profundidades del océano.
El problema de fondo que plantea el documento no reside únicamente en la ocurrencia del evento en sí, sino en nuestra absoluta incapacidad de gestionar una “pandemia digital” que involucre un colapso sistémico en cascada. En un mundo totalmente hiperconectado, las fronteras entre lo digital y analógico se han disuelto. Y, en este contexto, si el suministro eléctrico falla, las telecomunicaciones caen en cuestión de minutos. A su vez, si éstas se interrumpen, los cajeros automáticos se apagan y los sistemas de pago colapsan. El efecto dominó haría que, paralelamente, si los pagos electrónicos se congelaran, las cadenas de suministros de alimentos y combustibles quedarían paralizadas.

Según los datos analizados por los expertos de la ONU, hasta el 89% de las interrupciones digitales vinculadas a desastres naturales son causadas por estos efectos secundarios y no por el impacto geográfico inicial. El número de ciudadanos afectados en forma indirecta podría incluso llegar a ser diez veces mayor que los de las víctimas de la catástrofe original.
La gravedad del escenario actual radica en un factor estrictamente cultural e institucional, relacionado con la demolición sostenida y silenciosa de los planes de contingencia analógicos. En aras de la eficiencia, la velocidad y la reducción de costos, la sociedad contemporánea ha desmantelado los cuadernos de registro, los teléfonos de línea física independiente, los archivos en papel y los sistemas manuales de distribución. Por ejemplo, si los servidores se interrumpen nuestros centros asistenciales perderían el acceso a los historiales clínicos en forma inmediata, las administraciones públicas y los comercios carecen por completo de instrumentos que les permitan funcionar a la vieja usanza. Es como si confiamos tanto en todo lo que hay actualmente que, en muchos sentidos, hemos eliminado el “plan B”.

Uruguay es uno de los países de mayor desarrollo en tecnologías digitales del mundo, lo cual nos genera una mezcla de orgullo y sentimiento de vulnerabilidad. Nuestras políticas de Estado han sido ejemplares en materia de avance de infraestructura de telecomunicaciones en las últimas décadas, la extendida red de fibra óptica para hogares y empresas desarrollada por Antel y la conexión directa al mundo mediante cables submarinos de última generación posicionan al país a la vanguardia de América Latina.
En sintonía con esta advertencia, en este mes de mayo, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) remarcó la importancia de consolidar la resiliencia digital en el marco de la Agenda Uruguay Digital 2030.

Paradójicamente, es esta misma excelencia estructural lo que convierte a Uruguay en una de las sociedades más dependientes de la región de la estabilidad de su ecosistema virtual. La inclusión financiera y la digitalización de los trámites estatales han avanzado notoriamente en los últimos años y los ciudadanos utilizamos cada vez menos el dinero en efectivo para nuestras transacciones cotidianas, a la vez que el Estado centraliza gran parte de su información administrativa, interacción burocrática y sanitaria en redes informáticas. Tras haber finalizado con éxito los procesos de “apagón analógico” en la televisión y otras áreas de transmisión pública años atrás, la pregunta obligada es si la infraestructura crítica que sostiene toda esta autopista informática llegara a fallar de forma prolongada por un factor externo global ¿disponemos de amortiguadores operativos y sociales como para que el país no se detenga? Porque si no fuera así, nuestra densidad tecnológica podría significar que si el mundo llegara a sufrir una “pandemia digital”, Uruguay tiene más que perder que sus vecinos. En países de baja madurez digital un apagón devolvería a la población a rutinas analógicas que nunca abandonaron del todo, pero aquí donde el dinero físico es cada vez más un actor secundario y el Estado opera en red, un apagón prolongado podría significar detener la vida productiva en seco.

Necesitamos que la información crítica (identidad, registros de propiedad, datos de salud esenciales) cuente con respaldos físicos independientes de la red eléctrica comercial. Se necesita que las instituciones dispongan de respaldos de su información y generadores de energía de ciclo cerrado para sostener los servicios esenciales.
La resiliencia digital debe incluir también la dimensión económica para que el sistema financiero cuente con protocolos de contingencia para evitar el desabastecimiento de la población. Y atendiendo a la popular frase de “El Eternauta”: “lo viejo funciona”, no deberíamos olvidar a los radioaficionados que históricamente han sido puentes de comunicación en situaciones de catástrofes, por lo que sería interesante mantener estos nodos de comunicación de onda corta y VHF en las capitales departamentales y localidades rurales asegurando que las intendencias y los centros de salud puedan comunicarse sin depender de la infraestructura celular y de fibra óptica.

La advertencia de las Naciones Unidas no busca sembrar pánico ni sugiere que debamos renunciar a los extraordinarios beneficios de la tecnología actual. Pretende, no obstante, inyectar una dosis de realismo en la planificación estratégica de los gobiernos y las empresas privadas.
La resiliencia no consiste únicamente en aumentar los servidores de respaldo o blindar los nodos de ciberseguridad –lo cual es absolutamente necesario hacer–, sino en incorporar la variable de la posibilidad del apagón digital y prepararnos para seguir funcionando.
Es desde esta perspectiva que proteger el futuro implica no olvidarnos de cómo funcionábamos en el pasado. Mantener las capacidades analíticas y de soporte físico, asegurar las líneas de comunicación de emergencias y diversificar los mecanismos de intercambio comercial no deben ser vistos como retrocesos sino como pólizas de seguro para la vida institucional y económica del país. Ante un panorama de desastre digital que la ONU asegura ya tiene fecha abierta aunque desconocida, la previsión es la única herramienta capaz de permitir que, si un día las pantallas se apagan, la sociedad siga funcionando.

Pasó el Diálogo Social. El proceso participativo convocado por el gobierno con el propósito de escuchar a todos los actores, de todo el país, para hablar sobre seguridad social y sentar las bases de una nueva reforma. Pasó, y dejó algunos titulares y muchas más incertidumbres que certezas, e incluso algunas heridas abiertas y algunas otras que se habrán de abrir más adelante, cuando se frustren expectativas que se generaron. También dejó una gran sombra de duda —que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, intenta despejar cada vez que sale— sobre si la confiabilidad y la estabilidad de la que el país ha hecho bandera a lo largo de este siglo, sigue siendo la premisa que era, dicho esto por el asunto de las AFAP, por supuesto.

Pero no es a eso que debemos referir hoy, sino a otros actores que participaron del Diálogo Social, que debieran ser el principal sujeto de los desvelos de los sistemas previsionales y de cuidados, y que sin embargo una vez más, como tantas veces, los vemos teniendo que salir a la calle a reclamar para hacer valer sus derechos.

Hablamos de jubilados y pensionistas, que con temperaturas de un dígito se concentraron en plena 18 de Julio, en Montevideo, para una movilización en la que repitieron reivindicaciones históricas, podría decirse, pero no porque no sean nuevas son menos relevantes; al contrario, esta permanente postergación habla de en qué lugar coloca nuestra sociedad a los adultos mayores.

Porque ojo, no podemos desconocer que se ha querido situar como objetivo a la pobreza infantil y que ello es estratégico porque el país tiene un problema de natalidad que es una amenaza para las próximas décadas, pero no puede ser la estrategia que nos lleve a ello una que se base en tirar de la frazada y dejar al descubierto el otro extremo de la pirámide poblacional.

¿Qué se reivindicó en esa concentración y movilización?: una partida fija en junio y diciembre, algo que equivalga a un aguinaldo; soluciones habitacionales, viviendas para jubilados; revisar los costos de órdenes y tiques en la salud; prótesis, lentes y audífonos para jubilados, un beneficio que se reconoce a los trabajadores activos, pero que “cuando dejamos de trabajar y más lo necesitamos porque vamos perdiendo la visión con la edad, no lo tenemos”, señaló Estela Ovelar, la secretaria general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). “Son temas que están quedando, por una seguridad social justa, solidaria, y sin lucro”, agregó, al igual que el recordatorio de que “los tiempos de espera de las personas mayores, no son los mismos que una persona más joven”.
Ovelar planteó que es una falsa oposición la que se pretende establecer entre combatir la pobreza infantil y atender la situación de las personas mayores. “Dejemos de enfrentar pobreza infantil con adultos mayores, porque muchos de esos niños por debajo de la línea de pobreza están sostenidos por la magra jubilación de sus abuelos, o por mujeres en hogares monoparentales con trabajos más precarios que eso después no resuelve”, dijo. Y le asiste razón. Porque en el Uruguay real, no el que figura en los papeles que ven pasar sobre sus escritorios los administrativos en calefaccionadas oficinas públicas, en el Uruguay de los barrios populares, desde donde ir al centro —donde se encuentran esas oficinas— es un viaje que puede llevar todo un día, las economías familiares son complejas y diversas.

En un país donde la inflación en las pantallas del INE y del Ministerio de Economía está en el piso históricos, pero donde llegar a fin de mes para una parte de la población es sinónimo de endeudarse para pagar deudas y rezar para que llegue San Aguinaldo, las jubilaciones de los mayores son un pilar básico para el sustento de varios miles. Mejorar los ingresos de esa población no solamente tiene efecto en los bolsillos de los jubilados y pensionistas. No es especulación, es plata que se va a gastar y va a dinamizar la economía.

Claro, está el detalle de dónde sacar los recursos necesarios para atender esta necesidad, y no vamos a caer en el barato recurso de reclamar postergaciones de obras como los accesos a Montevideo desde el Este del país, o la reforma que se anunció en los alrededores del Palacio Legislativo, también en Montevideo, pero mucho menos, por supuesto, vamos desde acá a siquiera sugerir la posibilidad de seguir contrayendo deuda para simplemente funcionar.

Que tenemos un estado sobredimensionado no es novedad ninguna. Es un diagnóstico en el que hay prácticamente unanimidad, solo que a algunos les parece bien, y hasta consideran deseable que hubiese más aun presencia y control estatal en todos los órdenes de la vida, a costa de la asfixia de un sector privado que siempre termina pagando la fiesta, a golpe de impuesto tras impuesto y de encarecimiento del costo de vida a segmentos de la población que de forma alguna podrían considerarse “privilegiados” en el sentido en que lo expresó Artigas en su célebre Reglamento de tierras de 1815.

La entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea representa un hito en la integración económica de América del Sur, pero también ha puesto de relieve la complejidad y las tensiones internas del bloque regional. Desde los sectores políticos y económicos, así como desde la academia, se había advertido que avanzar de manera apresurada en la implementación de este tratado podría generar desajustes significativos. En particular, la falta de definición sobre la distribución interna de las cuotas de exportación ha derivado en conflictos entre los Estados miembros, evidenciando la heterogeneidad y la competencia interna que caracterizan al Mercosur.

El acuerdo establece el acceso a los mercados europeos mediante un sistema de cuotas para productos considerados sensibles, tales como carnes, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos. Sin embargo, se estipuló que, si el Mercosur no definiera oportunamente la distribución de estas cuotas entre sus miembros, la Unión Europea no realizaría una asignación previa, sino que los cupos se irían ocupando a medida que los productos ingresen efectivamente al mercado europeo. Este mecanismo ha puesto de relieve una vez más que el bloque sudamericano no constituye un frente homogéneo, sino un conjunto de economías con intereses divergentes y, en ocasiones, contrapuestos de cara al comercio internacional.

Uno de los puntos de mayor sensibilidad dentro de estas negociaciones es la cuota de carne bovina, aunque la problemática se extiende a otros productos estratégicos, como la miel y los lácteos. La entrada en vigor del acuerdo generó disputas concretas, puesto que si bien se estableció un volumen total de exportación con aranceles reducidos, no se definió cómo se repartiría este cupo entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La ausencia de una preasignación nacional determina que prevalezca la regla de “el primero que llega”, lo que otorga ventajas a los países con mayor capacidad logística y volumen de producción, en detrimento de los socios de menor tamaño.

Cada país propone criterios diferentes para la distribución interna de las cuotas. Uruguay y Argentina sugieren que esta se base en el promedio histórico de exportaciones hacia la Unión Europea, lo que garantizaría una referencia objetiva en función de la trayectoria comercial de cada nación. Brasil, en cambio, plantea que la asignación se determine en proporción a la participación de cada país en el comercio mundial, mientras que Paraguay propone una división equitativa en cuatro partes iguales. Estas diferencias reflejan no solo la diversidad de intereses, sino también las estrategias políticas y económicas de cada Estado miembro frente a un mercado altamente competitivo.

El impacto de esta indefinición se ha hecho tangible en los primeros días de implementación del acuerdo. La cuota inicial de miel, por ejemplo, se agotó rápidamente, generando reclamos por parte de Uruguay debido a la forma en que Argentina y Brasil certificaron sus exportaciones anticipadas.

Los productores de Entre Ríos, organizados y atentos a los vacíos normativos, lograron posicionar importantes volúmenes en el mercado europeo desde el inicio de mayo, evidenciando cómo la falta de un sistema de reparto claro puede generar distorsiones significativas en los resultados comerciales.
Ante esta situación, Uruguay ha intentado aprovechar la presidencia pro témpore del Mercosur para promover un ordenamiento de las cuotas antes de 2027, buscando proteger a sus productores de posibles perjuicios. No obstante, los desafíos internos no se limitan a la carne y la miel. Existen otros productos estratégicos, como arroz y lácteos, en los cuales cada país persigue intereses particulares. Esta diversidad genera negociaciones cruzadas en las que ceder en un rubro puede utilizarse como moneda de cambio para obtener ventajas en otro.

Los actores privados también juegan un papel crucial en estas negociaciones. Según el presidente de la Federación Rural (FR), Rafael Normey, es fundamental que los operadores privados de los cuatro países alcancen primero un consenso, que luego pueda ser respetado a nivel político. Esta propuesta refleja la necesidad de que las decisiones comerciales se alineen con la realidad del mercado, evitando distorsiones derivadas de acuerdos exclusivamente políticos que no consideren la capacidad productiva y logística de cada país.

Más allá de los desafíos internos, es importante considerar que la entrada en vigor del acuerdo no beneficiará de manera uniforme a todos los sectores. Los principales productos de exportación del Mercosur siguen siendo mayoritariamente primarios y con bajo valor agregado, por lo que su acceso al mercado europeo estará condicionado por la competencia interna y por las limitaciones impuestas por las cuotas. Simultáneamente, la liberalización del 91% de las importaciones procedentes de la Unión Europea permitirá el ingreso de bienes industriales, farmacéuticos, químicos y automotrices, lo que podría ejercer presión sobre las industrias locales de Brasil y Argentina, que enfrentan altos costos internos y un tipo de cambio desfavorable.

El acuerdo, por lo tanto, plantea un doble desafío: por un lado, requiere que los países del Mercosur actúen con inteligencia estratégica en la negociación interna de las cuotas, priorizando los rubros donde poseen ventajas comparativas y cediendo en aquellos con menor potencial. Por otro, impone la necesidad de adaptarse a un mercado internacional más competitivo, donde la liberalización europea introduce bienes de alto valor agregado que podrían afectar la industria regional que puede no estar preparada para esta nueva realidad.

En conclusión, la distribución de cuotas de exportación constituye un elemento central para el éxito del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La resolución de estos conflictos internos determinará no solo la competitividad de los exportadores, sino también el equilibrio económico y político dentro del bloque.
La experiencia reciente demuestra que, sin un marco claro y consensuado, prevalecen las ventajas de los países con mayor capacidad logística y volumen de producción, dejando en desventaja a los socios menores. Por ello, el desafío del Mercosur radica en consolidar una coordinación intrabloque eficiente, que permita maximizar los beneficios del acuerdo mientras se minimizan los riesgos para los sectores más vulnerables de la región. La negociación requiere visión estratégica, inteligencia política y comprensión profunda de los mercados internacionales, factores que definirán la capacidad del bloque sudamericano para aprovechar plenamente esta oportunidad histórica.

No es tiempo de campañas electorales, pero los partidos políticos ya comenzaron a sondear los ánimos en el territorio. “El Frente Amplio te escucha” salió a recorrer el interior del país y las reacciones encendieron una voz de alerta. Eso, sumado a las últimas encuestas, conforma un combo de insatisfacción que no es patrimonio exclusivo de la izquierda.
Le ocurrió al Partido Nacional en plena campaña electoral, cuando dirigentes nacionalistas y colorados anunciaban su voto a Yamandú Orsi en distintos departamentos del país. También sucedió con el descontento que enfrentó el expresidente Luis Lacalle Pou, mientras se descabezaban ministerios completos durante el período anterior.

Nunca puede saberse con certeza si una persona está preparada o no para ejercer la presidencia del país, porque no es fácil medirlo. Por ahora, no gana un candidato por sí mismo, sino aquel que logra capitalizar mejor la insatisfacción o el descontento con el gobierno al momento de las elecciones. Pero, cuando asuma, deberá recordarlo.
En Rivera, una edila frenteamplista alzó la voz e interpeló a la dirección de la fuerza política que se encuentra de gira. Desde “demoras y carencias” hasta “desilusión” por el “trabajo horrible”, fueron algunas de las expresiones utilizadas por la dirigente, que cuestionó con dureza la gestión del Ministerio de Desarrollo Social y del hospital riverense.
El reclamo que expuso durante la instancia de diálogo no es aislado. La militante demandó una mayor presencia en los barrios, menos dirigentes detrás de los escritorios y más responsabilidad al momento de asumir cargos.
Ese cara a cara también se refleja en la última encuesta de Equipos Consultores, según la cual el 27% de los encuestados aprueba la gestión de Orsi, un 48% la desaprueba y un 23% ni la aprueba ni la desaprueba.
Este panorama fue interpretado por referentes del gobierno. Según la vicepresidenta Carolina Cosse, no se logró transmitir adecuadamente la situación internacional vinculada al estrecho de Ormuz ni las consecuencias del enfriamiento de la economía. Más allá de eso, aseguró no compartir los diagnósticos, aunque reconoció la seriedad de los datos.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que las expectativas de la población son superiores a la capacidad de respuesta del gobierno.
Durante las campañas presidenciales, el electorado manifiesta su descontento, sus expectativas y, finalmente, las demandas que quedan asentadas en las distintas recorridas.
Porque las expectativas del electorado son proporcionales a los discursos de campaña, que prometen y se sostienen, principalmente, en la confianza mutua. El problema de fondo es el “análisis” que realiza la fuerza política en el gobierno.
Hace unos días, en una entrevista, el mandatario aseguró que la derecha “monopolizó” las inquietudes sobre la seguridad ciudadana, al tiempo que manifestó su sorpresa porque el 50% de los votantes frenteamplistas apoya a Nayib Bukele.

En cualquier caso, cada gobierno exhibe sus estadísticas y desarrolla un discurso acorde a las circunstancias. Mientras durante mucho tiempo ocuparon titulares las explicaciones de las conductas delictivas basadas en la exclusión social, también se presentaban ideas orientadas a reducir penas y descomprimir cárceles. Paralelamente, se naturalizaron los problemas barriales ante la aparición de nuevos delitos.
Y, desde ese punto de vista, no se trató de una llegada tardía, sino del tiempo perdido en explicaciones. Una fuerza política no llega tarde a una discusión, sino a la implementación de medidas que brinden tranquilidad en el territorio.
Los temas no son patrimonio de la izquierda ni de la derecha, sino de una población que no percibe como reales las estadísticas presentadas bajo un concepto técnico o científico. Cuando el hecho delictivo ocurrió en su barrio o dentro de su entorno familiar, las percepciones pasan a ser profundamente subjetivas.
La convivencia ciudadana, por sí sola, no logra disminuir el delito, porque el narcotráfico extendió sus tentáculos en los barrios. La seguridad se ve afectada cuando un vecino siente que es imposible permanecer tranquilo en un espacio público o cuando el delito altera la dinámica familiar.

Y todo eso lo provoca el miedo. Es mucho más simple que pensar en la apropiación de discursos. En ese sentido, la afirmación de Orsi sobre la existencia de polarización política —realizada en una entrevista— también resulta visible dentro de la propia interna de su fuerza política. Algo que tampoco es novedoso, considerando el crisol de ideas y partidos que el Frente Amplio amalgamó desde su fundación.
El narcotráfico fue —y sigue siendo— explicado de múltiples maneras, hasta que tomó protagonismo a partir del incremento de ejecuciones y balaceras en zonas históricamente excluidas. Hoy, el delito tiene capacidad de penetrar instituciones, ejercer violencia e imponer sometimiento.
Incluso, el narcotráfico utiliza a niños y adolescentes en actividades delictivas que podrían profundizarse con el paso de las generaciones si las respuestas continúan demorándose.
Se trata de un ejercicio permanente de poder y de pulseada con los gobiernos de turno, por encima de las ideologías. Porque la inseguridad que permea en el interior del país llega también a localidades pequeñas y se expone ante las autoridades cuando se vuelve imposible de soportar.

En los últimos días, en Guichón, un grupo de vecinos autoconvocados reclamó acciones rápidas porque la inseguridad transformó sus vidas. Y ese, claramente, no es un caso aislado.
Allí, los vecinos relatan el incremento de la influencia del narcotráfico a partir de una mayor presencia de bocas de venta de droga, el aumento del delito y la ocupación de espacios públicos para el pernocte.
Sin dudas, no es estadística: es percepción. Y eso es lo que mueve la aguja.

Hay una teoría fascinante en este departamento: la realidad es un detalle menor frente a la necesidad de inaugurar cosas. No importa dónde, cómo ni para qué. Lo importante es cortar la cinta. Después, bueno… después vemos. Siempre después vemos.
Porque si hay algo que define esta gestión es la coherencia… sí, coherencia absoluta en hacer todo al revés.
Arranquemos por esa obra maestra de la planificación estratégica: una residencia estudiantil millonaria plantada en zona inundable. No una zona “eventualmente complicada”, no. Una zona donde el río, con una puntualidad casi británica, ha demostrado durante 26 años que cuando quiere, entra. Pero claro, el río tiene un defecto gravísimo: no vota. Entonces no se lo consulta.

Total, cuando el agua llegue y el edificio quede aislado como una isla del absurdo, siempre habrá una explicación técnica, un powerpoint, o mejor aún: silencio. Que es el idioma oficial de esta época.
Pero no nos quedemos ahí, porque esto es una saga.
Hace días se inauguró una obra nueva. Flamante. Reluciente. Impecable… durante exactamente lo que tardó en llover. Porque sí, se llovió toda. Una metáfora tan perfecta que da hasta pudor explicarla: obras que nacen viejas, soluciones que ya vienen con fecha de vencimiento, gestión pensada para la foto y no para la primera tormenta.

Después aparece la intervención en 18 de Julio, esa joya del urbanismo moderno donde el problema era, aparentemente, que había demasiado estacionamiento. Treinta y cuatro lugares menos. Porque claro, los comerciantes estaban incómodos con tanta facilidad para sus clientes. Había que complicarles un poco la vida, darles emoción. Y los árboles… ah, los árboles. Esos que en cinco años van a dar sombra. Espectacular. Una política pensada para el 2031 aplicada en el 2026, mientras hoy la gente da vueltas como trompo buscando dónde parar. Pero tranquilos, en cinco años van a poder estacionar… a la sombra de lo que hoy es un palito.
Visión de futuro, le dicen.

Después vienen los “senderos del río”. Vendidos como un proyecto paisajístico. Prometidos como un cambio estético. Ejecutados como… bueno, como yuyos desordenados con presupuesto. Porque gastar se gasta. Eso nunca falla. El problema es ese detalle menor: saber qué hacer con la plata.
Y mientras tanto, la joya de la corona: calles que se arreglan más veces que excusas se dan. Diez intervenciones en menos de un año. Diez. Es decir, no es que no se hace nada… se hace todo el tiempo lo mismo, pero mal. Es el eterno retorno del bache.
Parche sobre parche, gasto sobre gasto, y el contribuyente financiando esta especie de experimento social donde la pregunta es cuánto aguanta la paciencia antes de convertirse en hartazgo.
Pero ojo, que esto no es solo obra pública. No. También está el “modo avión” institucional.
Cuando aparece un caso incómodo, cuando un nombre propio empieza a hacer ruido, cuando la política debería hacer lo único que se le pide –explicar–… silencio. Un silencio quirúrgico. Profesional. Casi admirable en su disciplina.

Renuncias por “motivos personales”, amigos que dejan de ser tema, respuestas que no llegan, otras que se esconden en links como si fueran huevos de Pascua. Y dirigentes con miles de votos que, a la hora de hablar, descubren una vocación mística por el mutismo.
Pero claro… hablar implica hacerse cargo. Y eso ya es otra obra. Y esa, evidentemente, no está en carpeta.
Y si faltaba algo para completar el cuadro, aparece la ocupación de veredas. Años. Años de ilegalidad visible, cotidiana, descarada. Directores que pasan, explicaciones que cambian, responsabilidades que se patean como pelota pinchada… y el resultado siempre igual: nadie hace nada.
Cuatro nombres, cuatro cargos, cuatro oportunidades… y cero soluciones.
Entonces ya no es torpeza. No es descoordinación. No es casualidad.
Es decisión.

Decisión de no molestar a algunos. Decisión de mirar para otro lado. Decisión de que el ciudadano se arregle, que baje a la calle, que esquive autos, que pague y que no pregunte demasiado.
Porque acá el patrón se repite con una precisión admirable: se improvisa en las obras, se dilapida en los recursos, se calla en los problemas y se desaparece en las responsabilidades. Y mientras tanto, el contribuyente –ese personaje secundario que financia toda esta película– sigue cumpliendo. Pagando. Esperando. Bancando.
Hasta que deje de hacerlo.
Porque hay algo que ni la mejor estrategia de silencio puede tapar: cuando todo se hace mal, cuando nada cierra, cuando la realidad contradice el discurso… la paciencia no se estira más.
Se corta.

Y ese día, no va a haber árbol que dé sombra, ni sendero que disimule, ni discurso que alcance.
Porque el problema nunca fue el río, ni la lluvia, ni los yuyos.
El problema es mucho más simple.
Acá hace rato que dejaron de pensar.
Ing. Agrim. David Doti

La problemática relacionada con las dificultades financieras de personas e instituciones —principalmente pequeñas y medianas empresas— ha sido, desde siempre, un tema de profunda preocupación para esta página editorial. Es imposible alcanzar el desarrollo económico de las familias o de las empresas si no existe previamente una base sólida de educación financiera, especialmente en el caso de las medianas, pequeñas y microempresas, así como en las primeras etapas de cualquier emprendimiento, donde muchas veces se confunden las finanzas personales del emprendedor con las del propio emprendimiento.

En agosto de 2025 se difundió un estudio de la Universidad de la República (UdelaR) y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), que reveló que “el acceso al crédito en Uruguay avanza, pero también las dificultades de pago, afectando a casi un cuarto de la población adulta. La concentración del mercado y las tasas abusivas preocupan a especialistas y legisladores, que reclaman medidas urgentes”. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Cadena del Mar, “en Uruguay, cerca de dos millones de personas tienen algún tipo de relación con el mercado de crédito. Sin embargo, un informe de la UdelaR y de AEBU advierte que el 24% de los adultos con préstamos enfrenta problemas de pago, y casi la mitad de los usuarios de crédito reconoce preocupación por su nivel de endeudamiento.

El trabajo, presentado en el marco del proyecto “Interés por intereses”, reveló que, para diciembre de 2023, unas 2,1 millones de personas tenían deudas con el sistema financiero y que alrededor de 800.000 se encontraban en situación de impago. Además, alertó que los sectores más vulnerables son los que pagan tasas más elevadas, en algunos casos superiores al 100% anual. La investigación también advirtió que buena parte del endeudamiento no responde a inversiones productivas, sino a cubrir gastos básicos o saldar deudas previas, lo que refleja un uso del crédito como estrategia de subsistencia ante ingresos insuficientes. El problema podría ser aún mayor, ya que el BCU no registra toda la actividad del crédito informal”.

Tal como ha señalado el banco español BBVA, “la educación financiera es un proceso informativo, formativo y de asesoramiento que nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre el dinero, el ahorro y la inversión. Con una buena base, es más fácil gestionar gastos, elegir préstamos y planificar el futuro. De esta manera, mejoraremos nuestro bienestar económico. (…) La alfabetización financiera de la sociedad es una responsabilidad compartida en la que deben intervenir las familias, el sistema educativo, las instituciones financieras, los reguladores y la sociedad en general. Es importante aprender sobre finanzas básicas desde una edad temprana, tanto en nuestros hogares como en el sistema educativo y a lo largo de toda nuestra vida laboral”. Según el BBVA, “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluye desde 2012, en su Informe PISA, la evaluación de la capacidad de estudiantes de 15 años para comprender y aplicar conceptos financieros básicos. Esta concluyó en su último informe que uno de cada cinco estudiantes, en los 20 países y economías participantes, no alcanza el nivel básico de competencia financiera, mientras que alrededor del 11% alcanza el nivel más alto de conocimientos financieros. Entre esas competencias se incluyen, entre otras, manejar una cuenta bancaria, utilizar una tarjeta de débito, interpretar y evaluar un extracto bancario o comprender las tasas de interés de un préstamo. Las mujeres, las personas más jóvenes, las personas con menores ingresos y quienes poseen un menor nivel educativo tienden a tener, en promedio, menos conocimientos financieros que otros grupos”.

A modo de ejemplo, en nuestro país el Banco Central del Uruguay (BCU) lleva adelante el Programa de Educación Económica y Financiera, denominado BCUEduca, cuyo objetivo es promover y desarrollar la educación y la cultura económica y financiera. Desde 2012, BCUEduca impulsa acciones destinadas a instalar estas temáticas en la agenda pública e incluirlas en los planes de enseñanza escolar, liceal y de formación docente.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por su parte, también cuenta con programas relacionados con la educación financiera. Como ha señalado el propio ministerio, “la promoción de la educación financiera es un elemento fundamental para construir ciudadanía. Las finanzas personales no giran en torno al dinero, sino en torno a las personas y su bienestar”. Entre otras ventajas de la educación financiera, esta secretaría de Estado destaca las siguientes: a) incorporar herramientas financieras ayuda a definir y alcanzar objetivos personales; b) contar con mayores conocimientos sobre el tema permite organizar mejor el dinero; y c) aprender a cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos de pago tendrá impacto en nuestra “huella financiera”, es decir, en el historial de comportamiento de pagos que queda registrado en el sistema financiero.

Entre otras organizaciones públicas y privadas del país, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) también impulsa diversos programas vinculados con esta temática. Ante esta situación, la pregunta debería ser la siguiente: si existen tantos recursos humanos y materiales destinados a la educación financiera, ¿por qué los resultados continúan siendo tan preocupantes? Tal vez un informe del BCU, publicado en 2024 bajo el título “Endeudamiento de los jóvenes en Uruguay”, pueda contribuir a esclarecer este problema.

El informe referido expresa que “la casi totalidad de los deudores con dificultades en su capacidad de pago corresponde a deudas por crédito al consumo. Es de destacar que, dentro de dicho grupo de deudores, un 89,8% presenta deudas con Empresas Administradoras de Crédito (EAC), en tanto que más de dos quintos presenta adicionalmente deudas con bancos públicos y/o privados”. Asimismo, señala que “un 95,65% de los jóvenes presenta deudas exclusivamente destinadas al consumo, en tanto que solo un 0,33% y un 0,04% del total de deudores jóvenes presenta deudas exclusivamente destinadas a la adquisición de automóviles y vivienda, respectivamente”.

Queda claro que quienes deberían estar pensando en su manutención y crecimiento económico están más preocupados por acceder a bienes de consumo, sin importar si poseen medios suficientes para pagarlos, algo particularmente inquietante si se piensa en el futuro del país, del cual esos jóvenes son protagonistas directos. Si los jóvenes no son capaces de orientar sus deudas hacia bienes duraderos —como puede ser una vivienda propia o herramientas para su emprendimiento económico (maquinaria, local comercial, entre otros)—, muy poco, o tal vez nada, puede esperarse frente al consumismo que impulsa la adquisición de bienes y la contratación de servicios que, en caso de no poder abonarse, terminan transformándose en una verdadera “muerte civil”.

Es precisamente este término, proveniente del latín civiliter mortuus, el que mejor ilustra la pérdida de los derechos civiles de un individuo, algo que ni la educación financiera desplegada en tantos ámbitos uruguayos parece lograr evitar. Todo ello resulta preocupante, porque un país cuyos jóvenes llevan simbólicamente una bandera de remate sobre la frente poco o nada podrá hacer por construir su propio futuro.

Seguramente, si hacemos una encuesta para saber si Carlos I de Inglaterra y Escocia es más o menos conocido que Carlos III, descubriremos que Carlos I y Carlos II reinaron en una época marcada por la inestabilidad. Pero la vida de quien reinó entre 1625 y 1649, año en que fue ejecutado, fue aún más azarosa.

Carlos III del Reino Unido, en realidad Charles Philip Arthur George, nacido en Londres el 14 de noviembre de 1948, es el rey del Reino Unido y soberano de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Lo es desde el 8 de septiembre de 2022, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II.

Carlos I fue decapitado tras la guerra civil que abolió la monarquía en 1649. Carlos II recuperó el trono en 1660, aunque su relación con el Parlamento estuvo marcada por intensos conflictos políticos. Así, los años de sus reinados estuvieron sacudidos por la inestabilidad, lo que seguramente explica la falta de inspiración para que un nuevo gobernante eligiera nuevamente el nombre de Carlos. Habrían de pasar 350 años antes de que otro soberano adoptara ese nombre para afrontar su reinado.

Familia y juventud

Carlos nació el 19 de noviembre de 1600 en el Palacio de Dunfermline, Escocia. Su padre fue Jacobo I de Inglaterra y su madre Ana de Dinamarca (1574-1619), hija de Federico II de Dinamarca y Noruega, quien reinó entre 1559 y 1588.

La política de Carlos implicaba frecuentes enfrentamientos con el Parlamento, especialmente por dificultades para aprobar nuevas leyes fiscales y otras cuestiones presupuestarias. Carlos intentó prescindir del Parlamento y actuar como un monarca absoluto.

En consecuencia, disolvió el Parlamento en repetidas ocasiones. Durante ese período se impusieron nuevas cargas tributarias a comerciantes y banqueros, aumentaron los derechos de aduana y se reimplantaron multas que sanearon las arcas reales. Además, fortaleció la recaudación de impuestos sobre los barcos.

El rey calculó mal en 1628, cuando se vio obligado a hacer concesiones al Parlamento. Sin embargo, cambió de postura y volvió a disolverlo en marzo de 1629. Los presupuestos anuales quedaron equilibrados e incluso disminuyó la corrupción en el gobierno. Pero en 1637 la situación volvió a deteriorarse.

La ausencia del Parlamento resultó crucial y el rey solo pudo reunir un ejército de milicianos sin experiencia para hacer frente a la amenaza. Ambas fuerzas se enfrentaron, pero Carlos, consciente de que su ejército mal entrenado podía perder la contienda, decidió ceder ante las demandas escocesas. Se permitió a Escocia mantener su libertad religiosa y se prometió a los líderes escoceses una importante suma de dinero para retirarse.

El rey se encontró entonces con el problema práctico de obtener esos recursos sin contar con el Parlamento, órgano que normalmente se encargaba de aprobar la recaudación. Sin demasiadas alternativas, convocó nuevamente al Parlamento en la primavera de 1640, por primera vez en once años.
Entre los acuerdos alcanzados figuraba una ley que obligaba a convocar al Parlamento al menos una vez cada tres años y que impedía su disolución por simple voluntad del monarca. También se establecía que los ministros reales debían contar con aprobación parlamentaria. El rey aceptó estas condiciones, pero luego ignoró sus compromisos.

La respuesta fue la guerra civil: las Guerras de los Tres Reinos, en las que también quedaron involucradas Irlanda y Escocia.

A Carlos I se le prohibió un funeral de Estado y fue enterrado en silencio en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor.

Carlos II

Ejecutado el rey, siguieron once años de un período republicano denominado la Mancomunidad de Inglaterra o Commonwealth. Sin embargo, parecería que aquellos tiempos no estaban hechos para el buen ejercicio del poder ni para la estabilidad. Rápidamente el reino volvió a sumergirse en una profunda inestabilidad.

La monarquía regresó y Carlos II, hijo del monarca ejecutado, recuperó el poder. Este rey ya había asumido el mando de Escocia tras la muerte de su padre. Recordemos que la Mancomunidad no incluía a Escocia. En 1660 fue coronado también rey de Inglaterra e Irlanda, reuniendo nuevamente a los diversos reinos bajo su autoridad.

Tardó tanto

Carlos III ha sido el heredero de la Corona y el príncipe de Gales con más años de servicio. A los 73 años se convirtió en la persona de mayor edad en acceder al trono británico, superando al rey Guillermo IV, proclamado a los 64 años en 1830.

Sus desaciertos, sus presuntas incompetencias y sus escándalos matrimoniales con Diana Spencer hicieron de Carlos III una figura poco apreciada durante muchos años. Con frecuencia surgían versiones de que nunca llegaría a ocupar el trono.

Diana murió en un accidente automovilístico y, en 2005, tras una larga relación, Carlos III se casó con Camilla Shand.

Carlos III del Reino Unido es rey del Reino Unido y soberano de los otros catorce reinos que integran la Mancomunidad de Naciones. Ocupa el trono desde el 8 de septiembre de 2022, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II.

En su hora…

Carlos III sorteó una de las pruebas políticas más difíciles de su vida. La ceremonia más solemne de la política británica coincidió con un momento de gran debilidad gubernamental.

En la Cámara de los Lores, el monarca leyó más de 35 proyectos de ley impulsados por el gobierno de Keir Starmer, un primer ministro cuya continuidad ya es cuestionada incluso dentro de su propio partido.
Mientras el rey enumeraba medidas sobre seguridad económica, energía, inmigración y sanidad destinadas a “crear un país justo para todos”, numerosos diputados laboristas discutían en privado cuánto tiempo más permanecerá Starmer en Downing Street.

Aunque el discurso es leído formalmente por el rey, su redacción corresponde al gobierno. Sin embargo, en Londres muchos interpretan que existe una fuerte coincidencia entre la visión del monarca y el contenido del texto.

Mientras el gobierno de Starmer intenta recomponerse, el discurso del rey marca una agenda amplia y ambiciosa. La apertura del Parlamento logró transmitir una imagen de fortaleza institucional que contrasta con la frágil posición del jefe de gobierno.

Las encuestas reflejan el estado de la opinión pública en un momento determinado, pero, tomadas en conjunto, van mostrando tendencias a lo largo del tiempo. Y eso ayuda a los gobernantes: les permite saber cómo los ven sus conciudadanos y mandantes, qué les preocupa y qué esperan de ellos.
A veces, sin embargo, pueden tener efectos negativos, tanto cuando los datos son buenos —porque ensoberbecen, y ¡cuidado con los gobernantes soberbios!— como cuando son malos: los ponen nerviosos y les hacen perder la calma. Entonces salen a patear para cualquier lado, a pescar en cualquier cachimba, a rendir homenaje a cualquier cachafaz, a someterse a un montoncito de fanáticos, a acusar y buscar culpables por todos lados y a tirar porquería a diestra y siniestra.

No sé cómo habrá caído en el gobierno esta última encuesta de Equipos sobre la imagen presidencial, que marca una caída —abrupta, diría— en la aprobación de la gestión de Yamandú Orsi. Casi la mitad de los encuestados (48%) la desaprueba; solo el 27% —menos de tres de cada diez— la aprueba, y algo menos de un cuarto (23%) ni aprueba ni desaprueba. El saldo para Orsi es negativo: -21. Y si se la compara con la encuesta anterior, de febrero, el desasosiego para el gobierno debe de ser aún mayor: entonces el saldo negativo era de -7, con un 40% de desaprobación y un 33% de aprobación. Hay una diferencia importante.

Para peor, en esta ocasión no juega el efecto “portaaviones” ni la “simpatía” que le generó al presidente la nueva obra faraónica del “reverdecer” —y ainda mais— del Palacio Legislativo. El PCU está jugando fuerte y a cara descubierta, explotando esa supuesta “genuflexión” al imperialismo. Por otro lado, cae muy mal el gasto multimillonario impulsado por la vicepresidenta Cosse. Asusta por los antecedentes en la materia y, al mismo tiempo, agravia que el gobierno utilice un tema tan serio y preocupante como la pobreza infantil para justificar más impuestos y más funcionarios —faltando a lo prometido— mientras, paralelamente, encara semejante derroche. Hay, además, una tendencia a trasladarle todo al presidente, especialmente aquello que genera ruido o polémica. Todo termina cargándose sobre él. La confianza en el presidente ha caído. La credibilidad de Orsi ya no es la misma que al principio; ni cerca. Ahora bien, ¿cuánto incide en ello la caída de la credibilidad del ministro de Economía, Gabriel Oddone —el primero que eligió en tándem con Mujica—? La gente se enoja con los cambios y los distintos “matices” explicativos del ministro y, además, tiene miedo: teme por sus ahorros en las AFAP y no quiere que sean manoteados por el BPS.

Los propios empresarios le reclaman a Oddone “señales correctas”, y este se enoja y acusa tanto a la oposición como a los empresarios de ser “temerarios”. Mientras tanto, estuvo sonriente en primera fila el 1.º de mayo y no se le conocen respuestas firmes ni críticas claras a las iniciativas del ministro de Trabajo ni a las afirmaciones de los popes del PIT-CNT. Orsi ha perdido credibilidad porque, de alguna manera, en la percepción de la gente también ha perdido autoridad. A los ciudadanos no les gusta que sus ministros le falten el respeto —así lo perciben muchos—; no les gusta que otros salgan a interpretar lo que él piensa o dice, ni que todos los “baldes pesados” y las embarradas terminen endosándoselas a él.
La mayoría de los ciudadanos confió en él, le delegó poder y le otorgó facultades para que manejara sus asuntos. Si no lo hace —o si los ciudadanos perciben que no lo hace—, se desilusionan, dejan de creer y dejan de aprobar. Así de simple.

Esta semana se dio a conocer una decisión de la Unión Europea (UE) por la que prohibirá la importación de carne procedente de Brasil a partir del mes de setiembre próximo. La medida se anuncia menos de dos semanas después de que se activara provisoriamente el acuerdo firmado entre el bloque europeo y el Mercosur por el que los productos sudamericanos ingresan en mejores condiciones arancelarias a los mercados del viejo continente.

“Bruselas ha sacado a Brasil del listado de países autorizados a exportar a la UE al considerar que incumple las reglas que exigen que los productos estén totalmente libres de agentes antimicrobianos usados para el engorde”, publicó El País de Madrid al dar cuenta de la razón para semejante prohibición.
Si el veto entra en vigor —porque el gobierno norteño ha anunciado que recurrirá la decisión—, Brasil no podrá exportar tanto carne como otros productos tales como miel, embutidos o pescado. Las exportaciones de carne bovina brasileña a Europa superaron las 370.000 toneladas en 2025, unos 1.800 millones de dólares, según datos oficiales que citó Folha de Sao Paulo.

“La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la salud pública”, justificaron en Bruselas. “Al garantizar el uso prudente en animales, la UE protege la salud de sus ciudadanos”, agrega el texto que acompañó al listado actualizado, en el que ya no figura Brasil. Los antimicrobianos engloban antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparásitos. De esta forma, Brasil, a partir de setiembre recibe un verdadero cachetazo tras la activación del histórico acuerdo por el que se bregó durante 25 años contra la oposición de la ruralidad europea, una negociación que se desbloqueó en los últimos tiempos en vistas del nuevo escenario global, en el que los lazos históricos de Europa con Estados Unidos se han visto debilitados, al punto de verse temblar las estructuras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los otros tres socios del Mercosur permanecen —permanecemos— en la nómina de países autorizados, eso supone que, en un contexto en el que no se encontraron acuerdos internos para la distribución de cuotas para las exportaciones al amparo de este acuerdo, el gigante vecino podría perder terreno. Es decir, esta decisión de alguna manera nos termina favoreciendo.

Sin embargo no podemos dejar de observar que es posible que detrás de esta decisión hayan existido presiones de parte de los sectores productivos para activar una suerte de barrera para-arancelaria frente a las exportaciones del bloque.

¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer, de ahora en adelante, muy buena letra en algunas cuestiones en las que el país ha protagonizado algunos recientes reveses, siendo liviano en la consideración de responsabilidades.

Por supuesto que nos referimos a los reiterados problemas que hemos tenido en China, nada menos que nuestro principal socio comercial, con contenedores de carne que han sido rechazados en destino por encontrarse residuos de garrapaticidas en la carne. Y hablamos de China, un mercado que tienen sus exigencias —a la vista está—, pero que no se acercan a las que plantea la UE para los productos que ingresan para abastecer la demanda de sus consumidores.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció en su momento una serie de medidas tendientes a reforzar controles en la detección de residuos de garrapaticidas en carne bovina exportada. Entre estas medidas se encuentran el refuerzo de los muestreos, con mayores controles en plantas frigoríficas enfocado en productos de larga persistencia; vigilancia en cuanto a los tiempos de espera antes de ingresar el ganado a plantas de faena tras los tratamientos sanitarios; sanciones a los productores que envíen a faena animales con residuos superiores a los permitidos, entre otros, como el etiquetado de los envasas con indicación de los plazos de espera necesarios tras la aplicación.
En sí, el volumen de carne regresada al país no fue demasiado significativo, de allí que alcanzase con que se devolviesen los envíos y no se aplicaran otras medidas por parte del país destinatario.
Lamentablemente un episodio de este tipo en un mercado con los niveles de exigencia de los europeos podrían, eventualmente, tener otro tipo de consecuencias.

Pero otro tema quizás tan preocupante como este son las fallas groseras que en el Sistema Nacional de Información Ganadera evidenciaron los episodios —permítasenos el eufemismo— de los fondos ganaderos.

Los perjuicios sufridos por miles de ahorristas que pusieron su confianza en estos mecanismos atestiguan que el sistema no cumplió con el cometido, que es vulnerable, y por tanto la confiabilidad de los datos que se maneja allí puede ser puesta en tela de juicio.

“La Auditoría Interna de la Nación (AIN), un órgano de control desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el informe de una auditoría realizada al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), cuyo objetivo era evaluar la integridad de la información utilizada por el sistema para la toma decisiones”, publicó El País de Montevideo. El 14 de abril la AIN decidió clasificar el informe como reservado, “lo que implica que el contenido del documento no será de acceso público”. Eso nos priva —a nosotros y al mundo— de conocer dónde falló el sistema, que permitió que se expidieran caravanas identificatorias correspondiente a ganado que no existía.

¿A qué viene todo esto? A que tenemos flancos débiles que podrían, eventualmente, dar lugar a decisiones como la que hoy afecta a Brasil. Y esto, aunque parezca que es un problema que atañe al aparato productivo, ya tenemos de sobra evidencia de que cuando tuvimos problemas para exportar nuestro principal producto, no solamente la economía, sino que la sociedad toda la pasó mal.

El aumento de las ventas de vehículos eléctricos en Uruguay se ampara, en gran medida, en los beneficios que el Estado ha dispuesto para promover su participación en el mercado automotor nacional, tal como ocurre en otros países. La premisa es que, mediante los subsidios establecidos, se lograría una participación significativa de estos vehículos, contribuyendo así a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la contaminación ambiental.

Claro que no todo es color de rosa. En los hechos, esta gradual conversión del transporte ciudadano se basa en supuestos que no siempre se corresponden con la realidad cotidiana: quienes acceden a los vehículos eléctricos suelen ser personas de alto poder adquisitivo, inclinadas a adquirir automóviles de alta gama gracias a los subsidios para la compra y a las tarifas preferenciales de recarga. En consecuencia, la gran mayoría de la población termina subsidiando a sectores que, en realidad, no necesitan esos beneficios.

En las últimas horas se conoció, a partir de un artículo de El Observador, que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos comenzó a encender luces de alerta entre las estaciones de servicio, cuyos propietarios reclaman una revisión de esos incentivos. A su vez, el gobierno también analiza alternativas sobre este tema.

Según datos de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), en enero pasado el consumo de nafta cayó 4% a nivel nacional. En Montevideo, la disminución fue de 6%, mientras que en barrios como Carrasco y Punta Gorda llegó al 12%.

Desde hace meses, los estacioneros venían siguiendo de cerca el avance de los autos eléctricos e híbridos en el parque automotor. Según datos de la gremial, entre enero y abril el 61% de los autos y SUV (utilitarios deportivos) cero kilómetro comercializados fueron eléctricos o híbridos.

Los empresarios también analizaron cómo los beneficios otorgados incidieron en la decisión de compra. La principal bonificación es la exoneración del Imesi al adquirir un vehículo cero kilómetro.
“Como toda innovación, necesitaba un impulso y el gobierno lo brindó mediante una resignación fiscal para fomentar el pasaje a la electromovilidad”, señaló el presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti.
El empresario entiende que esa primera etapa ya se cumplió, algo que puede verificarse al observar la cantidad de autos eléctricos que circulan por las calles. En ese contexto, planteó la necesidad de revisar los beneficios destinados a ese segmento y advirtió que las exoneraciones otorgadas rondarían los U$S 1.600 millones durante este quinquenio, con impacto tanto en la recaudación del Estado como en la competencia dentro del sector.

La mayor incidencia corresponde al Imesi, con unos U$S 782 millones, aunque también deben considerarse la Tasa Global Arancelaria (TGA) de 0% y la patente preferencial respecto a los automóviles tradicionales. “Actualmente, quienes utilizan vehículos a combustión no acceden a esos incentivos y quedan en desventaja, lo que termina generando una inequidad que creemos debe corregirse”, afirmó Sanguinetti. Y esa ventaja también genera una contradicción. La mayor concentración de autos eléctricos se observa en barrios como Carrasco, Punta Carretas o Punta Gorda, donde residen familias de alto poder adquisitivo. En el interior del país, en cambio, la presencia es menor y más dispersa. “La resignación fiscal que realiza el gobierno está siendo aprovechada por un estrato social que no necesita el beneficio”, sostiene Unvenu, que entiende necesario revisar los incentivos para la compra de vehículos eléctricos. Uno de los planteos refiere al sobreprecio del gasoil destinado al fideicomiso del transporte público y al subsidio del supergás. Unvenu propone —acompañando una iniciativa de la Confederación de Cámaras Empresariales— que los impuestos actualmente aplicados al gasoil se trasladen a las compras de autos eléctricos cero kilómetro.

Precisamente, al amparo de la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa gravar a los autos eléctricos con Imesi. El ministro Gabriel Oddone recordó días atrás que las ventas de automóviles eléctricos e híbridos en el primer trimestre del año superaron a las de vehículos a combustión, lo que, a su entender, demuestra que los estímulos tributarios impulsados por los gobiernos han tenido resultados extraordinarios. Sin embargo, agregó que ese tipo de beneficios deben moderarse cuando el producto ya logró consolidarse en el mercado. También señaló que las modificaciones en estudio afectarían a los vehículos eléctricos de alta gama, para los cuales “no hay ninguna razón para estimular la compra”.

Esta problemática no involucra únicamente a Uruguay. Varios países están reduciendo o eliminando subsidios a los autos eléctricos, ya que una de las críticas más frecuentes es que los beneficios terminan favoreciendo, sobre todo, a personas de ingresos altos. Alemania, por ejemplo, eliminó abruptamente su subsidio nacional a fines de 2023 debido a problemas presupuestarios y presión fiscal. El gobierno argumentó que el mercado ya había madurado y que continuar subsidiando cada compra resultaba demasiado costoso.

Noruega, por su parte, fue durante años el gran ejemplo mundial de incentivos al vehículo eléctrico, pero ahora comenzó a reducir beneficios porque los eléctricos ya dominan el mercado.
El razonamiento es claro: “la transición ya ocurrió”.

Francia y Países Bajos también redujeron ayudas o anunciaron que las eliminarán gradualmente para equiparar la carga tributaria entre los eléctricos y los autos convencionales.

Existe, además, un hecho difícil de rebatir: a través de estos subsidios, los hogares de mayores ingresos han sido los que más vehículos eléctricos adquirieron. En otras palabras, el Estado termina utilizando recursos públicos para abaratar automóviles comprados por sectores relativamente acomodados.
Desde el punto de vista medioambiental, además, los autos eléctricos sí pueden reducir de forma significativa algunas formas de contaminación, pero están lejos de representar un “impacto cero”. Lo que ocurre, en muchos casos, es un cambio en el tipo de emisiones: parte del problema se traslada desde el escape del vehículo hacia la generación eléctrica, la minería y la fabricación de baterías.
En países con matrices energéticas relativamente limpias —hidroeléctrica, eólica, solar o nuclear— la reducción total de emisiones puede ser muy significativa.

No sucede lo mismo en aquellos que todavía dependen de fuentes no renovables.
Si un automóvil eléctrico se carga con electricidad generada a partir de carbón o fuel oil, parte de la contaminación simplemente se desplaza desde el caño de escape hacia la central eléctrica. Por eso, el beneficio ambiental depende en gran medida de la matriz energética de cada país.

El automóvil eléctrico todavía está lejos de ser una solución mágica y, sobre todo, no parece razonable mantener subsidios que ya no resultan imprescindibles y que terminan desvirtuando el mercado, además de afectar las arcas del Estado en beneficio de sectores pudientes. Esto no implica abandonar la electrificación, sino optar por formas de apoyo más racionales y equilibradas.

Mejor aún sería promover la electrificación del transporte público y de las formas de movilidad colectiva, una vía mucho más lógica para abatir la contaminación y racionalizar el uso de la energía, cualquiera sea su origen. Porque, al fin y al cabo, desde una perspectiva ambiental, las opciones más sostenibles siguen siendo caminar, usar bicicleta, utilizar transporte público o compartir vehículos. Sustituir autos a combustión por eléctricos ayuda, pero reducir la dependencia del automóvil continúa siendo mucho más beneficioso para el medio ambiente, aunque una cosa es decirlo y otra muy distinta lograrlo en forma masiva.

En las últimas décadas, el debate sobre la deuda soberana en América Latina se ha mantenido en una jerga técnica que el ciudadano común no siempre entiende o investiga. Se habla de sostenibilidad fiscal, riesgo país y perfiles de vencimiento como si fueran variables aisladas del contexto social. Sin embargo, un reciente y contundente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Who pays the price? Gender, inequality & sovereign debt (2026)” rompe esa visión con una evidencia empírica que es difícil de ignorar: la deuda no es neutral al género y además, tiene rostro de mujer. El informe fundamenta cómo la deuda soberana es un potente catalizador de desigualdad que, en momentos de crisis, extrae su pago directamente del bienestar, el tiempo y la vida de las mujeres.
En primer lugar, para comprender por qué la economía tiene un impacto tan directo en nuestras vidas, es necesario desmitificar qué es, realmente, la deuda soberana. En términos sencillos, podemos imaginarla como el compromiso financiero que asume un país cuando sus ingresos –lo que recauda principalmente a través de impuestos– no son suficientes para cubrir sus planes de inversión o sus gastos de funcionamiento. Ante esta brecha, el Estado acude al mercado para pedir prestado, ya sea emitiendo bonos que compran inversores privados o solicitando créditos directos a organismos internacionales.
Esto, que suele presentarse como un frío balance contable tiene, no obstante, una “letra chica” que afecta el bienestar social. El problema no es solo la deuda en sí, son el llamado servicio de la deuda, un flujo constante de dinero que el país debe desviar mes a mes para pagar intereses y devolver el capital original. Cuando el peso de esos pagos crece, el espacio fiscal se encoge, obligando al gobierno a tomar decisiones difíciles, y la macroeconomía se vuelve personal.

En la práctica, esto significa que cada peso destinado a los acreedores es un peso que deja de invertirse en hospitales, escuelas o en el fortalecimiento de nuestro sistema de cuidados. Así, la deuda deja de ser un concepto abstracto vinculado a quienes entienden de economía para convertir en un factor que condiciona la calidad de servicios públicos y, en última instancia, profundiza las brechas de desigualdad que ya atraviesan la sociedad.

El informe advierte que el aumento del servicio de deuda en los países en desarrollo está agravando la desigualdad de género, amenazando 55 millones de puestos de trabajo femeninos. Tras analizar datos de 85 países en desarrollo, el estudio revela que las mujeres son las principales víctimas de las políticas de austeridad impuestas por el creciente peso de la deuda en muchos países y que los recortes en servicios esenciales están revirtiendo décadas de progreso en desarrollo humano. Es decir, mientras los gobiernos destinan más recursos al pago de intereses, se ven forzados a recortar inversiones en salud, bienestar y sistemas de cuidados, un ajuste que golpea con especial dureza a las mujeres.

Hay un dato en el informe del PNUD al que se debería prestar especial atención: cuando el servicio de la deuda escala a niveles críticos, el ingreso per cápita de las mujeres se desploma un 17%. Podríamos preguntarnos por qué bajo las mismas condiciones de presión financiera, el ingreso de los hombres no muestra variaciones estadísticamente significativas.

La respuesta que da el estudio es que ese 17% corresponde a una brecha de género convertida en variable de ajuste macroeconómico. En América Latina, donde la autonomía económica femenina es el pilar que sostiene a millones de hogares, este desplome de ingresos significa menos libertad, más dependencia y un retroceso de décadas de lucha por la igualdad. De esta manera, la deuda, gestionada bajo las reglas actuales, funciona como un motor que succiona la riqueza generada por las mujeres para alimentar los intereses de acreedores externos.

El impacto en el empleo es igualmente devastador y presenta lo que el informe llama un “efecto cicatriz”: en el corto plazo, un alto servicio de deuda provoca una caida inmediata del 6,3% en el empleo femenino, pero como la economía es un organismo con memoria, a largo plazo, debido a la erosión de la demanda y el recorte de servicios públicos, esa caída se profundiza al 10,6%.

¿Por qué las mujeres pierden más empleos que los hombres ante la deuda? La respuesta reside en la estructura del Estado. El servicio de la deuda desplaza el gasto en sectores donde las mujeres están sobrerrepresentadas, como la educación y la salud, y recorta las vacantes de empleo público, que ha sido históricamente refugio de la formalidad y la profesionalización femenina en varios países de la región, entre ellos el nuestro.

En definitiva, cuando el Estado se achica para pagar, las mujeres son las primeras en ser explusadas del mercado laboral aunque no se van a la inactividad sino que se ven empujadas al trabajo informal por cuenta propia y al empleo familiar no remunerado, lo que implica pérdida de derechos y mayor inseguridad.

Para un país como Uruguay, que ha construido su identidad moderna sobre las bases de una red de protección social robusta y una agenda de derechos de vanguardia, los hallazgos de este informe representan un desafío ético y macroeconómico de primer orden.

Nuestro país es observado por el mundo gracias a su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el cual además se aspira a fortalecer en el entendido que para que la mujer trabaje, estudie o participe de la vida pública, el Estado debe co-responsabilizarse del cuidado de niños y ancianos.

En tiempos complejos para la economía y el empleo, el informe del PNUD es un llamado de atención que advierte sobe un impuesto invisible: cuando la presión de la deuda obliga a recortar estos servicios, la carga del cuidado no desaparece, simplemente se “domestica” nuevamente regresando al hogar, por lo que las mujeres son quienes actúan como amortiguador humano frente a la crisis fiscal.

Con un análisis de más de 80 países, el estudio presenta suficiente evidencia de que cada peso que se retrae de una guardería o un centro de día para pagar un cupón de deuda es una hora de trabajo no remunerado que se le impone a una mujer, lo que constituye un subsidio invisible que las mujeres otorgan a la estabilidad macroeconómica de un país.

En este sentido, concluye que es imperativo que las reestructuraciones de deuda incluyan evaluaciones de impacto de género. No se trata solo de la cantidad de deuda, sino de cómo su gestión prioriza o sacrifica los derechos humanos de la mitad de la población. Se necesitan “claúsulas de género” que protejan los presupuestos de salud materna y los sistemas de cuidados, entendiéndolos no como gastos a recortar sino como inversiones estratégicas que sostienen la productividad de una nación. Es un tema del que escasamente se habla pero por el cual las democracias de América Latina, y particularmente Uruguay, deberían alzar la voz, dado que la invisibilización contribuye a aumentar la brecha.

En tiempos en los que las defensas de Nacional y Peñarol no pasan por su mejor estado de forma, parecen, de todos modos, ofrecer más garantías a sus hinchas que los dispositivos de seguridad informática en el Estado uruguayo.

PampaLeaks, que ya había publicado datos procedentes de filtraciones de sistemas de organismos como la Dirección Nacional de Identificación Civil, DNIC, el Sucive, ANEP, UTU, Ceibal y Dinacia, esta vez logró inmiscuirse en los discos duros de Antel y obtener datos del sistema de identificación digital TuID. ¿Qué se filtró? Información de varias personas vinculadas con el área informática o de cierto renombre en materia tecnológica, jerarcas y personas públicas. Entre otros datos aparecen nombres, cédula, teléfono, e-mail de Graciela Bianchi, del exdirector de Agesic, Daniel Mordecki, de los periodistas Eduardo Preve y Juan Pablo de Marco y de los abogados, Agustina Pérez Comenale y Martín Pecoy, entre otros. Los autores aseguran que se hicieron con 8 GB de archivos internos de la empresa estatal entre los que habría propuestas, documentos legales, materiales sobre infraestructura tecnológica, documentación variada e información sobre portabilidad numérica.

La información fue publicada en un foro dedicado a este tipo de actividades. Desde Antel se indicó que el ataque ya fue subsanado y el incidente no habría afectado información crítica, como las credenciales de acceso de los usuarios de la plataforma de identificación.

Según publicó El Observador, el atacante afirmó haber tenido acceso “durante meses a una API —interfaz de programación de aplicaciones— y a una clave privada que, según su versión, le habrían permitido no solo consultar datos de usuarios sino también modificar configuraciones de las cuentas”.

Hay una preocupación puntual por lo que significa que hayan tenido acceso a un sistema de identificación de personas. TuID se emplea, por ejemplo, para acceder a la plataforma GUB.UY, que permite realizar trámites en el Estado, pero es también una certificación de firma digital con la que se pueden suscribir documentos en línea y realizar diversos trámites. Guarda también información biométrica de los usuarios: huellas digitales, identificación facial. En una entrevista en el programa La Escucha, de Radio Uruguay, el ingeniero Danilo Espino, experto en seguridad digital, comentó algunos aspectos de este incidente en particular, del que relativizó la información con que se hicieron los —o él, porque Espino afirmó que en el ambiente entienden que se trata de una sola persona y no de una organización de hackers— intrusos. En ese archivo de 8 gigas “había una serie de datos que diría que son de relevancia muy baja, porque eran documentos de licitaciones y demás. Pero había dos archivos que eran los que yo considero que eran más relacionados a este ataque. Uno era la serie de comandos, de pasos, que utilizó este hacker para poder obtener los datos de estas personalidades que publicó. Y en otro archivo estaban los datos que obtuvo de estas personalidades”. Los datos, dijo, son irrelevantes ya, a partir de las acciones que tomó Antel al conocerse la filtración. Sin embargo no deja de inquietar la acción en sí misma. “La pregunta principal es saber cómo fue que se accedió a esos datos, porque si se accedieron a esos datos es porque hay otra puerta, a través de la cual se pudo entrar a alguna máquina de Antel y se pudo obtener esa información”.

Estos archivos tienen fecha de marzo pasado, quiere decir que esa puerta trasera estuvo abierta durante más de un mes. Y si ingresó específicamente a los perfiles de estar personas de las que quiso exhibir información, podría haber ingresado al de cualquiera, o a los de todos los usuarios de la plataforma y vaya uno a saber a cuánta cosa más.

Pero por si no fuera suficientemente preocupante este hecho en sí, más aún lo es el panorama que describió Espino en cuanto a la seguridad digital del Estado uruguayo en general, un Estado que posee literalmente toda la información de toda la vida de todas las personas. “El Estado a lo largo de los últimos 20 años se ha digitalizado y eso ha sido un beneficio para todos los ciudadanos porque ha agilizado una cantidad de trámites y demás. Ahora, esa digitalización, desde mi humilde punto de vista, ha sido un poco caótica, y cada uno de los diferentes organismos del Estado ha tenido iniciativas un poco en paralelo, y cada uno de los organismos ha manejado en función de sus diferentes prioridades cómo manejar los datos, la ciberseguridad y mismo la infraestructura digital de cada uno de los diferentes organismos”, explicó. Claro, esto no llama esto la atención en lo más mínimo, porque es casi que un sello en el orillo del Uruguay, la improvisación, lo provisorio que después se vuelve permanente. “Yo, a lo largo de los últimos años, y en particular los últimos meses, he estado investigando algunos organismos en particular y siempre se va encontrando cosas que son inexplicables. Por ejemplo, organismos que tienen sistemas sin actualización durante los últimos 20 años, puertas de acceso que están abiertas. Y con esto no estoy haciendo un análisis muy profundo, sino que estamos hablando de un análisis sobre lo que está público, es decir, sobre lo que cualquier estudiante de ingeniería de los primeros años puede analizar. O sea, entonces, si alguien en su tiempo libre puede hacer un análisis de seguridad y puede encontrar fallas, desde mi visión graves, yo estaría un poco preocupado”. Y no es para menos. El experto señaló además los problemas que tiene la Agencia de Gobierno Digital, Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay, Agesic, que se encuentra, a decir de su directora ejecutiva, “bastante desfinanciada”, citó. Ello, por supuesto, no motiva a los expertos en el área, escasos y —debido a ello— caros, a elegir enrolarse en las huestes del Estado, “por más sentido de la buena voluntad o del patriotismo. Por más patriota que pueda ser, uno tiene que comer. Entonces, no creo que le pueda atraer demasiado ir al Estado, porque además es un cargo que es de mucha presión, de mucha presión”.

Otro dato relevante es la proximidad entre esta revelación y el previo anuncio de la creación de una nueva billetera electrónica a partir de diciembre, que permitirá a la ciudadanía acceder a documentos oficiales, como la cédula de identidad y la libreta de conducir, así como realizar trámites desde teléfonos móviles.
En vistas de los acontecimientos recientes sería prudente no digamos que revisar este proyecto, pero cuando menos redoblar la estrategia de seguridad con la que se manejarán estos datos unificados.

Hay silencios que dicen más que mil discursos. Y en Paysandú, últimamente, el silencio dentro del Partido Nacional hace un ruido ensordecedor. Porque si algo está quedando claro, es que hoy no aparece una figura capaz de posicionarse con fuerza rumbo a las próximas elecciones departamentales. Y no porque falten cargos, reuniones o fotos cuidadosamente iluminadas. No. Falta algo mucho más importante: presencia real. Contacto. Recorrer. Escuchar. Dar la cara.

En campaña fue un desfile permanente. Caminatas, abrazos, promesas, timbres, mates compartidos, “estamos con la gente”, “vamos a cambiar esto”, “vamos a solucionar aquello”. Parecía que cada barrio iba a tener atención personalizada las 24 horas. Pero terminaron las elecciones… y muchos entraron en “modo desaparición”.

Los vecinos siguen con los mismos problemas. Las calles iguales o peor. Los reclamos acumulándose. Las necesidades creciendo. Pero varios de aquellos dirigentes que antes recorrían hasta el último rincón del departamento hoy parecen dedicados exclusivamente a reportajes cómodos, reuniones cerradas y publicaciones en redes sociales donde todo luce perfecto… excepto la realidad. Porque escuchar a la gente no puede ser una actividad exclusiva de campaña electoral.

Y mientras tanto, ocurre un hecho político delicado como lo sucedido con Rodrigo Vercellino… y el silencio vuelve a ser protagonista. Ni una explicación contundente. Ni una autocrítica. Ni una señal clara hacia la ciudadanía. Apenas murmullos de pasillo y esa costumbre tan uruguaya de esperar que el tiempo tape todo.

Pero el tiempo no tapa el vacío político. Y cuando una fuerza política deja de recorrer, deja de escuchar y deja de responder, empieza lentamente a desconectarse de la gente. Exactamente de la misma gente a la que después volverá a golpearle la puerta dentro de algunos años pidiendo nuevamente confianza.
El problema es que la ciudadanía ya aprendió a distinguir entre el dirigente que aparece por compromiso y el que aparece por convicción. Hoy en Paysandú hay muchos cargos… pero pocos liderazgos. Muchos discursos… pero poca cercanía. Muchos estrategas… pero escasos referentes que realmente generen esperanza. Y así, entre silencios, ausencias y dirigentes que parecen entrar en hibernación después de cada elección, el panorama queda resumido en dos palabras: Destino incierto.

Ing. Agrim. David Doti